Investigadores profesionales contratados por la ONU concluyeron que los tres diputados salvadoreños murieron porque uno de ellos llevaba, en el auto, $5 millones. Los resultados de sus investigaciones, que conoce El Mundo, fueron desatendidos y silenciados. Eso provocó protestas y renuncias de expertos en la CICIG de Guatemala. El grupo investigador involucró en el crimen a Víctor Rivera (“Zacarías”), un venezolano que vivió aquí, y al ex jefe de la DINC de Guatemala, así como otros altos ex funcionarios guatemaltecos.
Por: Lafitte Fernández y Miguel Jara, periodista costarricense
Primera entrega
DEM
El
transportar cinco millones de dólares en dos valijas negras de tela,
sería el móvil que provocó el asesinato de los tres diputados
salvadoreños, y su motorista, ocurrido el 17 de febrero del 2007, de
acuerdo con una investigación hecha por expertos contratados por la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las
Naciones Unidas , que no fue atendida en ese país.
En una
prolongada investigación, un grupo de trece profesionales de varios
países , dice en sus informes que los diputados transportaban en un
vehículo Land Cruiser, placas salvadoreñas 186171, cinco millones de
dólares, y que eso lo conocían las autoridades guatemaltecas.
El dinero
se lo atribuyen al diputado William Pichinte, cuya esposa era la
propietaria del vehículo Land Cruiser en el que viajaban los tres
diputados y su motorista.
Los
legisladores Ramón González y Eduardo d’Abuisson viajaron junto a
Pichinte porque, el primero, dejó su auto en El Salvador para que
movilizaran a su hija que estaba próxima a parir un hijo, y d’Abuisson
tenía su jeep doble tracción en el taller mecánico.
El
vehículo en el que viajaban los diputados salvadoreños poseía un
compartimiento secreto, mandado a construir por sus propietarios, para
ocultar cargas que no querían llevarse en lugares convencionales.
Alentados
por el dinero, en el crimen habrían participado no sólo los cuatro
agentes policiales que fueron acusados y, posteriormente, asesinados en
una prisión guatemalteca en condiciones misteriosas, sino también otros
funcionarios que caminan libres o que, igualmente, fueron acribillados
a balazos o están presos por otras razones, según la investigación.
Esos
hechos son apenas parte de los resultados la pesquisa que fue
desatendida, y posiblemente archivada en el interior de la CICIG, una
organización fundada en el 2007 por un acuerdo entre el anterior
gobierno guatemalteco encabezado por Oscar Berger y las Naciones
Unidas. La investigación la realizaron prominentes profesionales dentro
de los que se incluyen un ex juez antimafia de Italia que actualmente
investiga crímenes de guerra en Kosovo y era, además, el jefe de
investigaciones de la CICIG.
También
formó parte de ese grupo una influyente fiscal costarricense, y un
prestigioso investigador español que realizó importantes pesquisas en
ese país para aclarar el asesinato del Obispo de Guatemala, Monseñor
Juan José Gerardi. Una abogada suiza, un criminólogo y un policía
chilenos y una experta sueca que llegaron a Guatemala a contribuir con
la CICIG, conocieron de esas investigaciones.
Según los
informes de ese grupo, firmados la mayoría de ellos por la fiscal
costarricense, Gisele Rivera, tras conocer la presencia del dinero, un
asesor del ex ministro de gobernación, Carlos Vielman y el jefe de la
Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), juntaron a miembros de
la Unidad contra el Crimen Organizado de la policía guatemalteca para
que interceptaran, y luego asesinaran, a los diputados salvadoreños.
Esas
operaciones las habrían encabezado el venezolano Víctor Rivera, quien
vivió muchos años aquí, y montó, en Guatemala, una estructura paralela
de seguridad, y Víctor Hugo Soto Diéguez, ex jefe de la Dirección de
Investigaciones Criminales, como se dice en los documentos de la CICIG
conocidos por Diario El Mundo.
Esos
hombres también sospechaban que en el carro también viajaban 20 kilos de
cocaína lo que alentó, aún más, a importantes autoridades a atentar
contra los diputados.
Testimonios
recabados por los investigadores, además de otras pruebas, también
establecen que otros agentes policiales guatemaltecos ( además de los
asesinados) participaron en el crimen y nunca fueron acusados. Para esos
testigos se pidió protección internacional que nunca fue concedida por
el ex comisionado de la CICIG, el español Carlos Castresana.
Fueron esos testigos los que mencionaron que Soto y Rivera estuvieron junto a los diputados, poco antes de ser ultimados.
Soto
Diéguez se encuentra preso en Guatemala acusado de participar en
ejecuciones extrajudiciales de reclusos de la cárcel de Pavón. Rivera,
un polémico investigador que también intentó crear en El Salvador una
estructura de investigaciones criminales fuera de la institucionalidad,
fue asesinado el 7 de abril del 2007 en la ciudad de Guatemala, poco
después de reunirse con periodistas de ese país y confesarles que
llevaba consigo secretos oficiales.
En la
investigación que no se apoyó en la CICIG también se involucran con
esos hechos al ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, al antiguo
jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y al subjefe de ese
cuerpo, Víctor Figueroa. Por los caminos que recorrieron los
investigadores de la CICIG, muchos de los cuáles ya no están ahí,
Vielman y la alta estructura de las autoridades de ese país estuvieron
detrás del “tumbe” de dinero que se habría producido.
Los
miembros de ese equipo comenzaron su trabajo en abril del 2007
investigando el asesinato del venezolano Víctor Rivera, quien fuera uno
de los principales asesores del ex ministro Vielman. Luego se vieron
obligados a conectar otros casos como las muertes en las cárceles de
Pavón e “Infiernillo”, además de otros hechos delictivos como la muerte
de los diputados salvadoreños.
Todas las
pesquisas los llevaron, sin embargo, a concluir, por lo menos hasta
enero de este año, que los casos vinculaban, entre sí, a importantes
personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que tenían
hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones,
secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.
Con esos
resultados en la mano, los investigadores pretendieron cambiarle el
rumbo a las pesquisas oficiales en el caso de los diputados. Incluso,
le pidieron al ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana que les
permitiera plantear acusaciones diferentes por la muerte de los
salvadoreños, principalmente por considerar obstruida la justicia.
Cuando
arrancaron las investigaciones, recibieron el apoyo del ex comisionado
Carlos Castresana, como lo dicen, pero luego se sintieron abandonados
por el penalista español.
Eso
produjo una serie de renuncias que finalmente desarticuló buena parte
del grupo examinador de la CICIG, según lo confirmó El Mundo. “Entre el
2004 y el 2008, el ex ministro Carlos Vielman, durante el período
presidencial de Oscar Berger, en concertación con otras personas más,
dentro de los que se incluyen jefes policiales, el venezolano Víctor
Rivera, fiscales y otros personajes, realizaron una actividad criminal
continuada. Realizaron varias ejecuciones extrajudiciales, entre ellas
la de tres diputados salvadoreños y los cuatro agentes policiales
involucrados de haber participado en el caso Parlacen”, dijo a El Mundo
la fiscal costarricense, Gisele Rivera.
La
funcionaria, quien se reincorporó a la fiscalía costarricense después de
dejar su cargo en Guatemala, dice que en esos casos acumularon
“elementos de prueba incontestables, tales como testigos”. En Guatemala
se juzga, actualmente, a un ex diputado guatemalteco, Manuel de Jesús
Castillo, y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de
unirse para dar muerte a los diputados salvadoreños ante el Parlamento
Centroamericano.
Supuestamente
ambos usaron agentes policiales y a personajes privados para cometer el
crimen, como parte de una supuesta venganza . Los investigadores de la
CICIG no creyeron en esa versión. Plantearon otro camino que el ex
comisionado Castresana supuestamente desatendió.
El Mundo
se comunicó, por correo electrónico con el español, quien actualmente
ocupa un cargo en la Fiscalía General de España para consultarle sobre
su conducta en este caso. Inicialmente accedió a hacerlo pero,
posteriormente, no respondió más mensajes de este diario.
El dinero en el auto
En los
informes que recibió Carlos Castresana, quien renunció a su cargo en
agosto pasado, se dice que el dinero fue tomado por Soto Diéguez en la
finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El
Salvador, donde fueron asesinados los diputados.
Con la
ayuda de otros agentes que participaron en la operación contra los
diputados, el dinero fue llevado en un auto hasta un “car wash”
localizado en la zona cinco de la ciudad de Guatemala.
Uno de
los hombres que ayudó a cargar hasta el carro las dos maletas en que
supuestamente se había colocado el dinero, contó a los investigadores
que abrió una de ellas y miró la enorme cantidad de dinero. Otro
exclamó, según las pesquisas, que se trataba de cinco millones de
dólares. El dinero, según los documentos examinados por Diario el Mundo,
fue tomado por Soto mientras a los diputados los mantenían en un
pequeño cuarto de la finca, con sus cabezas envueltas en bolsas
plásticas.
Todavía estaban vivos.
El tema del dinero atribuido a Pichinte, lo preguntó Diario El Mundo, al ex jefe policial Rodrigo Ávila.
El ex
funcionario dijo a El Mundo: “es que Pichinte llevaba dinero. ¿Qué
tanto?…no lo sé. ¿Un millón?…No lo sé. Supuestamente iba a comprar unas
propiedades en Guatemala. Él estaba haciendo negocios en ese país. Él
llevaba un ataché pero no sé cuánto dinero llevaba”.
Para la
costarricense Gisele Rivera, las referencias al dinero obligaban a
prolongar las investigaciones hacia El Salvador, principalmente por los
testimonios que recibieron que fijaban las miradas en Pichinte y sus
negocios.
La fiscal
costarricense, quien ahora investiga en su país otro supuesto soborno
recibido por el ex gobernante Miguel Angel Rodríguez, de una
reaseguradora londinense, y el investigador español Rafael Villamón, le
pidieron permiso al español Carlos Castresana para extender sus
investigaciones en El Salvador, fueron desautorizados. Les obligaron a
no dar ese paso. Por eso es que, un fin de semana, Rivera y Villamón
viajaron, a título privado, a San Salvador y se entrevistaron con
Rodrigo Ávila, para hablar del crimen tras aclararle al ex jefe
policial salvadoreño que el comisionado Carlos Castresana, no les
oficializó el viaje.
Ávila le
confirmó a El Mundo sobre el viaje de los dos funcionarios de la CICIG y
recuerda que los dos profesionales le aclararon la calidad privada que
le dieron a su llegada a San Salvador. Los tres hablaron por horas sobre
el crimen de los diputados nacionales..
Para el
grupo investigador de la CICIG, en El Salvador se encontraban muchas de
las claves para descifrar el asesinato de los tres diputados al Parlacen
y su motorista. El problema es que les cerraron las puertas oficiales,
supuestamente por orden de Castresana.
La
principal pregunta que se hacían los examinadores del caso era: ¿Si los
testigos hablan de esa importante suma de dinero…de dónde se tomó, para
quién iba ese dinero y qué actividades rodeaban su origen?
Rodrigo
Ávila dijo que él jamás le encontró al ex diputado Pichinte ninguna fase
oscura en sus negocios. Tampoco nexos con el narcotráfico
internacional. El ex presidente Antonio Saca, quien gobernaba el país
mientras sucedió el asesinato, dijo, en una ocasión, a este periodista,
que su homólogo Oscar Berger, le dijo, en una ocasión, que la muerte de
los diputados obedecía a un problema de narcotráfico pero tampoco nunca
le probó nada.
Cuando El
Mundo le preguntó a Ávila si el ex ministro de gobernación de
Guatemala, Carlos Vielman, le habló algo de ese dinero, respondió que
era Víctor Rivera ( uno de los líderes de las primeras investigaciones
oficiales, aunque involucrado por los investigadores de la CICIG con las
muertes) quién le insistía que Pichinte tenía negocios con Manuel
Castillo, el ex legislador que está acusado de ser uno de los autores
intelectuales del asesinato de los diputados salvadoreños. Pero,
asegura que nunca le probó nada.
¿ Por qué
Rivera insistía en eso? Se desconoce. De ser cierto lo que Rivera le
dijo a Ávila, la participación de Manuel Castillo, un ex diputado
guatemalteco que es juzgado por el crimen de los diputados a pedido del
también ex diputado Roberto Carlos Silva, habría pasado de socio a
exterminador.
Rivera
llevaba, entre sus cejas, el nombre de Manuel Jesús Castillo desde que
se produjo el asesinato de los legisladores salvadoreños ante el
PARLACEN.
Prueba de
eso es que, cuando el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman,
acudió, en febrero del 2007, en compañía del ex jefe de la policía de El
Salvador, Rodrigo Ávila, a comunicarle al antiguo mandatario Oscar
Berger, la participación de cuatro agentes policiales en el crimen de
los nacionales, en ese encuentro participó Vìctor Rivera.
El
venezolano se desempeñaba como un importante asesor de Vielman. Desde
entonces Zacarías le dijo a Berger que Castillo estaba involucrado en el
asesinato. Eso sucedió apenas dos días después del crimen.
Pero los
investigadores de la CICIG siempre insistieron que Rivera, y otros
funcionarios del anterior gobierno guatemalteco, siempre estuvieron
involucrados en la muerte de los diputados y su motorista. El móvil era
el dinero y, supuestamente, 20 kilos de cocaína que se transportaban en
el auto.
Lo que habría sucedido
Varios de
los informes del grupo investigador contratado por la ONU y que conoce
el Diario El Mundo, muestran que testigos importantes del caso, a
quienes se pedía sacar a Estados Unidos o Canadá, nunca negaron que los
cuatro agentes policiales muertos participaron en la intercepción ilegal
de los diputados salvadoreños, William Pichinte, Ramón González y
Eduardo d’Abuisson , y de su motorista Gerardo Ramírez.
Eso
ocurrió cerca del centro comercial La Pradera, de la ciudad de
Guatemala. Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca
localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa
Elena de Barillas.
Pero, un
informe elaborado el 28 de julio del 2009 por el grupo investigador y
entregado al español Carlos Castresana, comisionado de la CICIG,
menciona que el Ministro de Gobernación del gobierno de Oscar Berger,
Carlos Vielman, el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales
(DINC), Víctor Hugo Soto Diéguez, y el venezolano Víctor Rivera,
conocían que los diputados viajarían a la ciudad de Guatemala para
incorporarse a las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano.
Todos
ellos habrían participado como parte de una estructura criminal que
operaba dentro del Ministerio de Gobernación y la policía. Desde
adentro cometieron asesinatos, secuestros, extorsiones y robos hasta
de drogas.
Dentro de
los hombres que se utilizaron para capturar a los diputados el lunes 19
de febrero del 2007 se incluyeron a José Korki López Arreaga, José
Adolfo Gutiérrez, Marvin Langen y Luis Arturo Herrera. Estos hombres
fueron capturados dos días después de cometido el crimen, delatados por
videos hechos por cámaras en un centro comercial y una gasolinera
localizada en la carretera que lleva a El Salvador.
También
los delató un sistema de localización satelital localizado en el auto
Toyota Yaris, propiedad de la policía, que utilizaron ese día para
interceptar a los diputados y llevarlos a la finca donde los asesinaron.
Pero,
además de ellos, Soto habría utilizado otros hombres como Marvin
Contreras Natareno, quien es juzgado en el caso que se examina en
Guatemala, y otros que quedaron lejos de las investigaciones oficiales.
Contreras
Natareno fue detenido después de pasar varios días en un hotel de la
ciudad de Guatemala, cuya cuenta la pagó el Ministerio de Gobernación.
Fue presentado ante los tribunales guatemaltecos después de permanecer,
literalmente desaparecido durante cuatro días en manos de autoridades
de ese país. Lo llevaron ante los tribunales luego que sus compañeros
fueran asesinados.
Aunque
prefirió no declarar en las etapas previas del proceso, las
investigadores de la CICIG temieron, en su momento, que pueda estar muy
influenciado por el asesinato de sus compañeros y alguna petición para
que callara hechos. Contreras Natareno declaró en el juicio en el que se
le juzga y reprodujo la tesis del funcionamiento de la estructura de
crimen organizado dentro de las principales instituciones de seguridad
guatemaltecas.
Los
cuatro agentes policiales ( Herrera, Gutiérrez, Langen y López) fueron
detenidos, en medio de una convulsa rebelión dentro de la policía
guatemalteca.
Lo
paradójico para los indagadores es que, a pesar de que Soto Diéguez y
Víctor Rivera estuviesen involucrados en el crimen de los diputados,
fueran ellos quienes encabezaron las investigaciones oficiales sobre
el asesinato.
Soto fue
el primero que acusó a esos cuatro agentes como jefe de la DINC
guatemalteca. Eso ocurrió a pesar de que fue él quien autorizó que los
cuatro agentes utilizaran el auto Yaris en el que interceptaron a los
diputados.
El
vehículo nuevo, y sin placas, lo utilizaba un funcionario de la sección
de informática de la policía. Soto autorizó que se lo trasladaran a los
hombres que estaban bajo su mando. A pesar de eso, la fiscalía
guatemalteca jamás lo investigó por el asesinato.
De
acuerdo con los investigadores de la ONU, no debió permitirse que Soto
Dieguez, preso ahora en Guatemala por exterminar reos en una prisión,
fuera uno de los hombres que guiaron las investigaciones principales
contra los cuatro agentes policiales que, muy pocos días de ser
detenidos, fueron asesinados en la cárcel de Pavón. Los cuatro agentes
fueron detenidos, en el Ministerio de Gobernación, con la intervención
no sólo de Soto Diéguez sino también del venezolano Víctor Rivera, tras
un sórdido encuentro en el que el ex jefe de la policía salvadoreña,
Rodrigo Ávila, fue testigo cercano.
Una vez
que fueron detenidos esos cuatro agentes, Dany Benítez, uno de los
hombres más controversiales de la policía guatemalteca, grabó un video
con su teléfono en el que Luis Herrera le grita al venezolano Rivera ,
en el momento de su detención, que los traicionaron y que si los
detienen “¡por Dios que van a saber de nosotros!”. (el video puede verse
en Youtube si se busca por “Caso Parlacen, policías capturados”).
Cuatro
días después de ser detenidos, los cuatro agentes fueron asesinados en
la cárcel de Pavón en circunstancias extrañas en el que testigos miraron
entrar carros oficiales, cargados de hombres armados, luego de cortarse
la electricidad y el agua.
La
fiscalía guatemalteca acusó a un grupo de mareros de cometer el crimen
pero rápidamente fueron absueltos en abril del 2008. No encontraron
ninguna prueba contra ellos. El crimen quedó impune pero las sospechas
de un decreto obligado de silencio que significara la muerte queda aún
en el aire.
Aparece “Zacarías”
El mismo
día del asesinato de los agentes policiales, Víctor Rivera llegó a la
frontera de El Salvador desde donde intentó localizar a Rodrigo Avila,
en ese entonces jefe de la policía salvadoreña.
Rivera, a
quien apodaban como “Zacarías”, viajaba en varios vehículos oficiales
acompañado de hombres armados. Sus primeros contactos telefónicos los
hizo desde la frontera con Guatemala a eso de las dos de la tarde.
Rivera utilizó a un colaborador cercano de Ávila para tratar de
localizarlo. Pedía un encuentro urgente con él en San Salvador.
Ávila se
encontraba, ese domingo, en un convivio en la casa del entonces
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Calderón.
Como
“Zacarías” insistía en contactar a Ávila, uno de sus colaboradores le
aconsejó al ex jefe de la policía que no lo recibiera. Entonces, Rivera
(“Zacarías”) acabó reuniéndose con José Luis Tobar Prieto, el subjefe de
la policía salvadoreña. En ese encuentro que apresuradamente buscó
Rivera, el venezolano únicamente mostró unas fotografías y contactos
telefónicos que ya se conocían en El Salvador.
Mientras
estaban en la reunión, llegó la noticia, desde Guatemala, pasadas las
seis de la tarde, sobre el exterminio de los cuatro agentes que
participaron el crimen de los diputados salvadoreños, en la cárcel de
Pavón.
Era
domingo y esa inesperada visita de Rivera la confirmó a El Mundo el Ing.
Rodrigo Ávila. Para los investigadores de la ONU, es muy probable que
el venezolano ya sabía lo que iba a ocurrir con los cuatro agentes
policiales y corrió a deslindarse de los hechos apareciéndose en San
Salvador sin cita previa. Para algunos esa fue una jugada perfecta para
que nadie le atribuyera la desaparición de los agentes que habían
amenazado con contar lo que hacían él y otras autoridades guatemaltecas.
Otros implicados
Pero, los
problemas para Víctor Rivera, quien era uno de los asesores principales
del ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, no comenzaron con esa
visita no anunciada a El Salvador, de acuerdo con los informes del grupo
investigador de la CICIG que no fue atendido en Guatemala. Los
profesionales obtuvieron el testimonio de un hombre que participó en
toda la operación contra los diputados salvadoreños.
El
testigo menciona que en la escena del crimen no sólo estuvo Soto
Diéguez, sino que también llegó Víctor Rivera, acompañado de su
asistente, María del Rosario Melgar Martínez. Supuestamente ambos
llegaron a confirmar las órdenes para que se matara a los diputados y a
su motorista.
Si algo
ha quedado claro, en este caso, es que fueron varios los autos que
ingresaron a la finca donde fueron asesinados los diputados. Algunos de
ellos no fueron identificados nunca.
María del
Rosario, conocida como Mary Ro, también fue investigada por los
expertos de la ONU que metieron sus narices en el caso PARLACEN. Ella
acompañaba a Rivera la noche en que lo acribillaron a balazos en una
calle de la ciudad de Guatemala, dos meses después del asesinato de los
diputados salvadoreños. Ambos viajaban en un auto propiedad de Rivera.
Supuestamente,
el día en que mataron a “Zacarías”, María del Rosario resultó herida
de un balazo en el atentado que le cegó la vida a Rivera. Sin embargo,
la investigación de los miembros de la CICIG demostró que la bala, ni
el detalle de las lesiones o curaciones sufridas por la mujer, nunca
fueron acreditadas en el expediente judicial por los médicos del
hospital San Juan de Dios, donde, inicialmente, fue atendida. La mujer
fue trasladada, posteriormente, a otro hospital y las pruebas médicas
tampoco aparecieron.
María del
Rosario, quien siempre acompañaba a Rivera ( incluso en su no
anunciado viaje a El Salvador), fue sacada de Guatemala, después del
asesinato de Rivera, por el ex fiscal de delitos contra la vida, Alvaro
Matus, sin consultar ni informar a la CICIG mientras se investigaba el
crimen del venezolano.
Ahora se
sabe que la asistente de Rivera supuestamente recibió $100 mil en una
cuenta bancaria en Bahamas por colaborar con el asesinato de Rivera.
Matus era, precisamente, el jefe del fiscal Edwin Marroquín, quien
actualmente lleva sobre sus espaldas la acción acusadora que se realiza
en Guatemala contra Castillo y Silva. En los documentos de ese equipo
investigador se plantean serias dudas sobre el trabajo realizado por
ambos fiscales, en el caso PARLACEN. Por eso insistían en darle otro
curso al juicio por obstrucción de la justicia. Desde el primer día de
las investigaciones sobre la muerte de los diputados salvadoreños, Matus
tomó asiento de primera fila en las indagaciones. Se desempeñaba, en
ese entonces, como el fiscal encargado de los delitos contra la vida.
En el
caso de Matus, los jerarcas de la CICIG sí decidieron acusarlo, algún
tiempo después de renunciar varios de los miembros del grupo
investigador, por obstrucción de la justicia en el caso del asesinato de
Víctor Rivera.
En la
acusación formal se dice que destruyó pruebas para encubrir el crimen de
Rivera porque manejó con negligencia la escena del crimen, permitió la
desaparición de un maletín que llevaba el venezolano consigo con varios
expedientes, e impidió que se hicieran importantes allanamientos de
lugares vitales para el esclarecimiento del asesinato. Esos
allanamientos estaban autorizados por el juez .
La
acusación contra Matus se sembró sobre la base de las pesquisas del
grupo investigador encabezado por el juez antimafia italiano, que era el
jefe de investigaciones de la CICIG, por la fiscal costarricense y un
investigador español. Todos ellos renunciaron cuando Castresana no quiso
impulsar los nuevos caminos sobre el crimen de los diputados
salvadoreños.
En una
conversación sostenida con el ex jefe de la policía salvadoreña, Ing.
Rodrigo Ávila, quien fue una pieza clave, en Guatemala, para apresar a
los primeros cuatro agentes policiales involucrados en el crimen,
recuerda que siempre que él pedía que se detuviera a los subordinados de
Soto Diéguez, Matus le respondía: “es que no podemos”.
La decía
que necesitaban una orden de captura judicial. Ávila le insistía que
los cuatro agentes se habían amotinado junto con otros policías, y
habían sacado pistolas para impedir que se los detuvieran. Para el
salvadoreño esos hombres podían ser detenidos en flagrancia. Parte del
problema, según Ávila, es que Matus “trabajaba de la mano con Víctor
Hugo Soto Diéguez”. Para él, el fiscal estaba “untado en otros casos” y
posiblemente le pidieron ayuda para manejar el asunto de las muertes a
su antojo.
Ávila
recordó, incluso, que mientras su equipo investigador permanecía en
Guatemala, averiguando la muerte de los diputados, hombres de la
Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), siempre los seguían. En
algún momento, a algunos de los principales colaboradores de Ávila los
trataron de interceptar, cerca del obelisco localizado a la entrada
principal de la ciudad de Guatemala, y casi se arma una refriega en ese
lugar.
Incluso,
al equipo de Ávila le pusieron como hombre de enlace que coordinara con
ellos las tareas investigadoras a Dany Benítez, un agente policial,
hombre de confianza del ex subjefe de la policía, Javier Figueroa
(oculto en un país europeo), y del venezolano Víctor Rivera.
Todavía faltan más
Otro
testigo que se incluye en los informes del grupo investigador de la
CICIG que luego se alejó de Castresana, dice que en el lugar donde
mataron a los diputados no sólo se encontraba Dany Benítez sino también
su hermano José Benítez. Ambos habrían participado en el exterminio de
los diputados, cumpliendo órdenes de Rivera. Algunos meses después los
hermanos Benítez fueron asesinados en Guatemala. Ambos forman parte de
un numeroso grupo de personajes conectados con esos casos que han sido
asesinados en condiciones extrañas. Los testigos también relataron a los
investigadores de la CICIG que en la muerte de los diputados también
participó Axel Martínez, quien se encuentra preso relacionado con tareas
del narcotráfico internacional. También está acusado de asesinar,
extrajudicialmente, a un prófugo carcelario llamado Edwin Estuardo
Santacruz. Éste huyó de la cárcel del “Infiernillo”. Lo recapturaron
pero jamás lo regresaron a la prisión. Apareció muerto.
A ellos
se sumaría en la escena del crimen Ronny Torres Bustamante conocido como
Amílcar Franco, alias “El Malandrín” o “El 15”. Él también era un
hombre cercano a Rivera.
Por eso
es que el grupo investigador de la CICIG concluyó que varias personas
que participaron en el crimen quedaron, deliberadamente, fuera del caso.
“Pichinte llevaba dinero”
Redacción dem
diario el mundo
¿Tú dijiste que Pichinte llevaba dinero?
Es que Pichinte llevaba dinero. Qué tanto de dinero, no lo sé. Supuestamente iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Pichinte andaba un ataché. Pero que andaba un millón, no lo sé. Yo nunca le encontré a Pichinte nexos con el narcotráfico, ni nada.
¿Tenía sospechas de algo?
Es que Pichinte tenía plata. El negocio de elloses también constante y sonante. Pero el hombre se iba a ver con un agente de una supuesta fábrica y él iba a abrir una fábrica en Guatemala. Pisto sí tenía. Yo tenía sospechas pero nunca hallé nada.
¿Vielman tampoco le dijo nada del dinero de Pichinte?
No. Zacarías insistía en que Pichinte era narcotraficante. Decía que tenía negocios con Manuelillo. Pero nunca probó nada.
Los informes
La CICIG
demandó a la fiscal costarricense, Gisele Rivera, por revelar infomes
cinfodenciales. Ante eso, la abogada decidió mostrar sus informes a
Diario El Mundo en la ciudad de San José. Ella renunció porque “callaron
los hechos”.
Un Cambio de rumbo al juicio
Los
investigadores intentaron redireccionar el juicio al considerar que la
justicia estaba obstruída y que eso lo permitía el mandato de la ONU.
Renuncias y protestas
La falta
de apoyo a la investigación de los profesionales llevó a varios de ellos
a renunciar a sus cargos. Algunos cumplen tareas en otras partes del
mundo.
Testigos no protegidos
Varios
testigos para quienes se pidió protección especial y que se sacaran de
Guatemala, nunca recibieron esos beneficios, según se desprende de los
informes de la CICIG.
| Protagonistas de primera línea en EL CASO PARLACEN |
El
asesinato de los diputados debió tomar otro rumbo de acuerdo con
investigadores de la CICIG, que ya no están en esa organización, que
opera en Guatemala por mandato de las Naciones Unidas.
