Fiscalía investiga por lavado la sociedad del vicepresidente Óscar Ortiz y Chepe Diablo

El presunto líder del Cártel de Texis ha sido capturado, y junto al alcalde de Metapán y sus respectivos familiares son procesados por un caso que supera los 215 millones de dólares. El fiscal general explicó que ya hay un indicio que apunta a narcotráfico. La sociedad Desarollos Montecristo S.A. de C.V., fundada por José Adán Salazar Umaña, el vicepresidente Óscar Ortiz y un excandidato del FMLN también está siendo investigada.

 

 

Gabriel Labrador

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La Policía y la Fiscalía detuvieron este martes 4 de abril al empresario José Adán Salazar Umaña, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo internacional de la droga, en un caso por lavado de dinero que asciende a 215 millones 167 mil dólares, y en el que también está siendo investigado el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, por su sociedad con Salazar Umaña en Desarrollos Montecristo S.A. de C.V.

El caso contra Chepe Diablo, como se le conoce a Salazar Umaña, también vincula al alcalde de Metapán, hoy prófugo de la justicia, Juan Umaña Samayoa, a familiares de ambos y a las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal (granos básicos). El empresario y el alcalde han sido vinculados por informes de inteligencia del Estado como los líderes de una estructura dedicada al narcotráfico y conocida como el Cártel de Texis, según reveló este periódico en 2011.

Este martes 4 de abril, por la tarde, al preguntarle al fiscal Douglas Meléndez si la investigación en contra de Salazar Umaña vinculaba al vicepresidente Ortiz, el funcionario hizo una relación directa entre el empresario capturado, la investigación por la que se le persigue y la sociedad que continuó activa hasta febrero de 2016: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”, contestó Meléndez.

El sábado 6 de diciembre de 2014, el vicepresidente Óscar Ortiz y su socio, José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, se encontraron en el estadio Jorge "El Calero" Suárez, de Metapán, cuando el Santa Tecla F.C. enfrentó al Isidro Metapán.

Durante 16 años, diversas agencias de inteligencia del Estado señalaron a Chepe Diablo, un empresario hotelero y mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán, como el principal líder del Cartel de Texis, una organización en la que también han sido vinculados políticos, jueces y policías.

El delito de lavado de dinero se castiga con pena carcelaria de ocho a doce años, según lo establece el Código Penal salvadoreño, y se configura cuando directa o indirectamente se oculta la procedencia de fondos obtenidos a través de actividades ilegales. El fiscal Meléndez dice que, por ahora, no tienen documentado cuál es el origen ilegal del dinero que presuntamente ha sido lavado por Salazar Umaña. “¿De dónde vienen los fondos? Eso es un tema que se va a determinar directamente en el proceso, y en la investigación nuestra no hay justificación para estos fondos, son decenas de miles (de dólares)”, dijo el fiscal, que en sus investigaciones incluye la revisión de los movimientos que la sociedad fundada por Umaña Salazar y Óscar Ortiz realizó en 16 años.

En el año 2000, Salazar Umaña y Óscar Ortiz, para aquellas fechas alcalde de la ciudad Santa Tecla, fundaron la sociedad Montecristo S.A. de CV., que realizó una serie compras de terrrenos en la zona costera del departamento de Usulután. La sociedad entre Salazar Umaña y Ortiz, convertido en vicepresidente de El Salvador en junio de 2014, siempre estuvo activa. Incluso se mantuvo activa después de que el Departamento del Tesoro nombrara a Salazar Umaña como capo internacional de la droga, en mayo de 2014. Montecristo estuvo activa al menos hasta febrero de 2016, según confirmó el Registro de Comercio a este periódico.

La Policía y la Fiscalía informaron este miércoles 5 que en el caso de lavado de dinero están siendo investigadas 26 sociedades vinculadas a Chepe Diabllo y el alcalde Juan Umaña Samayoa, de las cuales 3 son con fines de extinción: Gumarsal, Hotesa y Molinos San Juan.

Hasta el momento, las autoridades han detectado que el grupo de capturados y prófugos ha tenido una 'multiplicidad de productos financieros' en la banca, cierre de cuentas en tiempos cortos, 'la mayoría habiendo quedado a saldo cero', traslado de fondos a cuentas personales y no de empresas, préstamos no justificados 'y, además, pagados anticipadamente, la mayoría de ellos casi inmediatos', según explicó el director de la Policía, Howard Cotto.

También se señalan 'empresas fachadas' que solo fueron creadas y nunca funcionaron, y "la compraventa de bienes muebles e inmuebles para perder el rastro del dinero", además del uso de testaferros, principalmente de familiares. En otra conferencia celebrada al mediodía de este miércoles, el fiscal Meléndez añadió que hay empresas de "fachada o de cartón".

"De toda la masa de decenas de millones examinada financieramente, hemos determinado una gran masa de 215 millones 167 mil 786 dólares que no están justificados o respaldados", dijo el fiscal Meléndez, quien agregó que ya hay un 'indicio de narcotráfico' en una de las operaciones bancarias, pero que no podía dar más detalles al respecto.

Por la mañana, el director de la Policía había dicho que el incremento patrimonial no justificado ascendía a $48.1 millones, pero que este podía crecer 'más'.

La captura de Salazar Umaña forma parte de un operativo en el que también fueron detenidas otras tres personas más. Se trata de Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta, señaladas de actuar como testaferros. Estas tres mujeres son parientes Salazar Umaña, según la Fiscalía. Las autoridades también buscan a José Adán Salazar Martínez, que es hijo de Chepe Diablo.

La Policía informó que hay otras cuatro personas que también están prófugas: uno es el alcalde de Metapán por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Juan Samayoa Umaña. También están prófugos el hijo, la esposa y la nuera del alcalde de Metapán (Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Aydeé Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra). El fiscal Meléndez criticó que la Policía no haya logrado ejercer todas las órdenes de captura.

Las autoridades vinculan los más de 215 millones de dólares no justificados en este caso a incrementos patrimoniales sin explicación en las cuentas del empresario y del alcalde y sus respectivos grupos familiares.

Desde la mañana del martes 4, las autoridades allanaron las instalaciones de la alcaldía de Metapán, de la empresa Industrias Gumarsal (de la familia Umaña) y las oficinas del bufete Figueroa Cruz, una firma que durante años administró los negocios del alcalde y su familia. La Fiscalía ha allanado, en total, 50 inmuebles, de los cuales 26 son negocios como hoteles y gasolineras. También hay fincas y ranchos de playa que ahora están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), pues, según explicó el fiscal Meléndez, se ha iniciado el proceso de extinción de dominio.

Las viviendas y residencias intervenidas están ubicadas en residencias privadas en el departamento de La Libertad y en San Salvador: Arcos de Santa Elena y Cumbres de la Esmeralda, de Antiguo Cuscatlán y Quintas de Gratamira en San Juan Opico.

El director de la Policía informó que los procesos de registro llegarán hasta 69 diferentes inmuebles ubicados en varios departamentos del país (Santa Ana, La Libertad, Sontonate, San Salvador, Usulután y La Paz). "De estos 69 registros, 43 lo estamos haciendo bajo la óptica de lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio, no significa que los otros no pueden ser sometidos al proceso de extinción", dijo Cotto.

En abril de 2016, el fiscal Meléndez había cuestionado a su antecesor, Luis Martínez, por haber archivado las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Chepe Diablo. En aquella época, al ser consultado por la vinculación entre Salazar Umaña y el vicepresidente Óscar Ortiz, Meléndez respondió que no habia ningúna investigación en contra de Ortiz, pero cerró diciendo que "las investigaciones son abiertas". Un año después, el fiscal confirma que se está investigando a la sociedad Desarrollo Montecristo y enfatiza que esta investigación arrancó de cero.

"La investigación fue reabierta el año pasado por la Fiscalía. No hay certeza de por qué fue archivado el caso, fue sustraída la información que estaba en los tribunales, pero el caso lo reabrimos", dijo Meléndez, en una breve rueda de prensa en el Hotel Capital en Antiguo Cuscatlán, uno de los negocios de Salazar Umaña que fueron allanados.

“La finalidad es obtener alguna evidencia para iniciar procedimiento de extensiòn de dominio”, dijo el fiscal Meléndez.

En 2014, la Fiscalía inició dos investigaciones por evasión de impuestos contra el alcalde Umaña, José Adán Salazar Umaña e industrias Gumarsal. Ambos procesos fueron cerrados después de que los empresarios pagaron multas.

El Faro intentó obtener una reacción del vicepresidente Óscar Ortiz a través de una de sus asistentes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

 

El fiscal general, Douglas Meléndez se retira de las instalaciones del hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán. Al menos cincuenta inmuebles han sido allanados, vinculados a negocios de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", quien ha sido capturado, acusado por el delito de lavado de dinero./Foto: Víctor Peña

Fiscalía busca en Montecristo

Óscar Ortiz y “Chepe Diablo” son socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa que realizó una serie de ventas y compraventas sobre tres terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera del oriente del país, en las cercanías de la bahía de Jiquilisco.

Fundada a las 12 del mediodía del martes 20 de junio de 2000, Desarrollos Montecristo nació con tres cabezas, tres meses después de emitido el primer informe de inteligencia policial en el que el Estado salvadoreño reconoció la existencia de una organización que, con el paso de los años, sería llamada el Cártel de Texis. El tercer socio en Desarrollos Montecristo es otro empresario que hizo buena parte de su fortuna con una empresa de encomiendas llamada Urgente Express, y que en 2003 se convertiría en candidato a la alcaldía del municipio de Antiguo Cuscatlán por el FMLN. Su nombre es Rogelio Antonio Cervantes.

Los terrenos que Montecristo compró y luego fue vendiendo (y volviendo a comprar) a los largo de los años presentan algunas irregularidades en los precios a los que fueron adquiridos y posteriormente vendidos. Este miércoles, el fiscal Meléndez dijo que les 'llama la atención' que en los procesos de compraventa la sociedad terminó registrando pérdidas. "Nos llama la atención que arroja pérdidas por 77 mil 827 dólares que hay que examinar", dijo.

En 2016, el vicepresidente Óscar Ortiz intentó desligarse de su relación con Salazar Umaña diciendo que Desarrollos Montecristo nunca realizó ninguna actividad, una versión que es falsa, según información del Registro de Comercio y del Registro de Propiedad a la que El Faro tuvo acceso. Este miércoles, por la mañana, en una entrevista radial concedida a la estación 95.3 (OrbitaFM), el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, salió en defensa del Vicepresidente con esta misma versión. Según dijo Chicas, Montecristo "nunca operó".

Al mediodía, el fiscal Meléndez desmintió a los dos funcionarios. "Creo que las explicaciones son sobre dos vías. Una la tiene que dar el señor Vicepresidente como funcionario público, lo digo muy respetuosamente. Esa es una vía: que él tiene explicar esto, y de alguna manera lo ha hecho", dijo. "La otra vía es la que nos corresponde a nosotros", agregó.

Según Meléndez, Desarrollos Montecristo "sí tuvo alguna venta de bienes y no obstante al Ministerio de Hacienda declaró cero".

Minutos más tarde, en una conferencia sin precedentes, el director Ejecutivo del CNR, una oficina que depende del Ejecutivo gobernado por el FMLN, declaró que la institución se veía obligada en la necesidad de aclarar el estado de la sociedad Desarrolos Montecristo. "Yo no tengo porqué defender al Vicepresidente. No estamos para defender a nadie", dijo Rogelio Canales Chávez. Según él, el objetivo de la conferencia era aclarar que el CNR no había sido ninguna fuente de información y que el CNR nunca ha dado información que avale movimientos de Desarrollos Montecristo.

La información del Registro de Raíz e Hipotecas y del Registro de Comercio es información pública. El Faro recavó la información de las compraventas de terrenos del Registro de Raíz e Hipotecas y, además, en febrero de 2016 este periódico solicitó al Registro de Comercio que confirmara que Desarrollos Montecristo no había sido disuelta. En un documento firmado y sellado por el registrador del Departamento de Documentos Mercantiles, Katya María Morelos Romero, respondió que Montecristo "NO Tiene inscrita Disolución".

Ahora, según Canalez Chávez, "juridicamente" la sociedad Desarrollos Montecristo "está viva", pero en la práctica "está inactiva". Canalez Chávez también informó que el vicepresidente Ortiz intentó presentar ante el Registro de Comercio documentos en los que constaba el traslado de sus acciones en Desarrollos Montecristo a otra persona, pero que el proceso fue denegado porque el Registro de Comercio no está facultado para recibir esa información. Canalez Chávez no dio detalles de la fecha en que ocurrió esta petición ni de la persona a quien el Vicepresidente trasladó sus acciones.

De Montecristo a Ortiz

El fiscal Douglas Meléndez confirmó este miércoles 5 que tres inmuebles que estuvieron en manos de Desarrollos Montecristo eventualmente fueron comprados por uno de los socios: Óscar Ortiz. "Hasta adónde hemos examinado hizo transacciones de tres inmuebles que quedaron en propiedad el señor vicepresidente", dijo Meléndez.

El Faro reveló en 2016 que la primera compra de un terreno en la isla Montecristo fue el 3 de agosto del año 2000. Según consta en los registros del CNR, la transacción fue por 8,147.71 metros cuadrados de tierra por 200 mil colones ($22,857.14). El terreno lo vendió Alberto Chavarría Delgado, un jornalero que para entonces residía en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, según consta en el acta de compraventa. Este lote es un fragmento de un terreno de mayor extensión que tenía 21 mil metros cuadrados, del que Chavarría Delgado desmembró una porción para vendérsela a Rogelio Cervantes, el tercer socio de Montecristo. Diez años después, en abril del 2010, la sociedad vendió de nuevo ese terreno por $5 mil, un precio casi cuatro veces menor, al entonces alcalde Óscar Ortiz.

El segundo terreno que la sociedad adquirió en la isla Montecristo tiene una extensión de 25,067.07 metros cuadrados. Según los registros de este lote, en un principio pertenecía a José Manuel Olívares. Este se lo vendió el 1 de junio del 2000 a una pareja de esposos por 240 mil colones ($27,428).

Casi dos meses después, la pareja decidió vender el terreno a Osmín Enrique Cervantes Salazar, quien lo compró por la mitad de precio, 120 mil colones ($13,714). A los pocos días, el 14 de agosto de 2000, Montecristo le compró el terreno a Cervantes Salazar por 350 mil colones ($40 mil), Un 50% más del precio original y casi tres veces lo que había pagado Osmín Enrique Cervantes Salazar.

Este terreno también tendría finalmente un cambio repentino de precio en el que el beneficiado sería, de nuevo, Óscar Ortiz, en detrimento de su propia sociedad, Desarrollos Montecristo. Por este terreno que a su compañía le había costado $40 mil, Ortiz pagó el 4 de octubre de 2010 solo $10 mil.

El tercer y último terreno que adquirió la sociedad en la isla Montecristo fue comprado el 25 de septiembre de 2000. Tenía una extensión de 19,246 metros cuadrados, con los que Desarrollos Montecristo completaría un total de 52,461 metros cuadrados en la isla. El propietario anterior era el mismo Óscar Ortiz.

Este terreno había sido adquirido en 1999 por Ortiz, para entonces diputado, por 500 mil colones ($57,142). Un año después, el actual vicepresidente se lo vendió a su propia empresa, Montecristo, por 350 mil colones, el equivalente a 40 mil dólares, lo que significó una reducción de su precio de más de $17 mil y por tanto una pérdida para Ortiz.

En los siguientes años, ese terreno cambió tres veces más de manos. El 27 de junio de 2007, Rogelio Cervantes, en calidad de representante de Desarrollos Montecristo, se lo vendió de nuevo a su anterior dueño: Óscar Ortiz. El precio de venta se mantuvo en $40 mil. Y el 26 de mayo del 2008, poco más de un año después, Ortiz se lo volvió a vender a Cervantes, que esta vez lo compró como persona natural y no como representante de Montecristo, por ese mismo precio: $40 mil.

Por último, cuatro años después, Ortiz volvió a mostrar interés por el terreno del que ya había sido dueño dos veces. Esta vez Rogelio Cervantes se lo vendió a su socio ya no en el precio de $40 mil que venía manteniendo desde 2007, sino en cuatro veces menos: $10 mil.

En resumen, Desarrollos Montecristo realizó, a pocos meses de fundada, tres compras de terrenos que le implicaron un desembolso de 900 mil colones, es decir 102 mil 867 dólares. La compra se hizo, al menos en uno de los casos, a un precio mucho mayor del que el terreno había tenido poco tiempo atrás. Y entre siete y diez años después de la primera transacción, los tres terrenos fueron a parar a manos de uno de sus socios, Óscar Ortiz, quien los obtuvo a un precio desplomado, generando pérdidas para su sociedad, en la que Chepe Diablo y Rogelio Cervantes también tienen acciones.

En abril de 2016, cuando el vicepresidente Óscar Ortiz fue consultado por su sociedad junto a Cervantes y Chepe Diablo, él respondió que cuál era el problema, si no había nada ilegal en ella. "Qué tiene de ilegal eso, pues. Tenés alguna cuestión ilegal", dijo.

Esta es la primera vez que las autoridades mencionan en sus investigaciones a la sociedad fundada por Ortiz, Chepe Diablo y Cervantes. En los informes de inteligencia emitidos por la DEA en 2001 y por la PNC en 2006, a los que El Faro tuvo acceso, no aparece mencionada la figura del líder político de izquierdas ni su relación con Chepe Diablo en la trama del Cartel de Texis, que opera en el occidente del país en una zona conocida en el mundo del crimen como “El caminito”.

Al ser consultado en conferencia de prensa sobre la vinculación del Vicepresidente a la trama de lavado de dinero, el fiscal Meléndez respondió que "en este nomento no le estamos revisando cuentas ni nada de esto al señor Vicepresidente. Esto no significa que si la investigación continúa y se encuentran indicios y evidencias, pues hay que hacerlo, pero recuerde que él tiene fuero", dijo.

*Con reportes de Sergio Arauz y Nelson Rauda.

*Nota de la Redacción: la versión original de este artículo fue modificada al mediodía del miércoles 5 de abril de 2017. Se añadió información revelada por la Fiscalía y la Policía sobre el monto perseguido en el caso de lavado de dinero, las personas capturadas y prófugas vinculadas al caso, y los hallazgos de la Fiscalía sobre la sociedad Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. También se incorporaron declaraciones del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, y del director ejecutivo del Centro Nacional de Registros,

Tras la captura de Adán Salazar, alias "Chepe Diablo", la Fiscalía General de la República allanó al menos cincuenta inmuebles, entre negocios y propiedades, entre ellos el hotel Capital, en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Salazar está siendo acusado del delito de lavado de dinero./ Foto: Víctor Peña

Pedro Chicas resucita para enjuiciar a los responsables de El Mozote

Las víctimas de la masacre de El Mozote regresan del más allá para enjuiciar a los militares responsables del operativo militar que devino en una masacre de alrededor de mil campesinos en diciembre de 1981. El juicio por uno de los casos más emblemáticos en la etapa más oscura de la guerra ha comenzado, con el hombre más poderoso de aquel Ejército sentado, en primera fila, en el banquillo de los acusados.

Nelson Rauda Zablah

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Pedro Chicas ha resucitado. En el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, el exministro de Defensa, José Guillermo García, sentado por primera vez en el banquillo de los acusados, escucha las palabras de un campesino que estaba muerto. Pedro Chicas acusa, de nuevo, a los generales que ordenaron y comandaron al Ejército salvadoreño en la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, perpetrada hace más de 35 años, en la que murieron abatidos alrededor de mil civiles, entre ellos más de 200 niños.

El cáncer de garganta venció a Chicas el 19 de abril de 2013. Por eso es que, hacia el final de sus días, tenía que pedir una voz prestada para denunciar aquello que tanto quería decir. Cuando El Faro lo entrevistó en 2011, Chicas usó la voz de su nuera, Liliana Pérez. Este 29 de marzo, en la sala de audiencias del centro judicial de San Francisco Gotera, desde el más allá toma prestada la voz de Carlos Pineda, secretario interino del juzgado, para rehacer su reclamo:

“Mi nombre es Pedro Chicas y vengo a poner una denuncia. El 10 de diciembre de 1981, ingresaron en horas de la tarde al Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya, Jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán, una gran cantidad de soldados pertenecientes al Batallón Atlacatl…”

Las palabras de Pedro Chicas, en boca del secretario Pineda, son las mismas que pronunció el 26 de octubre de 1990, cuando al final de la guerra acusó al Ejército y a sus comandantes por la barbarie en la que fueron abatidos. Pedro Chicas, en aquella época un líder campesino que huyó del caserío La Joya, había aceptado llevar a cuestas la representación de todas las víctimas de la masacre, en un país en el que el Ejército seguía siendo poderoso. Faltaban 14 meses para la firma de la firma de la paz cuando Pedro Chicas denunció la masacre por primera vez.

En esta imagen tomada en 2011, Liliana Pérez, de 21 años, nuera de Pedro Chicas, se dispone a leer el testimonio de su suegro, quien en aquellas fechas ya había perdido la voz y se comunicaba escribiendo en una pequeña pizarra. Chicas murió en abril de 2013, cuatro meses después de que la Corte Interamericana condenara al Estado por el cometimiento, ocultación de la masacre, pero también por la falta de acceso a la justicia. Foto de archivo El Faro | Bernat Camps.

Aquella denuncia, la misma que se pronuncia ahora, vuelve a cumplir con su propósito: sembrar los cimientos para que la masacre de El Mozote sea juzgada. La de 1990 logró que la causa judicial se abriera, y gracias a ello más de 400 osamentas fueron desenterradas en El Mozote, la mitad de ellas correspondientes a menores de edad, niñas, niños, bebés. En aquella época el Estado seguía negando la masacre, hasta que los huesos de las víctimas resurgieron para clamar justicia. Como ahora, cuando el testimonio de Pedro Chicas resurge y logra que la acusación reinicie, pero no solo eso: la lectura esta vez cumple algo inédito. Pineda lee la denuncia de Pedro Chicas en voz alta, frente al hombre que tenía las llaves de la vida y la muerte cuando comenzó la guerra civil en El Salvador: el general García. Pedro Chicas, reencarnado en su denuncia, le informa al general, y a otros de los hombres fuertes del Alto Mando del ejército y del Batallón Atlacatl –una unidad élite con entrenamiento estadounidense- que, 35 años después, El Salvador no olvida, las víctimas no han olvidado, y siguen persiguiéndolos por una de las peores masacres contra civiles en la historia moderna de América Latina.

Es his-tó-ri-co. Este juicio es histórico. El caso fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en 2012, pero en El Salvador nunca quisieron sentar a los militares en el banquillo. Durante 35 años, la contundente denuncia de Pedro Chicas siempre se topó con la impunidad, ora por jueces sin voluntad, ora por la ley de Amnistía, ora por una Fiscalía displicente. Pero ahora el juicio de El Mozote ha comenzado gracias, de nuevo, al testimonio de un hombre que ya está muerto.

El general García lo ha sentido. Ministro de Defensa entre 1979 y 1983, devenido en un anciano de 84 años, viste un traje y corbata negro, con una camisa gris oscuro, y un pin de una cruz plateada. Su semblante es serio, pero no baja la cabeza. La última vez que se había enfrentado con sus víctimas fue el 8 de enero de 2016, cuando fue deportado de los Estados Unidos porque un juez de Migración lo halló culpable de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Esa vez también le acusaron. Le gritaron “asesino” y “torturador”. Cuando le preguntaron por los desaparecidos, el general, envalentonado, les devolvió otro grito furioso: “¡búsquenlos!”.

Pero ahora el general guarda silencio. La Comisión de la Verdad lo señala por no abrir investigaciones que esclarecieran qué pasó en El Mozote, esta enorme escena del crimen a la que ha vuelto. En aquello época, el general era parte de un Estado que promovió el encubrimiento. Su Ejército daba partes de guerra antes, durante y después de la masacre. Decían que en Morazán estaban acabando con guerrilleros, rescatando a campesinos y población civil. En realidad su Ejército estaba masacrando salvadoreños, y por más que se diga que las víctimas buscan venganza, en este arranque de juicio nadie le grita al general. Afuera hay víctimas, que piden justicia, pero no hay ningún escándalo. Le pregunto cómo se declara. Espera un segundo y respira. Se retuerce en su silla. Todavía le quedan asesores al general, porque acto seguido un hombre le pone las manos en los hombros y le aconseja que no diga nada. Niega con con gesto. Enmudece el otrora hombre mas poderoso del país.

El ex ministro de Defensa, José Guillermo García, y demás militares acusados por la masacre de El Mozote comparecen en el Juzgado Primero de Segunda Intancia de San Francisco Gotera el 29 de marzo de 2017. Foto: Fred Ramos

Adiós, caja de Pandora

El juicio por el Mozote volvió del cementerio judicial el 30 de septiembre de 2016, cuando el juez Jorge Guzmán Urquilla declaró su reapertura. Dos meses antes, la Sala de lo Constitucional había declarado que la ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional. Ningún otro caso de lesa humanidad está más intimamente relacionado con esa Amnistía como el del Mozote. Meses después de promulgada, el juez que llevaba la causa decidió sepultar la denuncia de Pedro Chicas, amparándose en esa ley de Amnistía.

Por años, la derecha política en El Salvador dijo que, sin la amnistía, el caos se apoderaría del país. La Ley de amnistía había sido propuesta por los partidos de derecha en la Asamblea legislativa, y apoyada con vehemencia por el expresidente Alfredo Cristiani, el primer presidente del partido Arena. "Perdón y olvido" fue durante 25 años la consigna. Cuando la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional, lo curioso fue que la exguerrilla también salió en su defensa. El columnista Paolo Luers, un exmiembro de la guerrilla en Morazán, sintetizó esta idea en una columna que publicó en El Diario de Hoy, un día después de que la Sala dio a conocer su sentencia. “Este miércoles (13 de julio) abrieron la caja de Pandora, declarando inconstitucional la amnistía. El contenido: toda la violencia de los años de guerra, toda la impunidad y todas las mentiras. Pronto veremos cuales maldiciones saldrán”, escribió Luers.

Mientras en Morazán, para las víctimas de El Mozote, se abría una esperanza (y también para muchas otras víctimas en todo el país), el expresidente Salvador Sánchez Cerén, y su partido, el FMLN, también declararon que las sentencia de la Sala era un mal precedente para El Salvador.

Pero contrario a todos los malos augurios, este 29 de marzo no salió nada de la caja de Pandora. Alrededor del juzgado, un vendedor de refrescos de coco aprovecha la inusual congregación de periodistas para hacer negocio. Los bancos están abiertos y la gente hace fila. Conductores de camiones se estacionan frente al juzgado para abastecer de producto a las tiendas del otro lado de la calle.

Afuera, un grupo de personas, ancianos la mayoría, busca donde guarecerse del sol. Son las víctimas y sus familiares. Han amarrado pancartas en el barandal del juzgado. “Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad”, dice una. 

 

Familiares y víctimas de la masacre de El Mozote esperan afuera del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, el 30 de marzo, durante la intimación de los militares acusados por el crimen. Foto: Fred Ramos

Enfrente del juzgado inicia la "calle negra", como le llamaban a la carretera que conduce hacia las montañas de la zona norte de Morazán, por donde avanzó la tropa en aquellos crueles días de diciembre del 81. Ahora, ahí cerca del inicio de la calle hay busto de monseñor Romero, y más cerca una patrulla de soldados del Destacamento Militar #4, uno de los destacamentos que envió soldados para la masacre. Los soldados caminan de un lado a otro y miran, inquietos, cómo crece la congregación de víctimas.

Pero los militares no corren peligro. Este grupo no se parece a una horda enfurecida que exige fuego y sangre. Llegan y se saludan entre sí como amigos, bromean. Esperan. Dorila Márquez, dirigente de la asociación de derechos humanos de El Mozote, y quien perdió a su familia, dice que quiere preguntarle a los militares el porqué de la masacre. Victorino Romero, de 68 años, tiene otras expectativas. “Tanto que sufrimos y fracasamos y no nos han dado ni una ayudita”, dice Romero. María Amaya dice que solo quiere encontrar los restos de todos sus parientes.

Ahí también estaba Santos Álvaro Pereira Márquez, de 55 años. Santos Pereira sostiene en las manos una hoja de papel con 15 nombres de sus parientes. 11 son víctimas de El Mozote, cuatro son personas que ofrece como testigos. ¿Tiene miedo?, pregunto a Santos. “No, eso hay que echarlo para atrás”, responde. También estaba María Abigail Amaya, 51 años, su cabeza cubierta con una mantelina blanca usual en las mujeres evangélicas. Ella, dice, perdió a 15 familiares en El Mozote.

Estas víctimas sobrevivientes compiten contra la muerte. De los denunciantes originales, tres ya están muertos: Pedro Chicas murió en 2013; Rufina Amaya, la campesina que dio a conocer la masacre al mundo, cuando dio su testimonio a dos corresponsales de guerra, en febrero de 1982, murió en 2007. Sotero Guevara murió el 6 de mayo de 2014. El se salvó de la masacre porque se refugió en una cueva del río La Joya. Antes de morir, Guevara contó a El Faro que encontró en una fosa a su familia: a Petronila y Catalina, a su hermana Justa, a su sobrina Jacinta y a los hijos de esta: Roque, de 5 años, y María, de seis.

Sobre la calle negra hay un bar abierto, hay tiendas abiertas, las pupuserías... Los hoteles están llenos. Hay calma, paz. En su casa, la segunda esposa de Sotero Guevara, María Ercilia Bonilla, está emocionada por el juicio, sobre la posibilidad de que los autores de las masacres sean condenados: “¡N'ombre! ¡Diocuarde! Sería un gran milagro que caería del cielo”, dice.

En la puerta de su casa hay una pegatina del expresidente Mauricio Funes. En la guerra, María era Marina, una guerrillera que se organizó a los 15 años de edad. Ella no estaba en El Mozote cuando la masacre. Aunque tiene una clara posición política, María demuestra coherencia cuando le pregunto sobre la posibilidad de que así como hoy se enjuicia al general García y otros 17 militares, también existe la posibilidad de que el presidente Salvador Sánchez Cerén sea juzgado. “Ah, pues, el que la debe que la pague. Ellos también hicieron cosas, ¿vea Santiago?”. María dirige su pregunta a Serafín, que en la guerra era Santiago, un exguerrillero que nos ha guiado a las casas de las familias de los sobrevivientes. “Tampoco se pueden quedar libres como que nada hicieron, pero se merecen pasar el resto de su vida en la cárcel. Aunque el que ejecutó esa orden ya está allá alzado…”, dice María y evoca al coronel Domingo Monterrosa, quien fuera el comandante del batallón Atlacatl, muerto en 1984, cuando el helicóptero en el que se transportaba se desplomó en el municipio de Joateca, cercano a El Mozote. Junto a Monterrosa cayó también el segundo al mando del Atlacatl, el mayor José Armando Azmitia. Hasta la fecha, el Ejército les sigue guardando honores. La Tercera Brigada de San Miguel lleva el nombre de Monterrosa. El Destacamento Militar #3 lleva el nombre de Azmitia.

El Salvador cuenta ya ocho años de gobiernos que se dicen izquierda. Hace seis años, el expresidente Mauricio Funes ordenó en El Mozote que el Ejército dejara de honrar a esos militares vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. El Ejército desobedició la orden de su comandante general. Desde hace tres años, el presidente de El Salvador es un excomandante de la guerrilla. María Bonilla reconoce esa paradoja. Dice que a Sánchez Cerén le ha faltado “mano dura” con ellos.

La familia de Pedro Chicas estuvo en San Francisco Gotera el miércoles. Pero no por la audiencia. Rosa Ramírez, esposa de Pedro, sufrió una crisis diabética y fue ingresada en el hospital ese día. Pastora Chicas, la hija de Pedro, nos recibe en su casa el jueves 30 de marzo.

Le cuento a Pastora que leyeron la denuncia de su padre en la acusación en contra de los militares. Pastora era una niña cuando se escondió junto a su padre en cuevas y matorrales, huyendo de la muerte. “¿De verdad?”, pregunta emocionada. “Ojalá que se haga justicia. No se puede quedar así porque uno vio cómo pasaron las cosas”, pide.

 

En el segundo día de la audiencia de intimación, los militares acusados ocultan sus rostros a las cámaras. Para ese día fueron citados: Mauricio Isaac Duque, Carlos Eduardo Cáceres Flores, Rafael Santiago del Cid, César Augusto Milla, Salvador Augusto Guzmán Parada, Walter Oswaldo Salazar, Roberto Antonio Garay Saravia, Óscar Córdova Hernández y Jorge Armando Alfaro Foto: Fred Ramos

El Estado no abandona a sus generales

Una columna de cinco soldados ronda por las calles afuera del juzgado. El Destacamento Militar #4 custodió a sus exjefes. “Si ellos están siendo procesados por algo que ocurrió cuando estaban de alta, no se les puede abandonar”, dice el oficial a cargo del operativo, quien no quiso identificarse. Según este militar, el general García y los otros miliatres fueron recibidos en ese destacamento desde el día anterior al inicio del juicio. Así como el primer gobierno de izquierda resguardó en cuarteles a los militares acusados de la masacre de los jesuitas, el segundo gobierno, con algo más de vergüenza, los apoya, recibiéndolos en los cuarteles en los que alguna vez reinaron.

De regreso en esa sala de audiencias, el general Rafael Flores Lima, vestido de azul y blanco, flanquea a García por la izquierda. Flores Lima era el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Sobre él, la Comisión de la Verdad dijo que hay “prueba suficiente” de que supo que la masacre había ocurrido y tampoco promovió una investigación. Justo atrás de ellos, vestido con un traje café y una corbata que de rayas cafés y blancas, una corbata ochentera, Natividad Jesús Cáceres revisa algunos apuntes.

Cáceres era el oficial ejecutivo a cargo del batallón Atlacatl, la unidad élite del ejército, entrenada en la Escuela de las Américas. A esta unidad se le responsabiliza por liderar el operativo que devino en la masacre de El Mozote. Cuando los periodistas Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto descubrieron la masacre al mundo, en 1982, en las páginas del New York Times y Washington Post, respectivamente. En el artículo de Guillermoprieto, ella escribió un testimonio que hacía alusión a un oficial Cáceres. “Llegó una orden de un teniente Cáceres para el teniente Ortega de que matara también a los niños. Un soldado dijo: 'Teniente, aquí hay uno que dice que no mata niños'. '¿Quién es el hijueputa que dijo eso? —respondió el teniente—. Lo voy a matar', relató Guillermoprieto.

 

El coronel retirado Natividad de Jesús Cáceres al momento de retirase del juzgado de Gootera el 29 de marzo de 2017. Foto: Fred Ramos

Cáceres es un militar de esos que se enojan. Se molesta en la audiencia, cuando un empleado del juzgado pronuncia mal su nombre. "Me llamo Natividad Jesús, no Natividad de Jesús", reclama. Cuando los periodistas nos retiramos, se pone de pie y nos fotogafía con su celular. En el pasado, la generación militar en la que creció Cáceres, retrataba a los civiles con un solo propósito: para ficharlos como subversivos, como opositores políticos, como enemigos.

En esa primera fila hay otros dos mandos del temido Atlacatl. Juan Rodríguez Molina, comandante de una de las compañías, Luis Adalberto Landaverde Barrera, comandante de una brigada de artillería, y el coronel José Mario Godínez Castillo.

De los nueve convocados el primer día, solo faltaron dos personas. El general Juan Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea, que ahora es prófugo por otra masacre, la de los sacerdotes jesuitas, perpetrada en noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana. El coronel Juan Méndez Rodríguez envió a su abogado, pero el juez le informó que tiene que presentarse en persona al juzgado. Méndez Rodríguez era comandante de una de las compañías que destruyeron El Mozote.

Lo mismo ocurrió al siguiente día, el jueves 30. Se presentaron cinco de los nueve acusados: los generales Isaac Duque, Walter Salazar, y Carlos Cáceres Flores; y los coroneles Rafael Del Cid y Jorge Alfaro Bautista. El juzgado no pudo localizar a tres personas: el capitán Óscar Córdova, el coronel Roberto Garay y el mayor Augusto Milla. El capitán Augusto Guzmán ya falleció. Este segundo grupo de militares, a diferencia de aquellos que acompañaron al exministro García, sí se cubrió el rostro cuando las cámaras los enfocaron. Se escondían como avergonzados.

La justicia que está por verse

“… el 11 de diciembre de 1981, como a las once de la noche, luego de haber asesinado a las mujeres, los soldados procedieron a asesinar a los niños que se encontraban aún en la casa del señor Alfredo Marquez…”, sigue diciendo Pedro Chicas, en la voz del secretario Pineda.

Aunque en El Mozote se calcula que murieron más de mil campesinos, ahora mismo los militares solo están acusados por 30 asesinatos. Se trata de las víctimas que ya fueron identificadas plenamente con pruebas de ADN y técnicas de antropología forense. La acusación se parece a un típico requerimiento contra pandilleros, en los que no está especificada la función que cada uno cumplió en esos crímenes.

Los militares están acusados de nueve delitos: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, robo, daños agravados, allanamiento de morada, estragos especiales, actos de terrorismo y actos propositivos de actos de terrorismo.

El expediente tiene 53 piezas. En promedio, cada pieza consta de 400 páginas, es decir, un caso de unas 21 mil páginas. Las primeras 15 piezas son del caso histórico, esas en las que consta la voz de los sobrevivientes Pedro Chicas y Rufina Amaya, cerrado en 1993. Otras 35 piezas son de las diligencias que hizo el juez de Meanguera entre 2013 y 2016, cuando declaró este caso como de lesa humanidad y ordenó exhumaciones. El resto de piezas son las que se van acumulando con el nuevo proceso.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional dejó a criterio de los jueces la opción de juzgar los casos con el régimen penal vigente cuando ocurrieron los hechos –el código penal de 1973- o con el vigente ahora –el código penal de 1998. El juez de Gotera ha optado por la primera opción, lo que hace de este un caso único, como un caso congelado en el tiempo.

 

Algunos de los militares acusados por la masacre asistieron a la audiencia de intimación con prendedores del escudo nacional de El Salvador en su vestuario. Foto: Fred Ramos

Por tanto, este proceso no sigue la secuencia audiencia inicial- audiencia preliminar- juicio a la que están acostumbrados ahora los abogados. Las notificaciones de esta semana suponen el pitazo inicial de una investigación que dirigirá el juez Guzmán, en la que tomará declaraciones a los imputados que así lo decidan, pedirá pruebas, resolverá las peticiones de acusadores, fiscales y defensores y, finalmente, llamará a un juicio. Este juicio, sin fecha fija, será decidido por un jurado, como mandaban las reglas de aquella época.

Hay dos sectores en el bando contrario de los militares. Uno, el grupo de fiscales para la investigación de crímenes de la guerra, que en esta primera audiencia jugaron un rol discreto. De hecho, cuando el juez les pidió su opinión sobre la reapertura, la Fiscalía dirigida por Douglas Meléndez dijo que ve en el caso histórico de El Mozote una cosa juzgada, fenecida, en la que los acusados incluso recibieron un sobreseimiento definitivo.

Los otros actores son los acusadores particulares, encabezados por David Morales, el ex procurador de Derechos Humanos. Morales y El Mozote están también intímamente ligados. Por eso en el juzgado, este abogado es recibido como un héroe por las víctimas. Y eso tiene explicación. Morales fue un jugador clave en la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, cuando la dirigía María Julia Hernández, una connotada defensora de derechos humanos. Cuando en 1990 Pedro Chicas decidió llevar el caso a cuestas, con su denuncia, Morales fue uno de los abogados que diseñó la estrategia: Pedro Chicas sería el denunciante de todas las masacres, Rufina Amaya sería la testigo principal de El Mozote, otros puñado de campesinos serían los testigos secundarios, que narrarían cada una de las masacres en los siete poblados por donde los soldados arrasaron con todo. Morales y Tutela fueron, además, los que impulsaron en 2006 la causa de El Mozote ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero, y la Corte Interamericana, después. Irónicamente, cuando la Corte estaba apunto de emitir su fallo, en defensa del Estado hablaba también el mismo abogado David Morales, entonces convertido en director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño. Ese otro David Morales decía que el Ejecutivo no podía pedir la reapertura de esos casos, en respeto a la independencia de los jueces.

Morales fue el jefe de la Procuraduría de Derechos Humanos entre 2013 y 2016 y desde esa silla volvió a la carga contra la impunidad del Mozote. Entre otras, el regreso a su personaje original creó resistencias en la derecha política, que no estuvo dispuesta a dar votos para su reelección en la Asamblea Legislativa. Despojado de sus camisas institucionales, vuelve al terreno que lo forjó como defensor de derechos humanos.

Entonces Morales se baja de la camioneta y parece político. Abraza a los viejitos, se reencuentra con viejos amigos, atiende a los periodistas, pero más importante, atiende a las víctimas. Le explica a un anciano, ávido de entrar al juicio a testificar, que no es momento para ello. Pero lo reconforta, y le dice que ya llegará ese punto. Está optimista Morales.

“La investigación forense y dirigida por los expertos constituye prueba incontrovertible”, dice. Cree que puede probar que hubo una política de exterminio, porque algunos de estos imputados también participaron en otras masacres de la guerra.

El gran reto de los acusadores será ordenar una acusación en la que a cada persona le carguen hechos específicos, es decir, individualizar responsabilidades. En eso, Morales considera clave la colaboración de la Fuerza Armada en algo que también sería inédito: la publicación de los registros militares de la época, o la reconstrucción de ellos. Por décadas, el Estado salvadoreño ha asegurado que tales registros no existen.

 

Militares acusados por la masacre de El Mozote, minutos antes de iniciar la audiencia de intimación en Gotera. De izquierda a derecha: Juan Antonio Rodríguez Molina, José Mario Godínez Castillo, Rafael Flores Lima, José Guillermo García y Luis Adalberto Landaverde. Atrás de ellos se encuentra de pie fotografiando a los periodistas, el coronel retirado Natividad de Jesús Cáceres quien fue jefe del operativo del BIRI Atlacatl y tercero al mando en la masacre. Foto: Fred Ramos

La verdad los hará libres

Afuera del juzgado, el abogado Lisandro Quintanilla, defensor del general Oswaldo Salazar, dice que la acusación por El Mozote es una novela. "Los hechos son tan vagos como una novela dantesca. Se ha contado una historia sobre la base de informes inverosímiles", asegura el abogado.

Quintanilla tiene, entre su cartera de clientes, a La Prensa Gráfica o a algunos de los militares acusados en el caso Jesuitas. El abogado parece atrapado en el tiempo, repitiendo la versión oficial mil veces repetida y machacada de que en El Mozote no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. En su momento, La Prensa Gráfica también dijo lo mismo. "Felicidad. Miles de campesinos acuden a saludar a las tropas que están llegando a las zonas que durante varios meses han sido amenazados por los grupos extremistas", escribió el periódico en su edición del 10 de diciembre de 1981, el día en que empezó la matanza.

El muro de la negación sobre El Mozote fue levantado con ladrillos en teoría muchos más resistentes que los que pueda ahora aportar el abogado Quintanilla, pero hace años que ha venido derrumbándose de manera estrepitosa. El gobierno de Estados Unidos negó la masacre, persiguió y enjuicio mediaticamente a los periodistas que la reportaron, pero años más tarde, documentos desclasificados del departamento de Estado y de la CIA confirmaron que los militares y funcionarios estadounidenses en San Salvador y Washington supieron de la masacre y participaron de su encubrimiento. La Comisión de la Verdad certificó que en El Mozote se hallaron balas fabricadas para el gobierno estadounidense en Lake City, Misouri, y que habían sido disparadas de fusiles M-16, también estadounidenses. Además, fue el propio sistema judicial de Estados Unidos quien deportó al general García, por violador de derechos humanos. Ernesto Rivas Gallont, embajador salvadoreño en Washington, entre 1981 y 1989, pidió perdón en 2014 por haber negado la masacre, a inicios de 1982. Gallont dijo que recibió órdenes de la Junta de Gobierno presidida por José Napoleón Duarte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno de El Salvador en 2012 por estos hechos.

Pero nada de esto convence a Quintanilla, que a la salida de la audiencia comienza a construir su frágil muro de negaciones. “Las exhumaciones y las autopsias no han establecido si fueron o no asesinadas, quienes las asesinaron”, dice.

—Una novela está basada en hechos falsos y estos hechos de verdad ocurrieron.

—Así como se ha pintado la relación fáctica de los hechos en la acusación, a mí me parece que es más que todo una novela que otra cosa.

—¿Usted descarta la investigación de la Comisión de la Verdad?

—¡Totalmente! ¿Quién era la Comisión de la Verdad?

—Expertos internacionales.

—Es falso, no eran ni expertos ni nada. Simplemente era un grupo de personas que se nombraron para hacer un informe de recolección de algunas evidencias que nunca fueron judicializadas.

Hace 27 años, Pedro Chicas previó que esto ocurriría. Por eso en su testimonio incluyó a testigos. Tal como se los dijo a los militares en la audiencia: “…hubieron (sic) algunos sobrevivientes, pudiendo señalar entre ellos al señor Juan Bautista Márquez , en ese entonces de cuarenta y un años de edad, quien pudo observar cuando los soldados llegaban al lugar y esconderse de los mismos mientras procedían a realizar los asesinatos…”. En la estregia del caso histórico de El Mozote, el testimonio de Juan Bautista era clave por una razón: él y su familia, buscando salvar la vida, anduvieron huyendo de masacre en masacre, entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981. Su odisea conecta a todas las masacres en una sola, vincula al Ejército en un solo opeartivo.

Juan Bautista ha estado detrás de Quintanilla todo el tiempo. Ha escuchado su alocución. Y Juan Bautista no es licenciado en derecho, no viste de traje, quizá nunca ha leído el Código de lo Penal. Él es un campesino que vive de lo que cultiva, pero sobre todo es una víctima que no olvida lo que vivió en carne propia. Y por eso se ríe de Quintanilla y le da la espalda.

“Y dice que no hay delito. ¿Entonces no es delito ir a sacar a otro de la casa? ¿Cómo que cuál Comisión de la Verdad? Si nosotros somos los que hemos morido (sic)”, dice Juan Bautista.

A sus 77 años sigue acá, aguantando el sol de Gotera, para poder contar El Mozote. Y sus palabras, ahora, también hablan en nombre de Pedro Chicas y de todos las otras víctimas que se han ido apagando a lo largo de estos 35 años. Juan Bautista lo tiene claro: "Y dice que no hay delito. ¿Cómo que no estoy yo? A mí que me sacaron de la casa con una ametralladora, y yo soy el único que hay quizá...”. Cuando Juan Bautista habla, habla la evidencia.

Juan Bautista no tiene miedo. No lo tuvo en 1990, cuando habló después de Pedro Chicas en aquella audiciencia inicial. No lo tiene ahora, cuando comienza a contar el tiempo a la espera de que vuelva su turno. Él elige una frase del evangelio de Juan y sentencia: “es que la verdad los hará libres y soy libre para decir la verdad. ¿A quién le puedo temer?”.