El presidente del TSE no aprecia posibilidad de debate sobre la “muerte jurídica” de ambos partidos
Por Fernando de Dios
ContraPunto
SAN SALVADOR – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene un mandato expreso de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para cancelar, es decir, eliminar de la lista de partidos políticos legales, al Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En su sentencia hecha pública el 29 de abril, la Sala declara inconstitucional parte del decreto legislativo que permitió en 2005 revivir a ambos institutos políticos, que en la elección presidencial de 2004 no obtuvieron el mínimo del 3 por ciento de votos para continuar existiendo.
Además, esa sentencia contiene el siguiente mandato: “El TSE deberá iniciar el procedimiento de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes establecidos por el CE (Código Electoral) en las elecciones presidenciales del año 2004”.
A pesar de la claridad de lo emitido por el máximo órgano interpretador de la Constitución de la República, en el país se ha desatado un debate en el que se plantea si PCN y PDC deben o no desaparecer.
Incluso un magistrado del TSE, Walter Araujo, ha dicho que se debe estudiar la sentencia para ver cómo aplicarla.
El presidente de ese órgano, Eugenio Chicas, manifiesta en esta entrevista que la sentencia es clara y que el tribunal debe iniciar cuanto antes el proceso de cancelación de ambos partidos.
“Yo no creo que alguien se atreva en este caso a enfrentar y no cumplir una sentencia de la Corte”, declara Chicas.
Ello supone, tal y como está la normativa electoral en la actualidad, que en un periodo de un año tras la cancelación, nadie puede inscribir nuevos partidos con los mismos nombres, emblemas y colores, lo que condenaría a PCN y PDC a no usar sus históricas marcas en las próximas elecciones municipales y legislativas de marzo de 2012.
Por ello, están buscando apoyos en la Asamblea Legislativa para cambiar nuevamente el Código Electoral y poder concurrir como si nada hubiera ocurrido.
Esa solución, esa “argucia”, según Chicas, sería un error por su parte, pues puede suscitar una nueva sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, con el agravante de que es posible que entonces ya no les quede tiempo para inscribir nuevos partidos para participar en las elecciones.
El presidente del TSE recomienda a estos partidos que sigan el procedimiento legal, para el que tienen tiempo de sobra antes del cierre de inscripciones previo al evento electoral, que es en noviembre de este año.
Sin embargo, éste no es el único proceso que liga al TSE con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Está pendiente una resolución sobre el nombramiento del magistrado Julio Moreno Niños, del PCN, y su suplente, Óscar Morales, del PDC, quienes en opinión de Chicas fueron elegidos ilegalmente por la Asamblea Legislativa.
Si la CSJ se pronuncia en ese sentido, como es previsible, quedarán vacantes esos puestos en el TSE. Ello podría romper el actual reparto de votos en el órgano colegiado, compuesto por cinco magistrados.
En la actualidad, junto a Araujo y Moreno Niños, Fernando Argüello, representante de la CSJ, votan en bloque, enfrentados en los temas comprometidos a Chicas y el quinto magistrado, Eduardo Urquilla, también propuesto por la CSJ.
Si Moreno Niños es removido de su puesto, el tribunal podría cambiar de signo en sus votaciones.
Finalmente, los diputados siguen estancados en su discusión sobre las reformas al Código Electoral que les ordenó hacer la CSJ para instaurar las listas abiertas y desbloqueadas y las candidaturas independientes.
Chicas, como ya ha manifestado en otras ocasiones, insta a los partidos políticos a no superar el veto presidencial al primer decreto que presentaron, pues manifiestamente no se adecua a lo establecido por al Corte, y a ponerse de acuerdo cuanto antes, pues el TSE necesita tiempo para educar a la población y los contadores de votos en el nuevo sistema.
El país, dice Chicas, vive un proceso de reformas electorales que no se había dado desde los Acuerdos de Paz, aunque reconoce que aun quedan cuestiones que resolver.
No obstante, el magistrado asegura que, si tiene el tiempo y los recursos necesarios, el TSE está capacitado para llevar adelante las elecciones de forma eficiente y ordenada.
El magistrado Walter Araujo ha manifestado que hay que estudiar la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y usted ha dicho que esa sentencia no tiene vuelta de hoja. ¿En qué basa el magistrado Araujo esa afirmación?
Habría que preguntarle a él sus argumentos, yo te voy a dar los míos. Por principio jurídico, toda sentencia de la Corte es ley, y toda ley es de obligado cumplimiento. En materia de salvaguarda constitucional, la autoridad para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una normativa es la Corte Suprema de Justicia. La manera de pronunciarse la Corte en ese tipo de casos es mediante sentencias, y la sentencia tiene rango de ley. Por lo tanto para nosotros, como organismo, como institución del Estado que hemos jurado cumplir la ley, que nos debemos a la ley y a la institucionalidad, si viene a este tribunal una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, yo no puedo pasar a dirimir que qué cosa es eso, que si la cumplo o no la cumplo. No, es una ley, debo de cumplirla.
Supongo que usted ha estudiado la sentencia. Como magistrado del TSE, ¿ve interpretable su aplicación?
Oficialmente no la ha conocido el tribunal, pero obviamente la sentencia ha circulado y se ha conocido. Las sentencias siempre son muy claras y tienen un mandato muy expreso. En este caso, esta sentencia, hasta donde hemos conocido, tiene un mandato muy claro respecto a iniciar un proceso de cancelación.
Es cancelación, no desinscripción, como se ha dicho.
No, es cancelación.
Es decir, las banderas, nombres, siglas y colores de estos dos partidos deben ser canceladas.
Eso es lo que conocemos de la sentencia hasta hoy. Por lo tanto, lo que va a pasar es que nosotros, el tribunal, en este día (miércoles 11 de mayo) hemos decidido, ya con la certeza de que la sentencia va a ser publicada (en el Diario Oficial) en lo que resta de la semana, hemos decidido por unanimidad del tribunal agendar el tema para el lunes. El lunes próximo (16 de mayo) el tribunal asume ya iniciar el proceso de abordar esta sentencia.
El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, se ha pronunciado y ha dicho
en varias ocasiones que a ellos esta sentencia no les afecta. Se
escudan en otra sentencia de 2006 que cambió el Código Electoral y
validó su forma de reinscribirse en 2005. ¿Qué hay de cierto en eso? Vamos a conocer y vamos a abordar esa parte, pero tengo la impresión que no, que son circunstancias totalmente distintas.
¿Pero sería un punto de discusión dentro del órgano colegiado del TSE?
Yo no creo. Siempre puede haber, como en todo organismo, presencia humana y por lo tanto criterios distintos. Yo no creo que alguien se atreva en este caso a enfrentar y no cumplir una sentencia de la Corte. Incluso a mí me parece que el camino más saludable para cualquier instituto es cumplir la sentencia. No hablemos de partidos en particular, porque no puedo, como juzgador, prejuzgar lo que vamos a asumir cuando estemos ante la sentencia. A lo que me quiero referir es, cualquier partido, si no cumplió los requisitos de ley, del umbral que la ley establece, debe ser cancelado.
Puede ser que algún partido, para no ser cancelado, esté buscando construir algún puente artificioso que le permita pasar por alto la muerte jurídica. Eso sería un grave error, porque yo creo que las cosas en el país han cambiado, creo que estamos ante una Sala de lo Constitucional que ha demostrado mucha altura jurídica, mucha robustez jurídica. Hubo épocas en el país en que una sentencia se podía torcer, se podía modificar. Esta sala ya, en varios casos, en distintos procesos que afectan a partidos, al Ejecutivo, a distintas instituciones, ha demostrado mucha coherencia jurídica en sus actuaciones.
Con eso quiero decir que si un partido, cualquiera que sea, pretende buscar argucias, atajos, puentes artificiosos, para no cumplir la sentencia, se arriesga a que la Sala, por petición de cualquier ciudadano, o incluso por los mismos demandantes, reciba una nueva demanda y cancele a esos partidos políticos o a quien quiera burlar la ley en un momento procesal que le va a impedir participar en elecciones.
Eso creo que es importante ponerlo claro, porque también creo que cualquier partido que tenga el temor de ser cancelado en este momento no debiera de tener tal temor porque procesalmente, administrativamente, hay tiempo suficiente para poder inscribir un nuevo partido.
Hago énfasis en lo de nuevo, porque nuestro ordenamiento jurídico no recoge la figura de la reinscripción; lo que hay es cancelación e inscripción de nuevos sujetos o institutos políticos.
¿Pero sí es cierto que hasta que pasa un año desde su cancelación un partido se puede inscribir con el mismo nombre, mismas banderas y colores?
El Artículo 157, inciso tercero (del Código Electoral), es muy claro que un partido, después de haber sido cancelado, nadie puede inscribir un nuevo partido utilizando, durante ese año de término, que es como una especie de término de viudez, no puede en ese caso, utilizar ni los nombres, ni los símbolos, ni los emblemas, de un partido clausurado. O sea, tiene que dejar pasar ese año de luto para poder utilizarlo. Ahora bien, ¿puede ser eso modificado? Ah bueno, eso es un tema legislativo. Así como está la normativa hoy en el Código Electoral no se puede. Si un partido es cancelado, no puede utilizar los mismos símbolos. Si un partido es cancelado, pero después de cancelado, en ese ínterin en que no ha presentado el proceso, ocurre una reforma legislativa que le dé algunas facilidades para utilizar un color parecido, eso es un tema legislativo.
Usted habló antes de puentes, de atajos…
Sí, pero eso no exonera de la muerte, o sea, la clausura, la capitulación, esa es ineludible.
Porque así lo manda la sentencia claramente…
Así es.
Pero usted decía también que ese atajo, ese puente que de hecho están buscando estos partidos, podría ser…
Sujeto de una nueva demanda.
Es decir, que en su opinión, están buscando un trato de favor que podría resultar inconstitucional igualmente.
Igual, y perder la inscripción en la puerta de una elección. Creo que cualquier partido que busque una nueva inscripción tendrá que pensárselo bien para no reñir con la sentencia y para no arriesgarse de en un momento del proceso electoral, perder la carrera electoral por un atajo mal tomado.
Si
ahora son cancelados, ¿qué es lo que tienen que hacer el PCN y PDC para
inscribir un nuevo partido? ¿Y cuánto puede durar el proceso? Eso depende básicamente de en qué medida el propio partido afectado que puede ser cancelado utilice o no las prerrogativas que le da la ley. O sea, qué tanto se deje cancelar. Por ejemplo, en ese proceso, primero conocemos la sentencia; segundo, mandar a Secretaría General a que nos dé de manera certificada los resultados de las elecciones de que se trata; tercero correr proceso a la Fiscalía, que es la que debe intervenir en ese proceso; cuarto mandar a oír a los partidos políticos. Y ahí es donde viene que un partido que enfrente un proceso de cancelación puede decir humildemente, no mire, está bien, me entrego, hasta aquí. O puede ser que ese partido diga, no yo voy a presentar un alegato, yo pido tiempo, yo presento un recurso, yo busco una nueva demanda y nos alargue el proceso y éste pueda durar mes y medio o dos meses. Si el partido facilita el proceso, éste puede durar quince días.
¿Y después?
Después los mecanismos de ley son sencillos. Cualquier grupo de ciudadanos necesita constituir a 100 personas o más, personarse a notario público, éste levanta un acta en su protocolo donde esas 100 personas o más expresan la intención de constituir un partido político y donde además esas 100 personas dicen cuáles son sus símbolos, sus estatutos, sus objetivos, sus nombres, sus lemas. Eso nos lo traen, si llenan los requisitos de ley, se les autorizan los libros para que recojan firmas, el tiempo que les da la ley para eso es de 60 días. Si no les ajustan esos días pueden ser 90, pero si en una semana nos traen las firmas, en una semana lo empezamos a procesar.
¿Cuántas firmas son?
50.000 registros. Entonces, cualquier partido que ya ha participado en elecciones y ha obtenido miles de votos, no debiera tener ningún problema, y si además tiene alcaldes, diputados y estructura nacional, no debiera tener problema. Yo creo que un proceso como ése puede tardar a lo sumo 90 días. Estamos a tiempo, no se necesita buscar atajos, argucias, porque estamos a tiempo para que cualquier nuevo partido político pueda ser inscrito ya que no existe la figura de reinscripción.
El problema es que estos partidos quieren conservar sus colores, nombres y banderas.
Efectivamente.
Quería preguntarle por otro asunto que tiene que ver con la Sala de lo Constitucional de la CSJ y el TSE. ¿Qué podría implicar que la CSJ fallara en contra del nombramiento del magistrado Julio Moreno Niños?
Yo he tenido una posición desde que se dio ese proceso de elección. La elección del magistrado Moreno Niños y del otro magistrado suplente son ilegales. Yo he tenido una posición muy clara en ese sentido. Fueron elecciones ilegales porque sus partidos no participaron en el evento electoral del que habla la Constitución, o sea, no fueron contendientes en las elecciones presidenciales, y tampoco fueron elegidos con voto calificado como para poder sortear la postura de partido. Entonces yo siempre he sido muy claro de que esa es una elección ilegal desde todo punto de vista.
Pero si esas personas son removidas de sus cargos, quedarían vacantes una plaza de magistrado titular y otra de magistrado suplente. ¿Debería llenarlas la Asamblea Legislativa?
Yo no tengo bolita mágica pero ahí pueden ocurrir tres escenarios. Que la Corte decida no moverlos. O que la corte los mueva y que existan los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para poder elegir algo diferente, apegado a lo que sea la sentencia del organismo, en este caso la Corte. O puede haber una tercera situación; que no haya votos para elegir a nadie y perfectamente funcionaríamos cuatro magistrados. No hay ningún problema. No se afectaría nada con el hecho de que solo queden cuatro titularidades. Es totalmente legal, no habría ningún problema.
Se ha hablado de que el puesto vacante lo podría intentar ocupar GANA, pero GANA tampoco participó en esas elecciones.
Por eso yo creo que hay que esperar a conocer cómo resuelve y qué reglas pone la Corte para llenar ese vacío. En todo caso, yo diría que debe de haber voto calificado en la Asamblea Legislativa para llenar esa vacante. Lo digo porque la única circunstancia que la Constitución establece para elegir a una propuesta que venga de partidos políticos es que estos hayan participado en la última elección presidencial, y eso no se puede llenar a estas alturas. Por lo tanto, desde mi perspectiva, únicamente con voto calificado podría ser llenada esa vacante, pero además por figuras que no estén vinculados a partidos políticos, porque ese espacio no está reservado a partidos políticos.
Y es interesante cómo cuando ese tema lo resolvió la Asamblea Legislativa, yo recuerdo que el FMLN a quien presentó como propuesta fue a una persona no vinculada a ningún partido político, que es el abogado José Domingo Méndez, que es de una ONG, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente hablamos con él recientemente y nos dijo que el problema del TSE es que está partidizado.
Sí, pero traigo ese recuerdo de lo que ocurrió porque creo que jurídica y políticamente es importante que, al menos el FMLN, en aquel momento, propuso para esa vacante a una persona que ni era de un partido, ni ha estado vinculado a ningún partido político y es genuinamente una persona que viene de instituciones de la sociedad civil.
Otro asunto que está en marcha es la reforma electoral que tienen que hacer los partidos políticos para establecer las listas abiertas y desbloqueadas. ¿Qué sabe de ese proceso tras el veto presidencial al anterior decreto?
Yo he venido instando a todos los partidos en la necesidad de que se regule a la mayor brevedad la manera de cómo se van a administrar las próximas elecciones en torno al tema de la papeleta y a la disposición de las candidaturas en la papeleta. La papeleta en sí misma no es el problema, estamos con suficiente tiempo para el momento en el que haya que imprimirlas, ése no es el problema. La urgencia tiene que ver en poder ilustrar a la ciudadanía en cómo elegir, cómo votar y cómo contar.
Cómo votar porque necesitamos generar cultura, orientar a la población que ya no se va a votar por el símbolo de un partido nada más, sino que se va a votar con voto preferente por personas. Eso requiere tiempo, poder ilustrar a la ciudadanía.
Y en segundo lugar, porque habrá personas que estén en las Juntas Receptoras de Votos que necesitarán saber cómo contar los votos. Entonces, para eso necesitamos suficiente tiempo.
Claro, cuanto más mejor. Pero ya hace más de un mes que se dio el veto presidencial al decreto de reformas electorales, están discutiendo los partidos pero no está trascendiendo mucha información de esas negociaciones. ¿Cuál cree que puede ser ahora el problema, dónde cree que está detenida la negociación?
No se ve claro. Yo en todo caso he tenido una posición muy clara en ese sentido. No es prudente buscar superar el veto presidencial, eso no ayuda, y cualquier salida debe de estar expresamente sujeta a la sentencia de la Corte sobre eso. A mi juicio es muy simple lo que se debe hacer: es necesario que haya voto por bandera, con la finalidad de que el voto por bandera permita establecer cuántos escaños gana un partido, y que haya voto por persona, para establecer el orden en que las propuestas de ese partido ingresan en el número de candidaturas que éste gane. Es decir, que se pueda combinar ambos elementos y eso es lo que expresamente está vinculado a la sentencia.
Pero que todos los candidatos compitan en igualdad, no como en el decreto que se aprobó.
Por eso, tiene que está apegado a la sentencia.
¿Entonces no conoce usted el punto en que se encuentran detenidos los
partidos en su negociación? No, ahí sí no sé. Yo hablo de las necesidades que tenemos aquí y de la urgencia, porque de eso depende no solo la planeación del evento electoral, sino también el desarrollo de los procesos de educación cívica con la población y con los aparatos partidarios.
En ese sentido, ¿no cree que está siendo un poco sobresaltado este periodo preelectoral?
Yo creo que hemos tenido dos periodos álgidos del sistema electoral de país. Uno el que se derivó de los Acuerdos de Paz, que planteó un importante esquema de reformas y en segundo lugar éste. Y creo que aun superando este momento y llegando a las próximas elecciones nos queda todavía mucho camino por recorrer para poner al día el sistema electoral del El Salvador. Por ejemplo, no tenemos una Ley de Partidos Políticos, no hay una normativa que resuelva la representación plural en los concejos municipales, el voto en el exterior… O sea, sí hay una mora importante.
Los elementos que hoy están planteados son fuertes, como es el desbloqueo de las listas, es muy fuerte; como son las candidaturas independientes, es fuerte también; el voto residencial es fuerte. Pero son temas que creo que existe la suficiente experticia, capacidad administrativa como tribunal, para manejarlo, siempre y cuando dispongamos de los recursos necesarios y también siempre y cuando exista el suficiente tiempo para poder aplicar esos mecanismos.
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