Lo que según Rodolfo González han pedido diputados
de Gana y CN es que la Sala de lo Constitucional no falle contra el
nombramiento de Ástor Escalante como fiscal general. A su denuncia de
este martes se sumaron el anuncio del fiscal Romeo Barahona de que
investiga a ocho diputados por el delito de desobediencia, y la renuncia
a la Corte Centroamericana de Justicia de la magistrada salvadoreña
María Silvia Guillén.
Ricardo Vaquerano, Patricia Carías y Jimena Aguilar
elfaro.net
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Mientras uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional
denunció este martes que diputados de los partidos FMLN, Gana y CN
intentaron dividirlos haciendo ofertas ilegítimas a cambio de dejarlos
en paz, el fiscal general, Romeo Barahona, anunció que abrió expediente
contra ocho legisladores acusados por cuatro ciudadanos de incurrir en
el delito de desobediencia.
Rodolfo González, uno de los cuatro magistrados nombrados en la Sala
en julio de 2009, confirmó una versión recibida por El Faro de fuentes
jurídicas de la Sala de lo Constitucional, que aseguraron que en las
últimas semanas diputados de Gana y Concertación Nacional pidieron una
reunión con magistrados para plantearles una oferta de salida a la
crisis que se abrió cuando la Asamblea Legislativa optó por desobedecer
las últimas sentencias de la Sala.
Estas sentencias, emitidas a inicios de junio, declararon
inconstitucionales los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema
que las legislaturas 2003-2006 y 2009-2012 hicieron sobre el final de
sus mandatos, con lo que renovaron dos veces en un solo período al
máximo tribunal de justicia de El Salvador.
Según esas fuentes, que pidieron el anonimato, los parlamentarios
hicieron una especie de oferta de paz a cambio de que la Sala revoque
algunas de sus sentencias ya emitidas y resuelva demandas pendientes
según le interesa a estos partidos políticos. "Lo único que le puedo
decir es que es cierto que pidieron que no se toque el nombramiento del
fiscal general, que se avale el traslado de Belarmino Jaime a otra sala
de la Corte y que se deje sin efecto las sentencias del 5 de junio",
dijo González, en llamada telefónica, cuando El Faro le pidió
confirmación. "Están soñando si piensan que vamos a hacer eso", dijo.
Este periódico consultó también con los magistrados Florentín
Meléndez y Sidney Blanco, y estos dijeron que no sabían de esas
peticiones de los partidos.
González, además, en una entrevista en el canal 21 de televisión dijo
la mañana de este martes que en un momento políticos de los partidos
FMLN y Gana a quienes no identificó, le ofrecieron la presidencia de la
Corte Suprema de Justicia. “A mí me ofrecieron la presidencia de la
Corte Suprema de Justicia, el FMLN y Gana, a cambio de que aceptara el
movimiento del magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo
Constitucional a otra Sala de la Corte, y les dije que no”, dijo. “Esta
forma de arreglos han sido la tónica constante entre los políticos en
relación a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y creo que
por primera vez se han encontrado con un rechazo claro y abierto”,
concluyó.
Algunas de estas reuniones se produjeron la semana anterior, jueves y
viernes, aunque nadie quiso aclarar si se trataba de las citas a las
que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se
refirió el fin de semana. El religioso dijo que el presidente de la
Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, le había pedido una reunión. Hubo
esa reunión, pero Escobar Alas dijo que no podía dar detalles sobre el
asunto que trataron, aunque las respuestas del prelado estaban
enmarcadas en el enfrentamiento entre Asamblea y una Sala que intenta
que el Órgano Legislativo obedezca sus sentencias.
Un ejecutivo administrativo de la Corte Suprema explicó a El Faro que
más allá de los puntos confirmados por González, en estas reuniones ha
habido otras demandas de los diputados para dejar en paz a los
magistrados. Aseguró que él participó como apoyo en la preparación de
estas citas y que los diputados que hicieron de contraparte en sesiones
con magistrados de lo Constitucional plantearon que los problemas iban a
terminarse si los magistrados atendían tres puntos. Uno es no tocar el
nombramiento de Ástor Escalante como próximo fiscal general. El otro es
sobreseer la demanda contra la Asamblea Legislativa por el nombramiento
de los tres magistrados de la Corte de Cuentas o, en el peor de los
casos, anular solo uno de los nombramientos y dar validez a los otros
dos. El tercer punto es que se abstengan de sentenciar que los
nombramientos del ministro de Seguridad y del director de la PNC violan
la Constitución.
El Faro llamó a fuentes de los partidos Gana y CN para consultarles
sobre los señalamientos de chantaje, y solo el secretario general
cenista, Manuel Rodríguez, respondió. Este negó que su partido hubiera
hecho algún intento de negociar sentencias a cambio de terminar con sus
reclamos públicos y jurídicos contra los magistrados. “Eso es mentira,
nosotros no nos hemos acercado. Cuando Rodolfo vino a la Asamblea antes
de las elecciones solo escuchamos y no tocamos ningún tema. Oficialmente
no hemos participado en ninguna reunión”, dijo.
Los magistrados cuestionados por los diputados de FMLN, Gana, CN y
Pes dicen tener claras las razones de los acontecimientos de las últimas
semanas, incluida la reforma transitoria a la Ley Orgánica Judicial
para tratar de forzar la instalación de los magistrados elegidos en
abril pasado, cuya elección fue declarada inconstitucional. González y
el primer magistrado, Florentín Meléndez, coincidieron en que todo se
trata de una venganza porque no son sumisos ante la Asamblea
Legislativa. “Quieren desarticular la Sala porque hemos sido
independientes, por haber tenido la osadía de haber emitido sentencias
contra el poder político y hay otras sentencias en camino que quieren
evitar”, dijo Meléndez.
Meléndez enumeró una serie de demandas ciudadanas que ellos, como
jueces, aún tienen que resolver, y que cree que la sola posibilidad de
sentencias desfavorables genera gran presión en la clase política.
Mencionó la demanda contra la elección del abogado Ástor Escalante como
fiscal general 2012-2015, la demanda contra el nombramiento de los
magistrados de la Corte de Cuentas, la demanda de inconstitucionalidad
contra lel Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la demanda
contra los nombramientos por parte del presidente de la República de dos
generales en cargos de seguridad pública.
Con los magistrados de lo Constitucional inamovibles en su posición
de que no tienen nada que negociar con la parte demandada -en este caso,
la Asamblea Legislativa-, El Salvador llegó este martes a su tercer día
con dos grupos de abogados que se dicen magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. El lunes sesionaron por separado y durante casi todo el
día tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional como los
abogados cuyo nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa tiene en
contra sentencia judicial de inconstitucionalidad.
"Nosotros no nos hemos puesto a debatir cuál Corte es la legítima y
cuál no", dijo González, cuando El Faro le preguntó qué discutieron en
su sesión de inicio de semana. "Las sentencias de inconstitucionalidad
ahí están y son de obligatorio cumplimiento", añadió. Dijo que él y
otros cuatro magistrados -incluida una magistrada suplente ante la
salida de Néstor Castaneda, cuyos nueve años terminaron el 30 de junio-
simplemente estuvieron conversando sobre el trabajo normal de la Corte. Y
en un momento abordaron la posibilidad de un encuentro con los
magistrados de la promoción 2006 y los nombrados en abril pasado.
"Dijimos que si Ovidio Bonilla -nombrado presidente electo por la
Asamblea, a partir del 16 de julio próximo- venía acá, le íbamos a pedir
que nos sentáramos a platicar", dijo González. Y lo mismo acordaron en
caso de que llegaran el resto de personas nombradas por la Asamblea que
están reclamando se les reconozca legitimidad.
González aseguró que el plan de los magistrados constitucionalistas
es seguir trabajando con normalidad en la Corte, y para eso laborarán
con magistrados suplentes. "Si nosotros prácticamente así estuvimos
trabajando desde cuando declaramos inconstitucionales los nombramientos
correspondientes a 2006 y a 2012. Hemos estado resolviendo estos días
con Mirna Perla, Miguel Ángel Cardoza y Néstor Castaneda, y entonces no
es que la Corte no pueda funcionar", dijo. Cuando El Faro le preguntó si
es viable seguir a este ritmo indefinidamente, asintió. "Quizás yo sea
demasiado optimista, pero yo creo que podremos seguir trabajando así,
con los suplentes".
El presidente Mauricio Funes también volvió al debate este lunes por
la noche en una entrevista en el canal 5 de televisión. En el programa
Debate con Nacho, el mandatario aseguró que no intervendría en la
controversia entre la Sala y la Asamblea, aunque criticó el trabajo de
Belarmino Jaime como presidente de la Corte alegando que la convocatoria
de magistrados suplentes era “ilegal”, dado que los nombramientos de
magistrados propietarios de 2006 y 2012 siguen siendo legales hasta que
la Asamblea elija una vez más, según la sentencia.
Además, Funes dijo que la Sala debe aceptar la jurisdicción de la
Corte Centroamericana de Justicia, que ya ordenó hace dos semanas a los
magistrados que suspendan las consecuencias de las sentencias que
invalidaban las elecciones de nuevas Cortes.
Otro de los personajes que entró al debate en la última semana es el
exmagistrado de la Sala de lo Penal Ullices del Dios Guzmán, cuyo
mandato acabó el sábado. Este ha dicho que las sentencias de la Sala son
inapelables y de obligatorio cumplimiento. La de Guzmán es una
interpretación que podría eventualmente favorecerle, ya que él aspiraba a
ser nombrado magistrado durante otros nueve años, pero quedó fuera. Si
obedeciera la sentencia de la Sala, la Asamblea tendría que negociar de
nuevo los nombres de los magistrados 2012-2021, y ahí Guzmán volvería a
tener opciones.
A pesar de que los magistrados no consideran que las reuniones en las
que participen los magistrados electos en 2012 sean oficiales o
legítimas, Rodolfo González dijo a El Faro que la secretaria general de
la Corte estuvo presente en la reunión de los abogados nombrados en
abril pasado. Según explicó el magistrado la función de esta es dar fe
de las reuniones y los acuerdos a los que llegan los magistrados. "La
secretaria general de la Corte fue llamada por los cinco magistrados de
la promoción 2006 y por los cinco que están en si son o no son, y ella
concurrió a la reunión", dijo.
La normalidad con la que aseguran los magistrados seguirá funcionando
la Corte, a pesar de las reuniones paralelas del otro grupo de
magistrados, incluye el funcionamiento de Corte Plena en conjunto con
los suplentes. El viernes la Corte llamó a tres suplentes para que se
incorporen a Corte Plena y uno para que asuma en la Sala de lo
Constitucional. Entre ellos Sonia Barillas de Bonilla, que integra la
Sala de lo Constitucional, y Ricardo Suárez Fishnaler y Antonio Durán
como suplentes de las demás salas. Según explicó Rodolfo González, esto
es bastante normal en el funcionamiento de la institución, pues no
siempre llegan todos los propietarios a las reuniones y ahora la
situación es diferente.
Agregó que, no obstante la reforma a la Ley Orgánica Judicial hecha
por la Asamblea sorpresivamente la noche del jueves y avalada el viernes
por el presidente Funes, el intento de quitar a Belarmino Jaime la
atribución de convocar a Corte plena como presidente de la Corte
Suprema, sigue intacta. “Hay otros artículos de la ley que facultan al
presidente a convocar. Lo que ha cambiado es que Corte plena se podría
convocar por llamado del presidente o por llamado de cualquier
magistrado".
González también dijo que ha escuchado a Jaime decir que a las cinco
personas que fueron electas en abril no se les asignará recursos como
carros, personal de seguridad, ni vales de gasolina porque ellos no son
magistrados.
Sobre la actividad del domingo, cuando los magistrados invalidados
por la Sala llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema, Meléndez
dijo que no era nada oficial, pero reveló que las autoridades vigentes
les dieron por cortesía las facilidades para que pudieran acceder al
edificio. “Porque algunos son colegas y algunos podrían serlo después, y
otros son amigos nuestros”, dijo Meléndez.
Fiscal investiga a diputados
El viernes pasado, cuatro ciudadanos salvadoreños presentaron ante la
Fiscalía una demanda contra ocho diputados, incluido el presidente de
la Asamblea, Sigfrido Reyes, acusándolos del delito de desobediencia. El
fiscal general, Romeo Barahona, anunció este martes que abrió
expediente contra ocho legisladores, pero se rehusó a revelar las
identidades de los investigados.
En su denuncia, los ciudadanos dicen que acuden al fiscal porque
consideran que al desobedecer las sentencias de inconstitucionalidad,
que van acompañadas de la orden explícita de repetir la elección de
magistrados de 2006 y 2012, los diputados cometieron el delito de
desobediencia, que se castiga con prisión de hasta un año.
"Señalamos como partícipes del hecho denunciado al diputado Othon
Sigfrido Reyes Morales...", plantean los denunciantes, en referencia al
efemelenista que preside la Asamblea Legislativa, y agregan a la lista a
Roberto Angulo y Francisco Merino, de CN; a Guillermo Gallegos, Walter
Guzmán y Mario Tenorio, de Gana; a Roberto Lorenzana, del FMLN, y a
Rodolfo Parker, del Pes.
Barahona es otro actor relevante en el debate de las elecciones de la
nueva Corte y de su sucesor, pues él termina su mandato de tres años en
septiembre. Por procedimiento de ley, la Sala de lo Constitucional
tiene que pedir la opinión del fiscal general cuando procesa una demanda
de inconstitucionalidad. En el caso de las sentencias contra la
Asamblea por las elecciones de magistrados de 2006 y 2012, el fiscal
coincidió con los magistrados en que los diputados violaron la
Constitución.
Y la Sala aún procesa una demanda contra la elección del abogado
Ástor Escalante como fiscal 2012-2015. Pero el último paso antes de
emitir sentencia ya ocurrió: fue oír al fiscal, y este, que delegó al
fiscal adjunto por considerar que es parte interesada, opinó que
efectivamente la elección de Escalante viola la Constitución, porque no
puede ser que una misma legislatura -la 2009-2012- elija dos veces
fiscal general.
Por lo tanto, a Barahona, que quería un segundo mandato en el cargo,
le conviene la invalidación del nombramiento de Escalante, porque la
Asamblea Legislativa tendría que construir un nuevo acuerdo, y la
composición del parlamento 2012-2015 no es igual al que eligió a
Escalante y a los magistrados 2012 en la última semana de sus tres años
de gestión.
Renuncia a magistratura en Corte Centroamericana
La Asamblea Legislativa al rechazar las sentencias de la Sala acudió a
la Corte Centroamericana de Justicia, un organismo regional que en sus
estatutos establece la posibilidad de dirimir conflictos entre poderes
del Estado. Mientras los diputados alegan que hay un conflicto entre
Asamblea y Corte Suprema, los magistrados dicen que la Sala con sus
sentencias solo actúa como juez y no como parte. Que, en todo caso, el
conflicto es entre los ciudadanos que se sienten agraviados por la
Asamblea y esta, y que la Sala solo cumple su juez de árbitro que
administra justicia.
El artículo 22 literal "f" de los estatutos de la Corte
Centroamericana (CCJ) es el que posibilitó a los diputados de FMLN,
Gana, CN y Pes soslayar la orden de cumplir las sentencias de la Sala.
Aunque los mismos diputados aceptan que la Sala no es un poder del
Estado, en su demanda ante la CCJ dijeron que la parte demandada es la
Corte Suprema de Justicia. La CCJ admitió la demanda y ordenó a los
magistrados salvadoreños suspender la invalidación de las elecciones de
2006 y 2012. La Sala replicó que en materia constitucional la CCJ no
tiene competencia y declaró inaplicable la orden del tribunal
centroamericano.
Ahora, Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, habla de la
posibilidad de procesar a los magistrados por desobedecer a la Corte
Centroamericana, mientras esta dijo el fin de semana que el responsable
en El Salvador de hacer cumplir las resoluciones del tribunal regional
es el presidente de la República, quien la noche del lunes dijo que él
no intervendrá en este conflicto.
La CCJ está integrada por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y cada
país tiene dos magistrados propietarios y dos suplentes. Este martes,
junto al anuncio del fiscal de que abrió investigación contra ocho
legisladores, vino el anuncio de la magistrada salvadoreña suplente en
la CCJ, María Silvia Guillén, quien renunció a su puesto porque
considera que la Corte actuó incorrectamente al admitir la demanda de
los diputados.
Según Guillén, el artículo 183 de la Constitución de la República de
El Salvador establece que en materia constitucional el límite es la Sala
de lo Constitucional y, por lo tanto, la CCJ no tiene competencia en
esa área. "Justifico esta renuncia en mi exigencia profesional y
ciudadana por el respeto y total sometimiento a los mandatos
constitucionales", dice Guillén, en su carta de dimisión.
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| María Silvia Guillén. Foto Mauro Arias |
Apenas el lunes la Corte Centroamericana había sido objeto de otro
cuestionamiento, cuando Costa Rica declaró oficialmente que rechazaba
una condena emitida por el tribunal, a partir de una demanda de
Nicaragua por una disputa en el río fronterizo entre ambas naciones.
Costa Rica desde el inicio rechazó la demanda, porque este país no es
parte de la Corte. Sin embargo, los magistrados no solo admitieron el
reclamo nicaragüense sino que emitieron condena.
El gobierno costarricense dijo que iba a denunciar esta actuación
ante los gobiernos de Honduras y El Salvador, para que estos evalúen si
el organismo está cumpliendo correctamente su papel.
En el caso de la exmagistrada Guillén, ella es directora ejecutiva de
la oenegé Fespad, una de varias organizaciones cívicas de izquierda que
se han alzado junto a otras organizaciones de todo signo ideológico
para desvirtuar los argumentos de los diputados. En el FMLN, el discurso
de los legisladores y principales dirigentes ha sido que la Sala de lo
Constitucional responde a los intereses del partido Arena, y que quienes
han salido en su defensa han sido simpatizantes de Arena o de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Entre quienes se han puesto del lado de los magistrados están
personajes como el político retirado Abraham Rodríguez y el sacerdote
jesuita José María Tojeira, e instituciones como la Fundación para el
Desarrollo (Funde), la Iniciativa Social para la Democracia y la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Asamblea incursiona en Corte
Por ahora no queda claro en qué terminará la disputa, y dependiendo
de quién se imponga así podría haber posibilidad de que alguno de los
involucrados incurriera en delitos como actos arbitrarios o incluso
falsedad ideológica o falsedad material, aparte del delito de
desobediencia que ya está investigando el fiscal.
En el acto de "instalación" de los magistrados invalidados por
sentencia de inconstitucionalidad, los periodistas fueron testigos el
domingo de cómo personal de comunicaciones de la Asamblea Legislativa
ingresaba a las instalaciones de la Corte Suprema como si se tratara de
una actividad legislativa.
Óscar Alas, gerente de comunicaciones de la Asamblea, apareció
acompañando a la magistrada Roxana Núñez, una de las personas nombradas
por los diputados para asumir cargos en el período 2012-2021. El Faro
preguntó a Alas por qué anduvo en la Corte haciendo labores que parecían
de un coordinador de la cobertura periodística o de protocolo del acto
de reunión de los abogados. Dio tres versiones diferentes: una, que
coordinaba la seguridad de la ceremonia. Otra, que solamente coordinaba a
su equipo de comunicaciones que cubría el acto; y una tercera, que
nunca estuvo en las instalaciones de la Corte.
Alas aseguró que la Asamblea Legislativa cubre usualmente actividades
de otras instituciones que le parecen relevantes y por eso mantiene una
estrecha relación y coordinación con el jefe de comunicaciones de la
Corte, Mario Larín. Este, sin embargo, dijo que no estaba al tanto de
que Alas tenía intenciones de cubrir el acto del domingo. “Yo no estaba
sabedor de eso, ni me enteré de eso. Yo me enteré cuando hablamos por la
tarde y él me dijo que había venido (a la Corte) a dejar a su cámara”,
dijo. “Eso no es normal, que él llegue así a la Corte. Nuestra relación
no llega a eso”, añadió.
El Faro conversó con los diputados Antonio Almendáriz, de
Concertación Nacional, y Douglas Avilés, de Cambio Democrático, quienes
coincidieron en que la actividad no era de incumbencia de la Asamblea y
por lo tanto no se justificaba la presencia de Alas el domingo en las
instalaciones de la Corte.
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