Seguridad pública: de militantes a militares

Benjamín Cuéllar (*)  

ContraPunto

SAN SALVADOR - En medio de una larga y cuestionable lentitud presidencial para nombrar al sustituto de Manuel Melgar en la cartera de Justicia y Seguridad Pública, se escuchó cualquier cantidad de cosas que van desde lo más absurdo hasta lo más tramposo y manipulador, de cara a una población que en su mayoría nunca encontró la paz. Esa paz que le prometieron y no llega después de hace casi dos décadas, cuando dejaron de combatir militarmente entre sí la insurgencia y el Gobierno de la época. Por mucho que haya presumido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca de su intervención en El Salvador como un "proceso exitoso", al día de hoy le toca señalar al país como el más violento o uno de los más violentos del mundo; la inseguridad es, pues, el problema medular de una realidad que no es la que le ofrecieron a nuestra sociedad.

Entre todo lo hablado en estos días alrededor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública –que es, más bien, un misterio– destaca eso de la "militarización" de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la política estatal en ese ámbito. Y a fin de cuentas, ¿qué es "militarizar"? Como acá hay quienes acostumbramos opinar sin saber o sin sentido, resulta saludable que la gente –esté o no a favor de eso– conozca su verdadero significado. El Diccionario de la Lengua Española o de la "Real Academia", como es más conocido, nos ofrece tres posibilidades: "Infundir la disciplina o el espíritu militar, someter a la disciplina militar y dar carácter u organización militar a una colectividad".

¿Cuál de estas tres le queda mejor a lo que está ocurriendo ahora en el país? Hagamos el sano ejercicio de desarrollar el pensamiento propio y no el "pensamiento único", considerando que Mauricio Funes confirmó un secreto a voces: el nombramiento del general de división David Munguía Payés –el "Supermún", como lo empiezan a llamar y como nos lo quieren vender– para relevar al guerrillero Melgar. A nuestro humilde saber y entender, la tercera definición es la que debe aplicarse.

¿Por qué? Pues porque las dos primeras las desmiente la historia salvadoreña de entre 1970 y 1992. Esa etapa de lo ocurrido en nuestro país, es prueba fehaciente de que este pueblo no se deja ni infundir ni ser sometido a esa "disciplina". Aunque existen antecedentes, en esto resulta aleccionador lo sucedido durante el tiempo transcurrido entre el 1 de abril de 1970 –cuando un grupito de hombres que no pasaba de diez, decidió empuñar las armas– hasta el 16 de enero de 1992, cuando otros las entregaron.

A partir de entonces, los llamados "cuerpos de seguridad" adscritos a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) –entre los cuales destacaba la Guardia Nacional, más conocida como "la Benemérita"– se dedicaron con mayor intensidad y ferocidad a perseguir a la oposición política al régimen; a quienes calificaron textualmente como "delincuentes terroristas". Así, se llevaron de encuentro a decenas de miles de personas de la población civil que asesinaron y desaparecieron, después de haberlas torturado o no, entre otras tantas barbaridades. Y pese a ello, no lograron parar esa lucha.

Salvo excepciones, hasta el 15 de octubre de 1979 la tropa no había participado directamente en la represión oficial. Los altos jefes militares, sí; eran quienes –al mando de la soldadesca y desde sus cargos gubernamentales– decidieron aplicarle la "mano dura" en extremo a quienes calificaban de "comunistas", cuando éstos eran los menos. Pagaron, como dicen, "justos por pecadores" y nos fuimos a la guerra, que no ganó ni el ejército oficial ni el guerrillero. En realidad, no ganó nadie; perdimos todos. Bueno, quizás sí ganaron algunos pocos: los de siempre y sus lacayos de antes junto a los de ahora.

Pero volvamos a la tercera dimensión de militarizar que es, como ya se apuntó, "dar carácter u organización militar a una colectividad". De acuerdo, eso está pasando pero no con el reciente y muy polémico nombramiento. La militarización de la corporación policial y de toda la seguridad pública, viene ocurriendo desde hace un buen rato. No comenzó con el brinco de un Ministerio al otro que le hicieron dar al general, quien hoy sí tiene y tendrá cada vez más quien le escriba. No, por favor. Empezó desde que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de Alfredo Cristiani, acordaron meterle al personal de la PNC un veinte por ciento de cada bando; a eso se sumaron las "trampas" de todos sabidas que se hicieron mutuamente en ese terreno, cuando recién nacía la institución, sabiendo que "entre bomberos no se patean la manguera". Así, casi la mitad o más la mitad de la plantilla policial inicial se armó con militares de uno u otro bando.

Y siguió lo de la participación "excepcional" de la Fuerza Armada en tareas que no le competen, a partir del 16 de julio de 1993; es decir, un año y medio exacto de la firma del Acuerdo final de paz en el Castillo de Chapultepec, ciudad de México. Desde entonces a la fecha, en lugar de regresarlos a sus cuarteles, de Cristiani a Funes todos los mandatarios salvadoreños han mantenido a los militares realizando los famosos "patrullajes disuasivos", que no disuaden a nadie, y hoy –además de eso– resguardando deficientemente la periferia de los centros penales, maltratando en el registro a quienes ingresan a los mismos y también de guardianes fronterizos.

Y hasta ya se propuso que "disciplinen" a jóvenes en riesgo de ser presa de las maras para su "reclutamiento"; es decir, a las juventudes en condiciones económicas y sociales más vulnerables. Menudo uso "excepcional" el de la milicia en unas misiones que no le corresponden. Paradoja de nuestros días: el Gobierno actual, el primero de "izquierda" en el país, lo que ha hecho es aumentar ese protagonismo castrense indebido.

Hace unos días, antes de designar al general Munguía Payés como sucesor del ahora ex ministro Melgar, Funes dijo literalmente: "Qué me digan quienes han criticado la posibilidad de que el ministro de la Defensa Nacional sea nombrado ministro de Justicia y Seguridad, que me diga en qué parte de los Acuerdos de Paz en su letra o espíritu o en qué parte de nuestro ordenamiento constitucional se prohíbe que un militar en situación de retiro que por lo tanto pasa a ser civil puede ocupar un cargo como el de Ministro de Justicia y Seguridad".

Pues a esa exigencia, la respuesta es evidente. Señor Funes, más que el nombramiento de su "hombre de toda confianza" es el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública lo que violenta –de manera evidente– los artículos 168 (11) y 212 constitucionales; en el caso de los acuerdos de paz, el mantener e incrementar la actividad militar en este terreno se contrapone al literal F del romano primero, en el capítulo sobre la FAES del Acuerdo de Chapultepec. Se trata del empleo permanente de esa institución que va de los cerca de tres mil soldados con Cristiani, hace casi dieciocho años, a los casi nueve mil con Usted.

El nombramiento del general, no es tan importante en la práctica aunque sí muy emblemático como mal símbolo; su llegada al cargo, pues, no es más que la cereza en el pastel. No obstante, si nos ponemos a discutir sobre este tema la lleva de perder pues la PNC –según el mismo Acuerdo de Chapultepec– "estará bajo la dirección de autoridades civiles (artículo 168, numeral 17 de la constitución). Estas serán: el Presidente de la República, el Ministro, el Viceministro, el Director General de la Policía, los Subdirectores Generales, el Inspector General, los Jefes de División de cada servicio y los Jefes de las Delegaciones Departamentales". Y su nombramiento es el de un militar, pues él mismo defendió esa categoría en al caso de la protección que su administración le dio y le sigue dando a los responsables de la masacre en la Universidad donde Usted estudió. Si sus asesores jurídicos no le explican esto...

Más adelante, podemos hablar de los innegables costos y los dudosos beneficios de esta decisión que data de hace tantos años. También de los "méritos" de quien por ahí dicen será su "delfín": el dichoso general. ¿Por qué es él quien debe dirigir, durante la segunda mitad de su período presidencial, la enorme misión de superar la mortandad imperante en nuestro doliente El Salvador?

Por último, sería bueno escuchar las razones del porqué ascendió a Ministro de la Defensa Nacional a quien orgulloso y uniformado estuvo en la primera fila de la misa de "acción de gracias", pagada por los acusados de ejecutar a Julia Elba y Celina Ramos junto a seis jesuitas –de quienes Usted dice ser discípulo– cuando salieron de su guarida en el ex cuartel de "Benemérita". ¿Acción de gracias a quién? ¿A Dios o a quienes los protegieron y los siguen protegiendo con esos "conectes" en su gabinete? Conteste, por favor...

(*) Columnista de ContraPunto