Bernabéu: Ex presidente Cristiani, implicado en la masacre jesuita

Juan José Dalton

La abogada querellante del Caso Jesuitas en España considera que en la actualidad existen pruebas fehacientes contra el ex mandatario, por las que incluso podría ser procesado y hasta extraditado a España

Luego de 25 años de ocurrida la “Masacre Jesuita”, los pelos todavía se paran de punta, la piel se erizan e internamente muchas personas sienten escozor y miedo. Almudena Bernabéu, la principal abogada querellante contra un grupo de militares presuntamente autores materiales e intelectuales del múltiple crimen que horrorizó al mundo un 16 de noviembre de 1989, revela en esta entrevista que el ex presidente Alfredo Cristiani “está implicado en el asesinato”; que hay pruebas documentales y testificales, y que por lo tanto podría ser encausado por la Audiencia Nacional de España, y hasta extraditado si el juez Eloy Velazco así lo requiere, junto a 13 oficiales y soldados que participaron en las órdenes y en las ejecuciones directas contra seis sacerdotes –cinco de ellos españoles- y dos empleadas, humildes e inocentes mujeres.
Bernabéu pertenece al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), y en su expediente tiene juicios civiles ganados contra varios esbirros salvadoreños y de otras nacionalidades latinoamericanas, entre ellos dos ex ministros salvadoreños residentes en Miami, los ex generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova. Bernabéu es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y abogada. Reside en San Francisco, California y es profesora de la Universidad de Berkeley, en ese mismo Estado; además es considerada como una “caza torturadores”.

Juramentación del Gral. René Emilio Ponce como ministro de Defensa, por parte del presidente Cristiani. Foto: Internet

En El Salvador hay dudas sobre el por qué el ex presidente Alfredo Cristiani, que cuando la masacre jesuita era el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, no está procesado. ¿No hay pruebas contra él? De ser así podría ser procesado y extraditado a España?
Después de revisar la prueba durante seis años, revisar documentación e informes periciales, y escuchar los testimonios de los dos ex militares que contribuyeron a la causa, la respuesta es sí. Su implicación (de Cristiani) no pasa en el hecho que él haya participado, porque él no mató a nadie, sino de lo que sabía del caso y cuándo lo supo. El presidente Cristiani, después de revisar todas las pruebas, estaba al tanto de las decisiones de los militares en aquel momento. Él siempre ha alegado que nunca supo nada, hasta después de ocurrido el crimen y que conoce de la implicación de militares de Alto Mando en el hecho. Pero en base a documentación y archivos desclasificados de la CIA y otras agencias como el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que mantenían un flujo de información con el Ejército salvadoreño durante la guerra, así como los testimonios de dos ex militares salvadoreños, quienes comunicaron que, cuando la decisión está concebida y se tenía claro como se ejecutaría logísticamente, deciden en comunicarle presidente Cristiani. Por otra parte, la primera llamada que el general Ponce (ya fallecido y el supuesto principal autor intelectual) hace, según uno de los testigos –después de ejecutada la orden-, fue al presidente Cristiani, en la madrugada del día 16 de noviembre de 1989”.

Doctora, sorprende su declaración, pero cuéntenos ¿cómo avanza el proceso judicial en España?
Después de un año tumultuoso, en el que se aprobó una reforma judicial que sustancialmente limitaba la aplicación de la Justicia Universal, estábamos en el limbo y esperando la reacción de los jueces y con qué tipo de recursos íbamos a proceder. La reforma implicaba un cierre parcial de las causas, hasta que se determinara si había o no competencia por parte de la Audiencia Nacional, con ciertos requisitos, y esto dio lugar a que el Juez Eloy Velasco, de mote propio y tras aplicar la Ley, emitió una orden en la que mantenía la causa abierta, por encontrarse el delito de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. El delito de terrorismo no era tocado por la nueva Ley, sino que los delitos de índole internacional. Entonces el delito de terrorismo continúa siendo un delito sobre el cual España tiene competencia extraterritorial, siempre que las víctimas sean españolas, sin importar donde haya ocurrido el delito”.



Pero, disculpe, ¿qué significa eso para el Caso Jesuitas?
“Después de la decisión del Juez Velasco, los abogados de la causa nos reunimos y decidimos que no nos íbamos a conformar con un caso sólo por terrorismo y sólo por españoles, cuando el Caso Jesuitas es un caso en su vocación de y para El Salvador, y es un caso de lesa humanidad, algo que es importante para los Derechos Humanos. Entonces nosotros presentamos una serie de alegaciones a la Sala de lo Penal, y nuestra sorpresa fue que el 3 de octubre pasado, la Sala resolvió por unanimidad (20 jueces) que se aceptaba por entero nuestras alegaciones como parte querellante y se seguirá el caso por lesa humanidad. Nuestro criterio es que si en un mismo hecho se configura el delito de terrorismo y el delito de lesa humanidad, un juez no puede partir por una relación concursal y procesal de no ver un solo hecho en un crimen en el que han ocurrido varios delitos, sino que debe ver todo. Así que el caso continúa”.

Sabemos que el ex coronel Inocente Montano está preso en Estados Unidos. ¿Podrían extraditarlo a España por su implicación en el Caso Jesuitas?
Ese proceso está progresando muy bien. A partir de la condena penal de Montano (por fraudes migratorios), consideramos oportuno darle a conocer al Juez Velasco el resultado de la condena. Nuestra perito en el caso que se le siguió a Montano en Estados Unidos, Terry Karl, pudo revisar documentación nueva y obtuvimos documentos adicionales de la  desclasificación de organismos de inteligencia de Estados Unidos, incluso con indagaciones en El Salvador… Se tuvo información sustantiva de la participación de Montano en el crimen de los jesuitas, en la decisión de asesinar a Ignacio Ellacuría (entonces rector de UCA) Consideramos necesario hacerle saber esto al Juez Velasco, para que ampliara la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos. Hoy ya el Juez envió una orden ampliada de extradición a Estados Unidos y creo que Estados Unidos tiene todo lo que necesita para extraditar a Montano y lo que quieren esperar es que termine su condena, el 15 de abril de 2015.



¿Qué significa eso?
“Por requisitos de la Ley penal y procesal en España, necesitamos uno de los implicados en suelo español para abrir la fase de juicio oral, una fase que es larga y compleja, que hasta puede ser emotiva. Sería un juicio con tres jueces, con el abogado para Montano, de paga o de oficio, mientras que nosotros representaríamos a las familias de las víctimas y la sociedad española, eso creo que sería el mejor de los escenarios”.

De la forma en cómo se desarrolla el proceso ¿Será posible que los implicados en el caso que permanecen en El Salvador, puedan ser extraditados?
“Eso hay que valorarlo, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, la anterior a la actual, respondió negativamente a una solicitud de extradición que no se había solicitado, sino que lo rechazado fue la orden de captura internacional. La CSJ se vio obligada a responder, luego que los ex militares se acuartelaron. La CSJ española no ha presentado la orden de extradición y creo que, procesalmente, es posible pedir la extradición como se debe”.

MEXICO: LA HUELGA GENERAL Y LO QUE LE SIGUE

Las amenazas de Estado Fallido sí serán televisadas.


Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Universidad de la Filosofía

Con 130 000 asesinados; con 300 000 desplazados… con Ayotzinapa ensangrentada y en vilo por los muertos y por los 43 desaparecidos, casi toda acción parece (sin serlo) corta, parece pequeña, parece inútil. Por eso en el grito de dolor y rebelión con que México clama Justicia y castigo para regresar vivos a los que vivos se llevaron, aparece el llamado a una Huelga General que, desde su origen, es herramienta y no fin en sí misma.

La Huelga General necesita de la clase trabajadora unida para mirar firmemente, cara a cara, al enemigo de clase y de su lucha. La Huelga General necesita del pueblo dispuesto al cambio, de los campesinos y de los estudiantes… de mujeres y hombres que en cualquier actividad sienten que su lucha es una sola, que es un proceso de consciencia apasionada y que con esa lucha cambiarán la historia toda de una vez o en una de su partes indisolubles. No es una tarea sólo de los “dirigentes” ni sólo de unos cuantos. La Huelga General nacida desde las raíces, es un programa, un estado de ánimo, una invocación a la inteligencia democrática y a la serenidad convertidas en firmeza, en claridad, en humor y en creatividad en el arte de batalla.

La Huelga General es un tesoro preciado en el arsenal teórico y práctico de la clase trabajadora y de los pueblos en lucha. El carácter revolucionario de la Huelga General no se detiene en la secuencia de los hechos que se verifican durante su desarrollo sino que se expande, nacional e internacionalmente, para convertir la experiencia, en experiencia viva de clase y en instrumento para fortalecer la corriente genuinamente revolucionaria de la Historia. Una de sus amenazas es la presencia asidua del parasitismo reformista y oportunista.

La Huelga General ha sido presa de todo género de descalificaciones y ataques, contra sus acciones y contra sus definiciones. Ha sido, incluso, agredida con todo tipo de espejismos y confusiones, algunas veces economicistas, otras veces burocratizantes y no pocas veces por la mano de la corrupción y la represión selectiva. Hemos visto hasta el hartazgo cómo se pudren los movimientos de Huelga sacrificados, también, por la crisis de dirección revolucionaria que aun se hace presente en todos los campos.

Hoy en México el llamado a Huelga General emerge de una visión que no contempla sólo a los episodios locales de Ayotzinapa, Tlatlaya, Iguala o Guerrero sino que penetra con su análisis de clase la estructura toda del neoliberalismo y sus mandatos desde Washington, para explicar la situación geopolítica de un país que ha visto cómo los gerentes del PRIANRD le arrebatan sus recursos naturales, su mano de obra y su inteligencia popular al servicio del imperio yanqui.
La Huelga General que se convoca, con sus mayores o menores fuerzas, debe tomarse con mucho respeto porque es un camino para resolver algunas necesidades de corto plazo (frenar la represión, construir herramientas con protagonismo popular para impartir Justicia, fijar condiciones democráticas para decisiones inmediatas…) necesidades de la clase trabajadora que entiende que se encuentra aun dentro de los límites del capitalismo y que es necesario cuidarse de toda conciliación con la burguesía y de las traiciones que suelen desatarse en contra de la lucha.

Esta Huelga, su convocatoria y sus métodos, debe ser incluyente y cuidadosa, incluso hay que cuidarse de la propaganda incendiaria ultra-izquierdista y de quienes ven a la Huelga como una mercancía electoral de coyuntura. La Huelga General no es un artificio discursivo ni un decreto voluntarista. No podemos separar la práctica de la Huelga General de la teoría del socialismo científico una vez que hemos visto pasar ante nuestros ojos mil amarguras y decepciones que nos desmovilizan y nos hacen perder tiempo. Un fracaso con esta Huelga, si ocurriera, debe ser nuestro pero jamás un triunfo de la oligarquía PRIANRD-TELEVISA.

Por eso el plan de lucha no puede agotarse con la Huelga. Una Huelga General no es patrimonio de “dirigentes” sino fuerza revolucionaria que expresa activamente esa conciencia que vive en las cabezas y en los corazones de todos aquellos que sienten con dolor y rabia las miles de injusticias que comente el capitalismo a diario contra sus vidas. Es necesario avanzar hacia una Asamblea Nacional, un frente único constituido abiertamente con todas las fuerzas activadas para asegurar claridad y limpieza a la dirección revolucionaria de la protesta. Ni reformismos ni oportunismos. En la Huelga General convocada para el 20 de noviembre en México deben vivir todos los caídos y todos los que están en pie. Debe expresarse la dignidad de la indignación ante los asesinatos de Estado y ante la impudicia del gobierno que pasea su fraude con todo cinismo hasta en los momentos más inoportunos.

La Huelga General que ronda las cabezas y los corazones, esa Huelga que a unos genera dudas y a otros genera esperanzas, necesita ir de la mano de una Asamblea Política Nacional, con voz internacionalista, y animada por los jóvenes que deben educarnos a todos con la lección de la claridad y la serenidad que a muchos hace falta a esta hora. Huelga y Asamblea necesitan limpiar el terreno y anular las discusiones secundarias y las inútiles. Necesitamos un acuerdo de las bases, de toda las bases, democráticas y sinceras, que exigen la renovación radical de las dirigencias en todas las instituciones y organizaciones políticas.

La Huelga General por sí sola es insuficiente porque no es milagrosa. Debe arrojar resultados y programas de acción muy dinámicos y democráticos, con alcances de intervención estructurales realmente profundos en la revolución completa de los paradigmas y no sólo de las formas. No hagamos una gran fiesta de la rebeldía, una celebración democrática de la rabia conciente y transformadora, para terminar dejándola en manos de nuestros verdugos y para que corrijan ellos el espanto macabro en que han hundido a nuestro pueblo mientras hacen los grandes negocios privatizadores. Ninguna amenaza de Peña Nieto puede contra la Huelga General ni contra sus alcances, por más que, distinto a su costumbre en Atenco, por ejemplo, diga ahora (como le ordenan decir desde Washington) que no quiere “hacer uso de la fuerza”. El único autorizado para usar la fuerza democrática es el pueblo soberano. ¡Vivos los queremos!

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
Universidad de la Filosofía

Ética, periodística y también política

Ernesto Martinchuk 

El estado de desesperanza colectiva y el creciente divorcio entre el sistema político y las expectativas de la sociedad son los rasgos fundamentales de una crisis profunda que el país está atravesando. Crisis fundamentalmente de confianza.

La confianza de la sociedad impone un compromiso porque reclama estar a la altura de las circunstancias. La historia reciente registra ejemplos sobre los que vale la pena reflexionar. En 1983, al iniciarse el nuevo ciclo democrático, las encuestas de opinión indicaban que la dirigencia política, marginada durante los siete años de autoritarismo militar, encarnaba la renaciente esperanza de los argentinos.

Por ese entonces, los medios de comunicación social sufrían un cuestionamiento generalizado por su, en su gran mayoría, silencio durante esos años trágicos de nuestra historia.

La vida democrática y un clima –en general- de libertad de expresión, fue invirtiendo esa escala y tanto la dirigencia política, las estructuras partidarias y los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sufrieron un proceso de erosión, cuyo punto culminante parece haber llegado hoy a partir de la reciente crisis en el Senado.

Estas últimas dos semanas hemos tenido a la Presidente, Cristina Fermández, enferma, y el cuestionado vicepresidente Amado Boudou, “borrrado” de la función pública. Tras la frustración de las expectativas favorables que rodearon al cambio de gobierno hace poco más de una década, la opinión pública percibe ahora que esa mal denominada “clase política”, que en 1983 aparecía como una alternativa de solución, ha defraudado la confianza que le había sido depositada por la sociedad.

Resulta, ahora, imprescindible que el periodismo argentino se mire en el mismo espejo de esta realidad para encontrar las claves que le permitan reflexionar profundamente acerca de la responsabilidad social que le compete en la Argentina de hoy.

La valoración de la Ética Periodística adquiere una nueva dimensión social que no es sólo un imperativo ineludible, de carácter estrictamente profesional, sino que pasa a convertirse en un componente fundamental para la recomposición de la ética pública, que no se agota en las obligaciones de políticos y funcionarios.

La cuestión es determinar cuál es el criterio de la moral en la sociedad, recomponer los valores sobre los que se asienta y que creencias la alimentan. La mejor justicia no se administra en los tribunales. Fluye del comportamiento individual y social, sin coerción judicial, arraigados por la tradición cultural.

En toda sociedad operan mecanismos de interacción entre los hombres guiados por principios superiores de moral y cultura, que se forman con la educación formal y la informal que surgen de todos los medios que alimentan el espíritu y la conciencia humana a través del rol de los medios de comunicación.

Más vale dar a los hombres buenas costumbres que leyes y tribunales. Las buenas costumbres se siembran en el hogar, que no es lo mismo que en la casa. Hogar es donde se forma el niño, con valores y ejemplos, luego la escuela las fertiliza, aquí se instruye el soberano y esa formación, la deben exaltar los medios de comunicación que deben prevenir las deformaciones que no sólo se hacen del idioma, sino de las costumbres.

Los medios tienen, en este momento, la responsabilidad de no destruir la formación del hogar y la instrucción que se imparte desde la escuela. Principios básicos de la vida social, como los de la justicia y la solidaridad deben regir la actuación de los medios de comunicación, que deben informar, pero también formar. Los medios crean el lenguaje de la comunicación, pero esta capacidad también tiene que ser responsable.

Los periodistas constituyen una fuerza intermedia entre el gobierno y el ciudadano, entre las acciones de los políticos y la falta de actividad organizada por parte del pueblo. Los medios tienen el deber de afirmar la Justicia. No son jueces ni deben reemplazarlos, pero si son docentes y tienen la obligación de cimentar los valores morales, sin compromisos con el rating o la venta de más ejemplares.

El periodismo, siempre se ha dicho, es un apostolado llamado a exaltar los ejemplos de vida, fomentando la solidaridad y distinguiendo lo bueno de lo malo. El soberano de las democracias modernas, no es sólo un Contribuyente que paga sus impuestos y un Ciudadano que vota. También es un ciudadano que quiere saber y formar su propio saber con autonomía.

El papel de la prensa que la gente valora es el de la fuente de información que no depende, ni del gobierno, ni de la dirigencia política porque intuye que a través del “periodismo militante” no son creíbles.

En temas como el desempleo, la corrupción, la inflación, el narcotráfico, la inseguridad y la educación, la prensa se encuentra frente al desafío de una responsabilidad que va más allá del mero cumplimiento del rol profesional de quienes ejercen el verdadero periodismo. Es una responsabilidad de orden cívico tan importante con la que le cabe a los legisladores, a los gobernantes y a los dirigentes. Todos constituyen un factor de confianza, o de pérdida de la misma, en las instituciones políticas de la sociedad.

Por eso la defensa de una Ética informativa al servicio de la exhibición lo más objetiva posible de los hechos, tiene que seguir siendo la misión impostergable de un periodista, con instrumentos viejos como: chequear la información, consultar distintas fuentes, caminar la calle y mantener distancia de los centros del poder político y económico.

A largo plazo siempre ganara la verdad. Tal vez el periodista pueda pensar en que su trabajo ha fracasado al suministrar material para la historia, pero la historia no fracasará mientras él esté con la verdad. La Ética, es la moral de la conciencia y lo hará intentar entender las motivaciones de todos los implicados en cada situación.

Ernesto Martinchuk es periodista, docente, escritor, documentalista, investigador.

No hay diferencia entre narco, burguesía y élites

Raúl Zibechi - La Jornada
 
Propongo que dejemos de hablar de narco (narcotráfico o tráfico de drogas) como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo central que revelan los terribles hechos: la alianza entre la élite económica y el poder militar-estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y, como ella, no puede sino tener lazos estrechos con los estados.

La historia suele ayudar a echar luz sobre los hechos actuales. La piratería, como práctica de saqueo y bandolerismo en el mar, jugó un papel importante en la transición hegemónica, debilitando a España, potencia colonial decadente, por parte de las potencias emergentes Francia e Inglaterra. La única diferencia entre piratas y corsarios es que éstos recibían "patentes de corso", firmadas por monarcas, que legalizaban su actuación delictiva cuando la realizaban contra barcos y poblaciones de naciones enemigas.

Las potencias disponían así de armadas adicionales sin los gastos que implicaban y conseguían debilitar a sus enemigos "tercerizando" la guerra. Además, utilizaban los servicios de los corsarios sin pagar costos políticos, como si los destrozos que causaban fueran "desbordes" fuera del control de las monarquías, cuando en realidad no tenían la menor autonomía de las élites en el poder. La línea que separa lo legal de lo ilegal es tenue y variable.

Encuentro varias razones para dejar de considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado.

La primera, es histórica. Es bien conocido el caso de Lucky Luciano, jefe de la Cosa Nostra preso en Estados Unidos. Cuando las tropas estadunidenses desembarcaron en Sicilia, en 1943, para combatir al régimen de Mussolini, contaron con el apoyo activo de la mafia. El gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Luciano, por el cual éste movilizó a sus partidarios a favor de los aliados a cambio de su posterior deportación a Italia, donde vivió el resto de su vida organizando sus negocios ilegales.

Los mafiosos eran, además, fervientes anticomunistas, por lo que fueron usados en el combate a las fuerzas de izquierda en el mundo y como fuerza de choque contra los sindicatos estadunidenses.

En segundo lugar, la superpotencia utilizó el negocio de las drogas en su intervención militar en el sureste de Asia, en particular en la guerra contra Vietnam. Pero también a escala local, en el mismo periodo, para destruir al movimiento revolucionario Panteras Negras. En ambos casos la CIA jugó un papel destacado. Sobre estos dos primeros puntos hay decenas de publicaciones, lo que hace innecesario entrar en detalles.

En tercer lugar, Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares. Un informe de Americas Watch de 1990 establece que el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, atacaba sistemáticamente a "líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda, particularmente de la Unión Patriótica" (Americas Watch, La guerra contra las drogas en Colombia, 1990, p. 22).

A renglón seguido destaca que "los narcotraficantes se han convertido en grandes terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares".

Este es el punto clave: la confluencia de intereses entre dos sectores que buscan enriquecerse y mantener cuotas de poder, o adquirir más poder, a costa de los campesinos, los sectores populares y las izquierdas. Todo indica que la experiencia colombiana –en modo particular, la alianza de los narcos y los demás sectores de las clases dominantes– está siendo replicada en otros países como México y Guatemala, y está disponible para aplicarla donde las élites globales lo crean necesario. De más está decir que esto no podía hacerse sin el concurso de la agencia "antidrogas" estadunidense, así como de sus fuerzas armadas.

En cuarto lugar, hace falta comprender que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. Funciona como una empresa capitalista, como "una actividad económica racional", como concluye el libro Cocaína & Co., de los sociólogos colombianos Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento (Tercer Mundo Ediciones, 1991). Tiene algunas diferencias con los demás negocios capitalistas, sólo por tratarse de una actividad ilegal.

La violencia criminal, considerada a veces como demencial, es el argumento que suelen utilizar los medios y las autoridades para enfatizar los aspectos especiales del negocio de las drogas. Es tan falso como lo sería atribuir un carácter criminal al cultivo y comercialización de bananas porque en diciembre de 1928 fueron asesinados mil 800 huelguistas que trabajaban en la United Fruit Company en la Ciénaga de Santa Marta, norte colombiano. Algo similar podría atribuirse al negocio minero o al petrolero, manchados de sangre en todo el mundo.

El negocio de las drogas está en sintonía con la financierización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos. Es bueno recordar que durante la crisis de 2008 el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca.

Por último, eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social, para hacer imposible e inviable la organización popular. Nada peor que seguir a los medios que presentan a los narcos como forajidos irracionales. Tienen una estrategia, de clase, la misma a la que pertenecen.

La guerra y la paz, veinte años de guerra

Dagoberto Gutiérrez

La Ofensiva Guerrillera de 1989 fue la culminación de la Guerra de Veinte Años, pero también el agotamiento del acuerdo político llamado Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, los dos acontecimientos coincidieron cronológicamente; pero su relación no aparece visible.

La Ofensiva fue un acontecimiento político con columnas militares y el final del FMLN también fue un hecho políticamente sucesivo con impactos militares. El núcleo de ambos procesos es la guerra misma y este es el acontecimiento político más importante de la historia de nuestro país, con un peso mayor que el de 1821 y el de las guerras por Centroamérica.

En nuestra historia las guerras nos han marcado de manera determinante y los cinco grandes eventos de ese tipo así lo establecen. Desde la primera guerra en 1524 cuando somos invadidos por hordas europeas en compañía de pueblos Quiche, Cachiqueles, Tlaxcaltecas y otros probablemente Aztecas. Esta guerra la perdimos y también perdimos el idioma, el derecho, la religión y la identidad. La segunda guerra fue la de Anastasio Aquino a pocos años de la Independencia formal de 1821; la tercera fueron las guerras morazánicas por Centroamérica que también las perdimos y perdimos a Centroamérica. La cuarta guerra fue la de 1932 que se canceló con una matanza inclemente; la quinta guerra es esta de veinte años liderada, diseñada y pensada por sectores pequeños burgueses intelectuales y finalizada, formalmente, por acuerdos políticos militares que fueron llamados Acuerdos de Paz.

Cada una de estas guerras requiere un examen frío y detenido, buscando el hilo conductor que las conecta a todas y estableciendo sus impactos en el poder político ejercido y en la manera de ejercerlo, en la relación de ese poder con los seres humanos, en la producción de su riqueza y en su distribución; pero necesitamos enfatizar esta última guerra porque es la que estando más fresca resulta quizás la menos comprendida y es, además, la dueña de los impactos más ostensibles en la sociedad actual, veamos algunas de esas consecuencias.

La Guerra de Veinte Años, estableció lo que es posible para un pueblo, cuando este armoniza sus condiciones subjetivas, es decir su ánimo y sus compromisos con las condiciones objetivas o el momento económico, de producción de riqueza y de distribución. Durante veinte años el pueblo llevo adelante una guerra intensa y extensa que nos puso en el mapa del mundo como país y movió y conmovió los cimientos de la sociedad y también sus techo. Esto resulta ser un impacto de necesaria e ineludible reflexión.

La Guerra de Veinte Años, terminó con la clase gobernante ejercida por la Fuerza Armada desde 1932, este hecho pone a esta guerra con una continuidad históricamente unida, muy estrechamente, a ese acontecimiento, de 1932. Esta extinción de el papel gobernante está establecido actualmente en el Art. 212 de la Constitución cuando se define que la Fuerza Armada tiene la finalidad de defender la soberanía del Estado y la integridad del Territorio. Lo breve y preciso del texto no dice nada de todo el contexto histórico que estas líneas contienen.

La Guerra de Veinte Años, terminó con el papel de la oligarquías como fuerza motriz de cambio, transformaciones o mutaciones sociales, puso en primer plano a la pequeña burguesía como el factor capaz de elaborar una teoría política, renovada y renovadora y de llevarla a la práctica; pero además esta clase, la que dirigió la guerra, fue capaz de conducir, orientar y guiar todo este proceso y finalmente, de negociar el final de la guerra con autoridad, prestigio y solvencia. En cierto modo las oligarquías tradicionales fueron derrotadas militarmente.

La Guerra de Veinte Años, concitó, convocó, movilizó, organizó y formó a generaciones enteras de luchadores sociales y definió una utopía cuya realización pasaba por victorias militares y políticas, todos estos fenómenos impactaron, como nunca en nuestra historia, a una sociedad tradicionalmente, sometida, esclavizada por sectores dominantes inclementes, inconmovibles y sangrientos.

La Guerra de Veinte Años, significó el mayor ejercicio político de construcción de alianzas en nuestra historia y sectores de distinto color político, de diferente sabor ideológico, de diferente peso económico, cultural o educativo convergieron, por primera vez en una lucha armada generalizada, contra una dictadura aislada. El mismo sujeto político militar, FMLN, expresa esto, en tanto fue otro acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas en un proceso convergente frente a la dictadura que se enfrentaba; pero divergente frente a un nuevo mundo y a una sociedad a construir.

La Guerra de Veinte Años, construyó un escenario local de insurgencia que enfrentó con éxito a la contra insurgencia sostenida y liderada por los Estados Unidos, esfuerzo que fue capaz de construir una correlación favorable alrededor del mundo y todo el poder imperial y sus inteligencias no fueron capaces de descifrar el fenómeno, ni de entender nuestras propias raíces históricas de esta guerra.

La Guerra de Veinte Años, siendo una guerra fundamentalmente campesina, no puso en el centro, la reivindicación de una Reforma Agraria, como sí la distribución de la tierra, no fuera un factor de movilización y de confrontación, fue el reclamo democrático el que apareció y pareció ser el nervio movilizador. Por supuesto que el problema tierra estaba en la cabeza, en los nervios, en las manos que disparaban, en las fuerzas que se movilizaban y enfrentaban a las oligarquías y a los imperios.

La Guerra de Veinte Años, terminó sin post guerra y al finalizar, durante las negociaciones definitivas, precipitó la extinción del acuerdo político llamado FMLN. Aquella alianza que fue el sujeto conductor se extingue durante el proceso final de negociación, precedida por la finalización de la guerra de tal manera que al firmarse y celebrarse los Acuerdos de Paz, ya perecían tanto la Guerra Civil como el FMLN.

La situación actual del proceso político salvadoreño le debe mucho al proceso que he referido brevemente y conviene darse cuenta que la guerra social que vive nuestro país no es hija ni pariente de la guerra civil de veinte años, ni el actor político u operador político, partido FMLN, guarda continuidad con el sujeto político del mismo nombre. Las claves para vislumbrar las raíces del actual momento se encuentran en los acontecimientos que siguieron al fin de la guerra y crearon las condiciones para una post guerra sui generis, lo cual analizaremos en otro momento.

Hoy rendimos homenaje a los heroicos combatientes que regaron con su sangre y con sus vidas los caminos históricos de la patria, estos hicieron posible lo que parecía imposible, estos supieron que solo se revelan e indignan los dignos.

Los Héroes y los Mártires nos alumbran y nos guían, nosotros los tenemos en la mesita de noche día tras día y minuto a minuto.

La epopeya desconocida de los médicos guerrilleros en El Salvador

Miguel Huezo Mixco *
El Faro

El autor recuerda para nuestros lectores un episodio que luce "los triunfos de la misericordia y el bien" como reacción y reflejo de la brutalidad más atroz de la guerra civil salvadoreña.
 
Fue una noche de espanto. Nuestra larga columna caminó a ciegas sufriendo todo tipo de golpes y deslizamientos. Pasada la medianoche, la vanguardia se topó con una avanzadilla enemiga y se produjo un breve intercambio de disparos. Tuvimos que dar un largo rodeo para llegar, cuando ya clareaba, al pequeño y abandonado caserío Portillo del Norte, al oriente de Chalatenango. Mientras descansábamos, pasó al lado nuestro una pequeña unidad de hombres exhaustos, bañados en sudor, cargando a un herido en una hamaca.

El hombre había resultado herido en la balacera. Lo llevaron hasta la iglesia del lugar. Fui a verlo. Estaba acostado, boca abajo, quejándose, entre los escombros de la sacristía. Una jovencita le arrancaba a tijerazos el pantalón ennegrecido por la sangre, y dos extranjeros, un médico italiano y un enfermero norteamericano, a quienes no había visto antes, improvisaban una lección. En un español aceptable, rodeados de un grupo de jóvenes, la mayoría mujeres, explicaban que el tiro mostraba un orificio de salida a unos pocos milímetros del ano. Por suerte, no había comprometido ningún órgano vital. Supervisaron la curación y la inyección del anestésico. Una de las muchachas le hablaba al oído y le pasaba la mano por el pelo. Cuando procedieron a coser la herida, con una aguja curva, como una lesna, el hombre comenzó a dar unos terribles gritos. El enfermero miró mi rostro horrorizado y me tranquilizó explicándome que sus gritos eran solo un acto reflejo, que el paciente en realidad no sentía nada.

Los nombres del médico y el enfermero aparecen citados en el libro La otra cara de la guerra: salvar vidas. Experiencias de la sanidad guerrillera en Chalatenango y Cinquera, El Salvador, publicado en San Salvador hace unas semanas. Ellos formaron parte del sistema de sanidad de la guerrilla que operó en la zona norte de El Salvador entre 1981 y 1992. La mayoría de sus integrantes fueron campesinos. Contaron, eso sí, con el apoyo de médicos provenientes de México, Chile, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y, desde luego, El Salvador. Todos ellos gozan de mucho respeto en el mundo de los veteranos de la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, su trabajo todavía no tiene todo el reconocimiento que se merece. Una parte del valor de ese libro consiste en situar en el mapa a un contingente de hombres y mujeres que participaron en aquella conflagración con algodones, agujas y escalpelos. Todos, en momentos dramáticos de nuestras vidas, pasamos por sus improvisados consultorios, y nos pusimos en sus manos con la certeza de que iban a hacer todo lo posible por aliviarnos y salvarnos. En el cumplimiento de sus deberes, “con inocencia y pureza”, como reza el Juramento hipocrático, no pocos perdieron la vida.

La otra parte de la importancia del libro radica en la puesta en limpio de la experiencia de un “sistema sanitario” creado en medio de una guerra de guerrillas. La reconstrucción de los hechos, con dosis de historia política, rescate de la memoria y recuperación de un conocimiento y una práctica únicos, nos permite descubrir la lógica que tuvo, los factores que intervinieron en aquel proceso y por qué las cosas se hicieron de esa manera.

A pesar de que la ferocidad de la historia militar y los enmarañados juegos políticos suelen despertar más atención y curiosidad, un libro como este ayuda a entender esa dimensión, refundida en las memorias personales, que denominamos el “lado humano” de la batalla. Cuando aludo a esa parte humana no intento reivindicar una idea candorosa de un conflicto cuya prioridad inmediata es la aniquilación y desmoralización del antagonista. Por el contrario, creo que este documento nos pone frente al espejo de la brutalidad más atroz, pero mostrando los triunfos de la misericordia y el bien.

Asimismo, en el orden estrictamente técnico, ofrece una visión bastante justa del sistema sanitario insurgente, que con el paso de los años se constituyó en un aparato complejo, que incorporó a médicas, médicos, paramédicos y un numeroso personal de apoyo. Esta organización también prestó atención de primeros auxilios y realizó incontables procedimientos médicos para salvar la vida de los combatientes heridos, incluidos, en algunas ocasiones, los del bando enemigo. En los últimos años de la guerra, además, había conseguido ampliar sus actividades procurando bienestar a una población civil que por siglos había estado excluida de servicios médicos básicos.
 
El origen de ese aparato está ligado al surgimiento de los núcleos guerrilleros urbanos que comenzaron a operar en los años 70, principalmente en San Salvador. Aquel primer sistema sanitario estuvo destinado a atender a personas heridas durante las protestas populares, y también a los guerrilleros y milicianos heridos en acción. Fue, como se describe en el libro, una estructura clandestina, que recurría a médicos y estudiantes de medicina, que tuvo asiento en casas y clínicas privadas, y que fue apoyada en una extensa red de familias que se oponían a los regímenes autoritarios de la época.

Su mayor desafió comenzó después de 1981 cuando las acciones se trasladaron a las zonas rurales. Fue allí donde jugaron un papel clave profesionales de la medicina venidos de los cuatro puntos cardinales del planeta: los “internacionalistas”, como se les llamaba. Ellos no solo desplegaron y aplicaron conocimientos médicos más desarrollados, sino también hicieron una labor educativa y formativa, y crearon protocolos médicos adaptados a las condiciones propias de una guerra irregular. Acostumbrados a intervenir pacientes en quirófanos modernos, desplegaron una enorme capacidad innovadora no solo para montar salas de operaciones y hospitales móviles, improvisando curaciones sobre la marcha, sino también organizando puestos médicos que acompañaban a las unidades de combate.

Jóvenes campesinos, mujeres la inmensa mayoría, a menudo semianalfabetas, asimilaron conocimientos sobre anatomía humana, los sistemas digestivo, nervioso y circulatorio, e incluso sobre odontología y farmacología. A estos médicos y paramédicos también les tocaba el duro papel de consolar a heridos y moribundos que no contaban con el apoyo de sus familias desplazadas por causa de las operaciones de guerra. Fueron curadores y sanadores; hermanos y hermanas; y también padres y madres. Desde donde se lo vea, el suyo no fue un trabajo fácil. Encima de todo, como también lo relata el libro, las iniciativas de los médicos topó a menudo con la estrechez de miras del pequeño “Olimpo”, como uno de los médicos entrevistados llama a las jefaturas que tenían a su cargo las acciones militares y, por ende, las decisiones sobre casi todo lo que ocurría en las zonas controladas por la guerrilla.

Detrás de los reflectores que iluminan a las figuras más visibles de aquel conflicto está la oscura poesía de la guerra, que tuvo uno de sus escenarios en aquellos parajes habitados por los sufrientes. En medio de las operaciones que montaba el ejército para ingresar a las zonas guerrilleras las unidades hospitalarias se desplazaban trabajosamente, con heridos, equipo médico y muy poco personal, como es de imaginarse, pues los brazos más fuertes estaban destinados a la línea de fuego. Iluminados por la luna o las bengalas, aquel cortejo de seres lastimados, rotos, enfermos, constituía una visión conmovedora solo superada en intensidad por las retiradas en masa de la población civil. No es posible evocar unas y otras sin volver a sentir congoja y admiración.

El libro es una historia de esa experiencia contada con las voces de un grupo de hombres y mujeres cuyo trabajo fue hacernos más soportable la guerra. Esa lección de ternura es el mejor alegato a favor de la razón y la no violencia, y la prueba viva de que aun caminando en los desfiladeros del infierno podemos dar lo mejor de nosotros mismos.


Curación en Chalatenango / Foto obtenida por el autor en Fundabril.

COMIDA DE HOCICONES

 Benjamín Cuellar Martínez
 
Al ver a Mauricio Funes recriminar a Ernesto Rivas Gallont por lo que dijo en torno a la  masacre en El Mozote, no queda más que reaccionar ante quien asume y presume haber sido el mejor presidente de este país huérfano de estadistas. No hay que escupir para arriba y hay que cuidar el techo cuando se tiene de vidrio. Rivas Gallont pidió perdón a las víctimas por algo puntual, del todo deleznable, como lo fue el contribuir al intento estatal de encubrir esa terrible masacre. Intento inútil, por cierto. Otra cosa es que ese remordimiento sea sincero, aunque parece que sí. Eso lo sabrá él y nadie más. Pero entre el universo de hipócritas y farsantes de la política guanaca, hay bastantes hasta para regalar. No se trata de defender a quien fue embajador en Washington, D, C., durante la presidencia de Napoleón Duarte. Para nada. Esa persona es un encubridor de un régimen oprobioso. Pero lo ha reconocido y ofrece disculpas.

Ese hecho debería asumirse, más bien, como un primer paso en el camino a transitar para alcanzar la paz real: el de la verdad, la justicia y la reparación integral. Para ello, el arrepentimiento debe acompañarse con la información para materializar las dos primeras de esas aspiraciones postergadas. También la inusitada súplica de perdón debería estimular a otros encubridores, a los autores directos de las atrocidades y a quienes desde arriba mandaron ejecutar a tantas personas indefensas o a capturarlas, torturarlas y desaparecerlas por la fuerza. Debería servir, el gesto de Rivas Gallont, para empujar a que empiecen a reconocer sus culpas y den a conocer detalles de los hechos.

Por eso, que no venga Funes con verbosidades y superioridades. Él también juega en la misma liga de aquellos que en este país han protegido criminales y quizás hasta les gana con buena ventaja, porque lo hizo siendo presidente y comandante general de la Fuerza Armada. Y es que después de vanagloriarse de haber sido periodista inquisitivo, a la hora de las horas cuando tuvo las mejores posibilidades de hacer valer su labia pasada, se le aguadó todo y no mostró valor para hacer lo debido.

Buena muestra de ello es el caso de la masacre en esta Universidad, que está por llegar a los  veinticinco años de ocurrida. También serán ya cinco los lustros de permanecer vigente una impunidad protectora de sus principales responsables y ofensora de las víctimas, de la UCA, de la sociedad salvadoreña y de la humanidad entera. En eso, digan lo que digan, Funes tiene una enorme responsabilidad que es fácilmente demostrable con dos ejemplos.

Uno es el discurso de sus representantes oficiales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes repetitivamente decían que su Gobierno era guiado e inspirado por monseñor Romero y los mártires jesuitas. Además, declaraban el firme compromiso de cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales en la materia; pero, agregaban, “en lo que le corresponde al Órgano Ejecutivo”. Siempre, siempre mantuvieron esa posición. Lo que le tocaba a Casa Presidencial era, según esa tesis sacada de la manga, tan solo reparar.

Esos funcionarios, denunciaron antes al cuarto Gobierno de ARENA desde la cancha de las víctimas y las organizaciones sociales que las acompañaban y acompañan. Le reprocharon al Estado salvadoreño desacatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Con el dedo acusador, le señalaban al jefe del mismo –Antonio Saca– el último círculo infernal donde hervían los violadores de derechos humanos. Con ARENA no repartían pecados de la misma forma entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa. Era Saca el responsable último y punto. A partir del 1 de junio del 2009, como funcionarios alegaban que Funes solamente debía reparar y que lo había hecho.

Así, la Fiscalía nunca fue presionada en serio para que investigara la masacre ni se cabildeó con ganas en el Legislativo para derogar la Ley de amnistía. Pero sí se vio cómo, en su aflicción preelectoral debido a sus temores de lo que podría pasarle si perdía el FMLN, Funes presionó con todo para que se investigara a Francisco Flores y lo logró. ¡Qué bueno! Lástima que para ello se dio el lujo, entre otros, de violar la Constitución.

Regresando a la Comisión Interamericana, en una audiencia para revisar el cumplimiento de sus recomendaciones el delegado estatal alardeó con su única carta de presentación: la “reparación” mediante un homenaje al cumplirse dos décadas de las ejecuciones de Julia Elba Ramos, su hija Celina Mariset y los seis jesuitas. Pero tanto en el discurso de Funes como en la entrega de las condecoraciones “José Matías Delgado”, en ese acto oficial, las víctimas femeninas –madre e hija– no figuraron. ¡Eso no se vale!

La otra responsabilidad de Funes: esconder a los que ordenaron el 15 de noviembre de 1989 la masacre en la UCA, junto a algunos de los que la consumaron en las primeras horas del 16. De par en par se les abrieron los portones de un tenebroso cuartel, para que capearan el temporal. Eso no le envidia nada a lo que ahora es motivo de remordimiento para Rivas Gallont, quien debió sacárselo del pecho antes: cuando la Corte Interamericana deliberaba qué hacer con la masacre de El Mozote. Seguramente le hubiera dado mayor solidez de la que tiene a la buena sentencia emitida. Pero más vale tarde que nunca. 
 
En España se logró avanzar en lo que nunca se avanzó acá: juzgar autores materiales e intelectuales de la matanza. A fines de mayo del 2011, el juez sexto de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– llamó a plenario y en agosto INTERPOL giró las órdenes para su captura. Los hasta entonces “valientes” militares temblaron. Y Funes ordenó que los “resguardaran” o toleró que alguien lo hiciera. ¿Cuál “resguardo”? Quien tenía bien claro lo que debía hacerse, los salvó o aceptó que los salvaran. Entrevistado por el periódico ContraPunto, Funes se lució diciendo cómo procedería de recibir las “alertas rojas” para extraditar a los reclamados por la justicia universal. ¡Qué clara y contundente su respuesta!

Se abren comillas: “Con o sin amnistía, si la orden de detención decretada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Española se hace efectiva en el país, esos jefes miliares van a tener que ser detenidos por la Policía, siguiendo un procedimiento que viene desde la INTERPOL y vamos a tener que solicitar la autorización de la Corte Suprema de Justicia para decidir si se pueden o no extraditar. Así es”. Fin de la cita. ¿Alguien vio siquiera uno de ellos que lo anduvieran exhibiendo esposado, como pasó con Flores?
  
Funes exige que juzguen a Rivas Gallont por El Mozote y yo exijo que lo juzguen a él por la UCA. “Resolver la delincuencia –dijo alguna vez– no es comida de hocicones”. Superar la impunidad tampoco, pero hay que comenzar a meterle a eso para que el país tenga esperanza y su situación cambie de verdad. Hay que hacerlo no solo virtualmente o en la propaganda electorera, sino sobre todo con procesos y sentencias desde arriba hasta abajo.

EL SALVADOR.- 11 de noviembre de 1989: “Ofensiva final” del FMLN …. para negociar

Por Rael Oshun

El triunfo de la revolución nicaragüense, el 19 de julio de (1979), le planteó a la guerrilla salvadoreña el problema de tomar el poder. Pero en el mes de septiembre de (1979), la coyuntura política dio un giro abrupto: comenzaron a surgir posiciones reformistas dentro de la guerrilla que buscaban una salida negociada a la crisis del régimen militar.

El Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), la Unión Democrática Nacionalista (UDN), las Ligas Populares (LP-28), promovieron una plataforma común del Foro Popular, cuyo objetivo era la unidad para enfrentar al régimen militar, al cual después se sumaron otras fuerzas políticas y sociales como el burgués Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) quedando por fuera de este esfuerzo el Bloque Popular Revolucionario (BPR) bajo la influencia de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Producto de la movilización y radicalización popular, las fuerzas armadas promovieron un auto golpe de Estado, el 15 de octubre de 1979, siendo derrocado el General Romero, instaurándose la primera Junta de Gobierno, pero continuaron las huelgas y movilizaciones populares.

La primera Junta de Gobierno fue producto de la alianza entre sectores de la joven oficialidad militar y sectores burgueses que deseaban evitar la repetición del triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979, otorgando mayores libertades políticas, pero la represión continuó provocando la salida de los sectores “progresistas”. Entonces la oligarquía decidió aplacar el dinamismo de las masas, amedrentar a la guerrilla y al movimiento sindical, llevando a cabo las más brutales acciones estratégicas de terror a través de los escuadrones de la muerte creados por Roberto Dabuisson.

El 19 de diciembre de 1979 se formó una Coordinadora Político Militar, que para el 22 de mayo de 1980 se transformó en la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU). El 9 de enero de 1980 se conformó la segunda Junta de Gobierno. El 11 de enero de 1980 se creó la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), integrada por él BPR, FAPU, UDN, LP-28, y el Movimiento Popular de Liberación (MPL) que se suma en mayo de 1980. La represión era imparable, al grado de asesinar a Monseñor Oscar Romero el 24 de marzo de 1980. La respuesta popular fueron grandes huelgas generales dirigidas por La DRU. La efervescencia de las masas era tan fuerte que los frentes de la guerrilla se multiplican. Para septiembre de 1980 se conformó la tercera Junta de Gobierno.

Primera ofensiva del FMLN

En octubre de 1980, inspirados por el auge del movimiento social y la experiencia sandinista en Nicaragua, se conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En enero de 1981, el FMLN lanza su primera gran ofensiva guerrillera después de dos intentos fallidos: el objetivo no fue la inmediata toma del poder, sino hacer sentir su presencia como nuevo sujeto político y militar. La primera ofensiva fracasó porque la clase media había sido ganada al proyecto reformista que representaba Napoleón Duarte y la democracia cristiana, aislándola de los sectores que apoyaban la guerrilla.

Alianza FMLN - FDR

A principios de 1980 se constituyeron dos Frentes políticos no militares con objetivos específicos. En marzo de 1980, surgió el Frente Democrático Salvadoreño (FDS), integrado por el Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador (MPTIES), y por el movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). Finalmente, en abril de 1980 se constituyó el Frente Democrático Revolucionario (FDR).

Los antecedentes organizativos del FDR se encuentran en la CRM. La creación del FDR perseguía crear un instrumento de negociación política. La alianza FMLN-FDR ya indicaba que el gran eje político de la guerrilla sería la negociación y no la toma del poder por medio de la insurrección. No obstante, en enero de 1980, la alianza de las organizaciones populares bajo influencia de la guerrilla había planteado la Plataforma Programática para un Gobierno Democrático Revolucionario (GDR). La idea de alianzas con algunos sectores burgueses opositores, tenía el objetivo político estratégico de buscar aliados contra la oligarquía recalcitrante, en imitación de la experiencia del FSLN en Nicaragua que hizo alianzas con la burguesía opositora para derrotar a Somoza.

La gran diferencia con la guerrilla sandinista es que esta nunca se detuvo en las negociaciones, y promovió siempre la insurrección popular. En cambio, el FMLN y FDR propusieron desde el inicio la negociación política con el gobierno de turno. El 25 de noviembre de 1980, José Napoleón Duarte, presidente de la tercera Junta de Gobierno, llamó al dialogo a todas las fuerzas políticas. Pero el ala fascista de Dabuisson secuestró y asesinó a la mayoría de la dirigencia nacional del FDR el 27 de noviembre de 1980, entre ellos a Juan Chacón del BPR. A pesar de la masacre de su dirigencia, el FDR continuó buscado imposibles soluciones políticas porque en ese momento la estrategia del imperialismo norteamericano era hacer retroceder por la fuerza a la guerrilla y las masas, creando condiciones para una futura negociación política pero bajo una situación favorable a la contrarrevolución.

La guerra civil

El fracaso de la negociación política se combinó con una oleada de terror fascista en las principales ciudades, obligando a la guerrilla a refugiarse en el campo. Dentro de ese contexto de terror contrarrevolucionario, el régimen cívico-militar masacró a la población civil que era base social a la guerrilla, para impedir mayores acciones militares del FMLN.

El FMLN se convirtió en una importante fuerza militar, pero que no tenía la fuerza suficiente para derrotar a las fuerzas armadas que eran apuntaladas por el imperialismo norteamericano. La guerra civil se caracterizó por un frágil equilibrio de las zonas de control de la guerrilla en el campo, y los bastiones de la derecha fascista que controlaba las principales ciudades. En todo este proceso la estrategia de ambos bandos era lograr una negociación política en condiciones favorables,

Ofensiva final “Hasta el Tope” y negociación
Finalmente, después de varias ofensivas y negociaciones fracasadas, en el contexto de la aplicación de los Acuerdos reaccionarios de Esquipulas II, el FMLN lanzó la ofensiva político-militar final, conocida como “Hasta el Tope”, con el objetivo de forzar a la oligarquía a negociar el fin de la guerra y su conversión en una fuerza política. En esa ofensiva el FMLN logró incursionar en San Salvador, mostrando su poderío militar.

A pesar que los Acuerdos de Esquipulas II se referían a la negociación en todo Centroamérica, el régimen en manos de ARENA se había negado a negociar, golpeado al movimiento social, dinamitando el local del Comité de Madres de Presos, Desaparecidos y Asesinados políticos de El Salvador (COMADRES), y horas después, el 31 de octubre de 1989 lanzó una bomba en la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), dando muerte a su secretaria, Febe Elizabeth, y a nueve dirigentes sindicales más. Dieciséis días después, asesinó a los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en la Universidad de Centroamérica José Simeón Cañas (UCA).

La ofensiva de 1989, como las anteriores, era para forzar la negociación. En cierto sentido, logró su cometido, porque fue el inicio de negociaciones cada vez más serias. La situación había cambiado radicalmente a partir de la firma de Esquipulas II. La negociación no era producto del avance de la guerrilla sino del avance de la política del imperialismo.

Se produjeron varias reuniones de diálogo entre el gobierno y el FMLN en México y Costa Rica sin resultados inmediatos. Después del asesinato de Cayetano Carpio en 1983 y de la corriente que representaba, el FMLN terminó siendo controlado por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) que desde 1978 venia obedeciendo los lineamientos políticos de Moscú y La Habana, sosteniendo una línea pacifista y reformista.

Al final, el control del PCS sobre el FMLN mostró que en su plataforma nunca existió el objetivo real de una transformación estructural de la sociedad. Después del tortuoso camino de las negociaciones política que culminaron en 1992 con los Acuerdos de Paz, el FMLN convertido en partido político electorero se acomodó a su nueva vida política y adoptó las reglas del juego de la democracia burguesa, volviéndose continuador del modelo neoliberal cuando accedió al gobierno, aplicando políticas que lejos de contrarrestar los golpes del imperialismo se sujeta al mismo.

Al final de este proceso tenemos un FMLN que maneja un conveniente discurso de izquierda, como lo hiciera antes, sigue citando a Marx públicamente, pero en realidad sus políticas reformistas pacifistas son prácticamente Bernstenianas, pues se observa la relación con la teoría de Bernstein que manifiesta que; "El Socialismo no se daría como resultado de la crisis capitalista, sino que sería por medio de las reformas sociales" nótese la incoherencia en que cae el FMLN entre discurso y práctica.

Es aquí donde comienza el análisis sobre La Historia de la truncada revolución salvadoreña, envuelta en un manto de complots y conspiraciones internas, cuyo desenlace es la actual conducta política del FMLN de total sumisión ante el sistema imperialista.

Milicias Populares ¡Basta ya!

    A todo México:

El nuevo Pacto Contra la Impunidad que anunció el gobierno federal sería para carcajearse si no encubriera el crimen, la tragedia, la barbarie. El único fin de este reciclado Pacto por México entre cúpulas es mediatizar el descontento social y neutralizar el repudio internacional para mantener a salvo el saqueo de nuestros recursos naturales, la explotación de nuestra mano de obra y el pago de la deuda externa a la banca internacional. Su única meta es continuar esta guerra sucia cotidiana para evitar que el descontento popular se transforme en organización.

El esfuerzo oficial para mediatizar a la naciente insurgencia popular, antes de que se organice y fortalezca, incluye incrementar la militarización especialmente en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y otros donde lo que menos les interesa es restablecer el Estado de Derecho porque si así fuera ya hubieran desmantelado a los cárteles mafiosos que hoy son los que mandan en todo el país y muy especialmente en las entidades con mayor presencia del ejército y marina.

¿Les vamos a creer que van a combatir la corrupción y el crimen organizado? ¡Tendrían que suicidarse desde Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam,Manlio Fabio Beltrones, los altos mandos del Ejército, Marina, PFP, gobernadores, magistrados de la tremenda corte, jueces, senadores, diputados y las dirigencias de todos los partidos políticos!

En el aspecto social con programas como la Cruzada Contra el Hambre, Prospera y otras secuelas del Pronasol salinista invierten millones de pesos sin atacar las causas de la miseria sino, al contrario, buscan acostumbrar a las familias que reciben esas limosnas a sobrevivir en la misma pobreza y a volverse dependientes del subsidio oficial a cambio de su voto.

La propuesta desde el poder de crear una comisión de la verdad es otro elemento de la maniobra que pretende desviar la atención pública sobre la responsabilidad del ejército y policía federal. Quieren ocultar que fue un crimen de Estado primero porque participaron fuerzas federales y segundo porque el estado, para sostenerse en el poder formó, desarrolló y sostiene al actual crimen organizado. La única diferencia es que antes estaba más concentrado el poder en tres a cuatro cárteles y actualmente hay muchas subdivisiones porque las ganancias son enormes e imprescindibles para la economía que se basa en el despojo y la rapiña contra el pueblo. El esfuerzo gubernamental se enfoca en volver a cohesionar el mando. Es una delincuencia organizada institucionalizada indispensable para mantener el modo de vida de una élite económica y política.

Una contrapropuesta podría ser formar una Comisión Ciudadana de la Verdad, compuesta por representantes de los familiares, la normal rural, de los pueblos y organizaciones independientes.

Es previsible que el Estado, en su necesidad de recomponerse para que todo siga igual, intentará centralizar aún más el poder en el Ejecutivo, sostenido por las fuerzas armadas (por eso es importante que no trascienda que hacen ejecuciones extrajudiciales, torturan, secuestran, asesinan y se encubren). Para darle visos de legalidad se apoyarán en el poder judicial y en los medios de comunicación tan mercenarios como los Guerreros Unidos, Zetas o cualquier otra banda delincuencial. Buscan acotar al poder legislativo porque aún el más pequeño soplo democrático les estorba para la tremenda rapiña que ya hacen pero que piensan incrementar en la búsqueda irracional que coloca la ganancia por encima de todo. Un indicio es la propuesta priísta, secundada ampliamente por Televisa y TV Azteca, para limitar el número de diputados plurinominales, ya que, sin negar que el Congreso es un nido de ratas, también es cierto que se han levantado voces minoritarias contra las reformas "estructurales". En los hechos cada día van reduciendo los ya de por sí escasos espacios para la vida democrática.

Peña Nieto, el represor de Atenco, y Osorio Chong, quien cerró la Normal Rural de El Mexe, cuando fue gobernador de Hidalgo son las actuales cabezas visibles del Estado mafioso que requiere el sistema neoliberal para mantener una economía que, agotados los límites éticos, se sostiene en el crimen organizado para enriquecer más a una élite y sostener a las parasitarias fuerzas armadas, paramilitares y burocracia. En este momento, de control de daños, cierran filas en el esfuerzo para prolongar el engaño y esconder lo que realmente pasó en Iguala. Hay una maniobra oficial, que incluye un montaje mediático estilo "Caja China" para ocultar la participación de las fuerzas federales, ejército y policía en la masacre, tortura y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y en la que buscan convertir al verdadero autor intelectual en el bueno de la película.

El héroe mediático es el gobierno federal, justiciero, vengador de agravios, que castigará a los culpables y restablecerá el "Estado de derecho" y regresará todo a la "normalidad" como si no existieran además entre 60 y cien mil desaparecidos en los últimos ocho años, como si no existiera esta guerra secreta, silenciosa y bárbara del Estado mafioso contra el pueblo.

Utilizaron el terror para desalentar la inconformidad social ante la embestida privatizadora que viene pero el tiro les salió por la culata porque en lugar del miedo paralizante que esperaban encontraron la indignación no sólo del pueblo mexicano sino de hermanos de varias partes del mundo.

¿Qué seguiría si no reaccionamos cuando disparan contra jóvenes desarmados, matan ahí mismo a tres y hieren a varios, uno de ellos con muerte cerebral y otro con el rostro destrozado, a uno más le quitan la piel de la cara, vacían los ojos y luego asesinan a golpes y secuestran a 43 para luego decir, tan tranquilos que es imposible identificar sus restos?

Hay testimonios de los sobrevivientes, testigos y familiares sobre lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala: los que dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa fueron policías federales, policías de Iguala, sicarios y militares encubiertos.

El Ejército participó en el cerco y hostigamiento contra los estudiantes como se muestra en el hecho de que impidieron que uno de los heridos recibiera atención médica en el hospital e incluso lo golpearon junto a sus acompañantes.

Las filtraciones informativas sobre la participación del ejército y la PFP apenas trascendieron ante la avasallante embestida mediática, principalmente de los noticieros televisivos que uniformemente nos presentan la versión oficial de que los autores intelectuales de la masacre y secuestro son "la pareja imperial" y los autores materiales fueron sicarios de los Guerreros Unidos.

Obviamente callan que los antecedentes criminales de los Abarca y los Pineda ya eran conocidos por el procurador Murillo Karam y por el secretario de gobernación Osorio Chong, incluso había un informe del Cisen que reportaba sus vínculos con la delincuencia organizada. No dicen que el gobierno federal les dio impunidad mientras le fueran útiles para el control del movimiento popular y el asesinato de luchadores sociales. El Estado mafioso mexicano ubica muy bien que su enemigo es el pueblo inconforme mientras que el crimen organizado es una parte fundamental, junto con otros poderes fácticos como las televisoras, para mantenerse en el poder.

Las élites económica y política mantienen un Estado delincuente-organizado que utiliza el terror para sostenerse en el poder y continuar enriqueciéndose cada vez más a costa de sacrificar al resto de los mexicanos ya que con los millones de dólares que ellos tienen en sus cuentas se podría garantizar el derecho a la vivienda, salud y educación de millones de mexicanos marginados.

Dentro de la criminalización de la protesta social, el combate al narcotráfico sirve de máscara para el exterminio de las voces disidentes. Encubre la persecución contra las comunidades que se organizan para defenderse del saqueo de sus tierras, bosques y aguas, contra periodistas, líderes agrarios, sindicales y defensores de derechos humanos. Esa es la normalidad que el mal gobierno insiste en reestablecer.

El Estado delincuencial está en el poder gracias al financiamiento con dinero de la mafia a cambio de permitir y facilitar las empresas criminales. Por ejemplo, la obra pública se concesiona a empresas narco lavadoras, la extracción minera se deja en manos de compañías mafiosas que se apoyan en los sicarios para despojar a los pueblos, como sucede en Aquila, Michoacán y en la mina de oro de Carrizalillo, Guerrero donde las empresas mineras pagan a los matones para impedir que los pueblos reclamen ante el despojo de sus tierras y destrozo del ecosistema. Son una nueva versión de las guardias blancas porfiristas o de las que, al servicio de las trasnacionales, asolaron las regiones petroleras de Veracruz y Tamaulipas antes de la expropiación cardenista. En Zacatecas y Coahuila la minería es un rubro más de ingresos para el crimen organizado.

Toda la trama legal, las reformas energética, de obra pública, de telecomunicaciones y las instituciones creadas para ejecutar y encubrir los crímenes de lesa humanidad que cometen para consumar la apropiación de las riquezas nacionales, en fin, todo el Estado está diseñado para permitir el desarrollo de las empresas privadas nacionales y trasnacionales que se enriquecen con negocios criminales.

Las prioridades del Estado mexicano se reflejan en el presupuesto. Para los primeros cuatro meses de 2014 el gasto del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) fue de 16 mil 532 millones de pesos, 16 veces más de lo invertido durante todo el primer año de la administración peñanietista. En cambio la UNAM, durante el año 2014 sólo recibirá ocho mil 352 millones de pesos, a diferencia de los nueve mil 236 millones de pesos que recibió en 2013. Es decir la policía política recibe el doble de recursos que la máxima casa de estudios del país.

La embestida contra la normal rural de Ayotzinapa es una acción contrainsurgente de guerra sucia para desalentar a la oposición combativa, la que no se limita a consultas en el 2015, a la aplicación a las reformas dizque estructurales, principalmente la energética y educativa.Fue un crimen anunciado porque las formas represivas encubiertas en una supuesta guerra contra el narcotráfico hanido escalando en impunidad. Los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas y la brutalidad asoman dondequiera por más esfuerzos que hagan para ocultar la verdadera cara y el nivel de descomposición del sistema: el ejército, convertido en juez y verdugo ejecuta a opositores políticos como medida preventiva y, con el terror, busca desanimar la ola de protestas y las diferentes formas de organización popular que ya ven venir cuando arrecien los desalojos para entregar las tierras a las empresas mineras y petroleras, de acuerdo a la reforma energética.

El crimen de Iguala es el eco de la impunidad en Aguas Blancas, Acteal, El Charco. Es el reflejo del encubrimiento en Pasta de Conchos, la guardería ABC y los feminicidios en todo el país, muy especialmente en Estado de México, Chihuahua y Morelos donde hay pruebas contundentes de que los ejecutores son comandos paramilitares, sicópatas armados y protegidos desde y para el poder.

El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa se previó con los asesinatos y encarcelamientos de quienes se han atrevido a levantar la voz: periodistas, autodefensas, policías comunitarios, luchadores contra la contaminación y despojo de las tierras y aguas pertenecientes a los pueblos y no a las empresas ladronas.

El secretario de la defensa nacional, el de gobernación, el procurador y Enrique Peña Nieto siempre han sabido qué pasó con los 43 secuestrados y ocultan la verdad para encubrir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que comenten el Ejército y la Marina y así protegerse ellos mismos para ocultar esta guerra silenciosa contra el pueblo mexicano y muy especialmente contra los jóvenes críticos.

Ya hubo el caso de la indígena Ernestina Ascencio, en Zongolica, violada y asesinada por militares cuyos familiares callaron sus reclamos a cambio de una casa nueva. La versión oficial calderonista fue que murió de gastritis. La reputación del ejército quedó sin tacha. Por eso ahora ofrecieron cien mil pesos a los familiares de los normalistas desaparecidos. Los gobernantes corruptos, acostumbrados a comerciar con todo creen que todos son de su condición. Toparon con la dignidad de los padres y familiares.

En Guerrero Rogelio Ortega es el encargado de poner la alfombra roja para que Peña Nieto, Rosario Robles, Osorio Chong, el Ejército y la Marina pasen a convencer a las empresas trasnacionales y nacionales de que la patria sigue en venta y sus ganancias a salvo.

El Horror Crece con el Silencio.

Hay cifras inmensas que no alcanzan para abarcar todo el horror que vivimos los mexicanos: entre 60 y cien mil desapariciones forzadas en los últimos ocho años. Por lo menos dos terceras partes fueron detenidos por algún tipo de policía, el ejército o la marina; El resto, por sicarios ¿Dónde están? ¿En qué lugar los esclavizan? ¿En qué fosa los aventaron? ¿Podemos creer la excusa oficial de que esas víctimas eran delincuentes cuando las regiones más militarizadas o tomadas por la policía federal son precisamente donde los narcos se mueven con mayor impunidad tanto para el tráfico de drogas como para la venta de protección, cobro de piso y secuestros? Además de que con la llegada del Ejército, Marina o PFP aumentan las violaciones, los feminicidios, la explotación sexual y la instalación de antros con dinero sucio.

Hay también muertes en vida como la de más de siete millones y medio de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan ya que cada vez es más difícil acceder a la educación pública y encontrar empleo con salario digno. Algunas cifras: El 90 por ciento de los aspirantes a ingresar a la UNAM este año fueron rechazados. De 35 normales rurales hoy quedan 16. La educación pública laica, gratuita y obligatoria está siendo desmantelada para favorecer la privatización educativa. Las escuelas oficiales se enfocan cada vez más a formar la mano de obra calificada pero mal pagada que necesitan las trasnacionales y hasta esa educación técnica y acrítica es inaccesible para millones de niños y jóvenes que esta sociedad desecha y que sobreviven en la calle sometidos a explotación sexual y laboral, emigran o se enrolan en la delincuencia.

Este sistema asesina hasta la tierra. La apertura a las mineras y petroleras trasnacionales; las modificaciones al artículo 27 que obligan a los campesinos a entregar 'temporalmente'sus tierras a las compañías que se las devolverán sin capa vegetal, contaminadas con arsénico, cianuro y otras sustancias venenosas que utiliza la minería a cielo abierto.

El derecho al agua es el derecho a la vida. En estos tiempos en que todo tiene precio, los ricos se están apoderando de los manantiales, mantos freáticos, ríos y arroyos. Ellos contaminan, ellos desertifican y al escasear el agua potable, sube su precio, por tanto expulsan, encarcelan y asesinan a los habitantes de las comunidades para apropiarse de las aguas. La embestida contra el pueblo yaqui para robarle el agua es un ejemplo de lo que viene a nivel nacional ¿Llegará el día en que vendan el aire embotellado?

El horror cotidiano ya no está únicamente en Guerrero con Ayotzinapa; Estado de México con Tlatlaya; Michoacán con el desmantelamiento de las autodefensas y protección al narco; Morelos con la represión contra Huexca y Tetlama y la continuidad, en los hechos, del Plan Puebla-Panamá; Puebla donde también asesinan manifestantes y privatizan las zonas arqueológicas; Sonora donde se reprime a los yaquis para robarles el agua; Veracruz que mata o compra periodistas; Tamaulipas, tumba de migrantes y donde los paramilitares asesinan impunemente; Nuevo León, territorio de casineros y donde el ejército y la marina asesinan extrajudicialmente casi a diario; Tlaxcala, donde el secuestro para explotación sexual es parte de la vida diaria; Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Durango, estados expulsores de poblaciones enteras que huyen; Oaxaca, en la miseria.

Es el narco el encargado de aterrorizar a los pobladores para que abandonen sus terrenos de los que inmediatamente se apropian las trasnacionales. Se reducen cada vez más los apoyos a los pequeños agricultores para que emigren. El gobierno prefiere importar hasta maíz y frijol transgénicos. Se expropian tierras para entregarlas a las empresas constructoras propiedad de los narcos que financiaron la campaña de Peña Nieto. Los luchadores sociales se vuelven presos políticos o aumentan las estadísticas de asesinatos impunes. Los periodistas honestos sufren amenazas, despidos, persecuciones o de plano son asesinados. Y esto es sólo una parte de la pesadilla que hoy vivimos.

El Ejército, la Marina, la PFP y migración torturan, secuestran, asesinan sin juicio previo, cobran rescate, venden protección y violan en la impunidad. Los sucesivos secretarios de la Defensa Nacional, incluyendo al actual, son narcos. Uno de los ejemplos más evidentes han sido el secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo, general de división diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, cuyo hermano el coronel Pedro Cervantes Aguirre fue investigado, seguido satelitalmente por la CIA y detenido fugazmente por proteger a los Arellano Félix. Fox lo ascendió después a general brigadier. Los militares de inteligencia que descubrieron la información confidencial de los vínculos de la familia de Zedillo y los Cervantes Aguirre con el narco fueron encarcelados en el Campo Militar Número Uno, acusados de traición. Todo esto trascendió por las pugnas entre Salinas, vinculado al cártel del Golfo y al de Juárez mientras Zedillo estaba con los Amezcua de Colima y los Arellano Félix. Los magistrados de la Suprema Corte se venden, condenan a inocentes y absuelven criminales y muchos jueces son parte de la estructura de la delincuencia organizada.

¿Caso Cerrado?

Hoy pretenden cerrar el caso Ayotzinapa afirmando, sin pruebas, que no es posible identificar los restos porque los sicarios los convirtieron en cenizas que arrojaron al agua y por tanto no quedó ADN para verificar las identidades. Esta afirmación busca no solamente el asesinato físico sino la muerte de la esperanza.

¿Podemos creerles que castigarán a los verdaderos culpables y que combatirán su propia corrupción?

¿Podemos creerles a los que han convertido a nuestro país en un infierno?

¿Podemos creerles que ya no seguirán los asesinatos y desapariciones forzadas?

¿Quién les cree que van a luchar contra la corrupción a los que pagaron su campaña con dinero triangulado desde el narco hasta las tarjetas Monex y Soriana?

¿Podrán las campañas propagandísticas a través de los medios vendidos y la limosna de Oportunidades-Prospera mantener en el engaño y el conformismo a una parte de nuestro pueblo?

¿Quién le cree al Estado mafioso?

La Noche No Es Eterna

Soñamos con un país que priorice la industria nacional por encima de las importaciones; que favorezca la agricultura, que retome la siembra comunal, que financie a los pequeños productores, que favorezca el cultivo de alimentos básicos para el consumo nacional.

Soñamos con la recuperación de nuestras tierras, aguas, selvas y bosques para explotarlos de manera sustentable y no depredadora. No a la instalación de mineras y petroleras trasnacionales. Que los recursos naturales y energéticos del país sirvan para construir otro México.

Defendamos nuestras tierras y aguas. Defendamos nuestras culturas originales. Hagamos valer nuestro derecho a una educación pública de calidad e integral. Peleemos nuestros derechos laborales. Exijamos que los presupuestos municipales y estatales se inviertan en escuelas, hospitales, creación de empleos y servicios. Luchemos por una mayor participación en las decisiones políticas de nuestro pueblo o municipio. Cambiemos esta realidad de terror por una donde las mayorías podamos vivir en base al trabajo digno y honrado, el sueño de José María Morelos por el que nuestros tatarabuelos pelearon.

Hagamos Posible el Amanecer.

Nos cansamos de la violencia estructural que en los últimos años ha producido la pobreza de más del 50 % de la población, 20 mexicanos que están entre los más ricos del mundo y más de 100 mil muertos en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Los que se benefician de esta violencia no nos devolverán la patria ni reconocerán nuestros derechos voluntariamente, tenemos que arrancárselo.

Ante un Estado que se sostiene en la represión, el crimen y el terror cotidiano la respuesta con la violencia organizada de los de abajo no solo es legítima sino necesaria. La violencia de los de abajo es un medio del cual debemos valernos cuando sea necesario, no caer en la trampa de censurar por lo que parece y dejar de lado lo que significa.

Hoy, desde los centros del poder satanizan la movilización y la combatividad de los de abajo. Quieren negarnos el derecho a defendernos, a responder, condenando nuestras acciones, justificando y escondiendo la violencia que ejercen desde arriba.

En estos momentos, junto a la intención de generalizar la represión sigue la represión silenciosa y selectiva y tras el discurso de respeto al estado de derecho se esconde la amenaza de incrementarla, es la misma mano abierta que ofreció Díaz Ordaz en el 68.

Además, están los infiltrados, existen y han existido, algunos son "rojísimos" y otros "nadan de muertito", buscan anular nuestra efectividad política, tenemos que desarrollar la capacidad de detectarlos y desecharlos. La lucha también es de inteligencias. Por eso es válido enmascarar el rostro, usar técnicas conspirativas. No hay que ser ingenuos, de buenas intenciones se sigue empedrando el camino hacia el infierno.

Las formas y niveles en que el pueblo puede ejercer su violencia respuesta, son múltiples y variadas. Retomemos de nuestra historia y la de otros pueblos, experiencias de cómo se combinan y complementan las diferentes formas de lucha siempre y cuando sean desde y con los de abajo. Si algo nos enseñó la revolución de 1910-17 es que únicamente el pueblo organizado y armado puede evitar que los ricos usurpen el poder.

Necesitamos formar organizaciones completamente independientes del gobierno, de los partidos y de los organismos vendidos que todo lo negocian. Construyamos en cada colonia, en cada pueblo, en cada barrio la organización y la autodefensa popular para, en la lucha por hacer valer nuestros derechos vayamos levantando, desde abajo, el poder popular e identificando al enemigo y reconociendo a los amigos.

Que nuestro dolor y rabia nos impulsen hacia la solidaridad, el colectivismo, la construcción de nosotros mismos como luchadores honestos. Levantemos nuestras voces y nuestros esfuerzos, profundicemos esta labor hormiga de formarnos como mujeres y hombres nuevos mientras vamos construyendo el poder popular desde abajo y donde el mandar obedeciendo se nos vuelva costumbre.

Este es el momento de enfrentar la militarización de la vida nacional con la movilización combativa y protesta popular nacional e internacional. Es el tiempo del trabajo silencioso de fortalecernos como organizaciones populares pero también es imposible guardar silencio ante tanto dolor.

Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado.

¡Fuera Peña! Sí, pero más importante aún es construir las fuerzas populares. Aportemos cada quien nuestro granito de arena.

Por eso, las Milicias Populares ¡Basta Ya! levantamos hoy nuestra voz realizando una acción político militar de carácter material y alcance limitado, con explosivos, contra Soriana en Valle de Aragón, Ecatepec, una empresa que de manera más evidente contribuyó al fraude electoral que impuso a la actual administración mafiosa y por tanto tienen responsabilidad en los crímenes que hoy comete el mal gobierno.

Llamamos a esta acción: ¡26 DE SEPTIEMBRE, VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! Es una acción limitada porque sabemos que es tiempo de construir y construirnos en silencio. Pero también es momento de que el dolor y la rabia se conviertan en grito de lucha.

Exigimos:

¡La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos!

¡Deslinde de responsabilidades de los distintos niveles gubernamentales en los hechos de Iguala!

¡Castigo a los responsables!

¡Libertad a todos los detenidos durante las movilizaciones!

¡Libertad a todos los presos políticos del país!

¡Advertimos! De generalizarse la represión todas las empresas que hicieron posible el fraude electoral de Peña Nieto, las que saquean los recursos de nuestro pueblo y las que piden urgentemente la represión, pasarán a ser objetivos militares.

La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer.

Milicias Populares ¡Basta Ya!

12 de Noviembre 2014

¿Cuál es el botín en juego en estas elecciones?

Mauricio Funes
Diario La Pagina
 
Con este artículo de opinión llega a nuestras páginas editoriales la voz del expresidente de la República Mauricio Funes. Una opinión que tendrá adeptos y adversarios, como siempre sucede en este tipo de situaciones. Lo relevante es que —sin duda— no dejará mayores resquicios para la indiferencia ante sus puntos de vista. DIARIO LA PÁGINA le abre este espacio como ha sucedido con todos nuestros columnistas, sin que por ello suscribamos sus posturas.

Última actualización: 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 13:28 | por Mauricio Funes/Expresidente de El Salvador

Contrario a lo que habría que esperar, estas elecciones del 2015 no son únicamente una especie de referéndum de los pocos meses de gestión del Presidente Sánchez Cerén.

Aunque no niego que el desempeño electoral del FMLN en parte se verá influido por la imagen que la población tiene del Presidente de la República y su gobierno, la consulta electoral del próximo año, constituye más bien una prueba de fuego para la Democracia en el país, en la que estará en juego la capacidad del sistema oligárquico de recuperar el poder que ha venido perdiendo desde el 2009.

Tampoco se trata, como sostienen algunos analistas, de la oportunidad para consolidar un sistema de consulta electoral que podría fortalecer la participación ciudadana y el pluralismo en los órganos de Estado que estarán en disputa.

Ni siquiera, con las virtudes que conllevan los Concejos Municipales Plurales o el empoderamiento ciudadano que en teoría representa el llamado “voto cruzado”, se puede asegurar a ciencia cierta que habrá un avance democrático en estas elecciones.

Para que esto ocurra se tendrían que dar una serie de condiciones objetivas y subjetivas en el electorado y en el sistema de partidos políticos del país, que no están aún presentes.

Por ejemplo, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilitó el “voto cruzado” tendría que haberse dado meses atrás a fin de garantizar una sistemática y bien estructurada campaña de educación cívica de parte del Tribunal Supremo Electoral.

Como están las cosas, y sin la orientación necesaria, lo más probable es que el “voto cruzado” lleve a un aumento de los votos nulos y provoque desconcierto, y confusión en las juntas receptoras al momento del recuento final.

Lo mismo habría que decir de la novedad que representan los Concejos Plurales.

En sí misma, la distribución proporcional de los cargos en los Concejos Municipales constituye un genuino mecanismo de control de la gestión pública que se aseguraría con la presencia de más de un partido político en las administraciones municipales.

Sin embargo, mientras las dirigencias partidarias continúen teniendo un poder exacerbado dentro de los partidos y éstos no evolucionen en su visión del poder público, nadie ni nada, evitará que esta distribución proporcional de los cargos no se traduzca en una parálisis de la gestión municipal.

A veces tengo la impresión de que quiénes han impulsado la reforma política y administrativa a través de los recursos que conoce y resuelve la Sala de lo Constitucional, no caen en la cuenta de que para que estos cambios produzcan las transformaciones deseadas antes hay que estimular un cambio en la misma dirección en los partidos políticos y un viraje en los intereses que históricamente han representado y defendido.

Por eso señalé antes que las elecciones del 2015 son trascendentales para el país por lo que está en juego: la construcción de una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que, o bien permite, la consolidación de los cambios iniciados hace cinco años, o bien concede al sistema oligárquico los instrumentos de dominación necesarios para recuperar su poder y dar marcha atrás con lo construido desde Junio del 2009.

A juzgar por las candidaturas a diputados, sobre las nuevas exhibidas por ARENA, así como por el uso que hará este partido político de las reformas electorales derivadas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la consulta del 2015 es la oportunidad de la derecha oligárquica para recuperar los instrumentos y aparatos de dominación que no controla, con miras a las elecciones presidenciales de 2019.

Aún cuando no ha comenzado la campaña electoral formalmente hablando, el discurso de lanzamiento de la mayoría de estos rostros nuevos no pasa de recoger los temas con los que se ha conseguido el desprestigio de la clase política salvadoreña y del sistema de partidos políticos.

Las ya trilladas críticas sobre los gastos de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo; las propuestas carentes de contenido sobre cómo alcanzar austeridad en el gasto público, limitándose a ofrecer una reducción de salarios y de viajes de los diputados; el fenómeno de los tránsfugas analizado superficialmente y sólo contrastado con la subordinación al partido político del que se fugan, levantando slogans como eso de que “una onza de lealtad vale más que una tonelada de inteligencia”; entre otros ofrecimientos conocidos, no anticipa que tendremos un cambio de fondo en las prácticas políticas tradicionales, tanto en la Asamblea Legislativa como en las Alcaldía.

Mi experiencia de cinco años de gobierno al frente del Ejecutivo me llevan a concluir que el poder oligárquico, golpeado aunque no de muerte durante mi gestión, ha reaccionado controlando el poder judicial y buscando la mayoría simple en la próxima legislatura.

No tiene otra opción, para asegurar su predominio, que buscar romper la alianza del FMLN con fuerzas políticas que pueden darle gobernabilidad al proceso de cambios y de esa forma, allanar el camino para retomar el control del Ejecutivo en el 2019.

La derecha oligárquica sabe muy bien que el gobierno de Sánchez Cerén y el FMLN necesitan de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015 y de una serie de préstamos internacionales, para garantizar la continuidad de los Programas Sociales y las inversiones que requiere el aparato productivo del país para comenzar a crecer en forma sostenida.

El quinquenio anterior fue un período de ruptura con el sistema oligárquico basado en el consumo que permiten las remesas familiares.

Por décadas enteras, unos cuantos grupos empresariales crecieron a partir del consumo que permiten los dólares que ingresan al país vía remesas familiares y apostándole al mercado regional, incluyendo México, Colombia y República Dominicana.

El mercado interno nunca les ha interesado y por esta razón, se han opuesto a toda clase de políticas redistributivas del ingreso, pues no las necesitan para fortalecerse como grupos económicos.

Esta ha sido una constante histórica. Su apuesta al Mercado Común Centroamericano en los años 60 implicó una renuncia a las necesarias reformas económicas y sociales que habrían llevado a una ampliación del mercado interno y por ende, a una reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Para rentabilizar sus inversiones no necesitaron nunca de mejorar el ingreso de los pobres. Bastaba con invertir en Centro América o más allá de la región, donde encontraron un mercado más amplio y dinámico.

Por eso se opusieron y boicotearon la Transformación Agraria que impulsó el gobierno del expresidente Molina, aún con toda la timidez que ésta representaba en términos de una nueva distribución de los activos agrícolas del país.

Por eso también, cuando la derecha oligárquica retomó el ejecutivo con la Presidencia de Cristiani en l989, inició un proceso de desmantelamiento del Estado y de acaparamiento de los bienes estratégicos de la economía: la Banca, las Telecomunicaciones, la generación y distribución de la Energía Eléctrica, el Sistema Previsional del País, entre otros.

En contraste, en el 2009 tomamos la decisión de romper con este sistema oligárquico y provocar un mayor crecimiento del mercado interno, garantizando el ingreso de los pobres a través de políticas redistributivas y de reducción de la extrema vulnerabilidad que les caracterizaba.

Construimos una Política de Protección Social Universal financiada con préstamos internacionales y una mayor recaudación tributaria. Sin esta Política, los pobres no podrían convertirse en consumidores y menos ascender en la escala social.

Esto fue lo que nos enfrentó con las gremiales empresariales y con los grupos de poder económico en el país.

La apuesta estratégica de la derecha oligárquica es ahora recuperar a cómo de lugar su influencia en el Estado, la misma que comenzaron a perder hace cinco años.

Sólo una correlación favorable, de al menos 43 diputados, les permitirá “poner contra la pared” al gobierno de Sánchez Cerén y obligarle a realizar virajes de fondo en su política económica y social.

Este es el botín que está en juego en las elecciones legislativas y municipales del 2015.

Desde la Asamblea Legislativa y utilizando el poder judicial como lo han hecho hasta ahora, la derecha oligárquica puede gobernar al país. Ya no necesita como en el pasado a los militares. Ahora los instrumentos de dominación son el Congreso y la Sala de lo Constitucional.

Ese es el punto de partida para asaltar de nuevo el Ejecutivo.

La estrategia es clara. El rumbo que desean salta por los poros: es necesario “trabarle las carretas” al gobierno y provocar su desgaste.

El desgaste del FMLN forma parte también de esta estrategia. Y este desgaste pasa por cuestionar el sistema de partidos políticos ante los ojos del ciudadano.

Si este cuestionamiento provoca una modernización de los partidos políticos y una democratización de su vida interna, enhorabuena.

Pero si con este cuestionamiento, se debilitan aquellas fuerzas políticas que tienen como horizonte la profundización de los cambios y la continuidad de las políticas sociales, entonces, corremos el riesgo de perder la batalla por una reducción de la desigualdad social y de la pobreza que comenzamos hace cinco años.