Héctor Silva Ávalos y Bryan Avelar
FACTum
Un diputado del FMLN viajó a Washington el mes pasado para interceder, ante oficinas del Congreso, por José Luis Merino, el dirigente efemelenista vinculado a un empresario procesado por corrupción; y para cuestionar a la embajadora estadounidense en El Salvador. Organizaciones afines al partido de izquierda en Estados Unidos también han atacado al fiscal general salvadoreño. Mientras tanto, el Ejecutivo estadounidense ha decidido apoyar sin objeciones a Douglas Meléndez: le ayudan a plantear casos de lavado de dinero y le han ofrecido financiar el grupo especial contra la impunidad.
El diputado Blandino Nerio fue el elegido del FMLN para viajar a Washington, la semana del pasado 12 de septiembre, para cuestionar en oficinas del Congreso algunos casos abiertos por el fiscal general salvadoreño Douglas Meléndez relacionados con corrupción. La investigación al exministro de Defensa, el general Atilio Benítez, por supuesto tráfico de armas, era uno de ellos. Pero no el más importante.
La agenda incluía, como punto central, la defensa de José Luis Merino, el comandante “Ramiro Vásquez”, uno de los líderes más influyentes en el partido de gobierno, a quien el senador estadounidense Marco Rubio ha acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Mientras el diputado Nerio estaba en Washington, una organización afín al FMLN en Estados Unidos cuestionó la supuesta “parcialidad” con que el fiscal Meléndez está abordando casos de corrupción. Y, de paso, tanto el diputado como la organización, cuestionaron a Jean Manes, la embajadora estadounidense en El Salvador, a quien insisten en acusar de interferencia porque, supuestamente, intengó influir en diputados salvadoreños para que levantaran la inmunidad a Benítez, quien hasta antes de la investigación penal fungía como embajador salvadoreño en Alemania.
Todo fue parte del guion partidario con el que Blandino Nerio vino a Washington, según confirmaron a Factum media docena de personas que estuvieron en esos encuentros o recibieron informes sobre ellos. En una entrevista con esta revista, Nerio confirmó que el partido lo envío a hablar de las acciones de Manes, de la supuesta injerencia que le atribuyen a la diplomática y del caso de Merino.
Blandino Nerio (izquierda), diputado del FMLN, durante su visita a Washington. Foto tomada de Twitter.
Blandino Nerio (izquierda), diputado del FMLN, junto a Leonel Búcaro durante su visita a Washington. Foto tomada de Twitter.
“Nosotros no fuimos a poner quejas. Fuimos a decir ‘miren, está pasando esto. Esta es una conducta inadecuada y les pedimos que tomen nota’. No vamos a andar poniendo queja ni lloriqueando en ninguna parte. Simplemente fuimos a decirles ‘esto no es correcto’ y esperando a que hagan lo que les corresponde hacer a ellos, no se lo podemos dictar tampoco”, dijo Nerio a Factum.
La agenda de Blandino Nerio, enviado del FMLN
El pasado 12 de septiembre, día de verano tardío en Washington, el diputado Nerio, el académico salvadoreño Héctor Perla y Leonel Búcaro, militante y ex diputado al PARLACEN por el FMLN, tuvieron un día intenso en el congreso de los Estados Unidos. La comitiva visitó las oficinas de los senadores Robert Corker de Tenesí, Marco Rubio de Florida, ambos republicanos, y Dick Durbin, demócrata de Illinois, y de la representante demócrata por el Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Burton. También se reunieron con asistentes legislativos adscritos al comité de relaciones exteriores de la cámara alta.
La agenda de los dos efemelenistas incluía la queja sobre la embajadora Manes y la gestión a favor de Merino. La preocupación del Frente por Merino y una posible investigación en Estados Unidos se hizo pública tras un artículo publicado en el Nuevo Herald de Miami el pasado 22 de agosto, el cual recogía declaraciones del senador Rubio en las que increpaba al líder efemelenista y lo acusaba de lavar dinero y de tener relaciones con el narcotráfico continental.
Poco menos de un mes antes de ese artículo, el 2 de agosto, la oficina de Rubio hizo llegar una carta a Jacob Lew, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, para pedirle que investigara los movimientos financieros de Merino. En el texto, según confirmó Factum en Washington con alguien que leyó la misiva, se menciona a Enrique Rais como uno de los principales socios del dirigente del FMLN. El 23 de agosto pasado, Meléndez ordenó la captura de Rais y de Luis Martínez, el ex fiscal general, y los acusó a ambos de delitos que tienen que ver con corrupción y con la manipulación de justicia. Ambos siguen procesados, pero están en libertad.
Cuando salió de sus reuniones en Washington, Nerio envió un mensaje de tranquilidad a San Salvador. A través de mensajería electrónica, uno de los asistentes a los encuentros avisó que, según les habían dicho, el Congreso no tenía abierta ninguna pesquisa contra Merino porque, les aclararon, no corresponde al Legislativo investigar a nadie. Factum confirmó estos intercambios con dos fuentes legislativas que conocieron de las reuniones y de lo que se habló en ellas. El diputado, sin embargo, niega que haya preguntado si había investigaciones abiertas contra Merino.
Carta de apoyo del FMLN a José Luis Merino, tras las acusaciones del senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida.
Carta de apoyo del FMLN a José Luis Merino, tras las acusaciones del senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida.
Esta revista preguntó a varias agencias policiales estadounidenses si tenían abiertas investigaciones contra Merino o Rais, y al cierre de esta nota solo se confirmó la petición hecha por Rubio al Tesoro y, una vez más, que la Agencia Antidrogas (la DEA) tiene abierto un expediente al empresario.
En Washington, Nerio también tuvo palabras de preocupación por la posibilidad de que el fiscal salvadoreño Douglas Meléndez no aplique la ley de forma pareja y solo investigue casos que atañen a socios o ex socios del gobierno pasado, como el expresidente Mauricio Funes, según confirmaron a Factum dos funcionarios estadounidenses al tanto de las reuniones, quienes pidieron hablar desde al anonimato.
La gira de Nerio ocurrió poco después de que acusó a la embajadora Manes de intentar influir en una comisión legislativa formada para estudiar un antejuicio contra el general Atilio Benítez.
“Los problemas de nuestro país son de los salvadoreños, ella (Manes) que se ocupe de sus cosas”, dijo Nerio en referencia a Manes. Unas horas después, cuestionada al respecto, la diplomática estadounidense se limitó a contestar con una pregunta retórica: “Para cualquier sociedad la lucha contra la corrupción es fundamental e importante, porque es dinero de la gente… ¿Por qué alguien no quiere combatir la corrupción?”, declaró Manes a periodistas el 2 de septiembre, tres días después de las acusaciones de Nerio.
Factum conversó con Blandino Nerio el pasado jueves 6 de octubre en la Asamblea Legislativa sobre su gira a Washington y lo que fue a decir a los congresistas. Su misión, confirmó, fue encomendada por el partido.
Factum tiene información sobre un viaje que recientemente usted realizó a Washington para sostener relaciones con algunos senadores y hablar sobre temas locales. ¿Podría confirmarnos esa información?
Mire, lamentablemente llegamos una semana antes de que cerrara su periodo de trabajo el congreso. Eso, combinado con la situación electoral, determinaba una agenda súper compleja de los congresistas, por lo que nos reunimos con sus jefes de gabinetes. Nos atendió el jefe de gabinete del presidente del comité de relaciones exteriores, el jefe de gabinete del subjefe, el jefe de gabinete del estado de Washington, una congresista del estado de California y un congresista del estado de Maryland.
¿Sobre qué temas fueron a hablar?
Los temas de interés que nos motivaban era conversar acerca de la campaña de difamaciones en las que está involucrado el senador (Marco) Rubio, levantando el tema de supuestos vínculos de nuestro compañero Ramiro Vásquez (sic) en tráfico y lavado de dólares; poniendo como fuente de información las famosas computadoras del comandante Raúl Reyes de las FARC, que fueron capturadas en un bombardeo en la frontera con Ecuador hace más de una década y que los tribunales colombianos han desechado como prueba por considerar tan contaminadas, que fueron intervenidas y que no dan fe de nada. Con este argumento difamatorio este sujeto ha andado hablando cualquier tontera a nivel de medios.
¿Ustedes fueron a preguntar si había alguna investigación contra Ramiro Vásquez?
No. Fuimos a decirles: “miren, este señor está haciendo eso y queremos pedirles que tomen nota”. La respuesta de cada una de las personas es que para ellos no era posible controlar las locuras que diga públicamente este señor porque está afuera de la agenda que lleva el congreso, que son ideas que no tienen ningún respaldo.
¿Quiénes fueron en esta misión además de usted?
Solo el diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Leonel Búcaro y su servidor.
Ok. Factum tiene información de que ustedes fueron a hablar sobre la embajadora de Estados Unidos en El Salvador y que le atribuyen hechos que catalogan como “injerencia”.
¡Por supuesto! Les hicimos ver que es inaceptable determinadas expresiones públicas que la señora embajadora ha tenido y les solicitamos también que tomaran nota de esta situación. Para nosotros, el gobierno de los Estados Unidos no es un enemigo ni algo semejante y, por lo mismo, por ser un gobierno amigo, esperamos que haya el tono respetuoso que merecen las relaciones entre países amigos.
¿Esto es por lo que dijo la embajadora sobre el caso del general Benítez?
Por cualquier caso en el que se emitan opiniones sobre situaciones internas queriendo influenciar la opinión pública. Eso es inaceptable.
Básicamente ustedes fueron a poner quejas de la embajadora a Estados Unidos…
Nosotros no vamos a poner quejas. Fuimos a decir “miren, está pasando esto. Esta es una conducta inadecuada y les pedimos que tomen nota”. No vamos a andar poniendo queja ni lloriqueando en ninguna parte. Simplemente fuimos a decirles “esto no es correcto” y esperando a que hagan lo que les corresponde hacer a ellos, no se lo podemos dictar tampoco.
Otra información que tiene Factum es que ustedes fueron a preguntar si hay una investigación en Estados Unidos contra Ramiro Vásquez.
No, no preguntamos. Fuimos a informar que no existe ese tipo de cosas.
¿Hablaron también sobre el fiscal general Douglas Meléndez?
No. Hablamos sobre estos temas específicamente. Nos interesaba alertar sobre la conducta de este Rubio y hacer de conocimiento lo que se había producido con la señora embajadora. En el desarrollo de las conversaciones apareció el interés en alguno de ellos por conocer nuestro punto de vista sobre la actuación del fiscal general de la República y le dimos las respuestas que considerábamos.
¿Y cuáles fueron esas respuestas?
Que es un hombre nuevo en el cargo y que estamos teniendo como la prudencia para ver su desempeño como cabeza de una institución importante en el país y que esperamos que se desempeñe bien. Básicamente.
¿Ustedes mencionaron algo sobre investigaciones parcializadas?
Nunca dijimos eso. Planteamos nuestra expectativa de una fiscalía que vaya a enfrentar los problemas que este país tiene de corrupción y delincuencia, etcétera, sin inclinar balanzas a ningún lado. Ese fue nuestro enfoque.
Para cerrar. ¿Este viaje fue una misión de partido o de fracción?
Fue una misión de partido.
¿No fue costeado con fondos de la Asamblea ni del PARLACEN?
No, no fue costeado con fondos de la Asamblea ni gozando ninguna de las prerrogativas de diputado.
¿Esta misión se la encomendó Ramiro?
No, la encomendó el partido. Ramiro no encomienda misiones.
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Dos días después de las visitas de Nerio y sus acompañantes en Capitol Hill, durante una teleconferencia en el centro estudios Wilson Center de Washington, el fiscal Meléndez se refirió al caso de Benítez y lo mencionó como uno de los ejemplos en que grupos de poder salvadoreños, a los que no nombró, pretenden influir en el trabajo del Ministerio Público. “No es fácil revertir la tendencia cuando hay empoderamiento de algunos grupos y personas, y no es fácil hacer cumplir la ley cuando se toca a ciertas personas y estructuras”, dijo Meléndez al referirse al proceso abierto contra el general Benítez y a otros que, según él, afectan a la clase política salvadoreña.
En Estados Unidos, la organización no gubernamental Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) ayudó a organizar la gira de Nerio y Búcaro. En su sitio web, ha publicado una carta firmada por 50 salvadoreños que cuestionan al fiscal Meléndez por “falta de imparcialidad”. Los principales argumentos de CISPES y los firmantes son dos: la relación “estrecha” del fiscal con la embajadora Manes y que Meléndez no ha investigado 152 casos de corrupción denunciados por funcionarios del FMLN, sobre todo por Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas, ante la Fiscalía General.
Factum consultó a la embajada estadounidense en San Salvador por Douglas Meléndez y sus acciones en casos relacionados con corrupción. Esto contestó un funcionario que pidió ser citado como oficial de la embajada: “Lo que es importante es el que El Salvador adopte medidas eficaces para luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad… En general, como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de ganar la confianza de las personas a las que servimos. Debemos tener un estándar mucho más alto de responsabilidad. Luchar contra la corrupción envía una señal a las personas a quienes servimos de que pueden tener la confianza que estamos invirtiendo de la mejor manera el dinero de los contribuyentes”.
Factum también preguntó a la Fiscalía General por los 152 casos a los que se refieren CISPES y los firmantes de la carta en Estados Unidos. Un vocero de la Fiscalía General aseguró que en realidad son 147 y que la mayoría de ellos ya prescribió. “De hecho, prescribieron muchos en la época de (Félix Garrid) Safie, antes de que presentaran las denuncias. Y otros prescribieron cuando Luis Martínez era fiscal. Lo que este fiscal ha hecho es agarrar los que todavía se pueden presentar a los tribunales”, dijo el funcionario, quien pidió no ser citado por nombre.
El FMLN apoyó la elección de Martínez en 2012 y una parte de su fracción legislativa, liderada por José Luis Merino, también impulsó su reelección. Sobre ese fiscal general, quien no llevó a tribunales varios de los 147 casos de corrupción por los que el FMLN se muestra preocupado en Washington, Merino solía hablar en buenos términos. “Ha hecho el esfuerzo necesario, ha habido una notoria mejoría en la capacidad investigativa de la Fiscalía, ha ayudado a que mejore la aplicación de la justicia en el país”, dijo el ex comandante guerrillero en octubre de 2015 cuando un reportero le preguntó en San Salvador por la reelección de Martínez.
El ex fiscal Luis Martínez fue detenido a principios de septiembre y es acusado, en dos casos diferentes, de delitos relacionados a actos de corrupción y manipulación de justicia. El partido FMLN, que apoyó la reelección frustrada de Martínez, hoy reclama por la falta de investigación en casos de corrupción a los que el ex fiscal no dio importancia. Foto de Salvador Meléndez.
Factum consultó al ministerio de Relaciones Exteriores sobre el viaje de Nerio: ¿Estaba al tanto la Cancillería de las reuniones? No, contestó vía correo electrónico Roxana Rosales, vocera del ministerio. ¿Autorizó Cancillería al personal de la Embajada de El Salvador en Washington hacer gestiones en nombre de Nerio? No, según la funcionaria. Y finalmente: ¿Comparte Cancillería la visión del diputado respecto a la Embajadora Manes? “Este Ministerio no acostumbra pronunciarse sobre opiniones de otros órganos de Estado”, dijo Rosales, quien contestó el pasado 22 de septiembre mientras acompañaba al presidente Sánchez Cerén y al canciller Hugo Martínez en una gira por Estados Unidos.
Un día antes, el 21 de septiembre, la policía salvadoreña había hecho efectiva una orden de arresto girada por la Fiscalía de Meléndez contra Nicola Angelucci, presidente del Banco Multisectorial de Inversiones acusado de delitos de corrupción relacionados a la administración de al menos 6 millones de dólares en programas de desarrollo. Angelucci, cuyo patrimonio según la Corte Suprema de Justicia aumentó 23 veces durante su gestión, era también miembro de la junta directiva de una comisión que tomaba decisiones sobre fondos de cooperación por 20 millones de dólares conocidos como FECEPE. El caso, según las investigaciones iniciales de la Fiscalía, puede incluir a otros funcionarios de la administración Saca y del partido ARENA.
La falta de acción fiscal en el caso FECEPE era, según Nerio, otros funcionarios del FMLN y el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y acusado en El Salvador por enriquecimiento ilícito, una de las pruebas de que Meléndez no ha sido “imparcial” en su agenda anticorrupción.
En la teleconferencia del 14 de septiembre en el Wilson Center, cuando anunció la creación del Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), Meléndez respondió a una pregunta sobre los fondos FECEPE y los 147 casos de corrupción atribuidos a funcionarios de ARENA. El cuestionamiento lo hizo el académico salvadoreño Héctor Perla, una de las personas que acompañó a Blandino Nerio y a Leonel Búcaro a las visitas en el Congreso. Meléndez le respondió así: “Es bien difícil evitar que la clase política se pronuncie sobre nuestras investigaciones. Lo que no pueden hacer es que quieran dirigir las investigaciones”.
Washington, el fiscal y los parches contra la corrupción
“Este tipo es de verdad”. Así puede traducirse del inglés la descripción que un oficial de la embajada estadounidense en San Salvador atribuyó al fiscal general Douglas Meléndez en una reunión sostenida en la representación diplomática con funcionarios y académicos llegados de Washington para discutir, en el marco del programa de cooperación Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, los avances de El Salvador en la lucha anticorrupción.
Aquel encuentro, según un funcionario legislativo en Washington que recibió un informe al respecto y quien habló con condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, ocurrió en julio pasado. “El Departamento de Estado parece entusiasmado, pero aún falta ver qué tanto puede avanzar sus casos”, dijo el funcionario durante una conversación en uno de los edificios de oficinas del congreso estadounidense en referencia a decisiones judiciales adversas el Ministerio Público en casos de alto perfil.
Hoy, entrado ya el otoño de 2016 en la capital de los Estados Unidos, el último de la administración de Barack Obama, los funcionarios que aquí se encargan de perfilar y ejecutar la política internacional en Centroamérica, sobre todo en la región formada por Guatemala, El Salvador y Honduras, cuentan a Meléndez como el principal aliado para llevar adelante el componente anticorrupción de la Alianza para la Prosperidad, el plan multilateral negociado entre Washington y los tres países para intentar frenar la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Algunos piensan, incluso, que el fiscal general es el único realmente comprometido con el tema.
En los últimos cuatro meses, Meléndez ha estado al menos dos veces en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, reunido con funcionarios que le han asesorado en algunos casos ya presentados ante los tribunales, como la Operación Jaque, contra la pandilla MS-13, y para perfilar el Grupo Especial Contra la Impunidad (GECI), cuya creación anunció el fiscal la segunda semana de septiembre.
Una de las visitas más recientes ocurrió entre el 7 y el 9 de septiembre, según Factum confirmó con una funcionaria legislativa en Washington y con una fuente de la Fiscalía General en San Salvador. Cinco días después de aquel viaje, el 14, Meléndez anunció que el GECI estaba casi listo durante la teleconferencia en la que interactúo con académicos reunidos en el Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento más influyentes de la ciudad en temas latinoamericanos.
“Todavía no se lanzará oficialmente, porque todavía se están preparando cosas, y afinando lo del financiamiento con Estados Unidos”, confirmó esa misma tarde a Factum Salvador Martínez, director de comunicaciones de la Fiscalía General.
En Washington, el tema de la corrupción en el Triángulo Norte es uno de los platos fuertes de la relación diplomática con los tres países del norte de Centroamérica, la cual fue relanzada en noviembre de 2014 por el vicepresidente Joseph Biden a propósito de la presentación de la Alianza para la Prosperidad en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. La lógica de la Casa Blanca hace dos años era esta: pedir al Congreso más dinero para Centro América implicaba comprometer a los tres gobiernos del Triángulo Norte con planes anticorrupción más tangibles y efectivos. Después de todo, durante los seis años previos de la administración Obama el Departamento de Estado había dicho que la corrupción y la impunidad estaban en la lista de los principales problemas de las tres naciones.
Hace poco, en los días de septiembre en que Meléndez estaba en Estados Unidos, la congresista Norma Torres reiteró aquella visión. “La lucha anticorrupción en el Triángulo Norte es un eje fundamental de la política de Estados Unidos hacia le región y yo la apoyo sin reserva”, dijo la legisladora, representante demócrata por California, en un cuestionario que contestó a Factum vía correo electrónico.
Desde la embajada estadounidense en San Salvador, una posición similar: “En nuestras interacciones hemos sido claros que es importante demostrar que existe una firme voluntad política de combatir la corrupción. Creemos que este punto es clave para construir un El Salvador más estable y próspero”, dijo a Factum un funcionario de la sede diplomática.
También hay peros a la gestión del fiscal general. Bastantes. Algunos provienen de funcionarios y observadores que, en Washington, no terminan de entender las motivaciones de Meléndez o su agenda y que son escépticos ante los que consideran fracasos recientes, como la prematura liberación del ex fiscal Luis Martínez, acusado de corrupción, o la reticencia a investigar a fondo abusos policiales.
Entre los retos más importantes del fiscal general, la académica salvadoreña Leonor Arteaga señala, además del combate a la corrupción, el de investigar ejecuciones extrajudiciales y abusos atribuidos a la Policía Nacional Civil y al Ejército. Arteaga, directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), fue una de las académicas que escuchó, en el Wilson Center de Washington, cuando el fiscal Meléndez hizo al anuncio de la creación del GECI.
“Están pasando de ser casos aislados, de policías que se han extralimitado, a casos que al menos son tolerados por la autoridades. Se han recibido denuncias de escenas del crimen que se han alterado para hacer pasar ejecuciones por enfrentamientos”, cuestionó Arteaga. DPLF y esta académica, no obstante, son parte de un esfuerzo gestado en Washington desde la sociedad civil para apoyar los esfuerzos anticorrupción en El Salvador y plantear una agenda mínima para el fiscal general que incluya también la investigación de abusos por parte de agentes del Estado.
Y están las reticencias de Blandino Nerio, del FMLN y de CISPES.
La agenda mínima para El Salvador
Demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, que pocas veces en los últimos años han logrado ponerse de acuerdo en algo, coinciden cuando se trata de dar fondos a los tres países del Triángulo Norte. Coinciden, sobre todo, en que los tres gobiernos deben mostrar periódicamente avances sustanciales en la lucha anticorrupción para acceder al dinero, tal como quedó plasmado en la ley de presupuesto que, en diciembre de 2015, aprobó el Senado estadounidense con votos de ambos partidos.
La sección 775 de esa ley de presupuesto dice: “(Los fondos solo serán puestos a disposición) luego de que el Secretario de Estado certifique y reporte a los comités pertinentes del Congreso que esos gobiernos están tomando medidas efectivas para combatir la corrupción, incluida la investigación y persecución penal de funcionarios en ejercicio sobre quienes pesen acusaciones verificables de corrupción.”
Por ahora, El Salvador y Guatemala pasaron ya sus primeros exámenes. A ambos países el Secretario de Estado John Kerry los certificó en septiembre pasado.
El 22 de septiembre pasado, poco después de que el diputado Nerio se quejara del fiscal general salvadoreño en Washington, uno de los jefes de su partido y presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se reunió en la capital estadounidense con sus homólogos guatemalteco, Jimmy Morales, y hondureño, Juan Orlando Hernández, y con el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden. En esa reunión, por cuarta vez en tres años, los mandatarios centroamericanos reafirmaron en público su compromiso con la Alianza para la Prosperidad.
En San Salvador, la embajada reitera la importancia de la lucha anticorrupción en ese plan: “El gobierno de Estados Unidos tiene tres prioridades en El Salvador: apoyar los esfuerzos de El Salvador para mejorar la seguridad; ampliar las oportunidades económicas y fortalecer el clima de inversión, y reducir la corrupción y promover una institucionalidad fuerte.”
Esa palabra, corrupción, es de hecho la más asociada con la agenda centroamericana en Washington desde que las decenas de miles de jóvenes indocumentados que cruzaron el Río Grande o los linderos del desierto de Arizona sin compañía de un adulto –unos 70,000 en 2014– volvieron a poner al norte de Centro América en el mapa político de Estados Unidos.
Tras el aumento en las llegadas de estos jóvenes y las crisis políticas, humanitarias y administrativas que los flujos empezaron a provocar en las redes de servicios de las comunidades receptoras y en las cortes migratorias –buena parte de los menores ha pedido asilo alegando que si regresan a sus países pueden morir o sufrir daños irreparables-, vino la discusión sobre la capacidad de los estados de Guatemala, El Salvador y Honduras de mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones más vulnerables. La discusión llevó, indefectiblemente, a los temas de la corrupción y la debilidad institucional.
El 9 de julio de 2015, en el salón B-338 del edificio Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington, la congresista californiana Norma Torres ya había advertido de la importancia de la lucha contra la corrupción a tres embajadores y un canciller centroamericanos que llegaron hasta ahí a hablar sobre el paquete de ayuda al Triángulo Norte en un evento organizado por el influyente Diálogo Interamericano. “No podemos justificar fondos sin garantizarle a los contribuyentes que no terminarán en manos de funcionarios corruptos”, dijo Torres a la audiencia, que incluía a Hugo Martínez, ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores.
Para entonces, la situación centroamericana era un hervor. Habían pasado menos de tres meses desde que centenares de guatemaltecos se tomaron las calles para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Y faltaba un trecho similar para la renuncia de Pérez, el 2 de septiembre de ese año. En El Salvador, el gobierno del presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén aún no había hecho pública su reticencia a una comisión internacional anti-impunidad, similar a la CICIG de Guatemala.
Ese modelo, el de CICIG, fue siempre la propuesta preferida de Washington, en especial de los congresistas que veían en la comisión internacional con capacidades de investigar crímenes una forma de contrarrestar la falta de voluntad o la connivencia de los sistemas judiciales centroamericanos con el crimen.
Patrick Leahy, senador demócrata por Vermont y uno de los legisladores más influyentes en temas presupuestarios relacionados con cooperación a América Latina, siempre dijo que ataría la erogación de fondos para el Triángulo Norte a los esfuerzos de los tres países por combatir la corrupción. Tim Rieser, asesor de Leahy, dijo en diciembre pasado a Factum, a propósito de la instalación de la Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), que sin un perfil parecido al de CICIG el experimento hondureño tendría poco sentido.
“El Senador cree que… la MACCIH debe de tener la integridad investigativa y de persecución del crimen, y la independencia de las autoridades comparables a las que tienen CICIG…”, dijo Rieser.
Douglas Meléndez, fiscal general de El Salvador. Foto de Salvador Meléndez.
En El Salvador no hay CICIG ni MACCIH. El gobierno de Salvador Sánchez Cerén terminó por rechazar de forma tajante comisiones internacionales contra la impunidad y la corrupción, y con el tiempo funcionarios de su partido han ido de decir que las instituciones salvadoreñas funcionan bien hasta proclamar que CICIG es un instrumento de “dominación imperial”. El Foro de Sao Pablo, reunido en San Salvador en julio pasado, retomó esa formulación en su declaración oficial. El comisionado colombiano que dirige CICIG, Iván Velásquez, dijo al respecto que quien diga eso “desconoce la realidad de Guatemala”.
Hay quienes, en Washington, creen que no es suficiente con apoyar solo a las fiscalías del Triángulo Norte y que sin el concurso de los gobiernos nacionales y de la empresa privada los esfuerzos por combatir la corrupción nunca terminarán de ser exitosos. En el caso de El Salvador, parece haber un consenso en la capital estadounidense, no hay por ahora más remedio que apalancar al Ministerio Público.
“Es complejo. Hay avances muy importantes, incluso trascendentes, pero en ciertos casos vienen por la iniciativa del ministerio público o del poder judicial, y no del gobierno en sí”, dice la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco y representante demócrata por el 35º distrito de California, una de las pocas políticas estadounidenses que accede a hablar on the record sobre la preocupación que en Washington provocan las corrupciones centroamericanas.
“Lo que los contribuyentes estadounidenses quieren es que, si en el Congreso vamos a destinar fondos para apoyar a otros países, haya resultados, y, efectivamente que haya transparencia y fiscalización sobre los usos de los fondos”, dijo Torres a Factum a través de un correo electrónico. La frase de Torres es la respuesta a una pregunta específica: ¿cree conveniente que Estados Unidos pida alguna auditoría sobre el uso de los fondos destinados al centro de monitoreo de escuchas telefónicas?, relacionada a las acusaciones que pesan sobre el ex fiscal salvadoreño Luis Martínez, quien ha sido acusado recientemente de utilizar lo escuchado en algunas llamadas para realizar chantajes. El centro de monitoreo de escuchas telefónicas en El Salvador ha funcionado en buena medida con fondos estadounidenses.
La administración Obama coincide con Torres al poner la lucha anti-corrupción en el tope de sus prioridades respecto al norte de Centro América.
Juan González, el subsecretario asistente para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, le dejaba claro de nuevo el jueves 15 de septiembre. “La lucha anticorrupción es una prioridad… Hemos echado mano de todo lo que tenemos en nuestra caja de herramientas diplomáticas para ver cómo combatimos esto”, dijo durante una audiencia del comité de relaciones exteriores de la cámara baja.
“Es necesario que la cooperación internacional apoye a las fiscalías, pero debe ir vaya codo a codo con esfuerzos nacionales, desde el gobierno, el Congreso, la sociedad civil, y la iniciativa privada. Si no es un esfuerzo compartido, será difícil tener éxito”, sentencia la congresista Torres.
Por ahora, según buena parte de las fuentes citadas en este texto, Washington le apuesta sobre todo al fiscal Douglas Meléndez para sacar adelante una agenda mínima de casos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos salvadoreños.
Un funcionario salvadoreño cercano al despacho del fiscal general confirmó que cuando la GECI empiece a funcionar hará suyos la investigación por enriquecimiento ilícito abierto contra el ex presidente Mauricio Funes y miembros de su círculo íntimo, como Miguel Meléndez. También una investigación por lavado de dinero al empresario metapaneco José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo y designado por la Casa Blanca como capo internacional del narcotráfico; entre 2014 y 2015, la Fiscalía de Luis Martínez enterró esa investigación. GECI, dice la fuente salvadoreña, también ampliará las pesquisas por enriquecimiento ilícito atribuido al ex presidente Antonio Saca y su entorno.
El lunes pasado, 3 de octubre, la embajador Jean Manes reiteró en una entrevista en un canal salvadoreño que Estados Unidos apoya a la Fiscalía General que dirige Douglas Meléndez y que la lucha anticorrupción es uno de las prioridades en la política internacional de Washington en El Salvador. A mediados de septiembre, la sede diplomática había dicho lo mismo a Factum a través de un correo electrónico: “Tomar pasos efectivos en esta área es también una de las condiciones incluidas por nuestro congreso para permitir el desembolso de los fondos para apoyar los esfuerzos de los países del Triángulo Norte en la Alianza para la Prosperidad”.
Foto principal, ilustración: edificio del Capitolio en Washington, DC. Foto de Francisco Antunes, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.
