Noam Chomsky: 10 formas distintas de manipulación mediática

Noam Chomsky

Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. En su libro “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” Chomsky hace referencia a ese escrito en su Decálogo de las “Estrategias de Manipulación”.

1- LA ESTRATEGIA DE LA DISTRACCIÓN.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.´
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.
“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

2- CREAR PROBLEMAS, Y DESPUÉS OFRECER SOLUCIONES.
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.
O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3- LA ESTRATEGIA DE LA GRADUALIDAD.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

4- LA ESTRATEGIA DE DIFERIR.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como”dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5- DIRIGIRSE Al PÚBLICO COMO CRIATURAS DE POCA EDAD.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.

6- UTILIZAR EL ASPECTO EMOCIONAL MUCHO MÁS QUE LA REFLEXIÓN.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…

7- MANTENER AL PÚBLICO EN LA IGNORANCIA Y LA MEDIOCRIDAD.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.

8- ESTIMULAR AL PÚBLICO A SER COMPLACIENTE CON LA MEDIOCRIDAD.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

9- REFORZAR LA AUTO-CULPABILIDAD.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!

10- CONOCER A LOS INDIVIDUOS MEJOR DE LO QUE ELLOS MISMOS SE CONOCEN.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Noam Chomsky: Filósofo, activista, autor y analista político. Es profesor emérito de Lingüística en el MIT y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, reconocido en la comunidad científica y académica por sus importantes trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Estados Unidos.

Fuente: Aporrea

Paraguay : Las entrañas del condor

Patio de la antigua prisión de Emboscada, escenario de torturas

Paraguay: las entrañas del Cóndor by el_muerto


YOLANDA SOBERO
 En Portada 

Pese a su distancia geográfica, Paraguay y Guatemala comparten algunas trágicas características. En la segunda mitad del siglo XX, sufrieron dictaduras militares, respaldadas, ante los ojos de Washington, por su feroz anticomunismo, cualquier oposición y disidencia fue reprimida sin miramientos y sus pueblos indígenas sufrieron el genocidio. Todo ello en medio del silencio o la indiferencia internacional. Además, tanto en Asunción como en Ciudad de Guatemala, instalaciones policiales, aparentemente sin mayor importancia, escondían enormes archivos que documentan aquellas tragedias.

Paraguay y sus "vuelos de la muerte"

En el conjunto suramericano, Paraguay parece un país menor, poco conocido y que no suele atraer la atención de los extranjeros. Por ello, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, la más larga del continente, se consideró el escondrijo ideal para criminales de guerra nazis y para emprender formas de represión que, más tarde, serán implementadas por otros regímenes dictatoriales.
El stronismo siempre estuvo abierto a la colaboración con servicios de seguridad de los países vecinos para controlar y acabar con sus enemigos más allá de las fronteras paraguayas y fue pionero en los ‘vuelos de la muerte’, en los que los ‘subversivos’ eran arrojados vivos desde aviones con el objetivo de sembrar terror entre la población.

Una especie de 'Mercosur' de la represión

La represión, envuelta en el manto del anticomunismo, casaba plenamente con la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana y sus grandes aliados fueron Washington y Brasil. Cuando ya prácticamente todo el continente está gobernado por dictaduras militares, el Paraguay de Stroessner cuenta con años de experiencia que aportan al llamado ‘Operativo Cóndor’, iniciativa de la dictadura de Pinochet a la que se suman sin dudarlo Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia. El Operativo fue una especie de Mercosur de la represión, permitió perseguir, torturar, asesinar y desaparecer a cualquier ‘subversivo’ más allá de las fronteras nacionales.
Ante los miles de desaparecidos, las respuestas de las fuerzas de seguridad, militares y policiales, si es que las daban, solían ser las mismas: no se tiene constancia de la detención, se desconoce su paradero, quizás se haya ido del país… Incluso decían que todo era fruto de la imaginación o del afán de algunos de buscar teorías conspirativas.

Las otras 'madres de Mayo'

En la Plaza de Mayo de Buenos Aires, las madres comienzan a reclamar "con vida se los llevaron, con vida los queremos". Entre ellas, desde el primer momento, hay paraguayas, como Idalina de Tatter, incansable luchadora por la verdad y la memoria de su marido, Federico Tatter, desaparecido en Buenos Aires el 15 de octubre de 1976, o Esther Ballestrino, uruguaya-paraguaya, a quien secuestraron a su hija embarazada y dos yernos. El 8 de diciembre de 1977, junto con otras once personas del grupo, fue identificada por Alfredo Astiz, secuestrada y desaparecida.
Pero, a medida que pasaba el tiempo, nada se sabe de los desaparecidos. Los testimonios de los supervivientes dan cuenta de las últimas pistas y la certeza de su muerte es irreversible. Queda la reivindicación de su memoria y, sobre todo, de la justicia. Pero los tribunales exigen pruebas y, paradójicamente, los propios victimarios aportarán, sin quererlo, quizás cegados por su propia impunidad, algunas fundamentales.

Los 'Archivos del terror'

Buena parte de las pruebas son localizadas gracias a la tenacidad de un ex preso político de la dictadura de Stroessner, Martín Almada, y de un joven juez que, ya en la transición paraguaya, presenta un habeas data y va a unas instalaciones policiales en las afueras de Asunción, en Lambaré, exigiendo la apertura del lugar donde, según les han informado, han sido trasladados importantes documentos del temido Departamento de Investigaciones. Y, roto el candado, tras una puerta se encuentran miles de documentos, informes, fotos, fichas. La prensa paraguaya, testigo del hallazgo, se apresuró a divulgar su contenido y los bautizó como los ‘Archivos del Terror’. Allí están todas las pruebas y no sólo de la represión del stronismo. Entre los miles de papales, están los documentos fundacionales del Operativo Cóndor.

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Allí aparecen los documentos probatorios de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de los secuestros, de las desapariciones de miles de paraguayos, como Luis Casabianca, Emilio Barreto y Antonio Pecci. Las pruebas del Operativo Cóndor en Paraguay, como las fichas de los argentinos Marta Landi, Alejandro José Logoluso, José Nell, y los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. Detenidos en Asunción e n marzo de 1977 y todos ellos desaparecidos. Dos meses más tarde, con la fórmula burocrática habitual, ‘elevar informe’, el director de Política, el comisario Cantero, da cuenta de su entrega a oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino y su traslado a Buenos Aires en un avión de la Armada Argentina.

El testimonio de los supervivientes

Sus compañeros de presidio en el Departamento de Investigaciones, Lidia Cabrera, Sotero Franco y Gervasio Snead, dan testimonio de sus torturas, de su sufrimientos, de sus últimas horas antes del traslado, de su certeza de que si los llevaban a Buenos Aires, los mataban. A su vez, Lidia y Sotero son también víctimas del Operativo Cóndor: detenidos y torturados por fuerzas argentinas en Misiones son entregados clandestinamente a la policía paraguaya. O como el doctor Agustín Goiburu, asesinado en presencia de Stroessner, y cuyo hijo, Rogelio Goiburu, coordina ahora la búsqueda de los restos de los desaparecidos, entre los que espera hallar los de su padre. Es la ruta que, como otros muchos, también sufre la doctora Gladys Sannemann, quien sufre otro nuevo traslado, junto a su hija Ruth, a la ESMA de Buenos Aires, donde, el casual encuentro con un uniformado que la conoce porque ha operado y salvado a su madre, le advierte del destino que las espera, la muerte, y le deja abierta una puerta para que pueda llamar a alguien para que las salven de engrosar la lista de desaparecidos.
A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento por su colaboración desinteresada y por su firme compromiso con la libertad y la justicia.

Chicas: “La cancelación de PCN y PDC es ineludible”

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El presidente del TSE no aprecia posibilidad de debate sobre la “muerte jurídica” de ambos partidos 
 
Por Fernando de Dios
ContraPunto

SAN SALVADOR – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un mandato expreso de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para cancelar, es decir, eliminar de la lista de partidos políticos legales, al Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). 
En su sentencia hecha pública el 29 de abril, la Sala declara inconstitucional parte del decreto legislativo que permitió en 2005 revivir a ambos institutos políticos, que en la elección presidencial de 2004 no obtuvieron el mínimo del 3 por ciento de votos para continuar existiendo. 
Además, esa sentencia contiene el siguiente mandato: “El TSE deberá iniciar el procedimiento de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes establecidos por el CE (Código Electoral) en las elecciones presidenciales del año 2004”. 
A pesar de la claridad de lo emitido por el máximo órgano interpretador de la Constitución de la República, en el país se ha desatado un debate en el que se plantea si PCN y PDC deben o no desaparecer. 
Incluso un magistrado del TSE, Walter Araujo, ha dicho que se debe estudiar la sentencia para ver cómo aplicarla. 
El presidente de ese órgano, Eugenio Chicas, manifiesta en esta entrevista que la sentencia es clara y que el tribunal debe iniciar cuanto antes el proceso de cancelación de ambos partidos. 
“Yo no creo que alguien se atreva en este caso a enfrentar y no cumplir una sentencia de la Corte”, declara Chicas. 
Ello supone, tal y como está la normativa electoral en la actualidad, que en un periodo de un año tras la cancelación, nadie puede inscribir nuevos partidos con los mismos nombres, emblemas y colores, lo que condenaría a PCN y PDC a no usar sus históricas marcas en las próximas elecciones municipales y legislativas de marzo de 2012. 
Por ello, están buscando apoyos en la Asamblea Legislativa para cambiar nuevamente el Código Electoral y poder concurrir como si nada hubiera ocurrido. 
Esa solución, esa “argucia”, según Chicas, sería un error por su parte, pues puede suscitar una nueva sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, con el agravante de que es posible que entonces ya no les quede tiempo para inscribir nuevos partidos para participar en las elecciones. 
El presidente del TSE recomienda a estos partidos que sigan el procedimiento legal, para el que tienen tiempo de sobra antes del cierre de inscripciones previo al evento electoral, que es en noviembre de este año. 
Sin embargo, éste no es el único proceso que liga al TSE con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Está pendiente una resolución sobre el nombramiento del magistrado Julio Moreno Niños, del PCN, y su suplente, Óscar Morales, del PDC, quienes en opinión de Chicas fueron elegidos ilegalmente por la Asamblea Legislativa. 
Si la CSJ se pronuncia en ese sentido, como es previsible, quedarán vacantes esos puestos en el TSE. Ello podría romper el actual reparto de votos en el órgano colegiado, compuesto por cinco magistrados. 
En la actualidad, junto a Araujo y Moreno Niños, Fernando Argüello, representante de la CSJ, votan en bloque, enfrentados en los temas comprometidos a Chicas y el quinto magistrado, Eduardo Urquilla, también propuesto por la CSJ. 
Si Moreno Niños es removido de su puesto, el tribunal podría cambiar de signo en sus votaciones.  
Finalmente, los diputados siguen estancados en su discusión sobre las reformas al Código Electoral que les ordenó hacer la CSJ para instaurar las listas abiertas y desbloqueadas y las candidaturas independientes.  
Chicas, como ya ha manifestado en otras ocasiones, insta a los partidos políticos a no superar el veto presidencial al primer decreto que presentaron, pues manifiestamente no se adecua a lo establecido por al Corte, y a ponerse de acuerdo cuanto antes, pues el TSE necesita tiempo para educar a la población y los contadores de votos en el nuevo sistema. 
El país, dice Chicas, vive un proceso de reformas electorales que no se había dado desde los Acuerdos de Paz, aunque reconoce que aun quedan cuestiones que resolver. 
No obstante, el magistrado asegura que, si tiene el tiempo y los recursos necesarios, el TSE está capacitado para llevar adelante las elecciones de forma eficiente y ordenada.
 
El magistrado Walter Araujo ha manifestado que hay que estudiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y usted ha dicho que esa sentencia no tiene vuelta de hoja. ¿En qué basa el magistrado Araujo esa afirmación? 
Habría que preguntarle a él sus argumentos, yo te voy a dar los míos. Por principio jurídico, toda sentencia de la Corte es ley, y toda ley es de obligado cumplimiento. En materia de salvaguarda constitucional, la autoridad para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una normativa es la Corte Suprema de Justicia. La manera de pronunciarse la Corte en ese tipo de casos es mediante sentencias, y la sentencia tiene rango de ley. Por lo tanto para nosotros, como organismo, como institución del Estado que hemos jurado cumplir la ley, que nos debemos a la ley y a la institucionalidad, si viene a este tribunal una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, yo no puedo pasar a dirimir que qué cosa es eso, que si la cumplo o no la cumplo. No, es una ley, debo de cumplirla. 
Supongo que usted ha estudiado la sentencia. Como magistrado del TSE, ¿ve interpretable su aplicación? 
Oficialmente no la ha conocido el tribunal, pero obviamente la sentencia ha circulado y se ha conocido. Las sentencias siempre son muy claras y tienen un mandato muy expreso. En este caso, esta sentencia, hasta donde hemos conocido, tiene un mandato muy claro respecto a iniciar un proceso de cancelación. 
Es cancelación, no desinscripción, como se ha dicho. 
No, es cancelación. 
Es decir, las banderas, nombres, siglas y colores de estos dos partidos deben ser canceladas. 
Eso es lo que conocemos de la sentencia hasta hoy. Por lo tanto, lo que va a pasar es que nosotros, el tribunal, en este día (miércoles 11 de mayo) hemos decidido, ya con la certeza de que la sentencia va a ser publicada (en el Diario Oficial) en lo que resta de la semana, hemos decidido por unanimidad del tribunal agendar el tema para el lunes. El lunes próximo (16 de mayo) el tribunal asume ya iniciar el proceso de abordar esta sentencia. 
El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, se ha pronunciado y ha dicho en varias ocasiones que a ellos esta sentencia no les afecta. Se escudan en otra sentencia de 2006 que cambió el Código Electoral y validó su forma de reinscribirse en 2005. ¿Qué hay de cierto en eso? 
Vamos a conocer y vamos a abordar esa parte, pero tengo la impresión que no, que son circunstancias totalmente distintas. 
¿Pero sería un punto de discusión dentro del órgano colegiado del TSE? 
Yo no creo. Siempre puede haber, como en todo organismo, presencia humana y por lo tanto criterios distintos. Yo no creo que alguien se atreva en este caso a enfrentar y no cumplir una sentencia de la Corte. Incluso a mí me parece que el camino más saludable para cualquier instituto es cumplir la sentencia. No hablemos de partidos en particular, porque no puedo, como juzgador, prejuzgar lo que vamos a asumir cuando estemos ante la sentencia. A lo que me quiero referir es, cualquier partido, si no cumplió los requisitos de ley, del umbral que la ley establece, debe ser cancelado.  
Puede ser que algún partido, para no ser cancelado, esté buscando construir algún puente artificioso que le permita pasar por alto la muerte jurídica. Eso sería un grave error, porque yo creo que las cosas en el país han cambiado, creo que estamos ante una Sala de lo Constitucional que ha demostrado mucha altura jurídica, mucha robustez jurídica. Hubo épocas en el país en que una sentencia se podía torcer, se podía modificar. Esta sala ya, en varios casos, en distintos procesos que afectan a partidos, al Ejecutivo, a distintas instituciones, ha demostrado mucha coherencia jurídica en sus actuaciones. 
Con eso quiero decir que si un partido, cualquiera que sea, pretende buscar argucias, atajos, puentes artificiosos, para no cumplir la sentencia, se arriesga a que la Sala, por petición de cualquier ciudadano, o incluso por los mismos demandantes, reciba una nueva demanda y cancele a esos partidos políticos o a quien quiera burlar la ley en un momento procesal que le va a impedir participar en elecciones. 
Eso creo que es importante ponerlo claro, porque también creo que cualquier partido que tenga el temor de ser cancelado en este momento no debiera de tener tal temor porque procesalmente, administrativamente, hay tiempo suficiente para poder inscribir un nuevo partido. 
Hago énfasis en lo de nuevo, porque nuestro ordenamiento jurídico no recoge la figura de la reinscripción; lo que hay es cancelación e inscripción de nuevos sujetos o institutos políticos. 
¿Pero sí es cierto que hasta que pasa un año desde su cancelación un partido se puede inscribir con el mismo nombre, mismas banderas y colores? 
El Artículo 157, inciso tercero (del Código Electoral), es muy claro que un partido, después de haber sido cancelado, nadie puede inscribir un nuevo partido utilizando, durante ese año de término, que es como una especie de término de viudez, no puede en ese caso, utilizar ni los nombres, ni los símbolos, ni los emblemas, de un partido clausurado. O sea, tiene que dejar pasar ese año de luto para poder utilizarlo. Ahora bien, ¿puede ser eso modificado? Ah bueno, eso es un tema legislativo. Así como está la normativa hoy en el Código Electoral no se puede. Si un partido es cancelado, no puede utilizar los mismos símbolos. Si un partido es cancelado, pero después de cancelado, en ese ínterin en que no ha presentado el proceso, ocurre una reforma legislativa que le dé algunas facilidades para utilizar un color parecido, eso es un tema legislativo. 
Usted habló  antes de puentes, de atajos… 
Sí, pero eso no exonera de la muerte, o sea, la clausura, la capitulación, esa es ineludible. 
Porque así  lo manda la sentencia claramente… 
Así es. 
Pero usted decía también que ese atajo, ese puente que de hecho están buscando estos partidos, podría ser… 
Sujeto de una nueva demanda. 
Es decir, que en su opinión, están buscando un trato de favor que podría resultar inconstitucional igualmente. 
Igual, y perder la inscripción  en la puerta de una elección. Creo que cualquier partido que busque una nueva inscripción tendrá que pensárselo bien para no reñir con la sentencia y para no arriesgarse de en un momento del proceso electoral, perder la carrera electoral por un atajo mal tomado. 
Si ahora son cancelados, ¿qué es lo que tienen que hacer el PCN y PDC para inscribir un nuevo partido? ¿Y cuánto puede durar el proceso? 
Eso depende básicamente de en qué medida el propio partido afectado que puede ser cancelado utilice o no las prerrogativas que le da la ley. O sea, qué tanto se deje cancelar. Por ejemplo, en ese proceso, primero conocemos la sentencia; segundo, mandar a Secretaría General a que nos dé de manera certificada los resultados de las elecciones de que se trata; tercero correr proceso a la Fiscalía, que es la que debe intervenir en ese proceso; cuarto mandar a oír a los partidos políticos. Y ahí es donde viene que un partido que enfrente un proceso de cancelación puede decir humildemente, no mire, está bien, me entrego, hasta aquí. O puede ser que ese partido diga, no yo voy a presentar un alegato, yo pido tiempo, yo presento un recurso, yo busco una nueva demanda y nos alargue el proceso y éste pueda durar mes y medio o dos meses. Si el partido facilita el proceso, éste puede durar quince días. 
¿Y después? 
Después los mecanismos de ley son sencillos. Cualquier grupo de ciudadanos necesita constituir a 100 personas o más, personarse a notario público, éste levanta un acta en su protocolo donde esas 100 personas o más expresan la intención de constituir un partido político y donde además esas 100 personas dicen cuáles son sus símbolos, sus estatutos, sus objetivos, sus nombres, sus lemas. Eso nos lo traen, si llenan los requisitos de ley, se les autorizan los libros para que recojan firmas, el tiempo que les da la ley para eso es de 60 días. Si no les ajustan esos días pueden ser 90, pero si en una semana nos traen las firmas, en una semana lo empezamos a procesar. 
¿Cuántas firmas son? 
50.000 registros. Entonces, cualquier partido que ya ha participado en elecciones y ha obtenido miles de votos, no debiera tener ningún problema, y si además tiene alcaldes, diputados y estructura nacional, no debiera tener problema. Yo creo que un proceso como ése puede tardar a lo sumo 90 días. Estamos a tiempo, no se necesita buscar atajos, argucias, porque estamos a tiempo para que cualquier nuevo partido político pueda ser inscrito ya que no existe la figura de reinscripción. 
El problema es que estos partidos quieren conservar sus colores, nombres y banderas. 
Efectivamente. 
Quería preguntarle por otro asunto que tiene que ver con la Sala de lo Constitucional de la CSJ y el TSE. ¿Qué podría implicar que la CSJ fallara en contra del nombramiento del magistrado Julio Moreno Niños? 
Yo he tenido una posición desde que se dio ese proceso de elección. La elección del magistrado Moreno Niños y del otro magistrado suplente son ilegales. Yo he tenido una posición muy clara en ese sentido. Fueron elecciones ilegales porque sus partidos no participaron en el evento electoral del que habla la Constitución, o sea, no fueron contendientes en las elecciones presidenciales, y tampoco fueron elegidos con voto calificado como para poder sortear la postura de partido. Entonces yo siempre he sido muy claro de que esa es una elección ilegal desde todo punto de vista. 
Pero si esas personas son removidas de sus cargos, quedarían vacantes una plaza de magistrado titular y otra de magistrado suplente. ¿Debería llenarlas la Asamblea Legislativa? 
Yo no tengo bolita mágica pero ahí pueden ocurrir tres escenarios. Que la Corte decida no moverlos. O que la corte los mueva y que existan los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para poder elegir algo diferente, apegado a lo que sea la sentencia del organismo, en este caso la Corte. O puede haber una tercera situación; que no haya votos para elegir a nadie y perfectamente funcionaríamos cuatro magistrados. No hay ningún problema. No se afectaría nada con el hecho de que solo queden cuatro titularidades. Es totalmente legal, no habría ningún problema. 
Se ha hablado de que el puesto vacante lo podría intentar ocupar GANA, pero GANA tampoco participó  en esas elecciones. 
Por eso yo creo que hay que esperar a conocer cómo resuelve y qué reglas pone la Corte para llenar ese vacío. En todo caso, yo diría que debe de haber voto calificado en la Asamblea Legislativa para llenar esa vacante. Lo digo porque la única circunstancia que la Constitución establece para elegir a una propuesta que venga de partidos políticos es que estos hayan participado en la última elección presidencial, y eso no se puede llenar a estas alturas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, únicamente con voto calificado podría ser llenada esa vacante, pero además por figuras que no estén vinculados a partidos políticos, porque ese espacio no está reservado a partidos políticos.  
Y es interesante cómo cuando ese tema lo resolvió la Asamblea Legislativa, yo recuerdo que el FMLN a quien presentó como propuesta fue a una persona no vinculada a ningún partido político, que es el abogado José Domingo Méndez, que es de una ONG, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.  
Precisamente hablamos con él recientemente y nos dijo que el problema del TSE es que está  partidizado. 
Sí, pero traigo ese recuerdo de lo que ocurrió porque creo que jurídica y políticamente es importante que, al menos el FMLN, en aquel momento, propuso para esa vacante a una persona que ni era de un partido, ni ha estado vinculado a ningún partido político y es genuinamente una persona que viene de instituciones de la sociedad civil. 
Otro asunto que está  en marcha es la reforma electoral que tienen que hacer los partidos políticos para establecer las listas abiertas y desbloqueadas. ¿Qué sabe de ese proceso tras el veto presidencial al anterior decreto?
Yo he venido instando a todos los partidos en la necesidad de que se regule a la mayor brevedad la manera de cómo se van a administrar las próximas elecciones en torno al tema de la papeleta y a la disposición de las candidaturas en la papeleta. La papeleta en sí misma no es el problema, estamos con suficiente tiempo para el momento en el que haya que imprimirlas, ése no es el problema. La urgencia tiene que ver en poder ilustrar a la ciudadanía en cómo elegir, cómo votar y cómo contar. 
Cómo votar porque necesitamos generar cultura, orientar a la población que ya no se va a votar por el símbolo de un partido nada más, sino que se va a votar con voto preferente por personas. Eso requiere tiempo, poder ilustrar a la ciudadanía. 
Y en segundo lugar, porque habrá personas que estén en las Juntas Receptoras de Votos que necesitarán saber cómo contar los votos. Entonces, para eso necesitamos suficiente tiempo. 
Claro, cuanto más mejor. Pero ya hace más de un mes que se dio el veto presidencial al decreto de reformas electorales, están discutiendo los partidos pero no está trascendiendo mucha información de esas negociaciones. ¿Cuál cree que puede ser ahora el problema, dónde cree que está detenida la negociación? 
No se ve claro. Yo en todo caso he tenido una posición muy clara en ese sentido. No es prudente buscar superar el veto presidencial, eso no ayuda, y cualquier salida debe de estar expresamente sujeta a la sentencia de la Corte sobre eso. A mi juicio es muy simple lo que se debe hacer: es necesario que haya voto por bandera, con la finalidad de que el voto por bandera permita establecer cuántos escaños gana un partido, y que haya voto por persona, para establecer el orden en que las propuestas de ese partido ingresan en el número de candidaturas que éste gane. Es decir, que se pueda combinar ambos elementos y eso es lo que expresamente está vinculado a la sentencia. 
Pero que todos los candidatos compitan en igualdad, no como en el decreto que se aprobó. 
Por eso, tiene que está  apegado a la sentencia. 
¿Entonces no conoce usted el punto en que se encuentran detenidos los partidos en su negociación? 
No, ahí sí no sé. Yo hablo de las necesidades que tenemos aquí y de la urgencia, porque de eso depende no solo la planeación del evento electoral, sino también el desarrollo de los procesos de educación cívica con la población y con los aparatos partidarios. 
En ese sentido, ¿no cree que está siendo un poco sobresaltado este periodo preelectoral? 
Yo creo que hemos tenido dos periodos álgidos del sistema electoral de país. Uno el que se derivó de los Acuerdos de Paz, que planteó un importante esquema de reformas y en segundo lugar éste. Y creo que aun superando este momento y llegando a las próximas elecciones nos queda todavía mucho camino por recorrer para poner al día el sistema electoral del El Salvador. Por ejemplo, no tenemos una Ley de Partidos Políticos, no hay una normativa que resuelva la representación plural en los concejos municipales, el voto en el exterior… O sea, sí hay una mora importante. 
Los elementos que hoy están planteados son fuertes, como es el desbloqueo de las listas, es muy fuerte; como son las candidaturas independientes, es fuerte también; el voto residencial es fuerte. Pero son temas que creo que existe la suficiente experticia, capacidad administrativa como tribunal, para manejarlo, siempre y cuando dispongamos de los recursos necesarios y también siempre y cuando exista el suficiente tiempo para poder aplicar esos mecanismos.