Alejandro L. Perdomo Aguilera (Desde La Habana, Cuba. Especial para ARGENPRESS CULTURAL)
“Si
las drogas tienen tan devastador efecto en Estados Unidos, piensen lo
que pueden ocasionar en democracias frágiles con economías inestables.
No puedo pensar en un asunto más importante para la estabilidad de
nuestro hemisferio que éste.” (1)
La América
Latina entre el narco y la dominación, se encuentra ante una nueva
encrucijada imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de
droga ilícitas (TDI) y otros delitos conexos, que conmueven a la región,
con el incremento de la violencia, la inseguridad y los efectos para la
gobernabilidad y el Estado de derecho, que producen las guerras
desatadas por el gobierno estadounidense, en su cruzada antidroga.
Se
calcula que el tráfico ilícito de drogas a nivel internacional genera
dividendos que superan los 320 000 (2) millones de dólares anuales. En
la actualidad los Estados Unidos, por encima de otros actores globales,
entre los que se destacan la Unión Europea (UE) y Rusia, es el principal
mercado de drogas y el primer productor de armas, suministrador por
excelencia a los principales carteles de la droga.
El
panorama latinoamericano, presenta escenarios convulsos, a causa de un
negocio que afloró en la década de los 80 de la pasada centuria y que,
hasta el presente, no ha hecho más que reproducirse hacia otros Estados
del continente, ampliando sus vínculos extra-regionales, que consolidan
la economía de las drogas, como una empresa muy lucrativa, para la
criminalidad conexa a este delito.
Esta
situación, acrecienta su impacto para la paz y la seguridad
internacionales, con una peligrosa vinculación, desde el Derecho
Internacional, con otros delitos como el terrorismo y los efectuados en
el ciberespacio. Estas vinculaciones, alentadas por las potencias
occidentales y su influencia sobre los medios de comunicación y redes
sociales en Internet, consolidan el aparato político-diplomático que
hace consenso sobre el paradigma de la seguridad humana. Sus efectos
permiten justificar ante la opinión pública mundial, las penetraciones
imperiales en la región, bajo la justificación de la guerra contra el
“narcotráfico” o, como actualmente se le llama, contra el
narcoterrorismo.
Los derroteros del crimen
transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que
padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos
electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los
líderes de la región.
Bajo esas circunstancias,
el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el
enfrentamiento, al menos de de forma más autónoma, contra flagelo de las
drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la región, bajo la
impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la
UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más
urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana, que
tuvo una expresión en los recientes acuerdos de Brasil y Bolivia para
operaciones conjuntas en la lucha contra el TDI con el objetivo de
proveer de una mayor seguridad a sus fronteras.
Realmente
la respuesta era necesaria, pues del Comando Sur, la IV Flota y las
últimamente silenciadas 7 bases militares en Colombia, se desprende el
re-fortalecimiento militar de la geoestrategia de dominación
estadounidense, adjunta con un paquete de cooperación en materia de
asesoría jurídica, policial y de otros ordenes institucionales, que
marcan el continuo interés por su patio trasero.
En
este juego de poderes, vale la pena considerar qué papel desempeña
Brasil como líder regional, ante la difícil situación sociopolítica de
México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en frenar el auge de los
cárteles y la sangrienta guerra contra las drogas que tantos crímenes y
víctimas cobra día a día. Esa difícil coyuntura, y otras problemáticas
estructurales que arrastra la sociedad mexicana, dejan espacio para que
Brasil, pueda tomar un mayor liderazgo.
Por
otra parte, el gobierno de Santos en Colombia, logra consenso en la
región, con una determinada reconciliación de intereses comunes con
Venezuela en el tema de la lucha antidroga, que tuvo su enunciado en la
extradición del narcotraficante Walid Makled a Caracas y la polémica
entrega del Editor de Anncol Joaquín Pérez Becerra, al gobierno de
Bogotá.
Entretanto, la administración Obama
mantiene, como lo hiciera la de W. Busch hijo, la combinación del
enfoque geopolítico y geoeconómico con un marcado unilateralismo. La
militarización de la guerra contra las drogas, ha devenido en la receta
ideal para alentar desarrollo de la carrera armamentista, tan necesaria
para ese país. A ello se suman las Empresas Militares de Seguridad
Privada y de otros servicios, conocidos contratistas-mercenarios, que
extrapolan sus operaciones del Medio Oriente y Asia Central en
Latinoamérica.
Esta situación ha tenido una
generalización en la práctica político-diplomática de Obama, ya no sólo
con los traslados de funcionarios políticos, diplomáticos a Nuestra
América, sino también de las Operaciones. Recientemente fue dado a
conocer por el New York Times, la noticia de que los 5 Comandos
nombrados como Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero
(FAST), que fueron destinados hace seis años al combate del opio en
Afganistán, habían sido trasladados hacia el Hemisferio Occidental,
operando en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con su
posible extensión hacia otros Estados de la región. Estas acciones
reflejan la vigencia de un proyecto iniciado por W. Busch, denotando las
continuidades y cambios que se manifiestan en la geoestrategia de
dominación de los Estados Unidos para Nuestra América.
Del
fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la fenecida Iniciativa
Regional Andina IRA, la extensión del Plan Colombia en Plan México,
luego retitulado como Iniciativa Mérida, se puede reconocer una
geoestrategia de dominación que se va perfilando y consolidando, a
través de la justificación político-diplomática del flagelo de las
drogas, para incrementar su penetración en la región, decididos a no
perder su equilibro hegemónico.
Desde esa
perspectiva, los Estados Unidos ha recrudecido la guerra antidroga, con
la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para
su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en
aras de aumentar la seguridad en la Frontera de Estados Unidos con
México. Ello refuta la errónea estrategia antidroga que persigue Estados
Unidos, la cual reinvierte en el pilar militar, dejando a un lado el
importante control del consumo en su país y el impulso a programas de
asistencia social, que contrarresten en algo las marcadas diferencias
sociales, que arrecian la falta de empleos y la crisis en la economía,
lo que incentiva a los sectores más marginados de la sociedad a
insertarse en la actividad ilícita de las drogas tanto en América Latina
como en los Estados Unidos
Pero la fallida
guerra contra las drogas ya va generalizando consenso en cuanto a su
fracaso manifiesto. En el Informe de Human Rights Watch sobre la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas (TDI) en México se reconoce, a
consideración del director de esta Institución para “las Américas”, José
Miguel Vivanco:
“En vez de reducir la
violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un
incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros
terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo
contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en
muchas partes del país.” (3)
El auge de la
violencia, de crímenes y accidentes sospechosos, como el de la caída del
helicóptero en Xochimilco, en las afueras de la Ciudad de México, el
cual provocara la muerte del José Blake Mora, Secretario de Gobernación
de México y de los funcionarios Felipe Zamora, Subsecretario de
Gobernación y el coordinador de comunicación social José Alfredo García.
Ello recuerda el accidente del 4 de noviembre del 2008, del avión donde
viajaba el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y el
fiscal antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos. Realmente la
situación por la que atraviesa México en la actualidad y la relación
estrecha que tenían estas figuras con la guerra antidroga, hace dudar a
más de uno, sobre la veracidad del accidente.
Esta
propia realidad, haciendo retrospectiva hacia hace sólo una década, nos
coloca en el deber de mirar con sumo cuidado las consecuencias que
afronta para la región el tráfico de drogas ilegales, por las lecturas
imperiales que conforman su geoestrategia de dominación, desde el escudo
político-diplomático de la guerra contra las drogas debatiendo, por qué
no, acerca de sus consecuencias y posibles escenarios.
Consecuencias del Tráfico Ilícito de Drogas (TDI) para Latinoamérica
Las
consecuencias derivadas del TDI y otros delitos conexos tienen un
efecto negativo y perjudicial tanto en los países que concurren en el
negocio, bien como productores-exportadores, los consumidores y los que
sirven como rutas a los distintos mercados.
La
subregión andina (Colombia, Perú y Bolivia), en Latinoamérica es el
centro productor por excelencia de la cocaína; lo que conlleva a que
estos países de manera individual e indistintamente, se hallen
vulnerables a la aplicación de las estrategias geopolíticas y
geoeconómicas de las grandes potencias, en la llamada guerra contra las
drogas.
En América Latina, los gobiernos de
Centroamérica, México y Colombia son incapaces de enfrentar un problema
cuyos excedentes generan cifras millonarias superiores a lo que
racionalmente pueden gastar en su defensa. Por ello, el tema de la
responsabilidad compartida y diferenciada para las potencias
occidentales es un derecho irrenunciable por parte de los países más
afectados por este fenómeno, en aras de exigir un apoyo verdaderamente
palpable para un negocio, el cual no existiera ni se reprodujera sin el
concurso de los fondos, las armas y los problemas latentes en las
potencias imperiales.
Los países que
tradicionalmente funcionan como productores y/o corredores de la droga
paulatinamente van elevando su consumo e iniciando producciones
domésticas, ya no sólo para exportar, sino también para atender la
demanda interna. Con el desarrollo de las drogas sintéticas y las
facilidades existentes para su producción; eliminándose la necesidad de
extensas rutas o grandes producciones que deban almacenarse.
Por
otra parte, la infraestructura que debe crearse en los países
latinoamericanos para el enfrentamiento del TDI y otros delitos conexos
es tal, que se ven atados de manos para atacar con eficiencia las
disímiles formas en que se reproduce la mercancía y sus renovadas vías
de exportación. Su institucionalidad no es capaz de regular el problema
de las drogas con la velocidad que se producen nuevas sustancias
sintéticas del grupo de las anfetaminas (ETA), de hecho muchas de ellas
se obtienen con materias primas licitadas, e incluso se compran por
Internet o por prescripción facultativa.
La
evolución del negocio de la droga recorre casi todas las fases de la
empresa capitalista tradicional y su persecución permite también la
regulación de los precios del producto, encareciéndolo en la medida que
los narcotraficantes meritan de mayores medios para su ejercicio. Dese
esa perspectiva, la guerra contra las drogas en Latinoamérica, desde la
lectura estadounidense, no tiene que ser un éxito absoluto, sino que el
hecho en sí de tener la guerra ya constituye un negocio muy rentable.
La
cruzada contra las drogas desplegada por los Estados Unidos ha devenido
en un sustituto exitoso de la guerra fría y para la geoestrategia
imperial en sus planes re-fortalecimiento de la dominación
político-militar y económica de los países afectados por esta política.
Por medio de ella intentan demonizar a los Estados que no se identifican
con sus preceptos de democracia representativa; siendo atacados como
terroristas y narcotraficantes, por lo que son incluidos en las listas
negras que elabora el gobierno norteamericano.
Sin
embargo, para solucionar el problema del TDI, no basta con derrotar a
los cárteles de la droga, sino que hay que eliminar los centros
receptores, que aseguran y garantizan la reproducción del negocio a
nivel global. Los Estados Unidos carecen de voluntad política para
atenuar los problemas básicos del TDI con la integridad que les compete y
no limitándose al fetichismo de la guerra contra el mal llamado
“narcotráfico”.
La privatización de la
seguridad ciudadana, a través de las empresas contratistas se amplía, en
detrimento de la soberanía y la gobernabilidad de los países
latinoamericanos, en un intento por evitar nuevos movimientos
progresistas, impulsados por las diferentes fuerzas políticas de la
región.
Estados Unidos, apegado a la paranoia
de la guerra fría reformula la política del gran garrote, temiendo que
“(…) en América Latina ocurra un desplazamiento, del espectro político
de centro-derecha, a centro-izquierda (…) reacciona negativamente a lo
que percibe como populismo y nacionalismo, y posturas amenazantes y
críticas tanto a su política en el terreno comercial como a las
iniciativas antinarcóticos y a la lógica preventiva que rige su enfoque
global.” (4)
Otro de los peligros que acecha la
región es la mezcla del uso de contratistas-mercenarios con otros
programas para asistencia social, para incorporarle un rostro civil a su
estrategia de dominación. La política del poder inteligente y el poder
suave de Obama intentó ser el nuevo New Deal de la actual crisis;
hallando en la guerra contra el “narcotráfico”, la justificación para
resguardar los intereses estadounidense sobre América Latina y el
Caribe.
La emergencia de gobiernos como los de
Chávez, Evo y Correa; la solvencia de un Brasil que crece como potencia
regional y el creciente intercambio de Latinoamérica con China y Rusia,
son elementos que desagradan la política hegemónica estadounidense, de
modo que debe asegurarse que sus intereses geoestratégicos se mantengan
intocables, ante la presencia de nuevos actores.
Las
políticas de prevención de la producción de cultivos de coca y opio y
el control de la exportación de drogas, no se concentran en la mejora de
las condiciones del campesinado, la generación de empleos, el control
de mercado y el consumo, así como los delitos conexos al TDI (tráfico de
precursores químicos, armas, personas, lavado de dinero etc.), dejando
latentes los incentivos que mantienen el negocio.
Por
el contrario, la tendencia de las soluciones a este fenómeno está
siendo orientada hacia la legalización de las drogas, buscando el cambio
de hábitos de consumo hacia estupefacientes considerados menos
perjudiciales, de manera que se reduzca el impacto sobre la opinión
pública, desde el punto de vista “ético”, pero no social. Esta
tendencia, impulsada por diferentes sectores políticos, que han sido
puestas en práctica en Portugal, los Países Bajos, Alemania y en algunos
Estados de Estados Unidos. (5)
El 19 de
octubre de 2011 el expresidente mexicano Vicente Fox, impartió una
conferencia en el Instituto Cato de Washington, abogando sobre la
legalización de las drogas, para lo que enfatizó: "Mi propuesta es
legalizar todas las drogas y su sistema de producción", asimismo,
manipuló la responsabilidad sobre el consumo, definiendo: "Incluso creo
que la legalización tiene un sustento ético y moral. Porque ¿quién es el
verdadero responsable del consumo? Directamente, los consumidores. E
indirectamente, sus padres.” (6)
Juan Manuel
Santos se sumó a Vicente Fox en la no contención de la política
impulsada para la legalización de las drogas. Para ello expresó, en una
entrevista con el diario británico The Guardian: “un nuevo enfoque debe
acabar con las ganancias que para los violentos vienen con el
narcotráfico” de modo que “si eso significa legalizar, y el mundo piensa
que esa es la solución, le doy la bienvenida. No me opongo a eso.” (7)
Recientemente
el subsecretario general de la ONU y director de la división para
América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el chileno Heraldo Muñoz, argumentó ante una interrogante que “
ni el PNUD ni la ONU tienen posición sobre el tema, pero nos parece
legítimo que se empiece a discutir, como han propuesto algunas
personalidades, regularizar o legalizar algunas drogas (…) el
narcotráfico acabará minando la democracia en América Latina si no se
aborda desde el lado de los países consumidores”. (8)
No
obstante, teniendo en cuenta las graves consecuencias que conlleva el
problema de las drogas al interior de los países subdesarrollados, el
hecho de cambiar patrones de consumo hacia drogas legales no debe ser
una solución absoluta. Lejos de buscar alguna vía para otorgar mayor
control del consumo por parte de los Estados, por el contrario se
proyecta una guerra contra los cárteles de la droga, donde la sociedad
civil carga con la factura más negativa.
Impacto económico
Valorando
las tendencias generales antes mencionadas, Latinoamérica manifestará
un complicado escenario, pues si bien lo tradicional era que los países
pobres concurrieran en el negocio de las drogas como centros de
producción y tráfico, en los últimos años se ha registrado un aumento y
expansión de su consumo que ya no sólo incluye a la subregión andina,
México, Centroamérica y el Caribe, sino que también adhiere a los países
del Cono Sur y de África Occidental.
El
abaratamiento que se produce en el mercado con las drogas sintéticas,
por las facilidades para su producción, permite que se logre una mayor
socialización de la mercancía, que ya no se limita a los consumidores de
primer mundo, sino que comienza a surgir, aunque en menor escala, un
peligroso espacio en los países subdesarrollados para las DI, sobre todo
las de tipo sintético.
En este sentido, el
gobierno norteamericano expone el aumento de las incautaciones de
toneladas métricas de cocaína en la región, como un triunfo total, mas
ello no responde efectivamente a la reducción del problema. De hecho,
uno de los elementos que mantienen y elevan los precios, es el
encarecimiento de la transportación, en tanto los cárteles deben
invertir más en seguridad, ampliando sus vínculos con empresas legales
vinculadas con el comercio de armas y el blanqueo de dinero.
Ello coincide con un momento de contracción del mercado estadounidense,
que no responde a la eficacia de las políticas hegemónicas para su
control, sino al cambio de patrones de consumo, de la cocaína a las
drogas sintéticas, de allí que el director ejecutivo de la ONUDC,
expresara: “La moda de las drogas sintéticas de diseño que imitan a las
sustancias ilegales neutraliza los progresos observados en los mercados
tradicionales de la droga.” (9)
El enfoque
imperial, deja a un lado las formas de procesamiento de las drogas, el
control de la demanda y el consumo, así como los disímiles nexos
existentes entre los cárteles, el crimen organizado trasnacional, los
políticos, comerciantes, banqueros y empresarios, sin los cuales no
fuera posible reproducción de ese negocio.
Con
la liberalización de las economías y de los mercados financieros el TID
se extiende por todo el mundo. La disminución de los precios de la
cocaína desde los años 90 y la militarización de la guerra contra las
drogas, han acrecentado los conflictos entre los cárteles por el control
de territorios, en un intento por monopolizar las áreas para crear
oligopolios y aumentar así su papel en el mercado. La característica de
esta mercancía hace que los precios, la oferta y la demanda sean menos
elásticos, en lo que también sirve de apoyo la guerra antidroga de los
Estados Unidos.
Este negocio cuenta con un
mercado de primer mundo, por lo que las producciones de los países
pobres suelen ser muy rentables, debido al abaratamiento de la mano de
obra. Los campesinos que producen las materias primas para estas drogas
son los que menos beneficios recogen, pero su nivel de vida es tan
básico, que le es más rentable su producción que la de otros productos
agrícolas, ante la ausencia de programas sociales que alienten la
erradicación de los cultivos de hoja de coca y cannabis.
El
negocio del TDI, es el segundo en movimiento de capitales del mundo,
después del petróleo, por las ganancias extraordinarias que provee. Su
peculiaridad consiste en la ilegalidad, los peligros y las consecuencias
que acarrea. Los efectos de la globalización en los países
latinoamericanos y el contexto de crisis de la economía global, han
influenciado en la inserción de sectores poblacionales rurales del
tercer mundo, en la economía agraria ilícita, para la producción de
plantas que sirven de materia prima para las drogas.
Esta
economía genera “(…) 300,000 empleos para campesinos de los Andes
sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca
(200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has),
que proveen para los mercados regionales internacionales.” (10)
Las
experiencias han reflejado que las limitantes de la política antidroga
desplegada por los Estados Unidos en América Latina, concentradas en la
fumigación de los cultivos son contrarias a las aplicadas en Afganistán,
denotando de forma inmoral, el doble rasero de su guerra contra las
drogas, subyugada a sus prioridades geoestratégicas para cada región.
Sin
embargo, no se aplican políticas para reducir las desigualdades
socioeconómicas, con una redistribución de la riqueza más justa, que
posibilite la ampliación de la clase media, acortando la brecha entre
ricos y pobres, lo cual sí impulsaría a los programas orientados a
eliminar el TID y otros delitos conexos. Por el contrario, las fórmulas
empleadas por el gobierno de Estados Unidos en la guerra antidroga
acrecientan la dependencia económico-comercial y financiera de los
países latinoamericanos.
La producción de
materias primas, el procesamiento, transportación y comercialización de
las drogas, así como la seguridad que deben proveer para su exportación
incluye a un mayor número de personas cada día, que hallan en este
negocio una salida a los efectos de la crisis de la economía global
sobre la pobreza y el empleo. Estas circunstancias atraen a los sectores
más pobres de la sociedad, tanto de los países productores como de los
consumidores a los que se dirigen, donde resultan más vulnerables los
jóvenes, los migrantes y las mujeres.
El lavado
de dinero y el contrabando abierto cobran auge con el TID. Nuevamente
el contexto de crisis favorece el negocio, puesto que los bancos
necesitan de una inyección monetaria que el TDI está dispuesto a aportar
con tal de blanquear sus ganancias. Otra de las vías que hallan los
narcotraficantes para el blanqueo de capitales es la inversión en el
turismo, la construcción y el sector exportador.
A
nivel macroeconómico, una vez que el lavado de dinero les proporciona
un respaldo legal a las ganancias derivadas del TDI, se introducen al
sistema financiero internacional, participando en el pago de las deudas.
En este sentido, las ganancias del TID se insertan en el sistema
económico mundial, apoyando la lógica neoliberal.
En
los países en vías de desarrollo, es en donde más agudos son los
efectos económicos del neoliberalismo y, también, del TDI. Las ganancias
del negocio dependen de los precios internacionales y de la demanda. Su
condición de droga ilícita aumenta los dividendos, pues la restricción
tiende a incidir en el aumento del precio. Con el dinero acumulado por
este negocio se financian la compra de mercancías en el exterior a
través de mercados cambiarios, de modo que las divisas generadas por el
TDI no ingresan al país productor directamente. De esta forma, se
derrumba el mito de que el negocio de las drogas es una forma de
beneficiar el desarrollo de los países del Tercer Mundo, reconociéndose
como una forma más, de atar a estos pueblos en la pobreza y la
dependencia de las grandes potencias.
Particularizando
el caso de Centroamérica, luego de la Conferencia de “Seguridad”, el
pasado 22 de junio de 2011, Estados Unidos propuso el llamado “Grupo de
Amigos” como ayuda internacional de las potencias que luchan contra el
TID en la subregión. La Secretaria de Estado expresó: “La estrategia
debe reflejar la naturaleza trasnacional del desafío que encaramos. Los
cárteles y los delincuentes no se contienen en las fronteras y por tanto
nuestra respuesta tampoco debe hacerlo.” (11)
Las
declaraciones de la jefa de la diplomacia norteamericana, permiten
dilucidar que en el nuevo panorama latinoamericano, se asiste a un
proceso de creciente privatización de la seguridad, como una nueva
dimensión del avance de los procesos de privatización en general. Se
está padeciendo de una securitización de los temas de mayor
sensibilidad, que rebasa las fronteras nacionales, bajo el escudo
político-diplomático de la lucha contra un problema de alcance global.
Con ese objetivo, las potencias occidentales incluyen, de forma
creciente, al sector empresarial dentro de los entes responsables, que
tratan de contrarrestar, a través de una financiación ficticia, los
problemas sociopolíticos.
El peligro de
privatizar la lucha contra el TID se acentúa en los puntos abordados por
Hillary Clinton al enfatizar: “(…) tenemos una responsabilidad
compartida y ahora tenemos que verla en acción. Pero voy a recalcar que
el liderazgo debe originarse en América Central, y no sólo en los
gobiernos, sino también en el sector privado (…)”(12). Ello refleja el
interés del gobierno norteamericano, no sólo de privatizar la lucha
contra el TID y sino también de afianzar sus nexos con el sector
empresarial de la región.
En ese contexto,
varios países del Caribe, acogidos como paraísos fiscales, sirven para
el lavado de dinero del narcotráfico, con una tendencia al aumento, en
tanto crecen las sumas en el mercado. Desde esa perspectiva, el
“narcotráfico” ha constituido una amenaza por su funcionalidad para
fungir como colchón de los países más pobres, sobre los efectos de la
crisis económica global, representando un por ciento considerable del
PNB, así como por las fuentes de empleo que genera, apreciándose también
como la vía de escape de algunos empresarios en declive, para
recapitalizar sus finanzas.
Por otra parte, la
pobreza de los sectores rurales ha alentado la producción y el tráfico
de la droga, incrementándose las áreas de cultivo a pesar de las
políticas antidrogas, que se han trazado con ineficacia entre algunos
países de la región y los Estados Unidos (el Plan Colombia y la
Iniciativa Mérida). Ello ha fecundado en el incremento del poder de
fuego de la región, tanto por parte de los Ejércitos como de los
carteles, elevando las ventas de armas, lo que resulta muy beneficioso
el Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos.
La
fracasada estrategia estadounidense en la cruzada contra las drogas, no
sólo ha incentivado la violencia y la criminalidad, sino que ha
incrementado directamente el poder de fuego de los carteles. Para ello,
las autoridades norteamericanas han impulsado operativos como el
“Receptor Abierto”, en los años 2006 y 2007, el Rápido y Furioso y el
Naufragio, lo que llevó a que, Eric Holder, fiscal general de Estados
Unidos, reconociera ante el Senado -pasado 10 de noviembre de 2011- el
fracaso de la operación Rápido y Furioso.
Según
datos oficiales de la ONU, el mercado de las drogas representa
alrededor del 0,8 por ciento del PIB de los Estados Unidos; sin embargo
para los países de América Latina la dependencia aumenta, dejándola
sumergida entre el “narco” y la dominación, como fórmula del hegemón
para avanzar, un paso más, sobre los pueblos de Nuestra América. Ante
esa realidad, vale la pena repensar nuestras formas de integrar nuestra
diversidad, para juntos consensuar proyectos autónomos que, con sus
limitantes y desaciertos, rememoren la sentencia martiana:
“El vino, de plátano, y si sale amargo, es nuestro vino.”
Bibliografía:
•
Betancourt Santiago, Milson. “El movimiento de campesinos cocaleros del
Putumayo en Colombia”. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, 2004.
•
Blanes, José y Mansilla, H.C.F. “Cinco tesis sobre el trasfondo del
complejo coca/cocaína en Bolivia”.
http://www.nuso.org/upload/articulos/2486_1.pdf
• Carrera,
Hernán. “Estados Unidos y los quinientos mil millones de dólares del
negocio de la droga”. En:
www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Hern%C3%A1n+Carrera&inicio=0
• Castillo, Fabio. “Los jinetes de la cocaína”. Editorial Documentos Periodísticos. Santafé de Bogotá, 1988.
•
Castro de la Mata, Ramiro y Zavaleta Martínez-Vargas, Alfonso. “Los
campesinos cocaleros peruanos y el problema de las drogas 2001”.
Editorial CEDRO. Lima, 2002.
• Carbonell, Manuel. (2008).
Principales amenazas de la seguridad nacional de América Latina y el
Caribe en el primer decenio del siglo XXI. Seguridad y Defensa n.3. La
Habana.
• Capote, Ileana (2009 a) ALCA Y ALBA ¿Contradictorios y/o Alternativos? Ediciones Planeta. México.
• Capote, Ileana (2009 b) Centroamérica y el CAFTA. Instituto Superior Relaciones Internacionales. Texto Inédito.
• Chernick, Marc W. La guerra de los Estados Unidos contra las drogas. No. 19.
• Chernick Marc (1992). La guerra de los Estados Unidos contra las drogas. Cuadernos de Nuestra América, IX, 80-86.
•
Despaigne, Yordenis (2009) La Agencia de Estados Unidos de América para
el Desarrollo Internacional en Centroamérica: Nicaragua, Hondura y
Guatemala. Tesis de Diplomado. La Habana: Instituto Superior de
Relaciones Internacionales. Texto Inédito.
• D´Estefano
Pisani, Miguel Antonio (1986). Esquemas del Derecho Internacional
Público, Tomo I, Primera Parte, La Habana: Pueblo y Educación.
• Del Olmo, Rosa (1991). La internacionalización Jurídica de la Droga. Nueva Sociedad. Consultado el 23 de octubre de 2010. En
http://www.womensciencenet.org/view.php?folder=51&table=article&ID=10464.
•
Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia. “Los efectos de
la descertificación”. http://bogota.usembassy.gov/wwwsdesc.shtml
• Foucault, Michel. “Vigilar y Castigar”. Editorial Siglo XXI. Madrid, 1975.
• Fumeta, Al. “Afganistán; ‘Guerra por el control de la heroína’”.
• http://alf.trota-mundos.com/?p=48
• Fundación Antidrogas de las Américas. http://www.drogas.com/
•
García Cuñarro, Luis M. (2006). El militarismo contemporáneo de los
Estados Unidos. Influencia en América Latina y el Caribe. Seguridad y
Defensa, 4, 26-32.
• Hernández, Yordanis (2009) Las drogas
como instrumento de presión política en las relaciones Estados
Unidos-Caribe .Tesis de Maestría. La Habana: Instituto de Relaciones
Internacionales. Texto Inédito.
• Hernández Martínez, Jorge
(2004). Los Estados Unidos - América Latina: el contrapunteo histórico
entre la hegemonía y la "seguridad nacional". Cuadernos de Nuestra
América, XVI, 11-40.
• Jaramillo Edwards, Isabel. Las
dimensiones político estratégicas: los Estados Unidos y los casos de
México, Colombia y Venezuela. CNA, 2003-2004.
• Oficina de las
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC). “Las Naciones
Unidas contra la Droga”
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/
•
Pampillón, Rafael y Verna, Gérard. “Ley del mercado y narcotráfico: el
caso de Colombia”. Revista “Política Exterior”, Nº 45. Madrid, 1995.
• Panneta, Linda. “Plan Colombia”… “plan de muerte”.
• http://www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/pcolom/2.htm
•
Pegoraro, Juan. “Inseguridad y violencia en el marco del control
social”. “Espacio Abierto”. Vol. 10 Nº 3. Cuaderno Venezolano de
Sociología, Universidad del Zulia. Maracaibo, 2001.
• Presidencia de la República de Colombia. “Plan Colombia”. 1999. En: http://bogota.usembassy.gov/wwwsplan.shtml
• Ruilova Quezada, Eduardo. “Colombia: El Plan Patriota y sus secuelas” http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/3324
•
Suárez Salazar, Luis (1987): "El `narcotráfico' en las relaciones
interamericanas: un enfoque estructural", en Cuadernos de Nuestra
América, La Habana, julio-diciembre de 1987, No. 8.
•
Suárez-Salazar, Luis. Conflictos sociales y políticos generados por la
droga. En: NUEVA SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 1989, PP. 107-119.
•
Suárez Salazar, Luis (1990) "`Narcotráfico' y conflictos sociales y
políticos en América Latina: algunas hipótesis", en Cuadernos de Nuestra
América, La Habana, enero-junio de 1990, No. 14.
• Suárez Salazar, Luis. Geopolítica y drogas en el hemisferio occidental. En: www.mamacoca.org/fsmt
•
Suárez Salazar, Luis (1992): “’Narcotráfico’ y subdesarrollo en América
Latina y el Caribe: algunas reflexiones”, en Drogas, sociedades adictas
y economía subterránea, Cochabamba, Bolivia, 1992.
• Suárez
Salazar, Luis (1995): “Nuevo ‘orden’ mundial, integración y derechos
humanos en el Caribe: Apuntes para una reconceptualización”, en
Globalización, Integración y Derechos Humanos en el Caribe, ILSA,
Bogotá, 1995, pp. 101-146.
• Suárez Salazar, Luis (2001):
América Latina y el Caribe: Medio siglo de crimen e impunidad
(1948-1998), Editorial ZAMBON - Editorial José Martí, Frankfurt y La
Habana, 2001.
• Santana, Adalberto (2004). El Narcotráfico en América Latina. México: Siglo XXI, Editores, S.A.
• Soberón, Ricardo. Las tendencias del narcotráfico en América Latina. En: www.tni.org
• Sevares, Julio. “El dinero sucio, sangre del sistema económico y el poder” www.argentina.attac.org/
•
Oliva Campos, Carlos (2004). América Latina y el Caribe frente a la
hegemonía global de los Estados Unidos: los otros senderos del ALCA.
Cuadernos de Nuestra América, XVII, 135-191.
• Padilla, René
(1989) Principales efectos políticos, económicos y sociales del tráfico
ilícito de drogas en las relaciones latinoamericanas 1980-1989 Tesis de
Diploma. La Habana: Instituto de Relaciones Internacionales. Texto
Inédito.
• Zirnite, Peter y Coletta Youngers (1997): “Las
fuerzas armadas de los Estados Unidos y la guerra antidrogas: soldados
indóciles”, en ALAI Servicio Informativo, no. 261, Quito, 29 de octubre
de 1997, pp. 20-21.
• Word Drug Report de 2011. En:
http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf
•
Informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y
tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. En:
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/11/10/el-estado-mexicano-acusado-de-torturar-desaparecer-y-ejecutar-con-impunidad/
• Bajo consumo de drogas “blandas” y se eleva el de las sintéticas: ONU. En:
http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-“blandas”-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu
• Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaína “es la solución, le doy la bienvenida; no me opongo a eso”.
•
Véase en:
http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D
• "Es legítimo que se empiece a discutir la legalización de
las drogas" en: El País. 4 de octubre de 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html
• Vicente Fox aboga por legalizar las drogas para acabar la
guerra contra el narcotráfico. En:
http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html
• Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad de
América Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007x2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
Notas:
1)
Expresó en el año 2002, Cass Ballenger, en aquel entonces, presidente
del Subcomité del Hemisferio Occidental, en las palabras inaugurales, de
una reunión celebrada para el proceso de aprobación de la propuesta de
asistencia del gobierno de Bush para la región andina, en el Subcomité
del Hemisferio Occidental (Comité de Relaciones Internacionales) de la
Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se celebró una
audiencia el pasado 28 de junio. Véase en: www.viaalterna.com.co
2)
Ver en: Word Drug Report de 2011. En:
http://www.unodc.org/documents/southerncone//Topics_drugs/WDR/2011/Executive_Summary_-_Espanol.pdf
Otras Instituciones y autores reflejan cifras superiores que oscilan
desde 400 mil a 700 mil millones de dólares.
3) Véase en
informe: “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y
tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”
4)
Fuente:
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2011/11/10/el-estado-mexicano-acusado-de-torturar-desaparecer-y-ejecutar-con-impunidad/
y en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139113
5)
Isabel Jaramillo Edwards. Las dimensiones político estratégicas: los
Estados Unidos y los casos de México, Colombia y Venezuela. CNA,
2003-2004, p. 58.
6) El 19 de octubre de 2011, legisladores de
California defendieron el consumo de mariguana con fines terapéuticos,
luego que procuradores federales en el estado advirtieran acciones
contra las distribuidoras de droga que sigan operando en diciembre
próximo. El senador estatal Mark Leno y el asambleísta Tom Ammiano,
ambos demócratas del área de San Francisco, cuestionaron que el gobierno
federal utilice recursos para impedir que miles de pacientes consuman
mariguana. California aprobó en 1995 una ley que autoriza a consumir
mariguana con fines terapéuticos. Actualmente unas 90 mil personas
consumen la droga con recetas médicas. La Asociación Médica de
California pidió legalizar la droga. Por su parte, los cuatro
procuradores federales en California advirtieron mediante cartas a
cientos de distribuidores de mariguana medicina que si no suspenden
operaciones para mediados de diciembre, pueden perder sus propiedades.
7)
Vicente Fox aboga por legalizar las drogas para acabar la guerra contra
el narcotráfico. En:
http://es-us.noticias.yahoo.com/vicente-fox-aboga-legalizar-drogas-acabar-guerra-narcotr%C3%A1fico-191613058.html
8) Juan Manuel Santos: Si legalizar la cocaína “es la solución, le doy la bienvenida; no me opongo a eso”.
9)
Véase en:
http://colarebo.wordpress.com/2011/11/15/juan-manuel-santos-si-legalizar-la-cocaina-%E2%80%9Ces-la-solucion-le-doy-la-bienvenida-no-me-opongo-a-eso%E2%80%9D
10) Véase: "Es legítimo que se empiece a discutir la
legalización de las drogas" en: El País. 4 de octubre de 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/actualidad/1317726897_763271.html
11) Bajo consumo de drogas “blandas” y se eleva el de las
sintéticas: ONU. En:
http://www.animalpolitico.com/2011/06/baja-consumo-de-drogas-“blandas”-y-se-eleva-el-de-las-sinteticas-onu
12) Soberón, Ricardo. Las tendencias del narcotráfico en América Latina. En: www.tni.org
Ver:
Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad de América
Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007x2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
Ver: Declaraciones de Clinton en la Conferencia de Seguridad
de América Central (SICA). En:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/06/20110623125007x2.171814e-03.html#ixzz7GotQjTrb
