El
día de hoy, martes 15 de marzo de 2011, se ejecuta un violento desalojo contra
más de 640 familias (de 12 comunidades) que sobreviven en tierras del fracasado
ingenio Chabil Utzaj, propiedad de
la familia Widmann ,
familia política del ex-presidente Oscar Berger Perdomo. En este contexto, el
Estado de Guatemala desaloja a las familias campesinas que actualmente cultivan
esas tierras recuperadas, virtualmente abandonadas por el ingenio ante su
inminente quiebra.
Esta
acción, réplica de otras acciones represivas llevadas a cabo por el Estado de
Guatemala, que favorecen a los grupos económicos tradicionales, es muestra de
la inoperancia del Estado e incumplimiento constitucional de la garantía del
bien común y el derecho a la
vida. La via del diálogo simplemente ha sido burlada por el
Estado, incluso un día después de haber sostenido conversaciones entre
representantes de las comunidades, organizaciones campesinas y mediadores de la
Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA-. La falta de voluntad política y el
empecinado interés por favorecer a las élites económicas, garantizan el caldo
de cultivo que provoca este tipo de acciones represivas, violentas y
violatorias de los derechos humanos inalienables: derecho a la alimentación,
vivienda y trabajo.
Debe
sostenerse el principio económico, social y ético que establece que “el derecho
a la propiedad privada no puede prevalecer sobre el derecho a la vida”,
defendido por el Relator por el Derecho a la Alimentación en 2005. Fomentar la
concentración de la tierra y la gran propiedad agraria ha traído, y seguirá
trayendo consigo, el desplazamiento de comunidades completas, en protección de
un presunto derecho de propiedad privada, que como se ve en este caso, es
utilizado para pisotear el elemental derecho a la vida.
Al
momento de redactar este comunicado, ya han sido destruidas las viviendas
precarias donde habitaban las familias campesinas, han sido quemadas sus
plantaciones de milpa, y pisoteados todos los derechos humanos elementales de
los campesinos desalojados. Estas familias, originarias de éste Valle, fueron
desplazadas por el ingenio Chabil Utzaj por presiones económicas y
extraeconómicas sobre sus tierras, y empleadas precariamente por salarios de
hambre algunos de sus miembros, mientras la finca funcionó. Posteriormente, los
pocos comunitarios que fueron empleados, no recibieron el pago mínimo salarial,
prestaciones, mucho menos alguna indemnización ante el despido de sus labores.
De esa forma, las familias desplazadas por los intereses del ingenio Chabil
Utzaj se reasentaron en la misma tierra
que los vió nacer y crecer, para continuar con sus cultivos
tradicionales y ancestrales: el maíz y frijol.
Hoy,
el gabinete económico se mofa de poder “garantizar la seguridad alimentaria”,
mientras en el interior del país, lejos de la mirada de la mayoría de
guatemaltecos, se ejecuta un violento desalojo ¿de qué seguridad alimentaria se
habla? Ante todas estas arbitrariedades:
EXIGIMOS
- Al Organismo Ejecutivo: detener toda acción de desalojo violento contra comunidades campesinas en extrema pobreza. Este tipo de proceder, sólo les garantiza hambruna y muerte.
- Al Organismo Judicial: privilegiar el derecho humano a la alimentación y la vida para las familias campesinas asentadas sin certeza jurídica sobre sus tierras. No prestarse a presiones de grupos económicos en detrimento de la sobrevivencia de cientos de guatemaltecos empobrecidos.
- A la Comunidad Internacional : divulgar, acompañar y exigir al Gobierno de Álvaro Colom el respeto irrestricto de la vida humana y los derechos humanos inalienables de las comunidades campesinas, reiterado en infinitas ocasiones por cada uno de los relatores del Sistema de las Naciones Unidas que han visitado el país, sin obtener eco alguno por las élites económicas y políticas nacionales.
- Al Procurador de los Derechos Humanos: interponer las acciones legales pertinentes para detener esta nueva ola de atropellos, que violan la vida y recrudecen los problemas sociales y económicos del país.
- A la Sociedad Civil : pronunciarse y ejercer todo tipo de presión política para evitar el uso de la violencia sistemática contra poblaciones rurales en extrema pobreza.
- A los Partidos Políticos: asumir su rol de interlocutores políticos de la población y plantear su postura respecto a estos atropellos históricos y sistemáticos, así como su posición frente al despojo de la tierra y todo factor productivo de las comunidades indígenas.
Colectivo de Estudios Rurales IXIM
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