Las transnacionales de la energía
llegaron a promocionarse como un buen vecino que traerá desarrollo, pero
tienen detrás a los oscuros e impunes poderes que nacieron en la
guerra.
Álvaro C. Corvo
Guatemala. Desde hace aproximadamente una década, el municipio de San Juan Cotzal -al norte del departamento de Quiché, en Guatemala- tiene un vecino nuevo. No sería nada extraordinario, de no ser por las características particulares del habitante recién llegado, pues no cualquiera tiene 240 millones de dólares en sus bolsillos, se interesa en proyectos energéticos y es originario de Italia.
En sus propias palabras, el recién llegado se define como “un vecino que aporta al desarrollo y al bienestar de las personas”[1]. También los municipios de Santa María Nebaj y Chajul registran la llegada de un paisano similar, con al menos 227 millones de dólares en su haber.
Los tres municipios mencionados conforman el área que habita el pueblo ixil; uno de los 22 pueblos mayas que conviven en el territorio de Guatemala. La zona fue bautizada “triángulo ixil” por los militares guatemaltecos en la década de los ochentas, cuando el ejército ejecutó los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83.
Unos 30 años después de la cruenta represión militar, una agitada coyuntura mantiene la atención mediática sobre el área ixil.
En 2011, fue capturado el alcalde en funciones de San Juan Cotzal, José Pérez Chen, quien posteriormente “fue procesado y hallado culpable de varios delitos como tortura, plagio, secuestro, ejecución extrajudicial, detenciones ilegales, abuso de autoridad y discriminación, por los cuales el tribunal competente le dictó una sentencia penal de 82 años”, señala la Procuraduría de Derechos Humanos.[2] El gobierno municipal de Pérez Chen coincide con los años más conflictivos del proceso de construcción del proyecto energético en su jurisdicción.
A principios de 2013, el área ixil y la represión militar se impusieron en las primeras planas de los periódicos del mundo, cuando los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez enfrentaron un juicio por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cometidos hacia el pueblo maya ixil. Ríos Montt, ex jefe de facto del Estado guatemalteco durante 1982 y 1983, fue hallado culpable y condenado a 80 años de prisión. Pocos días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia en un controvertido fallo que afecta las formalidades del proceso legal, sin valorar el tema central del debate judicial: “la población civil del grupo ixil, residente en las aldeas y caseríos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, fueron objeto de asesinatos en forma masiva, constitutivos de masacres, tortura, degradación, violaciones sexuales masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro”[3], de acuerdo con el expediente de la sentencia. El tribunal argumentó en la sentencia que está totalmente convencido de la intención de producir la destrucción física del grupo ixil.
Nuevamente, en enero de 2014, tuvo lugar un evento especial en la región. “La no aparición del nombre del candidato del Partido Patriota Virgilio Bernal en la papeleta de las elecciones del municipio de Nebaj en el 2011, debido a que este candidato no había cumplido con el requisito de presentar su finiquito de la Contraloría de la República, produjo un hecho inédito: Que dichas elecciones se repitieran dos años después”, indicó la revista Compolitik[4].
En este contexto se concreta la construcción de dos represas hidroeléctricas en la región: Palo Viejo y Xacbal.
Pero, ¿quiénes son estos nuevos vecinos? Por un lado, Enel Green Power, -una filial de Ente Nazionale per l´Energia Elettrica (Enel) de Italia, que es propietaria del la planta hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal. Y por otro lado, el grupo hondureño Terra, que opera a través de la empresa Generación Limpia de Guatemala la central hidroeléctrica Xacbal al norte del municipio de Chajul.
El pasado 26 de febrero de 2014 -en una demostración de su poder-, Enel Green Power fue anfitrión de la visita del mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina para exponer la importancia de armonizar “la voluntad de las empresas y el acompañamiento del Estado con quienes tienen interés compartido con la población del municipio y con el cuidado del ambiente natural, el agua y los bosques”, declaró el presidente de la empresa.[5] Con estas afirmaciones, Maurizio Bezzeccheri, presidente de Enel Green Power, desconoce deliberadamente un largo historial de conflictividad, despojo, muerte y desplazamiento en la región; y encubre sus alianzas con estructuras paralelas de poder.
En este marco, el presente documento aporta información y pistas sobre la confluencia de estos nuevos vecinos con actores políticos y militares nacionales, poniendo al descubierto la continuidad de estructuras del genocidio, la vinculación con redes ilícitas, la imposición de mecanismos antidemocráticos, y la sobreposición de los intereses económicos particulares.
Entre fincas y franjas…
Las migraciones temporales de personas del Altiplano guatemalteco hacia las fincas de agroexportación de la Boca Costa y la Costa Sur del país, forma parte del sistema del latifundio-minifundio, -impuesto desde la colonia española y posteriormente la Reforma Liberal. También se impuso el llamado “colonato a distancia”, del cual forman parte “las fincas Villa Hortensia, San Antonio, Chipal y San Felipe Chenlá, de la familia Herrera… [que] es una de las familias más poderosas del sector agro exportador, tanto en la producción cafetalera como en el cultivo de caña y exportación de azúcar[6]”, denunció el Codpi.
En el norte de Quiché “es importante recordar que los conflictos sociales en el área ixil, sobre todo los conflictos sobre la tierra, es una historia bastante reciente… El poder de los ladinos no se consolida en el área ixil hasta los años veinte y treinta [del siglo XX], ya que llegaron como contratistas y descubrieron que habían tierras fértiles en el área ixil y empezaron a gestionar el control por las tierras y gestionar las dos fincas más grandes de la zona, la finca La Perla en Chajul y finca San Francisco en Cotzal”, de acuerdo con la sentencia del juicio de genocidio de Ríos Montt.[7]
Precisamente, las dos fincas mencionadas son claves en la operativización de los proyectos hidroeléctricos de Xacbal y Palo Viejo. Aunado a ello, la Franja Transversal del Norte (FTN), -concebida desde la década de los sesenta- representa un esquema de integración territorial que abre paso a otras lógicas de explotación de los recursos naturales, que encuentra cauce en los últimos años en el norte de Quiché. El proyecto hidroeléctrico Xalalá forma parte de esta dinámica.
Finca La Perla
La finca La Perla tuvo su origen en la finca Shamac, la cual, de acuerdo con CODPI, “fue adjudicada según acuerdo gubernativo el 27 de junio de 1895 e inscrita en el registro de la propiedad de Quetzaltenango el 21 de abril de 1896, con una extensión de 22 caballerías, 15 manzanas y 6,135 varas cuadradas”[8], que al agregar 6 desmembraciones de la finca de los Milicianos de Momostenango (en 1903) supera en mucho las cien caballerías.
La finca y sus anexos no tienen planos que delimiten su figura poligonal, sin embargo, aclara la CODPI, “se establece física y cartográficamente que se encuentran dentro de los límites que dieron origen”[9] a los ejidos de Nebaj y Chajul, afectando las tierras comunales de 4 comunidades. Éstas “llevan varios años denunciando la pérdida de sus tierras a causa de este crecimiento, pues como consecuencia de ello, Ilom y Sotzil en Chajul y Sajsiván e Ixtupil en Nebaj, en la actualidad tienen serias dificultades para su propia sobrevivencia”[10].
La normativa de trabajo forzado y el colonato caracterizaron la relación entre las fincas y los pueblos indígenas durante gran parte del siglo XX. Estas también fueron las condiciones impuestas en la finca La Perla por el “Tigre de Ixcán”, José Luis Arenas Barrera, quien fue fundador del Partido de Unificación Anticomunista (PUA) en 1952.[11] Arenas Barrera fue ejecutado por la guerrilla en el área ixil en la finca La Perla en Chajul, de su propiedad, el 7 de junio de 1975”, de acuerdo con información de CODPI.[12]
La finca, propiedad de Enrique Arenas Menes (hijo del “Tigre del Ixcán”), se convirtió en bastión de la represión militar. Según Arenas Menes, el destacamento militar funcionó en el interior de La Perla a solicitud del Estado de Guatemala en aquellos años.[13]
El reciente juicio por genocidio contra dos exgenerales del ejército guatemalteco aportó información valiosa para comprender la realidad de esta finca durante la primera mitad de la década de los ochenta. Los testigos Tomás Chávez Brito y Gabriel de Paz Pérez afirmaron, durante el juicio por genocidio, que en la finca La Perla había un destacamento militar, y que el ejército estuvo en la finca La Perla para capturar y asesinar a las familias, de forma que las comunidades quedaron rodeadas[14].
CODPI recoge las palabras de los testigos: “La finca La Perla no sólo nos mató, sino que nos quitó tierra, principalmente a la aldea ixtupil, que poco a poco ocupó y abarcó la tierra de nuestras familias y vecinos. Me da pena, dolor, hasta ahora que la finca La Perla no nos ha dejado en paz a la aldea Ixtupil, muchos engaños, muchos sufrimientos por la finca La Perla y el destacamento Sumalito”[15].
“El testigo Gaspar Gónzalez Sánchez declaró que en octubre de mil novecientos ochenta y dos (…) el ejército fue a hacer una masacre en la Aldea Sajsiban Finca La Perla. Trabajaba en la Finca La Perla con Enrique Areno (sic). Era mozo y en esa finca creció. Cuando cinco compañeros fueron a recibir su pago ya no regresaron y a cuatro dejaron capturados. Al día siguiente llegó la patrulla a corretear a la gente para masacrarlos”[16], se señala en la sentencia por genocidio.
Entre los documentos con valor probatorio en el juicio por genocidio figura la revista New Republic de los Estados Unidos, de fecha 11 de abril de 1983, titulado “La misión sin piedad del ejército de Ríos Montt: los fusiles de Guatemala”. En el artículo se “confirma la existencia del Destacamento La Perla [y] describe las técnicas de interrogatorio y métodos de tortura utilizados en contra de las víctimas,”[17] de acuerdo con la sentencia.
Finca San Francisco
La CODPI relata que “el cultivo del café puso fin al aislamiento de la región norte del departamento de Quiché. Fue así como se iniciaron las grandes fincas en la región, Pedro Brol propietario posteriormente de la finca San Francisco en Cotzal, era habilitador de la finca Chocolá (Suchitepéquez) y fue responsable de llevar al primer contingente de trabajadores ixiles a esa finca en 1894”[18].
El origen y la posterior expansión territorial de la finca no están exentos de irregularidades. Históricamente, la finca San Francisco es producto de la compra de un terreno de quince caballerías por Pedro Brol a Ismael Orellana, entre 1906 y 1907, la extensión de la misma cincuenta años más tarde, en 1958 su extensión era de 64 caballerías, y se refiere 500 mozos y una población de 4 mil 500 personas en la finca, registra ls CODPI.[19]
Por su parte, Magda Alicia González (en “Más allá de la montaña”) se refiere a “la compra de 16 caballerías en 1904 por Pedro Brol, pero alude 135 caballerías en 1940 y hacia 1960 la extensión de la finca era de alrededor 315 caballerías, de las cuales una tercera parte se ubicaba en Cotzal y las dos restantes en el municipio de Uspantán.[20]
Estos datos evidencian la dinámica irregular de expansión de las fincas privadas sobre los ejidos municipales y las tierras comunales de los pueblos indígenas.
Franja Transversal del Norte
La Franja Transversal del Norte es un proyecto territorial, concebido por los gobiernos militares entre 1960 y 1970, que abarca 23 municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verpaz, Quiché y Huehuetenango. En el norte de Quiché, su área de influencia comprende los municipios de Ixcán, Uspantán y Chajul.
Desde estas décadas, en el municipio de Ixcán y en la Zona Reina del municipio de Uspantán se produjo una inmigración de grupos de familias q´eqchi´ y poqomchi´, debido a la expansión de fincas de café en las Verapaces.
“Estas poblaciones buscaban tierras para vivir, y crearon asentamientos como por ejemplo las aldeas de San Marcos, Esquipulas, San Isidro (hoy Primavera del Ixcán), Tzetún, Santo Domingo y el Playón de la Gloria. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno guatemalteco confiscó las fincas que pertenecían a familias alemanas en Alta Verapaz, lo que originó la salida de muchos jornaleros q’eqchíes, que migraron a la Zona Reyna, en donde crearon y ampliaron aldeas como Asunción Copón, San Antonio Tzejá, San Antonio Baldío, Chactelá, Chinajá, entre otras”, señala la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA).[21]
En la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPEN) se señala que “la Franja Transversal del Norte (FTN, al igual que el Petén, fue la válvula de escape al problema agrario no resuelto en el resto del país, pasando de ser un territorio considerado vacío a convertirse en un territorio ocupado, como resultado de las migraciones realizadas. En la FTN y específicamente en el Ixcán, el modelo de ocupación y migración campesina respondió a una lógica de colonización agraria planificada. A lo largo de este proceso, en el área de la FTN se inauguraron caminos vecinales, la producción ganadera se expandió, hubo descubrimientos de petróleo y níquel, y fue construida la hidroeléctrica de Chixoy-Pueblo Viejo. Lo que constituye la FTN en una región con dinámicas sociales complejas. Por otra parte, los gobiernos de la década de 1960 a la década de 1980 se configuraron alrededor de élites extranjeras que incidieron tanto en las políticas como en la inversión pública que se realizó en el país. Además en la década de 1980 se otorgaron vastas tierras a propietarios individuales.”[22]
La CIFCA precisa que “entre los propietarios de tierras con estas características figuran algunas familias de origen alemán como Sapper y Dieseldorff, el General Arana Osorio [y consecutivamente también militares, como] el General Romeo Lucas García, el General y posterior Ministro de la Defensa en 1979 Spiegeler, etcétera” [23]. Por ejemplo, indica, “hacia 1983, el 60por ciento de la superficie del departamento de Alta Verapaz era propiedad de militares; cuatro oficiales del ejército que habían integrado los gobiernos militares de Laugerud y de Lucas García eran dueños de 285 mil hectáreas en la FTN y Petén”. Se inició también en la zona la exploración petrolera y de otros minerales, la apertura de pozos y el asentamiento de empresas multinacionales.”[24]
Los ejecutores del genocidio
En los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83 se decidió, de acuerdo con la sentencia en el juicio por genocidio, “la eliminación de los elementos subversivos, calificados como parte del enemigo interno, que de acuerdo a la doctrina militar establecida en el Manual de Guerra Contrasubversiva, era considerado enemigo interno, entre otros, a aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido, entre ellos, se consideró a los miembros del grupo étnico maya ixil, aún y cuando fueran, población civil no combatiente”[25].
La UDEFEGUA señala que de acuerdo con la Comisión por el Esclarecimiento Histórico (CEH), entre 1980 y 1983 la política de tierra arrasada se tradujo en la destrucción total o parcial de aproximadamente 90 aldeas de la región ixil: 54 en Nebaj, 26 en Chajul y 10 en Cotzal.[26]
“En el periodo del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 se desplazaron, como mínimo, 29 mil personas pertenecientes al grupo étnico maya ixil que se vieron obligados a desplazarse de sus lugares de residencia. Los desplazamientos dan un total, como mínimo, de 54 comunidades del grupo étnico maya ixil”[27], sñaló el Tribunal.
En la ratificación del peritaje elaborado por Héctor Rosada Granados durante el juicio por genocidio se hace referencia a un cable dirigido a la inteligencia norteamericana, que refleja el pensamiento del ejército y de los finqueros: “Estamos viendo que el Ejército estaba viendo a los ixiles como soporte de la guerrilla, y los finqueros piensan lo mismo.”[28]
El Plan Victoria 82 movilizó parcialmente 30 compañías de fusileros (5 mil 310 elementos) de la fuerza permanente, que debían ser agregadas a comandos permanentes y comandos operacionales por un período mínimo de 6 meses. La tropa se distribuyó en los siguientes comandos: zona militar de Huehuetenango; bases militares de Quetzaltenango y Poptún; Fuerza de Tarea Gumarcaj (FTG) y Tigre [FTT]
Según documentos del Plan Sofía, la FTG fue creada a inicios de 1982, con los objetivos de retomar el control del terreno y liberación de la población retenida por la subversión en el área ixil. La FTG se integróa con cuatro compañías de fusileros de la Brigada Militar Mariscal Zavala, compañías de fusileros de las zonas militares de Jutiapa, Izabal, Huehuetenango y una compañía de la Base Militar de Tropas Paracaidistas General Felipe Cruz (BMTPGFCC) del Puerto de San José, un pelotón de ingenieros de combate y una compañía de ingenieros de construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
El Primer Batallón de la BMTPGFCC realizaba operaciones ofensivas antisubversivas y psicológicas de 20 días, en el área de operaciones de la FTG y en coordinación con esa unidad militar. La FTG, con el apoyo de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), operaba en la región montañosa de Huehuetenango y Quiché y sus efectivos se acuartelaron en el municipio de Chajul, Quiché, la base desde la cual fueron atacadas las siguientes poblaciones: Xix, Tisis, Xolcuay, Batzul, Chichel, Pery, Xemal, Ilom, Chel, Cabá, Juá, Xecampanabitz, Sumalito, Juil, Chaxa, Sisibán y Cajixay.[29]
En la ejecución del genocidio tuvieron un papel clave la Fuerza de Tarea Gumarcaj (FTG), la Fuerza de Tarea de Tarea Ixil (FTI) y la Fuerza de Tarea de El Quiché (FTQ).
El comandante de la FTQ, entre el 01 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1985, fue Luis Enrique Mendoza García,[30] quien, de acuerdo con la sentencia, está prófugo de la justicia[31] y también figura entre los ex militares acusados por genocidio.
El actual diputado del Partido Patriota por lista del departamento de Quiché, Estuardo “Galdámez es yerno del exministro de la Defensa Luis Enrique Mendoza García… Es señalado por el Ministerio Público por su presunta participación en masacres perpetradas en el área Ixil en la década de los ochenta. Su cuñado Luis Mendoza Rodríguez también figuró como diputado… en la legislatura anterior [2008 – 2012].[32]
Este último, de acuerdo con nota de El Periódico, “fue interrogado cuando se encontraba en los alrededores de la finca La Felicidad mientras el Ejército esperaba el aterrizaje de una avioneta con droga, según consta en un documento militar. El 10 de agosto de 2009 una llamada alertó a los militares de la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz, con sede en el Puerto de San José, Escuintla, para que se dirigieran hacia el parcelamiento Los Ángeles, debido a que aterrizaría una avioneta con droga procedente de Colombia. Eran las 11 de la noche cuando detuvieron un picop cerca de la finca, de acuerdo con el parte que firmó el coronel Rodrigo Guzmán Landaverry. Luis Enrique Mendoza Rodríguez conducía el vehículo y se dejó que continuara previa identificación a través de un carné del Congreso.
En la parte final del documento se lee que, “a las 24 horas, el área fue sobrevolada por una aeronave tipo avioneta con intención de efectuar aterrizaje, lo cual fue abortado debido a que fue alertada sobre la presencia militar, dirigiéndose a otro lugar de la costa sur”. Esto sucedió una hora después de haber interrogado al diputado Mendoza. En otro informe del ejército dice textualmente: “En pista de aterrizaje de finca la Flora (78407830) pueblo nuevo Tiquisate, propiedad de los señores Arturo Barillas y Jorge Arturo Barrios, aterrizó la avioneta bimotor Pipper color blanca con franja azules matrícula colombiana HK-4229-G conteniendo 696 kilos de cocaína. De acuerdo con fuentes de la institución armada, se trata de la misma avioneta que sobrevoló la finca La Felicidad minutos antes”[33].
El Periódico agrega que “en la cintura de los años ochenta, y una de las etapas más cruentas del conflicto armado, fueron graduados oficiales de las generaciones carne de cañón. Muchos murieron jóvenes”.[34] Luis Mendoza Rodríguez y Estuardo Galdámez forman parte de esta promoción, y junto a otros integrantes se consolidaron en un importante núcleo de poder en la actualidad.
La 108
Galdámez y Byron Lima Oliva egresaron de la promoción 108. Galdámez recuerda cuando estuvo destacado en el área ixil y en Ixcán. Era finales de 1988 cuando abrió los ojos, vio el techo blanco del quirófano, y escuchó decir a la enfermera: “Ya despertó el subteniente”. La detonación de una mina claymore lo postró nueve días en el hospital, y regresó, en contra de las órdenes médicas, al área de combate.[35]
El nombre de Estuardo Galdámez figura también en relación al desfalco de 82 millones de quetzales del Congreso de la República en 2007, encubriendo una transacción de fondos a favor del actual mandatario Pérez Molina. Sin embargo, señala Luis Solano en El Espectador, “el origen de los fondos no quedó satisfactoriamente establecido, aunque el ahora mandatario presentó papelería que fundamentaba que provenían de una transacción realizada entre él y su actual Secretario Privado[36] [en 2012], Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, y en la que también se relacionaba al actual diputado del PP por el departamento de Quiché, Estuardo Galdámez. Ambos son militares retirados muy allegados a Pérez Molina”.[37]
El poder de influencia del PP en las altas esferas hizo posible la inscripción de Estuardo Galdámez para optar al cargo de diputado del Quiché, pese a que el 19 de agosto de 2011 el TSE dejó vacante la casilla ya que no podía competir por ser contratista del Estado en Chajul (2009) y Polochic (2010) a través de la empresa Agromec, en la cual Galdámez aparece como gerente general y representante legal.[38]
Agromec, -que en la vox populi es asociada a la familia Lorenzana (vinculados al narcotráfico)-, dejó de ser el instrumento principal para participar en el negocio público. En cambio, desde 2012, una de las empresas utilizada en las redes de corrupción es RDJ SUPER ACUIFEROS, cuyo representante legal es German Melchor García Flores. Esta empresa ha obtenido 54 contratos con un valor superior a Q. 35.3 millones entre 2012 y 2013. Un total de 49 contratos fueron adjudicados en Quiché, -donde Galdámez es diputado distrital-.
El negocio permanece en los círculos militares, dado que García Flores también proviene de las filas castrenses, y es mencionado en 1982 en su nombramiento “como ejecutivo de la Tercera Compañía de Fusileros de la Guardia Presidencial”.[39]
Por su lado, “Juan de Dios Rodríguez comenzó su carrera militar como soldado en el cuartel Justo Rufino Barrios, y luego llenó los requisitos para ingresar a la Escuela Politécnica, de donde se graduó en 1984. Algunos de sus compañeros de promoción son Estuardo Galdámez, diputado de Quiché postulado por el PP; Edy Fisher Arbizú, subdirector del Sistema Penitenciario; así como el capitán Byron Lima… En el Ejército era considerado dentro del grupo de militares más leales al actual presidente Otto Pérez Molina, conocidos como los Titos, estando bajo sus órdenes en la Dirección de Inteligencia Militar (conocida como la G2). Fue instructor de la Escuela Kaibil y de la Escuela de Inteligencia, su último puesto dentro del Ejército fue Oficial de Inteligencia del ex ministro de la Defensa, Leonel Estrada Méndez, durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2003 se retiró del Ejército y fundó la constructora Proyectos Globales Jumar, S. A… Tras retirarse del Ejército estudió Derecho, graduándose de Abogado y Notario por la Universidad Panamericana, en julio de 2010. Fuentes del PP señalan que Rodríguez le manejó la agenda al general Pérez Molina durante las últimas dos campañas electorales, y fue financista del partido. En 2008, cuando la Intendencia de Verificación Especial denunció que Pérez Molina había recibido “un préstamo” por Q688 mil 500 de parte de Raúl Girón, gerente de Mercado de Futuros provenientes de los Q82 millones que esta Casa de Bolsa le estafó al Congreso, Juan Rodríguez y Estuardo Galdámez aportaron el dinero que el actual Presidente dejó consignado en un juzgado. Una investigación posterior de la IVE determinó que el dinero provenía del pago de un contrato otorgado por Fonapaz a una empresa constructora de Galdámez, que a su vez había subcontratado a Rodríguez. Ante dicha denuncia, Rodríguez presentó una escritura mediante la cual Pérez Molina le vendió un terreno de 817 metros cuadratos ubicados en el condominio Hacienda Real, zona 16, por un monto de 650 mil quezales”.[40]
Byron Lima Oliva “nació en la ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 1969, hijo del Coronel Byron Disrael Lima Estrada”, e “inicio su formación militar en el año de 1982 como Caballero Alumno del Instituto Cívico Militar Adolfo V. Hall Central, integrante de la promoción 28 de este centro y con numero de antigüedad 15. En 1984 ingresó a la Escuela Politécnica con el grado de Caballero Cadete integrante de la promoción 108 de la respetada escuela y con numero de antigüedad 5,785. En su carrera militar se desempeñó como Comandante de pelotón de infantería destacado en Salamá Baja Verapaz, Cobán Alta Verapaz, Brigada Mariscal Zavala, Chimaltenango, Peten, Quiche y Playa Grande. [41]
Actualmente, guarda prisión, encontrado culpable en 2001 por su participación en el asesinato del obispo Juan José Gerardi. Byron Lima, -desde la cárcel-, apoyó la candidatura de Otto Pérez Molina, afirmando en su columna de opinión, que “si estuviera en el goce pleno de mis derechos como ciudadano guatemalteco expongo el porqué votaría por el Partido Patriota. Considero que es la opción idónea para que ejerza el gobierno de Guatemala y pueda contener los múltiples problemas que la sociedad guatemalteca está viviendo.”[42]
“El primer gran socio de Lima en la cárcel fue Byron Linares Cordón, alias El Lugarteniente, con vínculos con el Cartel del Golfo, quien había sido capturado en agosto de 2004… En marzo de 2010 elPeriódico publicó el diario del capitán Lima requisado en Pavoncito. Al estilo del capo del contrabando, Alfredo Moreno, llevaba un registro minucioso de gastos: pago de oficinas de Q64 mil 450, compra de inmuebles, joyas y carros, pagos de tarjetas de crédito y de seguridad. También revelaba sus nexos con Antonio Ezequiel Cárdenas, alias Tony Tormenta, el tercer mando del Cartel del Golfo, y con Daniel Rojas, alias El Cachetes, el administrador de los Zetas. Incluía además, anotados de su puño y letra, una lista de gastos, como: “BMW 2009 US$40 mil, BMW 2002 US$16 mil, Nativa 2005 US$16 mil, Porsche 1985 US$8 mil, apartamento zona 18 US$40 mil, lote Torremolinos US$8 mil, terrenos zona 18 US$30 mil, salón de belleza zona 17 US$8 mil, restaurantes zona 1 US$10 mil, salón de belleza zona 10, US$70 mil, restaurante El Boquerón US$5 mil”.[43]
“Es un hijo de p…, pero es nuestro hijo de p…, le dijo el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla”[44], refiriéndose a Lima Oliva.
“Luego, cuando el capitán [Byron Lima Oliva] fue detenido este año [2013] por una salida no autorizada del penal, denunció que había militares “vende patrias” y “vende amigos”. Dejaba a la interpretación libre si se refería a los militares que dirigían el Sistema Penitenciario o la misma Presidencia.”[45]
En todo caso, -pese a esa fisura-, Lima Oliva parece mantener su poder y capacidad de influencia y chantaje en niveles altos: “Si quieren que demuestre más cosas de lo que puede existir en un gobierno corrupto, como fue el de Álvaro Colom, Alfonso Portillo y el de toda esa raza, ¡sigamos pues! Vamos a ver cuál es el objetivo de esta detención.”[46]
De este modo, los integrantes mejor posicionados en sus vinculaciones políticas son Juan de Dios Rodríguez, Estuardo Galdámez y Byron Lima[47], constituyéndose en la cabeza de una estructura criminal[48] novedosa: “La 108”; pues los tres se graduaron en esta promoción de la Escuela Politécnica. Esta red tiene su origen en las estructuras del genocidio, y ha articulado también sus tentáculos en Quiché y el área ixil en la actualidad.
Vínculos con OPM
Lima Oliva, Galdámez y Rodríguez López han tenido y/o tienen relación militar y política con Otto Pérez Molina (OPM), quien a su vez también estuvo en el centro de operaciones en el área ixil.
En los informes de la Operación Sofía, de 1982, el enemigo, la población civil, era llamado “eno”. A los niños los llamaban “chocolates”. En la página 316 del documento de la Operación Sofía también aparecen los Mayores José Esteban Arango Barrios y Otto Fernando Pérez Molina como jefes de la patrulla “Escocia III”, compuesta por 32 paracaidistas de tropa especializada, informando el 15 de agosto de 1982 desde Nebaj del contacto con el enemigo con el resultado de 4 FIL (Fuerzas Irregulares Locales) muertos, 18 mayores de edad y 12 niños (12 “chocolates”) capturados.[49]
La represión que se vendría mas agudamente en 1982 contemplaría una forma sistemática de control poblacional, exterminio y generación de terror, planificada en el plan de campaña Victoria 82 y, en especifico, en el Plan de Operaciones Sofía. En ambos planes se vinculan las cadenas de mando en las que participaron dando órdenes, el entonces Presidente de la República, general Romeo Lucas García; su sucesor, el Presidente de facto, general Efraín Ríos Montt; el entonces Ministro de la Defensa del gobierno de facto de Ríos Montt, coronel Humberto Mejía Víctores, y el entonces capitán y hoy general retirado Otto Pérez Molina, conocido en ese entonces como Comandante Tito.[50]
También, el juicio por genocidio despertó interés nacional e internacional en la participación militar de OPM en el área ixil durante la década de 1980. Según un testigo, el día que Hugo Ramiro Leonardo Reyes llegó a Nebaj, Quiché, se integraría a la compañía conocida como el batallón El Triunfo, “así le decían a la Primera compañía de ingenieros del ejército”… Era el 1 de septiembre de 1982, narró Reyes, y había llegado al campamento militar de ese batallón para dedicarse a dar mantenimiento a tractores B9 y B4. “Cuando llegué por primera vez al campamento de ingenieros, los que comandaban eran el primer oficial Arnoldo Otoniel López, el capitán, Pedro Miguel Díaz Ramos, y el oficial Luis Felipe Ruano Díaz”… “En Salquil Grande, quemaron las casas. Allí mandaba el mayor Tito Arias, más conocido como Otto Pérez Molina. Y déjeme decirle que allí también hubo ejecuciones”, señaló Reyes… El testigo Reyes también mencionó a Juan Chiroy Sal. Según el testigo en aquellos años, él conoció a un sargento que llevaba ese nombre en el campamento de los ingenieros. Cuando lo mencionó, otra ronda de murmullos en la sala ubicó esa mención en otro caso reciente: el asesinato de seis manifestantes de Totonicapán en el kilómetro 170 que implicó a una tropa de soldados a cargo del hoy coronel Juan Chiroy Sal”.[51]
Otras estructuras militares
Otros puestos importantes de la política represiva “fueron los Comandantes de la zona militar #20 de Santa Cruz del Quiché, y el de la zona militar #22 en Playa Grande. Pocos recuerdan hoy el nombre de estos oficiales. No obstante, en los archivos desclasificados de Estados Unidos , aparecen los nombres de Roberto Enrique Mata Gálvez, Juan Guillermo Oliva Carrera y el de Luis Arturo Getellá Solórzano, como responsables de la zona de Nebaj y Playa Grande”.[52]
Mata Gálvez fue Comandante de la Fuerza de Tarea Gumarcaj a partir del 27 de julio de 1982. No se registra cuando dejó este puesto. Posteriormente, figura como director de la Escuela Politécnica entre el 01 de junio de 1984 y el 30 de junio de 1985.[53]
Oliva Carrera figura como ejecutivo de la compañía de la Fuerza de Tarea Gumarcaj a partir del 01 de septiembre de 1982. Posteriormente ocupó el cargo de ayudante de oficial de inteligencia (S2) de la misma fuerza de tarea, entre el 30 de noviembre de 1982 y el 15 de marzo de 1983.
Asimismo, se desempeñó como Oficial de Asuntos Civiles (S5) de la Zona Militar 20, Quiché, entre el 16 de abril de 1983 y el 15 de agosto de 1983. En la misma zona militar fue Oficial de Inteligencia (S2) entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 1983.
En 1996 Oliva Carrera fue destituido del ejército por su participación en las operaciones de contrabando de Alfredo Moreno. Oliva Carrera fue sindicado en 2002 y llevado a juicio junto con otros dos militares de alto rango por ser los autores intelectuales del asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack.[54] Actualmente, es presidente y director de la Asociación de Estudios Políticos Militares (AEPM).
Otra entidad procastrense es la Fundación contra el Terrorismo, -de más reciente creación-, y cuya cara pública es Ricardo Méndez Ruíz. “Según Méndez Ruiz, la Fundación contra el Terrorismo se encuentra integrada por el capitán de artillería Oscar Platero Trabanino, como vicepresidente y encargado de redactar las publicaciones. Y por los vocales: el coronel Juan Francisco Escobar Blas, Marco Augusto Quilo Ortiz −sobrino del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa José Luis Quilo Ayuso−, por el coronel Carlos Alvarado Palomo y por el abogado Moisés Galindo. Mientras que el capitán Byron Lima, en prisión, aunque no forma parte de la junta directiva, ha apoyado activamente a través de sus columnas en El Metropolitano.”[55]
Por su parte Moises Galindo, “es abogado de Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés… también es abogado de militares que han sido o están siendo juzgados por violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad… Moisés Galindo es miembro de AVEMILGUA. Ha sido abogado de los militares Byron Lima Oliva y Byron Lima Estrada, presos por el asesinato del Obispo Juan Gerardi…”[56]
La FCT desempeña un rol mediático importante en la oposición a la búsqueda de justicia del pueblo ixil, organizando y financiando la movilización de personas del área ixil en apoyo al ex dictador Ríos Montt: “La movilización fue convocada por Virgilio Bernal, exalcalde de Nebaj 2004-2007 (FRG) y 2008-2011 (PP), y según Ricardo Méndez Ruíz fue pagada por su Fundación contra el Terrorismo y empresarios”.[57]
En estos mismos círculos, -llamados genéricamente poderes fácticos en algunas publicaciones-, se ha originado una gran parte de la oposición a la Fiscal General del Ministerio Público, pues, durante su gestión (desde 2010) se han trastocado los intereses de las élites de antaño, de los militares y de los poderes ocultos.
“El epicentro del poder judicial en Guatemala está en una encrucijada sobre el fin del período de Claudia Paz y Paz, la Fiscal General que llevó a un juicio por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt. A pesar de que dos oficinas técnicas de la Corte Suprema de Justicia dictaminaron en 2013 que debía continuar hasta diciembre de este año, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio la razón al abogado de extrema derecha Ricardo Sagastume y dijo que su período termina dentro de tres meses, en mayo… Sagastume ha sido abogado de las telefónicas, director de la Cámara de Industria y durante algunos meses de 2011 fue precandidato presidencial del partido Frente de Convergencia Nacional, formado por la radical Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), la organización más vociferante contra la gestión de Paz y Paz”.[58]
El fundamentalismo…
La ratificación del peritaje psicosocial de Nieves Gómez Dipuis expone la vida en el destacamento militar: “los sobrevivientes que no soportaron esas condiciones [durante el desplazamiento y la persecución] terminaron sometiéndose a la voluntad del ejército, capturados en zonas militares y posteriormente en situaciones de “colonia” o aldeas modelo, bajo sistemas de control social militar extremos”. Asimismo afirma que en las colonias, las personas “se encontraban en esos lugares en contra de su voluntad y como la mejor opción dentro de un contexto lleno de violencia… en esas condiciones no se permitía realizar ritos acordes con su cultura, organizarse como familia, expresarse libremente…”[59]
La testigo Beatriz Manz declaró que “en el área ixil habían centros de refugiados, pero sabe [que] se llamaban Aldeas Modelo en donde ponían a los desplazados que llevaban de las montañas… en el caso de los hombres tenían que hacer forzosamente turnos en la Patrulla de Autodefensa Civil, así como hacer trabajo forzoso para abrir caminos… Manz explica que tuvo noticias de cómo estas iglesias visitaban la región… dice que los aviones del presidente trasladaban a pastores evangélicos del Club 700 hasta el departamento de Quiché. “Era un movimiento de transformación interesante de analizar. De repente las aldeas que tenían un profundo sincretismo católico, o que eran parte de la teología de la liberación, quedaron arrasadas. Cada lugar cambiaba radicalmente y la poca gente que quedaba se convertía en miembros de la iglesia evangélica…”.[60]
“En el polo de desarrollo se articulaban distintos elementos, las aldeas modelo, las patrullas de autodefensa civil, los centros de reeducación ideológica, los centros de recepción de refugiados o desplazados, así como distintos componentes de la infraestructura militar como destacamentos, ubicación de artillería y pistas de aterrizaje… las aldeas modelo se basaron en la concentración y control de población, la liberación de tierras y el control del territorio y sus recursos, con lo cual se nutría el proyecto estratégico militar, que además contó con la participación de sectas fundamentalistas y de algunos sectores de la empresa privada guatemalteca…”[61]
“…la estrategia militar de la política de tierra arrasada y con ello el 100% de destrucción, pasó en su gobierno [General Efraín Ríos Montt] a la política del 30-70%, sacrificar el 30% de vidas humanas a cambio de rescatar, capturar o concentrar el 70%, lo que se expresa con el programa de fusiles y frijoles.”[62]
En este contexto, las iglesias fundamentalistas han desempeñado un rol directo en la ejecución del genocidio; pues en “Guatemala apareció en el horizonte de Gospel Outreach después del terremoto de 1976. Mientras sus voluntarios de California ayudaban a reconstruir los barrios… A principios de 1982, una congregación entusiasta y adinerada conformada por unos quinientos miembros se reunía bajo una carpa de circo, colocada en un barrio exclusivo junto al Hotel Camino Real.”[63]
“Entre los ancianos de la Iglesia del Verbo vinculados a este programa [FUNDAPI] estaban, entre otros, Harris Whitbeck, misionero del Verbo y militar especializado en contrainsurgencia; Alfred Kaltschmitt, delegado para Alta Verapaz desde su sede en Chisec; Jesse Camey, responsable del Programa de Ayuda a Áreas en Conflicto (PAAC)… además canalizó millones de dólares a través de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (US-AID) para apoyar los misioneros evangélicos trabajando con Ríos Montt en el marco del Programa de Ayuda a las Víctimas de la Violencia en el Altiplano (PAVA)…”[64]
En este marco, la institucionalidad fundamentalista religiosa asume también un discurso de negación de la represión y el genocidio, y al mismo tiempo, forma parte de los círculos de poder que buscan debilitar el sistema de justicia, -que históricamente los ha favorecido-.
Pocos testigos se presentaron durante el juicio por genocidio a favor de Ríos Montt. Uno de ellos fue Alfred Antonio Kaltschmitt, quien “declaró que (…) de enero a julio de mil novecientos ochenta y dos se encontraba en Nicaragua asistiendo y trabajando [un] Proyecto de Desarrollo de Escasos recursos de damnificados por la guerra. Posteriormente se trasladó a Guatemala de junio de mil novecientos ochenta y dos comenzó a trabajar en la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena que se dedica a trabajar en la región ixil. Ese cargo abarca el año mil novecientos ochenta y tres de hecho nunca salieron, tienes (sic) treinta años de estar en la región Ixil en donde poseen más de treinta y dos proyectos de desarrollo y un centro tecnológico y el cargo que ocupaba era de Director Ejecutivo de la Fundación FUNDAPI.”[65]
También es notorio que el juzgado no otorgó valor probatorio a las declaraciones de Kaltschmitt durante el juico por genocidio por las siguientes razones: “… resulta increíble que siendo el testigo parte de una fundación, para brindar atención en el área ixil, entre otros lugares no se diera cuenta de las masacres y violencia… aunque el testigo indica que los destacamentos o campamentos eran lugares de refugio, con la declaración de los testigos sobrevivientes ha quedado demostrado lo contrario… a través de su propia declaración se puede establecer que la fundación de la cual formó parte, realizó proyectos en el área ixil, entre ellas en la finca San Francisco, lo que hace que el testigo tuviera conocimiento de las circunstancias que se producían en la población ixil…”[66]
Desde sus columnas de opinión en Prensa Libre, Alfred Kaltschmitt y Humberto Pretti, se suman semanalmente desde sus posicionamientos fundamentalistas a la defensa de los privilegios de los poderes fácticos: “Cada día nos damos cuenta de que existe un complot bien orquestado para mantener al país en la pobreza, deteniendo la inversión y espantando a la que ya hay… Ahora otro grupo está asesorando a los pobladores de Quiché para que se opongan a la hidroeléctrica Palo Viejo. En las vecindades ningún pueblo tiene luz, y sin embargo, ya están levantados los ánimos, porque desde curas, ecologistas, miembros de la sociedad civil y los peludos están manejando el tema”.[67]
Continuum: Fundación Agros
De acuerdo al informe de 2012 de Agros International, se impulsan los llamados proyectos “Milagros” (agroaldeas) en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Kaltschmitt figura en el “board of directors” de Agros International, y se refiere a él como propietario de Radio Infinita. A nivel nacional figura Humberto Pretti en la Junta Directiva de la Fundación Agros Guatemala.
“Fundación Agros trabaja con el concepto agroaldeas. Una agroaldea pretende ser una nueva Aldea Modelo o un nuevo modelo de aldea, fundada sobre una antigua aldea o un grupo de personas de esa aldea, mitad iglesia, mitad agroempresa… cambia el modelo de organización de la población (antes aldea o comunidad ahora agroempresa)… son estratégicas pues en ellas se encierra un control efectivo de la población, de la producción y su comercialización, de la tierra, de los recursos, de los fondos de la cooperación y de la vida religiosa… La Fundación Agros hay que verla en el contexto de la vinculación de las nuevas iglesias evangélicas fundamentalistas con los sectores de poder económico local y en algún caso nacional y a las iglesias estadounidenses, ello permite tener un mejor entendimiento de cómo se desarrollaron estas iglesias a partir de 1982…”[68]
De esta forma, las estructuras de corte religioso creados en la década de 1980 mantiene su influencia sobre la población, -ahora con nombre distinto-, y resalta con su posicionamiento a favor de los proyectos hidroeléctricos, concluyendo que la conflictividad social es únicamente producto de “la irresponsable propaganda anti-minera y anti-hidroeléctricas que grupos extremistas amparados en la causa ambientalista y en no pocos casos hasta con financiamiento de algunos países europeos que ahora se arrepienten de la caja de Pandora abierta”.[69]
A propósito del financiamiento externo. Fundación Agros en Guatemala cuenta con el auspicio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En este marco, “la inversión privada de las multinacionales se reparte por el mundo de la mano de la gubernamental USAID”.[70] Sandia-Locckheed Martin, Monsanto y Winrock serían algunas de las interesadas en el área ixil.
“Los Laboratorios SANDIA nacen en 1948, a partir del equipo investigador que fabrica las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Forman parte de Lockheed Martin, el mayor consorcio aeronáutico y de fabricación de armamento del mundo gracias a los importantes contratos firmados con el Pentágono… Para satisfacer la demanda de minerales metálicos para la fabricación de artefactos, SANDIA-Lockhhed Martin se asocia con empresas de extracción minera como INCO”[71], la antigua operadora de las minas de níquel de EXMIBAL en El Estor, Izabal.
Por su parte, Winrock, -una organización ambientalista que asesoró al gobierno de George W. Busch en las negociaciones del Protocolo de Kyoto-, “se define partidario de que sea la misma iniciativa privada, y no los estados, quien autorregule sus emisiones contaminantes… [y] de esta manera, los recursos forestales e hídricos de cada hectárea protegida con dinero de estas empresas se convierten en otro producto más que comercializar en el gran mercado regional…”[72]
Mafia local…
En agosto de 2013 se produjo el secuestro de Jesús López, -un pequeño productor de cardamomo-, en el municipio de Ixcán. A consecuencia, las comunidades del área capturaron a Antonio Álvarez Guzaro, Juan Tum, Calixto Santiago Sánchez y Felipe Velasco Brito. Este último, originario de Nebaj, Quiché.
“Vecinos de la comunidad San Antonio Tzejá aseguraron que Velasco Brito era pastor evangélico pero lo señalaban de ser el sub jefe de la banda que secuestraba y extorsionaba a pobladores. El sábado último [24 de agosto de 2013], vecinos de 18 comunidades de Ixcán coparon a los cuatro sindicados en jurisdicción de Chajul…”[73]
“Los vecinos comentaban que hicieron el llamado a las autoridades policíacas, Ministerio Público inclusive pidieron apoyo al ejercito, pero ninguno brindó apoyo…”[74]
Este hecho puntual evidencia una estructura de secuestro y sicariato, en cuyo “centro operativo” se ubicaba Felipe Velasco Brito.
“Brito era pastor evangélico, dueño de transportes y negociante de cardamomo en el área de Quiché. Ha recibido tierras por el gobierno de Mejía Víctores, -como muchos otros militares que operaron en este departamento-. El estuvo destacado en Amajchel en 1987, dirigiendo las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) del área ixil. Junto a Antonio (sic), -quien dirigió las PAC del área de Ixcán-, lanzaron los ataques contra las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de la Sierra.”[75]
Además, Velasco Brito “integró como soldado la Compañía Ixil-Quiché, y estuvo vinculado a los militares Byron Lima y Estuardo Galdámez, ex paracaidista del ejército y ahora diputado distrital de Quiché.”[76]
Uno de los implicados en el secuestro relatado, comentó a los pobladores que había recibido entrenamiento para el sicariato en un instituto educativo, donde reclutan a jóvenes para fines criminales de esta red. Esta estrategia funciona bajo la coordinación de un evangelista de origen extranjero.En general, la estructura de iglesias evangélicas involucradas, -de fachada-, se extiende desde San Cristobal Verapaz hasta la Zona Reina del municipio de Uspantán, y también hacia Nebaj, del departamento de Quiché.[77]
De esta manera, alrededor del secuestro y la figura de Velasco Brito se empieza a evidenciar una red local, cuya magnitud apenas se empieza a conocer: una mafia evangélico-militar en lo local.
La estructura de secuestro y sicariato de Velasco Brito es una pequeña muestra del poder de las estructuras locales que se relacionan con actividades ilícitas, que además utilizan actividades legales de fachada, para el lavado de dinero y el respaldo logístico: comercialización de cardamomo, redes locales de tiendas y vendedores ambulantes, prestamistas locales, iglesias evangélicas, empresas de transporte, producción de amapola y marihuana (solamente en extensiones de media cuerda repartidas en el territorio), empresas constructoras, narcotráfico, contrabando de armas (se paga Q. 2,000.00 por paquete de armas transportado), sicariato y mercenarios (también asociado al Cártel del Golfo, y se paga en forma de remesas), tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros.
Esta red surge a partir de la década de 1980, desde las estructuras militares y evangélicas que ejecutaron el genocidio durante la dictadura de Efraín Ríos Montt en la región ixil. Luis Enrique Mendoza García, Estuardo Galdámez, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, y Byron Lima Oliva, entre otros, forman parte del grupo de militares que se relacionan y/o tienen cercanía con esta estructura.
Las figuras de alto nivel de esta estructura son Byron Lima Oliva y Estuardo Galdámez, quienes además demuestran un papel político activo (cada quien desde su “espacio”) y han sido relacionados de diversas formas con redes ilícitas y actividades del narcotráfico.
Por su parte, Alfred Kaltschmitt es el “anciano” evangélico que ha mantenido una presencia permanente en la región, mediante proyectos de “desarrollo” de Fundación Agros y la influencia religiosa desde la Iglesia El Verbo.
Tras la ejecución del genocidio en la región ixil, -bajo la lógica de la colaboración evangélico-militar-empresarial hacia la política de fusiles y frijoles-, “las autoridades de inteligencia militar de Guatemala desarrollaron un código de silencio… Desde entonces, las mismas autoridades de inteligencia han transformado sus estructuras clandestinas para actividades del crimen organizado, según informes de la DEA y otros servicios de inteligencia estadounidenses, que van de la importación de autos robados en Estados Unidos al tráfico de drogas hacia ese país. Según el informe de 2004 sobre Entrenamiento Militar en el Extranjero del Departamento de Estado existe “un reciente resurgimiento de abusos supuestamente orquestados por oficiales y ex oficiales militares; y sospechas de corrupción y narcotráfico de parte de ex oficiales militares”.[78]
Asimismo, estas estructuras paralelas se han insertado en la política local, primero con el FRG, y ahora con el Partido Patriota[79]. “Muchos de esos soldados y ex-Patrulleros de Autodefensa Civil con los que compartió [Estuardo Galdámez] en esa época son ahora líderes de su estructura.”[80] Son parte de las redes criminales de “La 108” en la región ixil, y forman parte también de la estructura del Partido Patriota que respaldó su candidatura a la diputación distrital de Quiché en 2011.
Un personaje político clave de estas estructuras en Nebaj, es Virgilio Jerónimo Bernal Guzmán, quien desde que “se asentó en la silla edil en el año 2004, llegando a ésta por la estructura partidaria del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la municipalidad de Nebaj ha padecido varias decisiones intransigentes. Una de ellas es la duplicidad de estructuras de representación y funciones locales, es decir el alcalde comunal electo por asamblea comunitaria cada año, como lo establece el calendario lunar y otro alcalde impuesto a dedo por el alcalde municipal… [esto] tiene sus causas en el pasado, ya que la estructura de control que se estableció durante las dictaduras militares en las aldeas modelo como parte del reordenamiento territorial de aquella época, es la misma estructura partidaria tradicional del FRG… En el año 2008 Virgilio Bernal asumió nuevamente la alcaldía municipal de Nebaj por el FRG, pero no tardó mucho en migrar hacia las filas de otro partido dirigido por un General, el Partido Patriota”.[81]
Dictadorzuelos locales
El ex alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal, “acumula denuncias ante el Ministerio Público. De las 28 en su contra, la única que ha prosperado hasta el punto de quitarle la inmunidad es la de robo agravado. Las denuncias más numerosas son las acusaciones por amenazas, secuestro y agresiones”.[82]
No obstante, los avances de la justicia son pocos. La Red de Organizaciones de Mujeres Ixhiles, expresa su preocupación, ya que “después de ocho años y medio seguimos en la búsqueda de justicia para que el autor intelectual de dicho delito [robo agravado a un banco communal], que según las investigaciones del Ministerio Público es Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, ex alcalde del Municipio de Nebaj, sea llevado a juicio para determinar su responsabilidad en el hecho. Hemos tenido que enfrentar una larga batalla judicial debido a que el sospechoso ha realizado y solicitado diversos procedimientos que han logrado atrasar el proceso y poner trabas para evitar su persecución penal”.[83]
Además, Bernal ha impulsado el despojo de las tierras comunales de las comunidades ixiles, reconocidas en el título de la tierra del Ejido Municipal del año 1902. “Ya con el Partido Patriota, Virgilio Bernal realizó en 2010 tres desmembraciones del titulo… [y] pese a la ilegalidad, entre los meses de febrero y octubre de 2011 (en plena campaña electoral) realizó treinta desmembraciones”.[84] Mediante estas desmembraciones que dividen y privatizan ilegalmente las tierras colectivas del pueblo ixil. Entre otros, se favorecen proyectos hidroeléctricos en la region.
Además, “Virgilio Bernal reúne a los que niegan el genocidio. Sus detractores, como el secretario de las autoridades ancestrales de la región ixil, Miguel de León, afirman que fue él, junto con la Fundación contra el terrorismo, quien organizó la manifestación en apoyo a los generales enjuiciados que partió de Nebaj el 23 de abril [de 2013]. Miguel de León agrega que muchos de los manifestantes fueron engañados ya que se les dijo que la marcha era para pedir la entrega de fertilizantes y de la Bolsa Segura, y no para negar el genocidio…”[85]
Por carecer del finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC), -que indica al menos anomalías en la administración municipal de Bernal-, éste no fue incluido como candidato en las elecciones municipales de septiembre de 2011. “Posterior a las elecciones, de alguna forma, el candidato a alcalde del Partido Patriota apareció con un finiquito y comenzó su campaña para que se repitieran las elecciones municipales de Nebaj”.[86]
“Un líder comunitario que pide no ser nombrado afirmó que la repetición de las elecciones es, entre otras cosas, una represalia en contra de la población por haber testificado en el juicio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Nos están confrontando y distrayendo. Buscan que entre nosotros mismos nos matemos, y poner así a la vista externa que el pueblo ixil es conflictivo. Quieren que se diga que entre ixiles se pelean, y unos creen que hubo genocidio y otros que no, expuso”.[87]
“El gobierno se dedicó en los últimos días [enero de 2014] a intensificar sus entregas de Bolsas Seguras y lo hacía en coordinación con el candidato del Partido Patriota, para que la población intuyera que si elegían al alcalde de dicho partido iba a llegar más ayuda de los programas sociales del gobierno. Hubo un día en que llegaron 10 camiones con víveres de los programas sociales del gobierno para repartir entre la población e inclinar la balanza a favor del candidato patriota… el gobierno perdió la elección, y esto fue como un pequeño referendum para ellos”.[88]
La pérdida de la alcaldía de Nebaj por parte del PP es un golpe duro a los intereses que gravitan en el partido y que se mueven territorialmente en el municipio, a partir del acaparamiento de la tierra, la negación del genocidio ocurrido, la carrera imperial de la minería y el espejo de las hidroeléctricas. Un problema histórico de despojo, explotación y racismo que es actualizado por actores públicos y privados de influencia en la región ixil desde hace décadas, tales como el general de brigada Pérez Molina, el capitán Estuardo Galdámez, Virgilio Bernal y empresas como Grupo Enel (Italia), Intertechne (Brasil), Grupo Terra (Honduras), TRECSA (Colombia), Casado Hnos, (Guatemala), Fundación Agros (Guatemala) Paíz-Maselli (Guatemala) y Palo Gordo (Guatemala) entre otros.[89]
Otro aprendiz de dictador local es José Pérez Chen en el municipio de San Juan Cotzal, proveniente de las filas del paramilitarismo, y electo como alcalde para el período de 2008 – 2012 por el Partido Unionista.
“El Sr. José Pérez Chen organizó, como Alcalde de Cotzal, una Junta Local de Seguridad y una Policía Municipal de Tránsito armada, que además de patrullar, detenían, torturaban e, incluso, ejecutaban jóvenes que eran estigmatizados por su apariencia de ser delincuentes…”[90]
En 2009, el exalcalde incitó a estas estructuras armadas al asesinato de un jóven y el linchamiento de un miembro de la PNC. “El viernes 21 de agosto 2012, el Tribunal “B” de Alto impacto emitió sentencia de 82 años de prisión contra el exalcalde de San Juan Cotzal, Quiché, José Pérez Chen así como contra cinco personas más involucradas en el linchamiento del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Pedro Rodríguez Toma, hecho acontecido en el 2009. La sentencia del Tribunal contra Pérez Chen fue por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, discriminación, abuso de autoridad y detención ilegal, así como Plagio o secuestro”.[91]
Sin duda, la actuación criminal de Pérez Chen y las estructuras paramilitares locales tiene un historial más amplio, incluso en vinculación con la hidroeléctrica Palo Viejo. “En el 2008, ENEL intentó resguardarse de los problemas sociales que surgen cuando llega una hidroeléctrica a una zona indígena. Para esto, firmó con la municipalidad de Cotzal un convenio de cooperación voluntaria en el que se comprometía a llevar a cabo por 20 años proyectos de utilidad social. Ese acuerdo definía una lista de obras y proyectos a realizar por la municipalidad, con financiamiento de ENEL. El acuerdo fue firmado por el alcalde José Pérez Chen, los alcaldes auxiliares y varios Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio”.[92]
El caso es que, gracias a los financiamientos de ENEL la municipalidad, el alcalde Pérez Chen se convirtió en su mejor aliado. En el entorno de ENEL afirman que no pueden hacer pagos sino a una institución democrática, pública, como la municipalidad. El jefe edil cedió terrenos de la municipalidad para construir la carretera alterna, y, según las alcaldías indígenas, defendió con violencia los intereses de la empresa. [93]
En abril del 2009 uno de los líderes comunitarios, Baltazar de la Cruz, fue detenido por un grupo de personas armadas en la aldea Santa Avelina, encerrado en la auxiliatura y torturado psicológicamente por el jefe del grupo armado: Pedro Zacarías y el vice alcalde. Asimismo, los líderes comunitarios de Santa Avelina: Antonio Pérez Martínez y Juan Sajic Aguilar fueron presionados para que abandonen su participación en la resistencia de las Comunidades Indígenas, por parte del personero de la empresa Italiana ENEL y Coordinador de la Junta Local de Seguridad.[94]
Tras su condena, “José Pérez Chen ex alcalde del municipio de San Juan Cotzal en el departamento del Quiché, dejó de ser el hombre fuerte detrás de los grupos paramilitares que funcionaron bajo su administración edil”.[95] No por ello, las estructuras paramilitares locales dejaron de ser un factor de poder.
Una disputa compleja
Las fincas de “familias ladinas”, impuestas en el área a finales del siglo XIX y principios del XX, así como los planes territoriales concebidos durante las dictaduras militares, siguen siendo claves en la dinámica actual de la disputa por los territorios y los recursos.
Asimismo, se evidencia la existencia de una estructura articulada desde lo local, vinculada a los negocios ilícitos, -especialmente el secuestro, el narcotráfico y el tráfico de armas-. El origen de esta red se ubica en la década de 1980, en el marco de los planes contrainsurgentes, cuando militares y “evangélicos” actuaron de manera articulada como “ejecutores” del genocidio. En la actualidad, estos actores se constituyen en una mafia evangélico-militar que opera en toda la región, desplegando sus “tentáculos” hacia los niveles más altos de la estructura política guatemalteca.
Es una “nueva dinámica” que se sobrepone a la herencia del despojo histórico:
Cerro Visis Cabá:
“En el año 1997, mediante el Decreto Numero 40-97 se declara como reserva de Biosfera Ixil, Visis Cabá, Municipio de San Gaspar Chajul, El Quiché, con una superficie aproximada de cuarenta y cinco mil hectáreas (45,000 Has), dentro de la cual se encuentran asentadas alrededor las comunidades de: Chel, Xesayl, Juá, Vichox, Visiquichum, Jull, Visich, Cabá, Pal, Xaxboq, Chexá y Santa Rosa… Las 45 mil hectáreas que constituye la reserva Visis Cabá, no beneficia totalmente a las comunidades, pero si a futuro a las potenciales plantas de hidroeléctricas…”[96]
Es decir, el Cerro Visis Cabá constituye una reserva de agua para los proyectos hidroeléctricos de la región, entre éstos:
“Las hidroeléctricas La Vega I y II son dos proyectos importantes con una capacidad de 38 y 18 MW que se encuentran en el municipio de Nebaj sobre los ríos Xamalá y Sumala. Ambas pertenecen a la empresa HidroIxil S.A. Propiedad de Casado Hermanos. A pesar que todavía no han sido construidas ya cuentan con la autorización de la la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) según los acuerdos 99-2011 y 244-2011. Los acuerdos ministeriales permiten a la empresa el uso de bienes de dominio público por 50 años… Hidroxacbal Delta fue concedida el 2012 Energía Limpia de Guatemala, Sociedad Anónima, que por los próximos 50 años tendrá acceso a aprovechar el caudal del río Xacbal para la generación de 75 megavatios”.[97]
Asimismo, existe el proyecto Palo Viejo II, -de ENEL-, y “seguirán las hidroeléctricas Bella Vista I y Bella Vista II, sobre el rió Jute y rió Caba (ambas de Empresa ENEL)”.[98]
“En la reserva del Cerro Visis más de 60 comunidades han quedado excluidas de estos procesos, pero es un área que a la vez se está llenando de proyectos de carácter privado. La compañía italiana ENEL ha comprado 28 caballerías dentro de la reserva, y va a construir una represa sobre el río Jute, que nace dentro de ella y desemboca en el río Cutzalá, es decir la represa quedaría dentro del área de reserva… La existencia de cinco ríos hace comprensible el interés de la empresa italiana ENEL [y demás empresas] por comprar tierras en ese territorio, sin importar la forma de adquirirlas. En 1998, aparece como un nuevo actor la empresa Navalijá reclamando 64 caballerías de terreno en Cimientos-Xeputul como propias…”[99]
El caso de esta estafa involucra al exdirector de FONAPAZ, Haroldo Quej Chen quien “fue acusado por la Defensoría Maya de haber autorizado la compra de una finca inexistente a la Agropecuaria Nabalijá, propiedad de Gustavo Herrera, por Q22 millones”.[100]
“La justificación de la compra es que fue parte de la resolución de un conflicto, donde dos comunidades indígenas peleaban por las mismas tierras en Chajul, Quiché. La comunidad Los Cimientos, la cual demostró ser la verdadera propietaria de las tierras, fue trasladada a una finca de Siquinalá, Escuintla, donde viven en extrema pobreza”.[101]
En este caso, se evidencia la adquisición fraudulenta de tierras por sectores político-militares ligados al FRG, -y en la actualidad al Partido Patriota como es el caso de Quej Chen-. La empresa ENEL fue la favorecida por la “intermediación” de estructuras corruptas, en un evidente interés por el control de fuentes de agua para la generación de energía eléctrica, puesto que la reserva se ubica en el “corazón” del área ixil, donde se están impulsando diversos proyectos hidroeléctricos.
Palo Viejo:
“La consulta dio como resultado una negativa de las comunidades a la instalación de estos megaproyectos. Sin embargo, en febrero de 2011 la empresa Enel Green Power inició la construcción de la planta generadora Palo Viejo sobre el afluente del río Cotzal que atraviesa varias comunidades de los municipios de Cunén y San Juan Cotzal. En Cunén la comunidad El Regadío que se beneficia directamente del afluente de este río mostró su oposición al proyecto. Como consecuencia se produjeron tensiones y enfrentamientos entre los comunitarios y miembros de seguridad de la finca San Francisco, lugar donde se asienta el proyecto hidroeléctrico y propiedad de la familia Brol – terratenientes de la región–.”[102]
“Una carretera de terracería sale de San Juan Cotzal y llega hasta la inmensa finca San Francisco, de 315 caballerías, propiedad de un temido terrateniente, Pedro Brol, conocido como el nuevo Tigre del Ixcán. Es allí donde, a partir del 2006 se empezó a construir la hidroeléctrica Palo Viejo. Recién inaugurada, ésta supuso una inversión de más de US$200 millones (Q1,560 millones). De 84 megavatios de potencia, funciona con el agua del río Cotzal y tres de sus afluentes: los ríos El Regadío, Chipal y Arrollo Escondido.”[103]
Agrícola Cafetalera Palo Viejo S.A. es una empresa de “Pedro Brol Cortinas, propietario de la finca San Francisco, que jugó un papel importante de apoyo al ejército durante los años de agresión contrainsurgente en contra de la población ixil… Igualmente en territorio de las fincas Las Guacamayas, Putul y Argentina, muy cercanas de la finca San Francisco, tierras que desde hace décadas, quichés e ixiles de Cotzal se las disputan a los Brol, tiene planificada la construcción de la hidroeléctrica La Campana, representada por su hijo Dany Enrique Broll Blanco…”[104]
“Pero un proyecto de estas características va tejiendo una red de intereses comunes con gente de muchos ámbitos. En el caso Palo Viejo, las comunidades, al enfrentarse a la transnacional italiana, se enfrentan también a la empresa constructora Solel Boneh, a Cementos Progreso, a los sucesivos alcaldes de Cotzal, a Pedro Brol, el temido terrateniente, a su poderosa milicia, a los empleados y contratistas locales de la empresa. Los miedos no son imaginarios. El ex alcalde José Pérez Chen está enjuiciado por ordenar el linchamiento de un policía que defendía a su hijo, que había sido apresado injustamente por el alcalde, o las fuerzas de seguridad de la finca San Franciso –que parecen una milicia– han intimidado en repetidas ocasiones a la comunidad de El Regadío… [además] Burson Marsteller Guatemala, [es] la empresa que se hace cargo de las relaciones públicas de Enel en el país…”[105]
ENEL afirma que el consultar a las poblaciones sobre sus proyectos es parte de sus prioridades. Agrega que en este caso, la consulta consistió en una reunión celebrada el 2 de mayo del 2006 con los líderes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. En esa reunión, todos firmaron un acta en la que aceptaban la presencia de la empresa. Las alcaldías indígenas rechazan ese acuerdo, ya que fue obtenido, dicen, mediante una trampa del alcalde. “El alcalde Pérez Chen reunió a los Cocodes y a los alcaldes auxiliares y les dijo que les iba a dar proyectos, láminas, carretera, y se levantó un acta sobre estas promesas. Pero al final del acta había una frase que decía que estaban de acuerdo con la llegada de la empresa. Pero ese no era el objeto de la reunión. La reunión era para discutir de los proyectos, no de la llegada de ENEL. Entonces la gente dijo, si no firmamos, no nos dan láminas ni proyectos. Firmemos. La gente no vio la trampa,” protesta de León Ceto. [106]
Más recientemente, el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala recordó que se ha violado el derecho de los pueblos indígenas a ser previamente consultados de acuerdo a los estándares internacionales. Caso, [que] recoge el documento de la Asamblea General de la ONU, de la región Ixil en El Quiché, donde observó “la existencia de conflictos sociales ocasionados por la falta de consulta a las comunidades afectadas antes de conceder las licencias para la construcción de las hidroeléctricas Xacbal, Palo Viejo I e Hidroxil”.[107]
Estuardo Galdámez, diputado de Quiché por Partido Patriota, dice que “la municipalidad de San Juan Cotzal no se puede permitir componendas con ninguna supuesta autoridad”… “Si quieren influir en las decisiones de la municipalidad, que lo hagan pero desde las elecciones, que se lo ganen desde un partido político. De lo contrario son usurpadores del poder municipal”.[108]
La población local, cansada de la falta de respuestas por parte de la Enel, decidió bloquear el paso de las maquinarias. A su acción no violenta, el Estado guatemalteco respondió con centenas de soldados con equipo antidisturbios, tres helicópteros y un nido de ametralladoras situado en la escuela de San Felipe Chenlá… los líderes campesinos fueron amenazados y acusados de terrorismo.[109]
Reforzando esta estrategia, “el diputado Estuardo Galdámez, del Partido Patriota (PP) y representante de Quiché, entregó un memorial con las firmas y peticiones de los vecinos. El jefe edil expuso a los presentes la necesidad urgente de la instalación de un destacamento militar. Porque además de haber sido, un municipio, azotado fuertemente por el conflicto armado interno en años anteriores; ahora ha sido invadido por antisociales…”[110]
“El pasado 13 de marzo finalmente el diálogo terminó con la firma de un convenio en la Casa Presidencial. Reunidos, durante más de dos horas, el presidente Otto Pérez Molina; Oswaldo Smith, representante de Enel en Guatemala; Baltazar Cruz, alcalde de San Juan Cotzal; Gustavo Porras, asesor de Enel y presidente del CES; Miguel Ángel Balcárcel, del Sistema Nacional de Diálogo Permanente; y el diputado Estuardo Galdámez, acordaron que el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo empezaría a funcionar. Durante sus primeros 20 años, de los 50 que estará en operaciones, la empresa aportará Q2.3 millones anualmente a la alcaldía municipal de San Juan Cotzal… De tres partes, solo dos llegaron a un acuerdo. La empresa transnacional Enel y la municipalidad de San Juan Cotzal, en Quiché, luego del diálogo, luego de tres meses de reuniones, firmaron un convenio. Excluyeron con el acto –tras dos años de acercamientos– a los representantes indígenas de la región ixil”.[111]
No queda más, que agradecer a todos los actores implicados, en especial aquellos que han puesto a disposición sus estructuras operativas en el área ixil. El presidente Otto Pérez Molina en persona lo hizo:
“Quiero agradecer también al Señor Gobernador, Eber Cabrera; muchas gracias por el esfuerzo. Sé que su participación también ha sido importante en lo que están haciendo, y también un agradecimiento especial, por supuesto, para Miguel Ángel Balcárcel; gracias Miguel Ángel por este esfuerzo, como Comisionado Presidencial para el Sistema de Dialogo Nacional; ha sido vital y clave; un esfuerzo muy valioso para lograr este Convenio por el que estamos muy contentos. Al Señor Oswaldo Smith, Gerente General de Enel Green Power Guatemala, muchas gracias también por este esfuerzo y por esta disposición al diálogo y a que las cosas se hagan como deben ser. Gracias por su presencia también al Señor Ministro de Energía y Minas, Erick Archila; a la Señora Ministra de Ambiente, Roxana Sobenes, agradeciendo también al diputado Estuardo Galdámez, del departamento de Quiché quien ha seguido muy de cerca este proceso. Al Señor Embajador, Fabrizzio Pignatelli, también, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros”.[112]
Xacbal
“La construcción de esta hidroeléctrica representa un conflicto con las comunidades de la región. Los antecedentes de estos conflictos se remontan a 2004, cuando la familia Arenas Menes, propietarios de la finca cafetalera La Perla y Anexos S.A., en San Gaspar Chajul, venden una fracción de esta finca a la empresa Hidro Xacbal S.A., extensión ampliada posteriormente entre junio y julio de 2006 cuando la municipalidad cede a la empresa cuatro fracciones. Esta iniciativa enfrenta a las comunidades del lugar con los propietarios de La Perla, al denunciar los primeros que la parte vendida por la familia Arenas a la empresa Hidro Xacbal S.A., se encuentra dentro de los linderos que ellos reclaman como propios. Además, señalan que parte de las fracciones dadas en concesión por la municipalidad a la empresa constructora también está dentro de sus posesiones… Se conjugan así dos conflictos: por un lado el cuestionamiento a la legitimidad del área sobre la que se extiende la Finca La Perla y sus Anexos; y, por el otro, la validez de un proyecto hidroeléctrico que se erige sobre una propiedad cuestionada en su legalidad por las comunidades, las cuales consideran propios los terrenos en que se construye”.[113]
“En los últimos días de octubre [2012], la Empresa Generación Limpia de Guatemala recibió la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM), para utilizar durante cincuenta años el río Xacbal para la generación de energía eléctrica, con la instalación de la Central Generadora Hidro Xacbal Delta, en el mismo río donde desde el 24 de agosto de 2010, funciona Hidro Xacbal que produce 94 MW, más los 70 ó 75 MW que produciría la primera, alimentarán el Sistema Eléctrico Interconectado. Ambos proyectos pertenecen al grupo hondureño TERRA.”[114]
El Grupo Terra de Honduras “abarca inversiones en energía, petróleo, químicos, telecomunicaciones, infraestructura, inmobiliaria y servicios. Su presidente, Fredy Nasser Selman , es uno de los empresarios más poderosos de Honduras. La obra está a cargo de la empresa israelí Solel Boneh, la cual opera conjuntamente con la Compañía Extractora Minera de Occidente por su experiencia en la construcción de las hidroeléctricas Canadá y Montecristo, obras realizadas conjuntamente por ambas empresas en el departamento de Quetzaltenango. La Compañía Extractora Minera de Occidente, integrante del Grupo EMO de Guatemala, también ha trabajado, entre otras empresas, con Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la minera canadiense Gold Corp., la cual desarrolla el proyecto Marlin de extracción de oro en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos”.[115]
La empresa Hidro Xacbal S.A. está financiando el proyecto con un préstamo de US$182 millones para la construcción, el desarrollo y la operación de una planta eléctrica de 94MW situada en Chajúl, Quiché, Guatemala. RBTT Merchant Bank, un banco comercial y de inversión, de Trinidad y Tobago actuó como coordinador financiero y entidad de crédito del préstamo, junto con el FMO, el BCIE y otros bancos regionales.[116]
El intercambio de información fue poniendo en evidencia no sólo las formas de adquisición de tierra, sino también los mecanismos que están utilizando las compañías para ello y los actores involucrados en esa tarea. La compra de tierras ha sido uno de ellos, por ejemplo, el caso de la empresa ENEL que adquirió 28 caballerías, terreno dentro del cual quedaron varias comunidades, y que además se ubica dentro del área de reserva del Cerro Visis. Igualmente se han cedido derechos de paso, que sin ser del conocimiento de la población han autorizado algunos de los alcaldes municipales del área. Es el caso de Hidro Xacbal: el permiso de paso municipal a la hidroeléctrica fue dado oficialmente por el alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal Gómez en 2007, a cambio de 200,000 Quetzales, () según especifica el acta municipal”[117]
Xalalá:
El proyecto Xalalá está situado en una zona del país donde se materializan muchos de los problemas estructurales que sufre el país: la falta de certeza jurídica sobre la tierra para las poblaciones y comunidades residentes, la disputa de la tierra y de los recursos naturales, es decir, de la base de la vida, producción y cosmovisión de los pueblos indígenas residentes, por parte de un concepto económico divergente del gobierno central, que prioriza la explotación de los recursos naturales por multinacionales, la creación de infraestructura que responde a estos intereses y no necesariamente a las necesidades de la población residente, concepto económico también que no protege la economía campesina e indígena frente a la producción agrícola para la exportación, que conlleva una concentración de tierras y falta de producción de alimentación.[118]
“La construcción de esta hidroeléctrica es objetada por varias comunidades, especialmente las ubicadas en la finca Patio de Bolas (Ixcán) porque el área de inundación del embalse les afectará directamente. La finca pertenece a la municipalidad de Chinique, Quiché y es habitada por 33 comunidades cuya población total se estima en unas siete mil personas. Estas comunidades alegan derechos históricos de propiedad de la finca”[119] y “el 16 de Agosto del 2013, en San Juan Chactela (municipio de Ixcán, Quiché) se reconoció públicamente a 32 comunidades q’eqchi’s como comunidades indígenas”.[120]
Estuardo Galdámez “tiene un litigio por 5 caballerías en la finca que asegura es de su propiedad, Patio de Bolas, El Copón, un terreno de 350 caballerías en Ixcán, que reclama la municipalidad de Chinique. “El problema es que aprovechándose de su posición como diputado ha ofrecido negociar las tierras con las comunidades a cambio de liberar sus caballerías que están invadidas.”[121]
“En el fondo, Galdámez está enojado porque perdió control sobre la pista [de aterrizaje], pues, las comunidades reclaman estas tierras, que supuestamente son de Galdámez…”[122]
El 20 de abril de 2007, “se realizó una Consulta Comunitaria de Buena Fe en el Municipio de Ixcán, El Quiché, sobre la construcción de hidroeléctricas, exploración y explotación petrolera en este municipio. En la Consulta participaron 21,155 personas, de los cuales 12,353 son mayores de edad y 8,802 son menores de edad. Los resultados de la consulta son muy claros: Por el SI se manifestaron 1,829 personas (8.65%); Por el NO se manifestaron 18,992 personas (89.73 %); Abstención expresa 344 (1.63 %)”[123]
En septiembre de 2007, cinco meses después de celebrada la consulta comunitaria, el INDE lanzó una licitación internacional para adjudicar el proyecto a una sociedad ejecutora extranjera. Debido a las dificultades surgidas y a las reservas de las empresas postulantes, el INDE aplazó por varios meses el período de adjudicación. Al final, nada se concretó: en noviembre de 2008 declaró desierta la licitación: ninguna de las empresas que habían manifestado interés presentó su oferta. El presidente del INDE lo justificó a partir de factores internacionales, como falta de liquidez y problemas que afectan a los mercados financieros mundiales; no mencionó las dudas de los postulantes, entre las cuales está la actitud del gobierno de lavarse las manos para enfrentar la problemática social que el proyecto implica.[124]
“Este proyecto está en la fase de estudios geológicos y técnicos para establecer el mecanismo para financiar el costo de la planta que se estima en US$350 millones.”[125]
En relación a este proyecto se observa la “intervención estratégica” del Estado, impulsando una diversidad de acciones desde distintos niveles, que involucran la municipalidad de Ixcán, SEGEPLAN, MINEDUC, INE, MAGA e INDE, entre otras.
Actualmente, desde el INDE se ha articulado un equipo de “agentes” que actúan en una lógica de guerra psicológica sobre la población. “Existe el equipo de sensibilización que se preparó durante un año, y su tarea es la identificación de líderes en las comunidades. Estos andan ofreciendo apoyos y proyectos, y a cambio los líderes deben aceptar la represa… El segundo equipo lo llaman de seguimiento, pero en realidad es para cooptar a los líderes… ofrecen un arreglo, o sea, a cambio de dinero tienen que decir sí a Xalalá. El tercer nivel es el equipo de presión. Ya estamos hablando de intimidación y amenaza… cualquier líder que no acepta los ofrecimientos de los otros equipos, entra a la lista para empezar con las amenazas. Están tratando de romper las organizaciones de las comunidades de cualquier manera.”[126]
La estrategia de generar divisiones y desconfianza entre la misma población, y con estas acciones “la armonía entre las comunidades está siendo sofocada por intereses económicos, ante la insistencia del INDE para la construcción de la represa Xalalá, que de manera secreta otorgó a una empresa brasileña los estudios de factibilidad del proyecto”.[127]
Conclusiones
Es evidente que todos los proyectos hidroeléctricos en Quiché han provocado conflicitivdad social. Esta situación tiene una causa concreta: la implementación de estos proyectos corresponden a un modelo excluyente de desarrollo, y sistemáticamente se viola el derecho a la consulta libre, informada y previa a los pueblos indígenas que habitan estos territorios.
La marginación y exclusión, en efecto, es una realidad impuesta desde hace siglos en estas tierras. No obstante, el tema energético presenta sus propias excentricidades en la actualidad: “En el Norte del Quiché, en donde operan ya dos grandes proyectos hidroeléctricos (Palo Viejo e HidroXacbal), y tres más están en fase de estudio, sólo 10 comunidades tienen acceso a la energía eléctrica, según Segeplan. Las demás 29 usan formas tradicionales de alumbrado, ocote, madera, candelas o candiles de kerosen, que ocasionan graves problemas de salud a las personas. “Para nosotros es una vergüenza, una burla que nos están haciendo. Generamos y no tenemos…”[128]
El elemento fundamental de la investigación es la unión de diferentes actores poderosos en la imposición de los proyectos de represas, sustentando su actuación en políticas antidemocráticas, redes criminales, estructuras paramilitares, y alguna institucionalidad del fundamentalismo religioso.
Esta amplia gama de intereses de actores locales (y nacionales) puede interpretarse como un reagrupamiento militar y conservador en Guatemala, transformado en la lógica de poderes ocultos (o fácticos) con estructuras de largo alcance en el territorio, incursionado incluso en negocios lícitos e ilícitos. La estructura criminal denominada “108” es la fuerza principal (especialmente desde lo criminal y político) en la región, mediante una estructura evangélico-militar, surgida a partir de los actores contrainsurgentes de la década de 1980, que han afianzado su control territorial y poblacional.
“La 108” interactúa sistemáticamente con el Estado (cooptado) y los sectores empresariales (nacionales y transnacionales).
Asimismo, el poder local de las “fincas” se construye históricamente a partir de la apropiación ilegítima de tierras y la imposición del colonato a los pueblos indígenas, consolidándose en los 80s a partir de la alianza con los “ejecutores del genocidio”. Este poder se fortalece [al menos algunos] en alianza con empresas transnacionales en la actualidad. En todo momento demuestran una estrecha interacción con las redes políticas e ilícitas, operando sus propias estructuras de milicias.
En la actualidad, las familias propietarias de fincas, -especialmente Arenas y Brol-, se alían a capitales nacionales e internacionales. Concretamente las empresas ENEL (de Italia), Solel Boneh (de Israel) y Grupo Terra (de Honduras) participan de manera “proactiva” en la disputa de territorios y recursos, aliándose a los terratenientes locales y figuras de la mafia evangélico-militar.
En este contexto, la tendencia en Guatemala, -donde se produce una fuerte presión de inversiones en el campo de los recursos naturales-, proyecta un futuro sombrío de una conflicitividad creciente. Es una disputa de largo alcance.
El juicio por genocidio “toca por primera vez el alma de los perpetradores, los ejecutores. Pero deja sin juicio el alma negra de los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra; las élites y el Estado, la cúpula del poder oligárquico”.[129]
En este sentido, es fundamental que no se repita esta historia, y que se conozca el “lado oscuro” de los proyectos hidroeléctricos. No debe prevalecer la impunidad de los herederos de las estructuras contrainsurgentes, quienes se han constituido como poderes fácticos en la actualidad. Y tampoco deben quedar ocultos los intereses propios de actores transnacionales, y alianzas sistemáticas con redes violentas e ilícitas en su afán de negocio y lucro.
El autor es sociólogo, especialista en Análisis de Conflictividades en América Latina)
11 de mayo 2014
[1] Siglo 21, Palo Viejo afianza acuerdo comunitario, 27 de febrero de 2014
[2] Procuraduría de Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado 2012; Guatemala, 2013
[3]Expediente C-01076-2011-00015, correspondiente a la sentencia dictada por Iris Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, 10 de mayo de 2013
[4] Compolitik, Crónica de un referéndum perdido: Nebaj, 2014
[5] Siglo 21, Palo Viejo afianza acuerdo comunitario, 27 de febrero de 2014
[6] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[7] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[8] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[9] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[10] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[11] Plaza Pública, Finca La Perla: no una hacienda, sino un esbozo de país, Guatemala, 11 de abril de 2013
[12] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[13] Plaza Pública, Finca La Perla: no una hacienda, sino un esbozo de país, Guatemala, 11 de abril de 2013
[14] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[15] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013 (testimonio personal)
[16] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[17] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[18] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[19] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[20] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[21] CIFCA, Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?, Bélgica, Noviembre de 2008
[22] SEGEPLAN, Plan de Desarrollo Integral de la Franja Transversal del Norte, Guatemala, 2011
[23] CIFCA, Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?, Bélgica, Noviembre de 2008
[24] CIFCA, Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?, Bélgica, Noviembre de 2008
[25] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[26] UDEFEGUA/El Observador, Buscando el futuro, Guatemala, 2010
[27] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[28] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[29] El Periódico, La Fuerza de Tarea Gumarcaj y las masacres en la región ixil, 26 de junio de 2011
[30] National Security Archive, Military Units
[31] Prensa Libre, Genocidio: Tribunal condena a 80 años a Ríos Montt y absuelve a Rodríguez, 10 de mayo de 2013
[32] El Periódico, El diputado Galdámez, 19 de agosto de 2012
[33] El Periódico, Registros militares consignan presencia del diputado Mendoza Rodríguez durante un operativo antidrogas en Escuintla, 29 de agosto de 2011
[34] El Periódico, El diputado Galdámez, 19 de agosto de 2012
[35] El Periódico, El diputado Galdámez, 19 de agosto de 2012
[36] El 01 de abril de 2013 fue nombrado presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
[37] Luis Solano, El gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, El Observador, Números 34 y 35, enero a junio de 2012
[38] CMI-G, Un problema de las élites fue resuelto por el pueblo ixil: la repetición de las elecciones Nebaj 2014; 20 de enero de 2014
[39] Ministerio de la Defensa Nacional, “Disposiciones del Presidente de la Junta Militar de Gobierno y Ministro de la Defensa Nacional, 12 de abril de 1982
[40] El Periódico, Los esqueletos guardados en el closet de Juan de Dios Rodríguez, 20 de enero de 2014
[41] www.byronlimapresidente.com
[42] Byron Miguel Lima Oliva, Partido Patriota, 28 de junio de 2011 (El Metropolitano)
[43] El Periódico, ¿Por qué Otto Pérez y Baldetti le zafaron la alfombra a su protegido, amigo y financista, el Capitán Byron Lima Oliva?, Guatemala, 04 de marzo de 2013
[44] El Periódico, ¿Por qué Otto Pérez y Baldetti le zafaron la alfombra a su protegido, amigo y financista, el Capitán Byron Lima Oliva?, Guatemala, 04 de marzo de 2013
[45] Sin autoría, En Guatemala nadie se despeina, 23 de agosto de 2013 (www.laopinion.com)
[46] Plaza Pública, El largo paseo del capitán Lima Oliva, Guatemala, 18 de febrero de 2013
[47] probablemente también Luis Mendoza Rodríguez, entre otros
[48] vinculados a narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias, corrupción, asesinato, etc.
[49] Ricardo Falla, El genocidio guatemalteco, 19 de mayo de 2013
[50] UDEFEGUA/El Observador, Buscando el futuro, Guatemala, 2010
[51] Plaza Pública, El soldado que acusó a los altos mandos, Guatemala, 04 de abril de 2013
[52] Plaza Pública, Acul y Tzalbal, el despojo de los gobiernos militares, Guatemala, 17 de junio de 2013
[53] National Security Archive, Military Units
[54] WOLA, Poderes ocultos: grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos, ___
[55] Plaza Pública, El club de la balanza y la daga, Guatemala, 25 de junio de 2013
[56] Luis Solano, El gobierno “seguro” de Otto Pérez Molina y el PP, El Observador, Números 34 y 35, enero a junio de 2012
[57] CMI-G, Polarización social: ¿Viviremos otro Jueves Negro?, 16 de mayo de 2013
[58] El Faro, Dos dictámenes de la Corte Suprema concluyeron que fiscal Paz y Paz debe seguir hasta diciembre, 9 de febrero de 2014
[59] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[60] Plaza Pública, Una antropóloga sale a todo correr del Panamerican, Guatemala, 16 de abril de 2013
[61] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[62] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[63] David Stoll, ¿América Latina se vuelve protestante? – Las políticas del crecimiento evangélico, (www.nodulo.org)
[64] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[65] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[66] Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente “A”, Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013
[67] Humberto Pretti, Plan macabro, 27 de octubre de 2010
[68] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[69] Prensa Libre, Alfred Kaltschmitt, Cosecha insana, 4 de febrero de 2011
[70] Anónimo, Multinacionales estadounidenses entran en Guatemala de manos de la USAID
[71] Anónimo, Multinacionales estadounidenses entran en Guatemala de manos de la USAID
[72] Anónimo, Multinacionales estadounidenses entran en Guatemala de manos de la USAID
[73] Prensa Libre, Muere en Cobán la cuarta víctima de linchamiento en Ixcán, 26 de agosto de 2013
[74] Ixcan TV, Linchan a 4 supuestos secuestradores en San Antonio Tzeja, Ixcán, 24 de agosto de 2013
[75] Entrevista clasificada
[76] Entrevista clasificada
[77] Entrevista clasificada
[78] Frank Smyth, El narco-Estado intocable: Militares guatemaltecos desafían la DEA, 18 de noviembre de 2005
[79] Es común que estas estructuras tengan influencia y relación con la mayoría de las fuerzas políticas locales. No existe “exclusividad política” en este sentido.
[80] El Periódico, El diputado Galdámez, 19 de agosto de 2012
[81]CMI-G, Elecciones en Nebaj: la imposición de un Alcalde que agilice la continuidad del ordenamiento territorial, 29 de noviembre de 2013
[82] Prensa Libre, A mujeres de Nebaj, el miedo no las detiene, 24 de mayo de 2005
[83] Red de Organizaciones de Mujeres Ixhiles, Comunidado: Caso Ex alcalde de Nebaj; Quiché, Enero de 2013
[84]CMI-G, Elecciones en Nebaj: la imposición de un Alcalde que agilice la continuidad del ordenamiento territorial, 29 de noviembre de 2013
[85]Plaza Pública, Dos alcaldes, una alcaldía, y un problema con la historia, 04 de junio de 2013
[86] Compolitik, Crónica de un referéndum perdido: Nebaj, 2014
[87]Plaza Pública, Dos alcaldes, una alcaldía, y un problema con la historia, 04 de junio de 2013
[88] Compolitik, Crónica de un referéndum perdido: Nebaj, 2014
[89]CMI-G, Un problema de las élites fue resuelto por el pueblo ixil: la repetición de las elecciones Nebaj 2014; 20 de enero de 2014
[90] UDEFEGUA, Ante la captura de José Pérez Chen, 27 de junio de 2011
[91] MP, Sentencia contra exalcalde de San Juan Cotzal, 29 de agosto de 2012
[92] Plaza Pública, La Hidroeléctrica de ENEL, sus aliados poco ortodóxos y el diálogo, 02 de julio de 2012
[93] Plaza Pública, La Hidroeléctrica de ENEL, sus aliados poco ortodóxos y el diálogo, 02 de julio de 2012
[94] M. A. Curruchich Cúmez y A. Vecchi, Empresa italiana Enel llega a San Juan Cotzal Guatemala, violando los derechos de la poblacion maya ixil, 18 de noviembre de 2011
[95] Saraguate, De patrullero a ex alcalde, ahora un reo más, 26 de agosto de 2012
[96] Nicolás Alfredo Pelicó Caballeros, Historia ambiental de Guatemala: conflicto socio-ambiental provocado por la declaración de la Reserva de Biosfera Visis Cabá, Chajul, Quiché: 1996 – 2000, USAC/Guatemala, julio de 2011
[97] CMI-G, Era del miedo en Nebaj, ha terminado, 02 de mayo de 2013
[98] MEMORIAL Y MANIFIESTO DE SALQUIL GRANDE Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché. Febrero-Marzo 2010
[99] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[100] Prensa Libre, El dinero y el poder llegaron para Quej Chen, Guatemala, 15 de abril de 2004
[101] El Periódico, Transfugas de otros partidos buscan la reelección con la UNE, Guatemala, 04 de julio de 2007
[102] Fundación Myrna Mack, Análisis de los mecanismos de participación social en materia seguridad ciudadana: Los casos de Cunén e Ixcán en el departamento de Quiché, Guatemala, Noviembre de 2012
[103] Plaza Pública, Hidroeléctricas: ir al fondo de sus contradicciones, Guatemala, 29 de junio de 2012
[104] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[105] Plaza Pública, Hidroeléctricas: ir al fondo de sus contradicciones, Guatemala, 29 de junio de 2012
[106] Plaza Pública, Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo, Guatemala, 16 de marzo de 2013
[107] M.A. Fernández y J. Marcos, Guatemala. La comunidad ixil revive sus temores gracias a Enel, 6 de septiembre de 2012
[108] Plaza Pública, Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo, Guatemala, 16 de marzo de 2013
[109] Alessandro Di Battista, Enel y los mayas, 13 de febrero de 2012
[110]MINGOB, Solicitan destacamento militar en San Juan Cotzal, Quiché, 30 de abril de 2012
[111] Plaza Pública, Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo, Guatemala, 16 de marzo de 2013
[112] Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Discurso del presidente Otto Pérez Molina en la firma del convenio, 14 de marzo de 2013
[113] INTRAPAZ-URL, Conflicto y uso de tierra: nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala, Guatemala, 2009
[114] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[115] Louisa Reynolds, Construcción de hidroeléctrica Xacbal genera descontento en población Ixil, 24 de Julio de 2007
[116] INTRAPAZ-URL, Conflicto y uso de tierra: nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala, Guatemala, 2009
[117] CODPI, El camino de las palabras de los pueblos, Nebaj, Quiché, 2013
[118] CIFCA, Proyecto Xalalá: ¿Desarrollo para todos?, Bélgica, Noviembre de 2008
[119] INTRAPAZ-URL, Conflicto y uso de tierra: nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala, Guatemala, 2009
[120] ACOGUATE, Las 32 comunidades de la Finca Patio de Bolas, Copón, son reconocidas como comunidades indígenas, 27 de diciembre de 2013
[121] El Periódico, El diputado Galdámez, 19 de agosto de 2012
[122] Entrevista clasificada
[123] Comunicado, La información y la consulta son derechos de los pueblos, Ixcán, 01 de mayo de 2007
[124] INTRAPAZ-URL, Conflicto y uso de tierra: nuevas expresiones de la conflictividad agraria en Guatemala, Guatemala, 2009
[125] El Periódico, INDE prepara construcción de Xalalá, 21 de marzo de 2013
[126] Entrevista clasificada
[127] CMI-G, Divide y vencerás: La maniobras del Inde con el proyecto Xalalá 27 de febrero de 2014
[128]Plaza Pública, Hidroeléctricas: ir al fondo de sus contradicciones, 29 de junio de 2012
[129] La Jornada, Falta el juicio a la cúpula del poder oligárquico en Guatemala, 14 de mayo de 2013
