Alejandro L. Perdomo Aguilera (Desde La Habana, Cuba. Colaboración para ARGENPRESS CULTURAL)
La política diferenciada del uso de contratistas-mercenarios de empresas militares de seguridad privada constituye otra amenaza construida a través de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas (TID). Ciertamente el uso de contratistas por parte de los Estados Unidos es una práctica política que se viene extendiendo en el modus operandi de ese gobierno. En los últimos años se ha apreciado cómo muchos de los militares, políticos, diplomáticos y contratistas utilizados en el Medio Oriente son “promovidos” hacia América Latina y el Caribe.
La situación que vive la región, con el auge de los cárteles de la droga, ha provocado un auge de la violencia, llegando al punto del colapso en países como México. La cruzada de Washington contra los cárteles no se ha hecho esperar, y sus métodos cada vez más violentos han devenido en altos índices de muertes, a lo que se ha respondido con la proliferación de la contratación de agencias privadas de seguridad militar por parte del gobierno de los EE.UU.
Lo más preocupante es que ante la extensión de las rutas de la droga por los países del Cono Sur, las erróneas estrategias utilizadas en la subregión andina, con el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, IRA, y en el caso de México, Centroamérica y algunos países del Caribe con la Iniciativa Mérida, sea extendida a otros países de la región. El paradigma político que significó México por años, feneció con la Iniciativa Mérida. El sinnúmero de víctimas, la inestabilidad político-institucional que vive el país, el quebrantamiento de la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, dan muestra de las fatídicas consecuencias de la militarización de la lucha antidroga.
Pero la guerra es necesaria para las pretensiones geoeconómicas y geopolíticas estadounidenses. Avalados en esa contienda, se incrementan las necesidades logísticas y de efectivos militares, que se solventan con la participación de los contratistas-mercenarios en los países latinoamericanos, obviando las leyes del derecho internacional y la soberanía de los Estados latinoamericanos, implicados en los problemas asociados al TID.
La subcontratación de servicios de seguridad para la cooperación en materia de lucha contra el TID, conlleva a la extrapolación de otros conflictos, resquebrajando el debilitado equilibrio político de las sociedades latinoamericanas afectadas por el problema. Con ello no sólo han penetrado en los conflictos internos de los países (Colombia, Bolivia), sino que han influenciado en estos en correspondencia con los intereses imperiales, en los destinos de las luchas políticas internas. Un ejemplo claro es el caso de Colombia, donde la cooperación de la empresas militares de seguridad privadas se transformó de apoyo a la lucha contra el TID en ayuda al gobierno de turno contra las guerrillas (FARC y ELN).
La utilización de este servicio de mercenarios produce una privatización de la guerra contra las drogas y, a la vez, aunque de modo más paulatino, una privatización de la seguridad ciudadana. El mundo empresarial de la guerra perfila nuevas formas de dominación o más bien, nuevas excusas para la misma. Tomando como base las contrataciones con empresas privadas, se adquieren mercenarios para la guerra, consultores jurídicos para el fortalecimiento institucional y la adecuación de las leyes internas de los países implicados a los intereses hegemónicos de EE.UU., extendiendo el servicio de “colaboración” al asesoramiento policial y servicios de defensa, que hacen cada día más rentable la llamada guerra contra las drogas, para los intereses del gobierno estadounidense y de las empresas privadas vinculadas a estos servicios.
Las empresas de aparatos de defensa y otros servicios de asesoría presentes en los países con conflictos, necesitan de estos problemas, que ágilmente son alentados por la CIA, el FBI, la USAID, la DEA, el Departamento de Estado y el de Defensa , hostigando a aquellos gobiernos que no son dóciles a su recetas imperiales, mediante la demonización realizada a gobiernos contrarios, a través de la construcción de consensos, lograda por su hegemonía sobre los medios de comunicación y las redes sociales informatizadas. Las agresiones que han estado recibiendo el gobierno de Bolivia en los últimos meses son un vivo ejemplo de ello.
Entretanto, las empresas privadas de seguridad se ven beneficiadas por lucrativos contratos federales antidrogas que ascienden a miles de millones de dólares, sin preocuparse por la supervisión ni la rendición de cuentas. Para ello “los contratistas estadounidenses en América Latina reciben dinero de los departamentos de Defensa y Estado para proveer servicios de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, entrenamiento y suministrar equipamiento”
Ahora bien, si se indaga sobre los antecedentes de la lucha contra el TID en Latinoamérica, ciertamente el uso de contratistas no es novedoso. “Conjuntamente a la militarización, la lucha contra las drogas empezó a privatizarse; aunque se menciona de la presencia de Dyncorp desde el año 1988, se habla de sus actividades de forma más concreta a partir del año 1994.” El ejemplo más conocido de su uso ocurrió en 1995, cuando tres contratistas murieron cundo prestaban servicios en avionetas de fumigación de cultivos de coca. Ya en 2006 existían 26 agencias militares de seguridad en Colombia. Para tener una idea de cuánto deja atado a los Estados latinoamericanos la privatización de la lucha antidroga por parte de los EE.UU., el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando ocupaba la Cartera de Defensa reconoció públicamente: “dependemos de todo lo que nos da Estados Unidos, sin Estados Unidos nos quedamos miope” .
En la lucha antidroga participan diversas empresas contratistas. Para el caso de América Latina las más ganadoras son DynCorp Internacional, que recaudó 1.100 millones de dólares, el 36% del total del gasto en contratos antidrogas de la región efectuado por los departamentos de Defensa y Estado, siguiéndole Lockheed Martin, Raytheon, ITT y ARINC. La parte más lamentable de la historia es la inexistencia de un sistema que controle si los fondos canalizados responden a los “éxitos” en la guerra antidroga. De hecho una de las excusas planteadas por estos departamentos es la carencia de presupuesto que le permita crear un sistema de control más efectivo.
La realidad es que el sentido del uso de las empresas privadas de seguridad es el de disminuir el costo político de las incursiones militares en territorios foráneos. Para evitar escándalos como los de la época de Vietnam, se usan nuevas tácticas que bajo el manto de la contratación a empresas privadas, se recurre a todo tipo de violaciones de los derechos humanos e, incluso, de lo normado por la propia legislación de EE.UU. para lograr los intereses geopolíticos y geoeconómicos que tienen en Latinoamérica. Con esta tendencia a la contratación de empresas de seguridad privada para la guerra antidroga, la mayor cantidad de los fondos que se canalizan para reducir este flagelo va hacia el pago de estas empresas.
Lo preocupante es la tendencia a una expansión de esta práctica que deja a los gobiernos de los países afectados sin un control sobre las operaciones que se realizan en su propio territorio. Un autor versado en estos temas como Peter Singer alerta del riesgo de depender de agencias privadas de seguridad en temas de inteligencia, que expone la esencia de planes estratégicos gubernamentales en manos de un actor privado. Con ello se hace entrega de la seguridad del país a empresas privadas que, además, responden a los intereses de los Estados Unidos. La falta de claridad en los informes y la divergencia de los datos ofrecido por la DEA y el Departamento de Defensa y el de Estado, confirma el tratamiento irrespetuoso y oportunista que se le da a la lucha antidroga.
Se calcula que EE.UU. ha gastado 3.000 millones de dólares en la lucha contra el llamado narcotráfico en América Latina desde 2005. Recientemente la senadora demócrata Claire Mac Caskill, presidenta del subcomité sobre la Supervisión de Contratación reconoció: “Cada vez es más claro que nuestros esfuerzos por frenar el comercio de estupefacientes en América Latina, en especial en lo relativo al uso de contratistas por parte del Gobierno, han fracasado en gran medida.”
La investigación solicitada por Mac Caskill revisó los contratos de 2005 a 2009 para operaciones antinarcóticos en Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y la República Dominicana. Dicha pesquisa arrojó que el gobierno estadounidense aumentó los contratos en un 32 por ciento, elevando los fondos destinados de 482 millones de dólares a 636 millones, todo ello sin que existiese un sistema que regulase el uso de los fondos.
El Departamento de Estado, a conciencia de las problemáticas que pueden traer las disparidades de los controles, se comprometió a mejorar el sistema de rastreo del dinero, señalando la debilidad de la supervisión de los contratos y la concesión de fondos por unos 840 millones de dólares. El escándalo producido por las irregularidades de las contrataciones respecto a la guerra antidroga y las funestas consecuencias sociales que padecen los países implicados llevó a que la Comisión Internacional de Políticas sobre Drogas de la ONU, declara en su informe del pasado 7 de junio de 2011, la guerra contra el narcotráfico como un fracaso.
Sin embargo las firmas continúan desarrollando sus contratos y servicios., las facilidades que otorgan son de satisfacción para hábiles políticos que se refugian en ellas, reconocidas –por el gobierno de los EE.UU.– como el camino correcto para apartarse de las molestias que pueda ocasionar el Congreso en relación a la discusión sobre los costos políticos al interior de la sociedad norteamericana, viendo en los conflictos más que una amenaza internacional a enfrentar, una oportunidad empresarial. Los otros Vietnam de la postguerra fría llegaron pero sin movimientos hippies ni mayo francés, los contratistas son el instrumento ideal para acallar la opinión pública norteamericana y su hegemonía sobre el cuarto poder (los medios de comunicación) al no ver utilizado sus soldados en territorio foráneo, sino que estos son sustituidos por los contratistas-mercenarios.
Respecto a la ineficiencia del sistema de rastreo de los fondos canalizados por el gobierno de EE.UU. parece más una obra comercial que la inocencia de un grupo de burócratas. Por solo mencionar un ejemplo, las empresas de contratación privada estadounidense que actúan en México, según datos del Senado de Estados Unidos, han ganado en un período de cuatro años 170,6 millones de dólares a través de contratos con los Departamentos de Defensa y Estado.
El paquete prometido de la Iniciativa Mérida, 1.400 millones de dólares de ayuda estadounidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen y el narcotráfico, estaría gastándose, asegura el relator, en la venta de tecnología de guerra y en manos de los contratistas. Es decir que sobre la canalización de fondos del gobierno estadounidense hacia México, por concepto de lucha contra el “narcotráfico”, tiene un efecto bumerán, ya que se recicla en manos de las empresas militares privadas de seguridad y otros servicios.
En México, el gasto estadounidense en contratistas alcanzó su máximo en 2008 de 64.4 millones de dólares, coincidiendo con el comienzo de la Iniciativa Mérida. El informe sostiene que en todo el continente EE.UU. ya ha pagado al menos 3 mil 100 millones de dólares a contratistas en la lucha contra las drogas, creciendo en un 32 por ciento en apenas cuatro años.
Estas firmas, a diferencia de las fuerzas multinacionales, no tienen ningún compromiso de imparcialidad sino que, por el contrario, operan conforme a las soluciones precisas que quiere su cliente, viendo en el terreno no las formas de ayudar a la población, sino las de solucionar el problema que afecta al cliente, independientemente de que las vías que deban utilizar para lograrlo violen los derechos humanos y las normas jurídicas del país donde operan, incluso si las tácticas engendran más violencia en la sociedad. El objetivo concreto y predominante es proporcionarle a los EE.UU. cifras alentadoras sobre la captura o asesinato de narcotraficantes y sobre el control de territorios que considere geoestratégicamente importante ese gobierno.
La lógica imperial de los EE.UU. encuentra en las empresas de seguridad militar, el vínculo por donde desviar los recursos asignados a la lucha antidroga para América Latina y el Caribe, desviando el dinero hacia el sector empresarial estadounidense. De este modo, lejos de solucionar el problema del TID y otros delitos conexos en el Hemisferio Occidental, estos recursos se encargan de apaliar las deficiencias económicas de su sistema, con el incremento de contrataciones al sector privado radicado en EE.UU., haciéndolo aliado de sus intereses geoeconómicos y geopolíticos en la región.
La estrategia, por más crítica que parezca, refleja la realidad de un sistema en crisis, que aprovecha los problemas del TID en Latinoamérica para consolidar su sistema de dominación, ante la emergencia de otras potencias económicas y su creciente interés en la región. Siguiendo esa lógica imperial, resulta pertinente apreciar los pilares militares económicos y políticos como un complejo entramado de intereses a considerar para entender las verdaderas pretensiones del gobierno estadounidense con la guerra contra el “narcotráfico” en la región.
Siguiendo esa línea de pensamiento, resulta comprensible por qué no se concentren las políticas antidrogas impulsadas EE.UU., enfrentando los problemas que incitan en el negocio de las drogas, con la demanda del ferviente mercado norteamericano y las dificultades que vive Latinoamérica, con el índice de pobreza y desigualdad social. Tampoco se ocupan de rastrear los vínculos de los cárteles de la droga con empresas legales transnacionales. Por el contrario, estas estrategias se limitan a crear recetas para eliminar cultivos de plantas de las que se obtiene materia prima para las drogas.
De esta forma, lejos de atender el tema de las drogas de forma integral, se orientan hacia la cadena más débil, que parte de los países pobres, militarizando la guerra contra los cárteles de la región, inyectando de armas a estos grupos, a la vez que se acrecienta la permanencia de las empresas militares de contratación privada en la región. De todo ello, finalmente paga las consecuencias la sociedad civil. Las experiencias de Colombia y México son un fatídico ejemplo de lo que pudiera significar la extensión de esta práctica la paz y la seguridad en la región. Con ello se aprecia la verdadera amenaza: mercenarios y empresas privadas de seguridad, haciendo dinero a costa de las calamidades del tráfico ilícito de drogas en Nuestra América.
Anexo1. Contratos que el gobierno estadounidense ha efectuado con Compañías Privadas para la guerra contra las drogas en América Latina.
Fuente: Prepared for Chairman Claire McCaskill. United States Senate. Committee on Homeland Security & Governmental Affairs Subcommittee on Contracting Oversight New Information about Counternarcotics Contracts in Latin America Majority Staff Analysis, June 7, 2011, p.7. En:http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf
Anexo 2. Contratos de contratistas por millones de dólares
Fuente: Prepared for Chairman Claire McCaskill. United States Senate. Committee on Homeland Security & Governmental Affairs Subcommittee on Contracting Oversight New Information about Counternarcotics Contracts in Latin America Majority Staff Analysis, June 7, 2011, p. 3. En:http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf
Anexo 3. Contaros de agencias privadas en millones de dólares.
Fuente: Prepared for Chairman Claire McCaskill. United States Senate. Committee on Homeland Security & Governmental Affairs Subcommittee on Contracting Oversight New Information about Counternarcotics Contracts in Latin America Majority Staff Analysis, June 7, 2011, p, .5. En:http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf
Anexo 4. Contratos del Departamento de Defensa y del de Estado.
Fuente: Prepared for Chairman Claire McCaskill. United States Senate. Committee on Homeland Security & Governmental Affairs Subcommittee on Contracting Oversight New Information about Counternarcotics Contracts in Latin America Majority Staff Analysis, June 7, 2011, p.4. En:http://mccaskill.senate.gov/files/documents/pdf/CNReportFINAL.pdf
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