Saludos y bienvenida: Inevitablemente, cada individuo hace parte de su vida y de su historia aquellos acontecimientos que marcaron un recuerdo bueno o malo en la efemérides y en su vida... Recordar por ejemplo aquellas cobardes masacres de la década del 70 en El Salvador (Chinamequita,Tres Calles,Santa Barbara,30 de Julio,entre muchas otras y seguro estoy es una experiencia que se repite a lo largo y ancho de Americalatina), masacres que conmocionaron a la nación y sacudieron la conciencia de muchos. Esas masacres aceleraron el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales, Toda aquella década fué de constante actividad politico-social y su principal escenario eran las calles, para las celebraciones del efemérides nacional de cualquier indole, se desarrollaba una manifestación de dolor, muy significativa y emótiva, muchas, con los restos de los asesinados y el reclamo del retorno o aparecimiento con vida de los capturados y desaparecidos. Muchos jóvenes,a partir de aquellas cobardes acciónes por parte del Estado, radicalizamos nuestra pocisión y optamos por la lucha armada como única solución a la crisis que cada dia se profundizaba más y más... A partir de aquella década, la protesta se hizo afrenta digna contra la dictadura militar, salir a protestar era recuperar,rectificar y sanear digna y valientemente, todo aquello que en anteriores décadas de terror, las clases dominantes habian institucionalizado. Con aquellas jornadas de lucha, no solo denunciamos y condenamos a los eternos enemigos del pueblo, sino que hicimos sentir el grito de guerra de todos aquellos que sacrificada pero dignamente y hasta entonces, habian escrito la historia,nuestra heróica historia... Que hubiera sido de nosotros, si Monseñor Romero hubiera pensado más en su tiempo, el dinero y su sombrero copa ancha junto con su pulcra sotana,por no arriesgar el pellejo a costa de convertirse en "La voz de los sin voz" y en el santo de los desposeidos? Que seria de nosotros?, si Roque Dalton, sabiendo que podria incluso, morir a manos de sus propios "camaradas", no hubiera arriesgado la canción hecha palabra y herramienta de lucha, para gritarle sus verdades a los poderosos y sus criticas mordaces a los ultraizquierdistas y al Partido Comunista. No seriamos dignos, de llamarnos salvadoreños si Farabundo Marti, no hubiera dispuesto ir a enlodar sus botas a "Las Segovias" junto a Sandino el General de hombres libres, como su lugarteniente. Si Miguelito Marmol, no se hubiera levantado con las ganas que lo hizo después de haber sido acribillado frente al pelotón de fusilamiento, para seguir arriesgando el pellejo reclutando, concientizando, organizando, y manteniendo vivo el grito de guerra de "Viva el Socorro Rojo Internacional", que inconclusamente y con toda valentia intentó Farabundo. Fraternalmente, Trovador

lunes, 5 de junio de 2017

El Coronel Bercián no tiene quien lo atrape


Asmel Arturo Bercián Rivera, alias "Coronel Bercián", es un hombre escurridizo. Procesado en El Salvador y Guatemala por tráfico de cocaína, ha sido vinculado al narcotráfico por funcionarios policiales de gobiernos de Arena y FMLN y es padre de uno de los pandilleros sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque durante tres décadas el Estado salvadoreño ha mantenido en la mira al Coronel Bercián, este sigue libre.
Efren Lemus
elfaro

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PRIMERA ENTREGA

El domingo 14 de agosto de 1991, el detective se enfundó el uniforme negro, preparó la pistola Beretta y leyó un documento con la etiqueta de "confidencial". A las 7 de la mañana había llegado a la oficina antidrogas del puesto fronterizo de La Hachadura un mensaje que ordenaba ponerse en guardia a los custodios del paso entre El Salvador y Guatemala: "Los individuos (…) son traficantes de cocaína y en horas del mediodía de hoy ingresarán al país, a bordo de vehículos que utilizan para el tráfico de dicha droga", les advertía la oficina central, en San Salvador.

La información detallaba que al grupo de narcotraficantes lo dirigía Asmel Arturo Bercián Rivera, un hombre originario de San Miguel, de oficio agricultor, entonces de 39 años de edad, a quien apodaban "El Coronel Bercián" o "El Tiburón". Ni en los registros de la Fuerza Armada, ni en el Registro de las Personas Naturales consta que Asmel Arturo Bercián Rivera haya prestado servicio militar. La información en poder de la Unidad Ejecutiva Antidrogas (UEA), dependencia de la hoy desaparecida Policía Nacional, decía que al Coronel Bercián lo acompañaban tres hombres. Cuando cruzó la frontera lo acompañaban cuatro.

Con esa información en mano, el detective y otros tres oficiales de la UEA, entre ellos el que investigó dos años después a Joaquín "El Chapo" Guzmán en El Salvador, comenzaron a preparar la trampa. Siempre era igual. Siempre que llegaba una alerta desde la oficina central seguían una rutina: conformaban un equipo dirigido por un "sargento detective", apoyado por un subsargento y dos detectives o más. Montaban un equipo de vigilancia perimetral y un retén para la identificación de “los objetivos” y revisión de personas y automotores. En los vehículos buscaban "caletas" (compartimientos secretos) para el transporte de droga o dinero.

Para la búsqueda de caletas, los detectives se apoyaban en un perro entrenado, pero aquel domingo de agosto el canino no estaba disponible en la frontera La Hachadura. Por eso, los policías trasladaron los autos del Coronel Bercián a las instalaciones centrales de la UEA, donde se les realizaría una búsqueda exhaustiva.

―Nos va a tener que acompañar ―dijo el detective al Coronel Bercián.

―Pero muchachos… ¡todos los papeles están en regla! ―respondió el objetivo.

El detective es un hombre de ojos alargados, cabello negro y liso, con piel cobriza, a quien le gusta usar gafas oscuras. Ahora es un policía retirado que trabaja como auxiliar administrativo en una oficina del Estado, pero un cuarto de siglo después de aquel operativo, lo tiene fresco en el recuerdo. "Nos confundió con policías de aduanas. Intentó convencernos de que lo dejáramos ir. Era pícaro. Venía de los Estados Unidos y sabía cómo moverse en las fronteras. Nosotros lo engañamos, le dijimos que necesitábamos revisar una documentación y lo trajimos hasta la terminal". Las oficinas de la UEA ―ahora División Antinarcóticos (DAN)― están a un costado de la terminal de buses de oriente, en San Salvador.

Asmel Arturo Bercián Rivera fue capturado en agosto de 1991 cuando ingresaba a El Salvador procedente de Guatemala. Aparte de dinero en efectivo, la Policía Nacional le decomisó cocaína en una vivienda en Sonsonate. Esta es la foto que registró en aquellos días la ya desaparecida Policía Nacional y que consta en el expediente de Bercián archivado en 1992. Foto: El Faro.

En el cuartel central de la UEA, un perro inspeccionó los vehículos y dio una alerta. Así determinaron que en el tanque de combustible de un camión color anaranjado con rayas blancas, marca International, y en un pick up marca Chevrolet, había caletas. Luego se detectó en ellas partículas de cocaína. Acorralado por los indicios y luego del largo interrogatorio de los detectives, la noche de aquel 14 de agosto de 1991 el Coronel Bercián se quebró: confesó que era narcotraficante. El expediente precisa que primero confesó que en su casa tenía escondidos varios miles de dólares y que horas después confesó que conocía un lugar donde estaban enterrados varios kilogramos de cocaína…

Este reportaje cuenta una historia del Coronel Bercián construida a partir de investigaciones oficiales realizadas por el Estado a lo largo de más de tres décadas, más una serie de declaraciones y testimonios de funcionarios y exfuncionarios tanto de Guatemala como de El Salvador. Asimismo, recoge el aporte de entrevistas con investigadores policiales e informantes de la DEA. Este reportaje cuenta la historia de un personaje relacionado por Guatemala y El Salvador con el tráfico de centenares de kilogramos de droga, que tiene dos hijos que ya han sido procesados en casos separados por tráfico de cocaína, y que sigue en libertad observando cómo el Estado aún recientemente lo ha tenido en la mira por ser un sospechoso de dedicarse al crimen organizado.

¿Quién lo llevó al negocio?

Cinco meses antes de la caída del Coronel Bercián, en marzo de 1991, la Asamblea Legislativa había aprobado la primera ley antidrogas de El Salvador. Luego, de la mano de la embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional creó la UEA y capacitó a un grupo de detectives que dirigía el mayor Óscar Armando Peña Durán. Así que la ley tenía apenas unas semanas de vigor cuando fue capturado el Coronel Bercián. "El perfil que tenía Bercián es que manejaba una operación bastante importante de drogas también en Guatemala, y que en Nicaragua tenía otra estructura. Por eso se convirtió en un perfil prioritario para indagarlo", dice Peña Durán, en las oficinas de su empresa de seguridad privada. El exjefe de la UEA sirvió en varios cargos durante los gobiernos de José Napoleón Duarte (1984-1989) y Alfredo Cristiani (1989-1994), y de esa experiencia dan testimonio los numerosos diplomas y fotografías que tapizan las paredes de su despacho.

El golpe de la UEA al grupo del Coronel Bercián fue, en realidad, un golpe dirigido por Estados Unidos, aunque esto no conste en los archivos. Los documentos solo consignan que el Coronel Bercián fue capturado por información "confidencial". Peña Durán revela que recibieron la alerta de un centro de inteligencia estadounidense: El Paso Intelligence Center (EPIC), dedicado al combate del tráfico de drogas y armas. "Fuimos informados de que el señor Asmel Arturo Bercián Rivera estaba siendo investigado por tráfico de drogas en Texas", revela Peña Durán. "Nos informaron que pronto podría venir de los Estados Unidos con vehículos comprados con dinero del narcotráfico y que presumiblemente en los vehículos llevaban unas caletas preparadas con droga..."

Hasta antes de la alerta del EPIC, el perfil del Coronel Bercián ante las autoridades salvadoreñas era el de un hombre involucrado en delitos de poca monta. El 3 de diciembre de 1984, la Policía de Hacienda, otro de los cuerpos de seguridad clausurados con los Acuerdos de Paz de 1992, lo capturó en el Pasaje B de la Comunidad Iberia. El motivo: "Andar ebrio y hacer disparos con arma de fuego". Le decomisaron 14 cartuchos y una pistola marca Browning que había registrado apenas cinco días antes. Cuando esta captura ocurrió, el Coronel Bercián tenía 34 días de ser el padre de un bebé llamado Moris Alexander Bercián Manchón, ahora conocido como El Barney, un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) declarado objetivo de persecución por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Cinco años después, en 1989, el Coronel Bercián estuvo detenido durante seis meses en el penal de San Vicente por "transportar ganado robado". Hasta ahí llegaron los delitos de poca monta. Al año siguiente, en 1990, se reencontró con un viejo amigo al que había conocido en las cercanías del mercado La Tiendona: Amílcar Valle Contreras. El Coronel Bercián contó a los detectives que Amílcar le propuso incursionar en un jugoso negocio: el tráfico de cocaína.

Los viajes del Coronel Bercián

Luego de aquella operación del 14 de agosto de 1991 en que la Policía Nacional arrestó al Coronel Bercián, quedó escrito en un acta de la UEA: "Habiendo manifestado en su interrogatorio preliminar el reo Asmel Arturo Bercián Rivera que en la casa número 2, de la Colonia Campestre, Sonsonate, tiene cierta cantidad de dinero en dólares producto del narcotráfico".

A las 2 de la madrugada del día siguiente, las autoridades allanaron una pequeña casa de bloques de cemento, techo de duralita y puerta metálica. Pegada a la pared, una pequeña placa metálica anunciaba la pertenencia de aquel inmueble: “Familia A.A.B – Rivera”. Dentro de la casa, sobre una cama, encontraron un maletín de color café con dos fajos de billetes dentro de bolsas plásticas que sumaban 23 mil dólares. También encontraron pesos mexicanos, quetzales, colones costarricenses, lempiras y córdobas que, al cambio actual, sumaban 6 mil dólares más. El total del decomiso: 29 mil dólares.


Los detectives no pararon ahí: la declaración preliminar los llevó hasta el dinero, pero la confesión definitiva los llevó hasta la casa donde vivía Amílcar, el amigo que según el Coronel Bercián dijo a los detectives, lo había inducido a incursionar en el tráfico de cocaína. En la casa número 10 del pasaje Blanca Victoria, en Mejicanos, estaba enterrado un depósito plástico blanco con 17 paquetes de cocaína en su interior. La droga pesó 19.3 kilogramos. Lo que el Coronel Bercián dijo sobre aquel decomiso quedó plasmado en una segunda acta de la UEA fechada el 15 de agosto de 1991: "Contesta: que se hace cargo del delito que se le imputa en las presentes diligencias".

Según la confesión extrajudicial, el Coronel Bercián llevó cocaína a los Estados Unidos dos veces. Todo comenzó, dijo, en noviembre de 1990, cuando viajó con su amigo Amílcar a la zona libre de Colón, en Panamá. Ahí negociaron con los panameños Enrique y Mene Olivares la compra de 22 kilogramos de cocaína que escondieron en el techo de un furgón, color azul con blanco. Para despistar a las autoridades, a su regreso, en Costa Rica, compraron plátanos. Llegaron hasta un taller en el barrio San Miguelito, en San Salvador y contactaron a un motorista, Carlos Alberto Escobar Guevara, para seguir rumbo a San Antonio, Texas, Estados Unidos. Una vez en suelo estadounidense entregaron el alijo a un cubano llamado Héctor Rodríguez, quien les pagó 65 mil dólares.

El segundo traslado de cocaína ocurrió en julio de 1991. Los 30 kilogramos de cocaína llegaron desde Honduras, en la caleta de un camión que abastecía frutas al mercado La Tiendona. El Coronel Bercián confesó que él y otros tres hombres se encargaron de mover la droga hasta Texas, Estados Unidos. El cubano les pagó 125 mil dólares, dinero que usaron para comprar en Estados Unidos tres cabezales, una rastra y una refrigeradora, bienes que les fueron decomisados cuando regresaron a El Salvador.

El Coronel Bercian pasó encarcelado 16 meses. El 19 de octubre de 1992, cuando compareció en juicio, dijo al juez que sí viajó a Panamá, pero que viajó solo a conocer ese país. Añadió que si él manifestó a los policías algo con respecto a la cocaína, lo hizo bajo tortura: "Para que (los policías) no me siguieran golpeando. Les dije que pusieran lo que quisieran". El juez lo exoneró y, dos meses más tarde, una Cámara confirmó su libertad porque consideró "insuficiente su confesión extrajudicial". La Cámara precisó que al Coronel Bercián "no se le decomisó droga alguna", porque aunque él reveló el lugar donde estaban enterrados los 17 paquetes con cocaína, la investigación demostró que ahí residía su amigo Amílcar, quien fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.

Archivos fotográficos que vinculan al coronel Asmel Arturo Bercian Rivera en narcotráfico. El coronel compró terrenos al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Las propiedades están ubicadas en el cantón Palo Verde, del municipio de San Julián./ Fotos: Archivos de El Faro"

El 17 de diciembre de 1992, el Coronel Bercián pidió la devolución de un camión y dos cabezales. La UEA pidió al juez una autorización para desmontar las caletas "para que no sigan siendo utilizadas en el tráfico de cocaína". / Fotos: Archivo Unidad Ejecutiva Antidrogas (UEA), Policía Nacional

Los otros cuatro hombres arrestados en la frontera La Hachadura también fueron liberados. Uno de ellos era Harol Milton Orellana Zelaya, quien actualmente purga una condena de ocho años de prisión por lavado de dinero. El 1 de marzo de 2012, la Policía Nacional Civil decomisó a Milton 30 mil dólares que transportaba en la caleta de un vehículo. El dinero, según la PNC, era propiedad de Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, El Repollo, un transportista que pasó de distribuir verduras en La Tiendona a distribuir cocaína. En noviembre de 2014, El Repollo fue condenado a 77 años de cárcel por tráfico de cocaína. En julio de 2016, un tribunal le sumó otros 15 años de prisión por lavado de dinero.

Sobre la liberación y denuncia de golpiza que hizo el Coronel Bercián, el otrora jefe de la UEA niega que esa institución torturara a los detenidos para obtener confesiones extrajudiciales. "En el juzgado nunca fuimos intimados de que esto había pasado. Por la relación que teníamos con la embajada estadounidense teníamos un compromiso de respetar los derechos humanos. En todo este tiempo es primera vez que yo escucho que fue lo que argumentó", dice Peña Durán. El militar retirado esboza una sonrisa cuando se le recuerda el fracaso del caso contra el Coronel Bercián. "Teníamos otros elementos de prueba como el decomiso de la droga. Otro elemento de prueba fue el de los rastros de droga en los vehículos que se le decomisaron. Los elementos de prueba eran suficientes, indistintamente de si hubiera dado la declaración extrajudicial o no", dice.

202 kilogramos de cocaína en Guatemala

Cuando la acusación por narcotráfico se desmoronó, el Coronel Bercián recuperó su libertad y pidió que le devolvieran los dólares y los vehículos que "injustamente" le habían sido decomisados. En El Salvador no volvió a ser capturado por tráfico de drogas, pero Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil (1994-1999 y 2006-2008), asegura que durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999) la información de inteligencia les alertaba de que el Coronel Bercián continuaba con sus operaciones de narcotráfico, principalmente, hacia Guatemala.

Y fue en ese período cuando el Coronel Bercián volvió a caer. Siete años y medio después de su captura en El Salvador, fue capturado en Guatemala: el 4 de enero de 1999 fue arrestado con 202 kilogramos de cocaína en la Zona 3 de la ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil de ese país reporta que en este momento un kilogramo de cocaína vale en el mercado local 102 mil quetzales. Esto es, un poco más de 13 mil dólares. Si ese alijo hubiera sido decomisado hoy al Coronel Bercián, tendría un precio de calle de unos 2.7 millones de dólares. "Nosotros participamos dando información a los guatemaltecos en esa época", subraya Ávila.

En la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) de Guatemala, esta captura del Coronel Bercián quedó registrada así: "A la Sección contra el Robo de Vehículos de la Policía Nacional ingresó una llamada telefónica, de voz masculina, quien se negó a proporcionar sus datos, indicando que se conducían cinco individuos a bordo de un camión furgón y un pick up rojo con placas salvadoreñas, en el cual transportaban supuestamente droga".

La Policía guatemalteca interceptó los vehículos en la 1a. Avenida y Anillo Periférico. Los 202 paquetes de un kilogramo cada uno estaban escondidos en la caleta del camión. La prueba preliminar de campo fue positiva a cocaína. El Coronel Bercián y otros cuatro salvadoreños fueron acusados por dos delitos: tránsito internacional de droga y portación ilegal de armas de fuego.

La justicia guatemalteca eximió de culpa al Coronel Bercián, aunque en este momento las razones son un misterio: el Archivo General de Tribunales de Guatemala, consultado por El Faro, respondió que el expediente está en el Juzgado Undécimo de lo Penal. El juzgado, requerido por El Faro, lo que hizo fue pedir al Archivo que le remitiera el expediente "en las próximas horas". Durante dos meses de gestión, las peticiones se volvieron una rueda de caballitos: el Archivo insistía en que lo tenía el juzgado, y el juzgado aseguraba que lo tenía bajo custodia el Archivo. El Faro también preguntó al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación sobre el desenlace de ese proceso, pero pasadas varias semanas hasta el cierre de esta nota, tampoco habían ubicado el expediente. Un funcionario asumió la respuesta como un misterio: "No sabemos por qué fue liberado", respondió Óscar Dávila, viceministro de Asuntos Antinarcóticos.

Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido entre 1991 y 1992 en El Salvador, en Guatemala sí hubo condenas. En la información proporcionada por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP se expone que dos de los cinco arrestados en enero de 1999 terminaron condenados año y medio más tarde: el 7 de julio de 2000, el Tribunal Segundo de Sentencia de Guatemala condenó a 15 años de prisión por tránsito internacional de droga a los salvadoreños Orlando González Olviera y Mario Antonio Vásquez García. En el año 2011 recuperaron su libertad por buena conducta.

Traslado de droga y dinero en 2009

Desde cuando en el año 2000 el Coronel Bercián ganó la partida al Estado de Guatemala, se convirtió en una especie de fantasma que de vez en vez ronda despachos de policías y fiscales. Ha sido protagonista de informes de inteligencia, le han vigilado su casa, le han dado seguimiento, han husmeado sus cuentas bancarias y las de su familia, y nada. Nada ha sido suficiente para acusarlo de algún delito o para cuestionarle los negocios inmobiliarios que, después de dos procesos judiciales por narcotráfico, montó en Izalco y San Julián, en el departamento de Sonsonate.

Algunas de las indagaciones financieras y vigilancias en las viviendas del Coronel Bercián han sido motivadas por el decomiso de cocaína a dos de sus hijos: el comerciante de 40 años José Adán Silva Bercián; y el mecánico de 33 años Moris Alexander Bercián Manchón, alias "Bandido" o "El Barney", miembro de la Normandis Locos Salvatruchos -una clica de la MS-13-, uno de los nueve pandilleros salvadoreños que desde junio de 2013 está designado como objetivo de persecución por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El primer hijo del Coronel Bercián involucrado en narcotráfico es José Adán Silva Bercián. Fue capturado en la colonia Jardines de Cuscatlán, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, el 13 de septiembre de 2006. José Adán nació el 6 de febrero de 1977, en Jiquilisco, Usulután. En los registros oficiales aparece que tiene dos ocupaciones: comerciante y conductor de camiones. Hace 11 años, la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC le decomisó 2.7 kilogramos de cocaína y 199.3 gramos procesados en forma de pastillas. El alijo estaba valorado en 72 mil 961 dólares.

Cuando el hijo del Coronel Bercián fue procesado, la ley antidrogas era blanda: una persona capturada hasta con cinco kilogramos de droga podía pedir que le cambiaran un delito grave (tráfico ilícito) a uno menos grave (posesión de droga sin fines de tráfico). Los abogados de José Adán aprovecharon esa puerta, esa salida legal. El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla cambió a un delito menos grave y condenó a José Adán a tres años de trabajos de utilidad pública. Ese mismo año fue exonerado de un caso de portación ilegal de arma de fuego.

El hijo menor del Coronel Bercián, El Barney, fue capturado a las 10 de la mañana del 26 de septiembre de 2009 frente a una ferretería en El Puerto de La Libertad. El pandillero llevaba dentro de una mochila color azul seis paquetes de forma rectangular, cubiertos con cinta adhesiva color gris. Una prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína. Según los documentos de la DAN, la captura de El Barney fue posible gracias a la información que proporcionó una mujer con 18 horas de anticipación. La informante mencionó el nombre del Coronel Bercián y así lo dejó plasmado el investigador José Rivera en un acta: "A las 16:20 del 25 de septiembre de 2009 (…) en la oficina de investigaciones de la DAN, recibió una llamada de una mujer que no se identificó. Informa de una transacción entre las nueve y las diez de la mañana del 26 de septiembre, frente a la ferretería El Ángel. Este sujeto (el de la transacción de la droga) es hijo de un reconocido narcotraficante, el cual conoce como Asmel Arturo Bercián Rivera, y reside en Sonsonate".

La cocaína decomisada a El Barney pesó 5.98 kilogramos. Es el decomiso de droga más grande que se ha hecho a un pandillero en El Salvador. A la luz de las estadísticas de la PNC, aunque las pandillas de El Salvador sí venden drogas, son simples vendedores callejeros. Durante todo el año pasado, por ejemplo, la Policía reportó el decomiso de 465.1 gramos de cocaína a las principales pandillas del país (MS-13; Barrio 18, facciones Sureños y Revolucionarios; Mirada Loca; Mao Mao y La Máquina). Esa cantidad no alcanza ni el medio kilogramo de cocaína incautada durante todo el 2016, una cantidad mínima comparada con la decomisada a El Barney.

Ávila dice que durante su segundo período como director de la PNC (entre 2006 y 2008), El Barney fue de los pocos pandilleros que renunciaron a las extorsiones para dedicarse a un negocio más lucrativo: el tráfico de drogas ilegales. Ávila, que hoy es diputado, dice que no mencionará nombres para evitar demandas, pero sugiere que El Barney se vinculó al tráfico de drogas porque tuvo en su familia un ejemplo para eso. "Lo que le puedo decir es que había familiares de este señor (El Barney) que habían estado en el pasado investigados por el tema de tráfico de drogas, utilizando transportes de carga. Es más, hubo un caso contra estos parientes bastante grande en Guatemala. O sea que este muchacho cuando creció, obviamente, se ha de haber visto expuesto al tema de hechos delictivos, sobre todo vinculados al tema de narcotráfico. Nosotros tuvimos información de que movió en una época, en un momento determinado, 20 y pico de kilos de cocaína”.

Ante la abundante información policial que relaciona con tráfico de drogas al Coronel Bercián y a El Barney, ¿por qué no los capturó?, preguntó El Faro a Ávila. "Era problema porque había dinero de por medio, entonces se compraba voluntades. En un momento determinado se compró voluntades. Yo, por ejemplo, en una época, removí a varios miembros de la Policía de Sonsonate. Estaban en el área de seguridad pública y los movimos para que fueran investigados porque creíamos que había algún tipo de relación, porque había dádivas (…) Cuando se mueve una cantidad de dinero grande, obviamente se compran voluntades, y estoy segurísimo de que hubo gente a nivel judicial y de instituciones del Estado que estaban compradas".

En septiembre de 2009, cuando El Barney fue capturado con los 5.9 kilos de cocaína, El Salvador ya había cambiado de gobierno y de director policial. La administración de Mauricio Funes nombró a Carlos Ascencio al frente de la PNC y este designó a Howard Cotto como el director de investigaciones. Durante el segundo gobierno del FMLN, Cotto es el director de la Policía.

A Cotto se le preguntó por qué la investigación policial contra El Barney excluyó al Coronel Bercián, mencionado en las actas policiales como “un reconocido narcotraficante” que reside en Sonsonate. El director de la PNC confirmó que Asmel Arturo Bercián Rivera fue una de las personas investigadas en ese caso. "Sí, él salía en esa investigación. En ese momento aparecía como uno de los principales logísticos en el traslado de droga y en movimientos de dinero. Sí lo identificamos, pero no me acuerdo del nivel de prueba que alcanzamos. Hay parte de la investigación que sigue abierta. Este es un caso que tiene bastante cola", aseguró.

Aunque los casos tengan "bastante cola", la familia Bercián ha tenido fortuna ante la justicia. A pesar de que El Barney fue atrapado in fraganti, un juzgado le concedió libertad condicional y luego, cuando se llegó el momento de llevarlo a juicio, escapó. A la Fiscalía, la institución que pidió su recaptura, se le preguntó quiénes abastecían de droga a este pandillero. La jefa de la Unidad Antinarcotráfico, Olga Cecilia Rivera, se rehusó a revelar la información que tienen sobre la fuente de cocaína de Barney, pero subrayó que este es un caso diferente al de otros pandilleros involucrados en venta de drogas. "Una persona perteneciente a una estructura de pandilla que tiene esta cantidad de droga es considerada ya un narcotraficante. Seis kilos es bastante".

―¿Quiénes le abastecían la droga? ―se le insistió.

―Sobre eso no le podría comentar porque el caso está en investigación. Una cosa es el expediente que se tenga contra él por esa flagrancia y otra cosa es la investigación. Entonces, no sería conveniente que le exprese sobre eso.

―¿Esto significa que es un investigación que trasciende a El Barney?

―Cuando se captura a una persona, la Fiscalía tiene la obligación de verificar los indicios que giran alrededor. No es de que una sola persona va a tener acceso a esa cantidad de droga. Es obligación de la Fiscalía verificar todos esos indicios.

Dos años después del decomiso de 5.9 kilogramos de cocaína a El Barney, la Fiscalía elaboró otro documento que menciona al pandillero, a su padre el Coronel Bercián y a otros familiares. El Faro no tuvo acceso a las razones por las cuales la Fiscalía hizo una petición a la PNC: el 29 de septiembre de 2011, en el oficio 604-G2/Inv/Deco/2011, la División Élite contra el Crimen Organizado solicitó a la Policía la ubicación de viviendas y seguimientos contra 9 personas, incluidos Moris Alexander Bercián Manchón, El Barney; Asmel Arturo Bercián Rivera, el Coronel Bercián, y otras seis personas que tienen al menos uno de estos tres apellidos: Bercián, Manchón o Rivera.

En una de las actas que la Policía remitió a la Fiscalía producto de la vigilancia, se lee: "En la Residencial Villas de Suiza (…) hay una construcción mixta, paredes de bloque pintadas de celeste aqua, techo de duralita, portón y puerta de celeste aqua y con una imagen de cemento de la virgen en la pared… Estaba estacionado un Mazda, azul metálico, propiedad de Asmel Arturo Bercián Rivera", consigna el documento.

A las voces oficiales de funcionarios de tres gobiernos distintos de El Salvador que relacionan al Coronel Bercián con actividades de narcotráfico (Peña Durán, Ávila y Cotto), se suman dos fuentes que hablaron sobre el tema bajo la condición de anonimato. Uno es un investigador de crimen organizado que en octubre de 2010 obtuvo información sobre reuniones en las que se planificó una operación de tráfico de cocaína, en las que según sus fuentes participó el Coronel Bercián. Este investigador también obtuvo información sobre inversiones en el transporte público que estaba realizando El Barney. "La información me vino de gente cercana a Truck, que lo mataron en Nicaragua. Truck quiso hacer el papel de que trabajaba con gente de la embajada (de Estados Unidos). Él se metía con los narcos y les decía que les iba a ayudar. El típico estilo de venta de otro cártel".

Truck era el alias de Salvador Augusto Guzmán Parada, asesinado el 28 de mayo de 2011 en Nicaragua. Este salvadoreño fue comandante del Batallón de Infantería Antiterrorista Libertadores, de la ya extinta Policía de Hacienda. Era un mayor del ejército en retiro que fundó la empresa de seguridad Servic Security Mirage, S.A. de C.V. Cuando lo asesinaron, conducía una camioneta Toyota Prado, color verde, en compañía de Héctor Armando Flores Lazo, hermano de Reynerio de Jesús Flores Lazo, miembro de la banda Los Perrones, condenado a 80 años de prisión por narcotráfico.

La segunda fuente fue un informante de la Drug Enforcement Administration (DEA), la oficina antidrogas de los Estados Unidos. El hombre de cabello canoso asegura que él tuvo que encargarse de cobrar deudas que el Coronel Bercián tenía con un traficante de drogas centroamericano. Oficiales de la DEA en El Salvador dijeron que no podían comentar nada al respecto.

Después de la fracasada acusación por traficar 17 paquetes de cocaína, después de las decenas de informes de inteligencia y judiciales de dos países que lo relacionan con crimen organizado, después de los infructíferos seguimientos policiales contra el Coronel Bercián y su familia, el 26 de junio de 2015, por fin, el Estado salvadoreño le ganó un caso.

Todo comenzó cuando el Departamento de Control de Garantías y Valores del Ministerio de Hacienda comenzó una depuración de sus archivos y encontró unos billetes que nadie había reclamado durante 20 años. Entonces, el 25 de febrero de 2011, el subdirector de ese departamento, Josefino Trujillo Barahona, preguntó a la justicia salvadoreña si debía devolverse a una persona o declararse en pérdida a favor del Estado.

El juzgado que tenía bajo su custodia ese dinero, el Quinto de Instrucción de San Salvador, consideró que las leyes penales de 1974 determinaban que, después de cerrado un caso, los afectados tenían un año para reclamar los bienes decomisados; de lo contrario, los mismos pasarían al control del Estado. En el caso de esos billetes que fueron decomisados en una casa de la Colonia Campestre, en Sonsonate, el expediente concluyó en 1992 y, por lo tanto, los bienes no reclamados debían pasar al fondo de la nación. Así está escrito en una resolución judicial que data del 26 de junio de 2015: "Todos los fondos fueron ratificados y enviados a custodia del Banco Central de Reserva, a la orden de la Dirección General de Tesorería, hasta su cambio a la moneda de circulación oficial, para su posterior ingreso al Fondo General de la Nación".

Con esa resolución, el Estado ganó, por primera vez, un caso al Coronel Bercián, quien sí reclamó en tiempo los 23 mil dólares, 23 quetzales y 123 colones que le decomisó la UEA, pero se olvidó de reclamar 384 córdovas nicaragüenses que la Policía Nacional le decomisó la madrugada del 15 de agosto de 1991. Al cambio actual eso significa que, tras aquel largo operativo antinarcóticos y todos estos años de persecución, el Coronel Bercián perdió ―y el Estado salvadoreño ganó― el equivalente a seis dólares.

El Faro estuvo marcando al teléfono de uno de los negocios del Coronel Bercián para intentar concertar una entrevista, pero nunca correspondió llamadas. Tampoco respondió a los números de celular que este periódico obtuvo de las fichas policiales.

martes, 30 de mayo de 2017

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL SALVADOR ACTUAL. A Chepe también lo mató la Policía



El pasado 24 de marzo, cuatro policías que patrullaban la lotificación El Zaite, en el municipio de Zaragoza, participaron en el homicidio de una persona con discapacidad. La Fiscalía y la policía dijeron que la víctima era un pandillero que había atacado a balazos a los agentes. Sin embargo, la familia y vecinos han iniciado una lucha legal contra el Estado: la víctima, José Mauricio Salazar, dicen, no era pandillero. Un abogado del Idhuca dice que el sistema de justicia está tratando de proteger a los imputados, a quienes incluso ha otorgado régimen de protección, según lo dijo el juez de la causa.


FACTUM/ *Jorge Beltrán Luna


El juez no toleró ver aquel gesto en el rostro de Miguel Ángel Andrade y lo reprendió. “Si sigue con esa sonrisita lo vamos tener que a sacar”, le dijo. Miguel no había podido evitar sonreír al escuchar el acta policial que leía el fiscal del caso durante la audiencia judicial: en el documento dice que su hijastro, José Mauricio Salazar, un hombre de 38 años, era un pandillero que había disparado a un grupo de policías con una pistola que había sido reportada como robada en septiembre del 2016. Todo, dice Miguel Ángel, es mentira.

José Mauricio Salazar murió abatido a balazos al final de la tarde del pasado el 24 de marzo cuando caminaba, tras finalizar una jornada de trabajo, por la calle principal de la lotificación El Zaite, en Zaragoza. La lotificación es un fortín de la mara Salvatrucha; lo primero que asalta la vista en la entrada es un grafiti de esa pandilla pintado en un muro: ZLS (Zaragozas Locos Salvatruchos).

José Mauricio, a quien aquí llamaban Chepe o Chepito, se había criado en esa lotificación de calles de tierra, con casas construidas sin ninguna planificación urbanística y carente de servicio de alcantarillado. Nació a los seis meses y medio de gestación; a los pocos meses de vida lo afectó una enfermedad que lo condenó de por vida a la discapacidad: era sordo y mudo. Además, tenía una leve dificultad para caminar. A pesar de ello, no estaba registrado como discapacitado en ninguna institución.

Chepe era una persona conocida en El Zaite y en la zona urbana de Zaragoza, no tanto por sus discapacidades físicas, sino porque a pesar de ellas se ganaba la vida trabajando como cualquier persona: era pintor de brocha gorda, soldador, barrendero… Su buena disponibilidad al trabajo había hecho que quienes lo conocían confiaran en él.

A pesar de vivir en una comunidad llena de pandilleros, a Chepe no lo asesinó la pandilla, sino un policía que era parte de un grupo de cuatro agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) asignados a la subdelegación policial de Zaragoza. Le disparó un balazo que, aparentemente, le entró por la parte derecha del rostro (a la altura de la boca), le salió por el cuello y lo mató en el instante.

El 27 de abril, un día después del sepelio, un vecino de El Zaite que trabaja en el Juzgado de Paz de Zaragoza, llegó a la casa de Miguel, el padrastro de la víctima, para entregarle un documento. Era una citación judicial dirigida a Marta Alicia Salazar, la madre de Chepe, para que a las 11:00 de la mañana del siguiente día, viernes 28, se hiciera presente al juzgado local, donde se realizaría la audiencia inicial contra tres imputados (eso dice el papel) cuyos nombres reales habían sido sustituidos por claves para denominarlos en el proceso judicial y así protegerles la identidad. La esquela de citación mencionaba a Claro, Antioquia y Febadio a quienes se les atribuía el homicidio simple en perjuicio de José Mauricio Salazar.

Miguel sabía que se trataba de aquellos policías encapuchados que habían participado en el crimen contra su hijastro.

El padre de la víctima notó un detalle en aquel documento: la persona a quien la secretaría del juzgado estaba citando, la madre de la víctima, no podría presentarse a la audiencia porque había muerto hacía 13 años. Miguel no se percató de eso sino hasta que el citador se había marchado. Y por ello fue que decidió presentarse al tribunal, al fin y al cabo, aunque no había engendrado a Chepe, él lo había criado desde que el niño tenía dos años, cuando decidió acompañarse con Marta Alicia. Miguel siempre lo tomó como su hijo.

Ya en la audiencia, Miguel notó que el fiscal era uno de los dos que el miércoles 26 de abril, horas antes de sepultar a Chepito, habían llegado a su casa a tomarle una entrevista en la que les explicó que la víctima no era miembro de pandillas y menos que anduviera armado.

Miguel estaba indignado porque la Fiscalía, el mismo día que mataron a su hijastro, había escrito en su cuenta oficial de Twitter que la persona que había muerto en el cantón El Zaite era un miembro de pandillas que se había enfrentado a balazos con elementos policiales. Pero el hombre aún confiaba en que, luego de la explicación que había dado a los fiscales, en la audiencia rectificaran la información que había difundido en Twitter y que fue retomada por varios medios de comunicación.

No fue así. La Fiscalía no mencionó ni una palabra de lo que Miguel les había explicado. El fiscal se limitó a leer el acta policial.

En términos generales, el acta policial plasmaba una versión torcida de lo que pasó. Según el documento, a las 8:00 de la mañana de aquel lunes 24 de abril, en la subdelegación de Zaragoza habían recibido información de que en la lotificación El Zaite había un grupo de sujetos armados, por lo que a cuatro policías se les ordenó realizar un patrullaje por esa comunidad para verificar. Fueron en un vehículo policial pero no encontraron nada.

A las 3:30 de la tarde de ese mismo día, el mismo grupo de policías se desplazó a pie por las colonias La Fuente y El Zaite. Al llegar a esta última, sostiene el acta policial, observaron a un grupo de cinco sujetos con armas largas y cortas, las cuales manipulaban entre sus manos. Al ver esto, el grupo de cuatro policías se dividió en dos para capturarlos.

Clarencio (mencionado como Claro en la esquela de citación) y Herminio formaron el primer equipo, Antioquia y Febadio, el otro. El requerimiento fiscal dice que Herminio se metió a un terreno para buscar cobertura, mas no indica qué fue lo que hizo Clarencio.

Mientras tanto, el otro equipo (Febadio y Antioquia) buscaron cobertura y se ocultaron a un costado de la calle principal de El Zaite. Cuando los policías estaban a poca distancia del grupo de hombres armados, el primer equipo gritó: “Alto, policía”.

El acta leída en el tribunal dice que los hombres armados, en lugar de atender la orden policial, corrieron y que uno de ellos disparó a los policías, por lo que el equipo de Clarencio y Herminio respondió a la agresión, “por ser un ataque real, directo y para salvaguardar sus vidas”. Hubo un intercambio de disparos. Así está escrito en la narración de los hechos, en la versión de la Policía.

Tras el tiroteo, Herminio se desplazó a verificar los signos vitales de uno de los supuestos agresores, quien yacía en el suelo, muerto. El requerimiento fiscal dice que José Mauricio Salazar, el asesinado, era miembro activo de la Mara Salvatrucha y que cerca de su cadáver fueron encontrados un arma calibre 9mm y casquillos de la misma.


Cuando escuchó todo lo anterior en la audiencia inicial contra los policías, Miguel Ángel Andrade, el padrastro de la víctima, no pudo dejar de esbozar una sonrisa triste. Al final de la diligencia judicial, el juez de paz de Zaragoza, Luis Cortez, decidió resolver conforme la petición que le habían hecho la Fiscalía y los abogados defensores de Herminio y Clarencio, los dos policías imputados: que los agentes continuaran procesados pero fuera de la cárcel. El juez así resolvió.

Otra ejecución extrajudicial

Una semana después de enterrar a su hijo y de escuchar la versión del Estado salvadoreño, Miguel comenzó a buscar protección y ayuda para procurar justicia para su hijastro asesinado.

Acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos a denunciar el asesinato de su hijo y a manifestar que tiene temor de que puedan hacerle daño a él, al resto de su familia y a dos personas que, según él, son clave para echar por tierra la versión de la Policía sobre el asesinado de Chepe. Miguel basa sus temores en que los policías andan libres y que fácilmente pueden hacer algo para evitar que se conozca la verdad.

Según Miguel, la verdad es que su hijo no era pandillero y que no llevaba ninguna pistola cuando los policías le dispararon, sino una herramienta de trabajo que, misteriosamente, desapareció. En lugar del taladro con el que había estado trabajando todo el día en la casa de “Doña Marta”, junto a su cuerpo apareció una pistola Glock calibre 9 mm y varios casquillos aparentemente disparados por la misma arma.

Los testimonios de Marta y de Lucía son fundamentales, según Miguel. Lucía fue la última persona a la que su hijo le dijo adiós alzando una mano. Ella aseguró a Revista Factum que Chepe llevaba ocupada la mano izquierda, con la que sostenía un taladro que llevaba sobre el hombro.

Lucía tiene 68 años. Aquella tarde iba para una tienda en la misma lotificación El Zaite a hacer algunas compras para preparar la cena. Poco había caminado de su casa cuando sobre la calle principal vio caminar a Chepe rumbo a su vivienda; le faltaban unos 300 metros para llegar a su casa.

La mujer le correspondió el saludo. No había transcurrido acaso medio minuto cuando Lucía escuchó una serie de disparos; corrió a refugiarse a una casa. La anciana dice estar segura de no haber escuchado que alguien gritara “alto, policía”, como dice el requerimiento fiscal.

Después de los primeros balazos hubo un silencio de varios segundos. Luego, tres o cuatro disparos más. Posteriormente, otro silencio. Al poco rato, la gente comenzó a salir, a asomarse por las ventanas o puertas. Chepe estaba tendido en la calle, muerto, y varios policías estaban cerca del cadáver.

De acuerdo con la descripción que Lucía hace en el lugar donde ocurrió el hecho, Chepe sólo había caminado entre 10 y 12 pasos desde el lugar donde le dijo adiós levantando la mano.

Por su parte, Marta asegura que desde que Chepe se marchó de su casa y ella escuchó el tiroteo quizá no habían transcurrido ni diez minutos.

Aquel 24 de abril, Chepe había pasado todo el día en casa de Marta, trabajando en reparar una puerta y hacerle algunas perforaciones para poner pasadores. Chepe se marchó llevando consigo el taladro con el que había hecho los hoyos.

El martes 2 de mayo, Marta y Lucía rindieron su declaración en la oficina de la Fiscalía de Zaragoza. Luego fueron a la Procuraduría de Derechos humanos. Las dos mujeres consideran que tienen un nivel alto de riesgo por convertirse en testigos de cargo contra los policías, sin embargo, aseguran, lo hacen porque están conscientes de que Chepe no era miembro de pandillas sino una persona servicial y trabajadora a pesar de sus discapacidades.

La indignación provocada por las autoridades al tildar a Chepe de pandillero activo de la MS y acusarlo de haber atacado al grupo de policías no es un sentimiento solo entre los habitantes de El Zaite. También existe en personas que residen en la zona urbana de Zaragoza, como propietarios de negocios, de colegios, empleados de la alcaldía y familias a quienes Chepe realizaba cualquier trabajo físico que le encomendaran.

Es gente que dice estar dispuesta a dar la cara por la víctima. Algunas, incluso, permitieron que se les grabara sus testimonios en vídeos a través de los cuales expresaron su repudio por el homicidio, algo que no es muy usual en estos casos.

El sistema protege a los victimarios

Miguel Ángel Andrade también tocó las puertas del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, (Idhuca). A Arnau Baulenas, el abogado que lleva el caso en esa oficina, le llaman la atención tres cosas.

La primera es por qué la Fiscalía acusó a los dos policías por homicidio simple, cuando el artículo 129 del Código Penal dice que “se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes: 8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad”.
Segundo, por qué los policías están libres a pesar de que tienen la capacidad de interferir en las investigaciones e incluso de intimidar a eventuales testigos. Para Baulenas, el mensaje que el sistema está enviando es que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y en este caso, lo que se está diciendo es que el Estado está protegiendo a los imputados.
Por último, el abogado español dice que nunca ha visto un proceso judicial en donde se proteja la identidad de un imputado y no se haga lo mismo con a la familia de la víctima o con los testigos.

¿Cuál es el pretexto para otorgar una clave a los imputados?, se pregunta Baulenas.

“En realidad, aquí el sistema (de justicia) está protegiendo a los victimarios y no a las víctimas. ¿Cuál es el mensaje que están enviando a la ciudadanía: que la policía puede seguir actuando de esa manera y que se les va a seguir protegiendo con claves, que se les va a dejar en libertad y que, por tanto, los ciudadanos tienen que estar sometidos. Esto es grave”.

–Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, (Idhuca).

La Fiscalía y el juez de Zaragoza tienen sus propios argumentos de por qué han otorgado régimen de protección a los imputados.

El miércoles 3 de mayo, casi al mediodía, Salvador Martínez, director de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que en el requerimiento fiscal se les asignó nombres claves en lugar de sus nombres por el hecho de ser policías y porque familiares de los policías han dicho a la Fiscalía que recibieron amenazas después del homicidio de José Mauricio Salazar.


Cuando a Martínez se le preguntó si era posible relacionar las supuestas amenazas recibidas por familiares de los policías imputados con el asesinato de Salazar, dijo que no sabía si una cosa tenía que ver con la otra, pero insistió en que no se mencionó los nombres de los policías como medida de precaución porque familiares de la víctima habían identificado a los agentes que participaron en el asesinato.

Vecinos de El Zaite que estuvieron cerca de la escena aseguran, no obstante, que los cuatro policías andaban con los rostros cubiertos con gorros.

El martes 2 de mayo, a media mañana, Factum entrevistó al juez de paz de Zaragoza para saber lo que había dictaminado en la audiencia inicial realizada el viernes anterior por el homicidio de Salazar. Explicó que fue la misma Fiscalía, el ente acusador, la que había solicitado la libertad bajo medidas para los imputados; se le preguntó si podría facilitar los nombres de los policías acusados pero el juzgador dio una respuesta tajante: “No. Tienen régimen de protección”.

– “¿Los imputados tienen régimen de protección?”, se le cuestionó.

–“Sí”, respondió.

– “¿Es eso normal?”.

– “Lo que pasa es que en algunas reformas que existen ahí, se permite por lo menos resguardarles a ellos la identidad. Y en ese sentido yo tampoco estoy en la disposición de darle más datos sobre eso. Son agentes policiales y sí hay un respaldo… por lo menos en un par de disposiciones”, dijo el juez.

Al pedirle que especificara a qué disposiciones se refería, Cortez hizo el intento de buscar en algunos libros que tenía a la mano: “No encuentro la otra (aunque no había mencionado ninguna) disposición pero sí hay por lo menos respaldo en cuanto a no revelar en este tipo de casos, los nombres de las personas porque sí están gozando por lo menos… No solamente son las personas imputadas, sino que también a la vez, por tratarse de un intercambio de disparos, también adquieren la calidad de víctimas y en este caso existe la Ley para protección a víctimas y testigos que en esencia lo que hace es tomar algunas medidas para no revelar algunos datos que los pongan en riesgo”. Esa fue la explicación del letrado, aunque en el requerimiento solo se menciona a Clarencio y a Herminio como imputados, nunca como víctimas.

En el requerimiento, la Fiscalía también da por sentado que José Mauricio Salazar era miembro activo de la Mara Salvatrucha, donde era conocido con los alias de ‘Chepe’ o ‘Mudo’. Sin embargo, el viernes anterior, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que no podía confirmar si Salazar estaba fichado como miembro activo de alguna pandilla, dijo que era algo que no podría confirmar porque materialmente no tenía esa información. Con varias horas de anticipación, Factum había explicado a la jefa de comunicaciones de la PNC que una de las preguntas que se le haría a Cotto era si Salazar estaba fichado o no como pandillero.

Tanto familiares como testigos han negado que Chepe fuera miembro de la MS. Incluso elementos policiales de la subdelegación de Zaragoza admiten que no estaba fichado como pandillero.

Un cabo de esa subdelegación se contradijo al hablar de Chepe. El policía aseguró que él tenía tres años de estar asignado en Zaragoza y no conocía a Chepe. Después, el cabo aseguró que la víctima era uno de los pandilleros que extorsionaba a los microbuses de transporte público que llegan hasta la lotificación El Zaite; luego, dijo que solo era colaborador y después que solo era un informante.

Sin embargo, de acuerdo con Miguel, el padre de la víctima, por sus discapacidades (sordo y mudo), Chepe nunca fue a la escuela, por tanto no sabía leer ni escribir. ¿Un sordomudo que tampoco sabe leer y escribir puede ser útil a una pandilla como informante? Chepe solo balbuceaba y, de acuerdo a quienes lo conocieron, un extraño no podía entender sus intentos de comunicación. Tampoco podía enviar un mensaje de texto para informar a los pandilleros. Saber operar un teléfono, bien para enviar mensajes escritos o para comunicarse de forma verbal con otros a través de una llamada, es fundamental para la labor de un “poste” o informante, afirma una fuente de inteligencia policial.

El juez Cortez, quien resolvió que los dos policías imputados continúen siendo procesados en libertad, asegura que resolvió de esa manera no solo porque la Fiscalía lo pidiera, sino porque el Ministerio Público ha sustentado su petición en la presunción de que se trata de un caso de legítima defensa y de cumplimiento del deber.

Cortez indicó que había un par de documentos que podrían indicar que ciertamente los policías actuaron en cumplimento de deber y de legítima defensa y que tampoco había testigos que determinaran que no se trató de un intercambio de disparos.

“Por el contrario, en el acta de inspección que hace la Fiscalía juntamente con la policía dejan constancia de algunas evidencias, entre éstas casquillos percutidos de un arma marca Glock, que no es arma de uso o de equipo policial, en las cercanías del cadáver. Están las evidencias de los casquillos percutidos de las armas del equipo policial, que son entonces, por lo menos, documentos que respaldan que ha habido un intercambio de disparos”, explicó.

Tanto el juez como la Fiscalía han dicho que al cadáver de Salazar se le hizo un frotado de manos para determinar si tenía restos de pólvora; de dar positivo, el examen indicaría que sí disparó un arma. El resultado de ese examen no fue agregado a los documentos que la Fiscalía presentó ante el juez de paz que realizó la audiencia inicial.

Tanto el padre de la víctima como personas que conocieron a Chepe dicen estar seguros de que fueron los policías quienes plantaron el arma en la escena del crimen y desaparecieron el taladro que la víctima llevaba en sus manos. Sobre esto, Baulenas, el abogado del Idhuca, afirmó que en muchos casos hay policías que cometen fraude procesal cuando ponen una pistola, casquillos o drogas. “Se inventan cualquier historia para justificar su accionar”, aduce.

“Nuestra percepción es que bajo el paraguas de las medidas extraordinarias se puede justificar todo. Y por tanto cualquier abuso de la PNC muchas veces se intenta cubrir con el hecho de que hay medidas extraordinarias”, añadió Baulenas.

La implantación de pruebas no es una práctica nueva al interior de la PNC. Varios oficiales han sido procesados judicialmente por implantar fusiles, drogas o falsificar informes contra algunos imputados. Uno de los casos más recientes es el de Daniel Alemán, un joven residente en la colonia Altavista a quien dos policías capturaron y luego remitieron a la Fiscalía con un informe que decía que le habían encontrado un paquete de droga.

Meses después se logró comprobar que los dos policías cometieron fraude procesal, pues no es cierto que a Alemán lo arrestaran en el lugar que plasmaron en su informe y menos que le encontraran droga. Fuentes policiales han indicado abiertamente, a condición de no divulgar sus identidades, que esa es una práctica bastante generalizada entre los miembros de la corporación policial. “Y quién no tiene drogas o armas cortas en sus closets. Ya usted sabe en qué se ocupan. Son para salir de cualquier apuro”, indicó un oficial. Lo mismo dijo un cabo destacado en la delegación policial de Soyapango.

Una larga lista de abusos y ejecuciones

El 5 de mayo anterior, el director de la PNC aseguró a Factum que, a raíz de las informaciones difundidas sobre el caso, la corporación está revisando el procedimiento, independientemente de si Chepe estuviera fichado o no como pandillero.

Ese mismo día, Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) el ente responsable de la formación de la fuerza policial salvadoreña, alentaba a un grupo de más de 100 policías de la Sección Táctica Operativa (STO) la misma a la que pertenecen los policías que mataron a Chepe, a que no les temblara la mano ni que anduvieran pensando en derechos humanos o en críticas de la prensa a la hora de enfrentarse con los delincuentes.

El asesinato de Chepe se suma a una larga lista de casos en los que elementos policiales salvadoreños han sido señalados, y por ello algunos están siendo procesados judicialmente, de cometer asesinatos no solo contra miembros de pandillas (lo que algunas veces argumenta como enfrentamientos), sino contra personas que no tienen relación con esos grupos.

Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20, cometido a finales de marzo de 2015 en la finca San Blas, municipio de San José Villanueva, aledaño de Zaragoza. Por ese crimen, nueve elementos del Grupo de Reacción Policial están próximos a enfrentar la vista pública (juicio) en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.

Recientemente, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el 30 de junio de 2015, elementos policiales ejecutaron a Saidra del Tránsito Hernández de Mejía y Óscar Mejía Cisneros, crimen que fue cometido en el cantón San Felipe, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. Las víctimas eran hermana y cuñado de un agente policial.

En su momento, la Policía hizo ver que se trató de un enfrentamiento con miembros de pandillas y, como supuestamente sucedió con Chepe, colocaron una pistola cerca del cadáver de la mujer. A mediados de marzo anterior, la PDDH falló contra la Policía Nacional Civil. La investigación determinó que la pistola fue colocada.

De acuerdo con el abogado Arnau Baulenas, en los primeros cuatro meses del 2017 al Idhuca han ingresado 12 casos en los que las víctimas o sus familiares han denunciado actuaciones irregulares por parte de la PNC, lo cual supera en mucho a los casos ingresados el año anterior.

“Las medidas extraordinarias lo que han hecho es aumentar los abusos y violaciones de derechos humanos”, concluye Baulenas.

La anterior no solo es una percepción de Baulenas. A principios de marzo de este año, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que agentes policiales han cometido ejecuciones extrajudiciales y en esto destaca el caso de la finca San Blas, donde un trabajador (Dennis Alexander Martínez Hernández) fue asesinado junto a siete pandilleros más.

Y la lista de casos es larga. No obstante los señalamientos de la PDDH y del Departamento de Estado de Estados Unidos, el director de la PNC niega que existan tales casos. Más bien los coloca en una supuesta campaña de desprestigio hacia la fuerza policial.
Fuerza Histórica Latinoaméricana.

Fuerza Histórica Latinoamericana

Saludos y bienvenida:

Trovas del Trovador


Si se calla el cantor, calla la vida...inspirate,instruyete,organizate,lucha,rebelate.



Saludos y bienvenida:


Inevitablemente, cada individuo hace parte de su vida y de su historia aquellos acontecimientos que marcaron un recuerdo bueno o malo en la efemérides y en su vida...
Recordar por ejemplo aquellas cobardes masacres de la década del 70 en El Salvador (Chinamequita,Tres Calles,Santa Barbara,30 de Julio,entre muchas otras y seguro estoy es una experiencia que se repite a lo largo y ancho de Americalatina), masacres que conmocionaron a la nación y sacudieron la conciencia de muchos.

Esas masacres aceleraron el enfrentamiento entre ricos y pobres, entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales, Toda aquella década fué de constante actividad politico-social y su principal escenario eran las calles, para las celebraciones del efemérides nacional de cualquier indole, se desarrollaba una manifestación de dolor, muy significativa y emótiva, muchas, con los restos de los asesinados y el reclamo del retorno o aparecimiento con vida de los capturados y desaparecidos.

Muchos jóvenes,a partir de aquellas cobardes acciónes por parte del Estado, radicalizamos nuestra pocisión y optamos por la lucha armada como única solución a la crisis que cada dia se profundizaba más y más...

A partir de aquella década, la protesta se hizo afrenta digna contra la dictadura militar, salir a protestar era recuperar,rectificar y sanear digna y valientemente, todo aquello que en anteriores décadas de terror, las clases dominantes habian institucionalizado.

Con aquellas jornadas de lucha, no solo denunciamos y condenamos a los eternos enemigos del pueblo, sino que hicimos sentir el grito de guerra de todos aquellos que sacrificada pero dignamente y hasta entonces, habian escrito la historia,nuestra heróica historia...

Que hubiera sido de nosotros, si Monseñor Romero hubiera pensado más en su tiempo, el dinero y su sombrero copa ancha junto con su pulcra sotana,por no arriesgar el pellejo a costa de convertirse en "La voz de los sin voz" y en el santo de los desposeidos?

Que seria de nosotros?, si Roque Dalton, sabiendo que podria incluso, morir a manos de sus propios "camaradas", no hubiera arriesgado la canción hecha palabra y herramienta de lucha, para gritarle sus verdades a los poderosos y sus criticas mordaces a los ultraizquierdistas y al Partido Comunista.

No seriamos dignos, de llamarnos salvadoreños si Farabundo Marti, no hubiera dispuesto ir a enlodar sus botas a "Las Segovias" junto a Sandino el General de hombres libres, como su lugarteniente.
Si Miguelito Marmol, no se hubiera levantado con las ganas que lo hizo después de haber sido acribillado frente al pelotón de fusilamiento, para seguir arriesgando el pellejo reclutando, concientizando, organizando, y manteniendo vivo el grito de guerra de "Viva el Socorro Rojo Internacional", que inconclusamente y con toda valentia intentó Farabundo.

Fraternalmente, Trovador


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