Isabel Soto Mayedo (PL)
Concluían las celebraciones por el Día de San Valentín o del Amor, cuando imágenes de cadáveres calcinados por el fuego comenzaron a recorrer el mundo como anuncio del desastre ocurrido en el reclusorio de Comayagua, Honduras.
La más grave tragedia carcelaria de la historia latinoamericana y la tercera de su tipo en el país centroamericano, en menos de una década, conmocionó a la opinión pública y avivó las denuncias acerca de la crítica situación del sistema de cárceles en un territorio considerado el año último por la ONU como el más violento del planeta.
El incendio redundó en la muerte de casi 400 presos y confirmó la vigencia de dos problemas de vieja data en Honduras: el hacinamiento de los presos y el precario estado de las penitenciarías, lo que las convierte en auténticas bombas de tiempo, como señaló la Red Morazánica de Información.
Estadísticas oficiales reflejan que en los 24 reclusorios existentes, concebidos para internar apenas ocho mil 250 presidiarios, suman casi 13 mil los albergados, en su mayoría varones menores de 23 años de edad y sin haber enfrentado un proceso judicial como corresponde.
El penal de Comayagua, en la zona central del territorio, alojaba a más de 850 privados de la libertad, lo que supera en 212,5 por ciento la capacidad de la institución.
"Las cárceles hondureñas funcionan en circunstancias precarias, con una sobrepoblación de al menos cinco mil reclusos. Las denuncias del hacinamiento son múltiples y constantes pero nunca se han atendido", coincidió en un análisis Proceso Digital, en su edición del 16 de febrero.
Para esa fuente, lo acontecido en Comayagua es una tragedia inaceptable y el peor episodio de su tipo en la región más violenta del planeta, donde Honduras destaca por su tasa de hasta 86 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Datos aportados por el ministerio de Seguridad Pública el jueves último redujeron a 377 la cantidad de muertos como consecuencia del incendio, mientras Proceso Digital aseguraba, presuntamente sobre la base de un listado oficial, que los fallecidos rondaban los 382.
La confusión en las cifras poco o nada puede contra el impacto de imágenes desgarradoras tomadas en el presidio, de cadáveres calcinados de reclusos abrazados a los barrotes de sus celdas, en un intento desesperado por escapar de las llamas.
Testimonios de presos sobrevivientes del siniestro pusieron al descubierto la reacción nula del guardia encargado de custodiar las celdas, que botó las llaves de los calabozos y dejó a los internos a su suerte, pese a los gritos de auxilio frente a la expansión de los gases tóxicos y las llamas.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, definió tales circunstancias como "una negligencia inexcusable que refleja la poca sensibilidad y el nulo compromiso del Estado con los derechos de los prisioneros".
Cuando las exigencias frente a lo sucedido se multiplicaron, el presidente Porfirio Lobo ordenó suspender a las autoridades del penal de Comayagua y destituir al director de Centros Penales en Honduras, Danilo Orellana.
El jerarca del sector adjudicó el hecho a un detenido que quemó un colchón con un cigarro encendido, en tanto un sobreviviente denunció que había "una fuga planificada de 85 reos que pagaron cerca de 85 mil lempiras (cuatro mil 468 dólares) cada uno".
Cofadeh citó al prófugo, sin revelar su identidad, quien relató que el plan era que los guardias del reclusorio abrirían los candados de las celdas a las 22:00 horas para que los 85 confinados salieran huyendo, disfrazados con uniformes de policía, y harían disparos como parte del show".
"La policía roció de gasolina las bartolinas (celdas) por la parte de atrás e hizo disparos", agregó, en tanto la organización civil recomendó a las autoridades revisar las cuentas bancarias del director del penal, porque el sobreviviente aseguró que depositaron dinero para la fuga y este lo sabía.
Los bomberos, cuya sede está a sólo tres minutos de la otrora "cárcel modelo", llegaron tarde a controlar el incendio y la principal autoridad no estaba en el lugar, según el testigo.
"Los guardias no abrieron las celdas para salvar las vidas en medio del estado de necesidad y, más bien, dispararon sus armas a los cuerpos de los reclusos que se ponían a salvo de las llamas, por sus propios medios", relató a Cofadeh.
Vecinos del penal y otros sobrevivientes confirmaron que los guardias dispararon con armas de fuego contra los confinados que trataban de salvarse y procuraban rebasar los muros de la cárcel, en vez de priorizar el abrir los calabozos donde las llamas consumían la vida de muchos otros.
Con antelación, Orellana había instado al mandatario hondureño a invertir en la creación de nuevos centros que cumplieran con requisitos de seguridad y de reformar a los detenidos, ante la superpoblación penal y la alta criminalidad en los existentes, pero eso quedó en letra muerta.
Comayagua era considerado el mejor penal de Honduras, por lo que no fue incluido en la emergencia penitenciaria decretada en 2010, mas al tocar la tragedia a su puerta quedó al descubierto la falacia de tal status.
Unas 300 víctimas dormían en hasta siete u ocho colchonetas colocadas en literas o tarimas, junto a más de 500 albergados en una decena de celdas, algunas de las cuales estaban habitadas por un centenar de privados de libertad, explicó el subcomisionado de la Policía Nacional, Wilmer Suazo.
Solo en la número nueve convivían alrededor de 50, que habían hecho divisiones para tener sus propios cuartos, aunque pequeños, detalló el exdirector del centro (2008).
En esa parte del recinto habitaban los reclusos de mayor capacidad económica, pero ni los beneficiados por un sistema carcelario que reafirma la desigualdad en la sociedad hondureña pudieron librarse de la tercera tragedia ocurrida en centros de este tipo en el país.
El 5 de abril de 2003, en la Granja Penal de El Porvenir, cercana a la ciudad caribeña de La Ceiba, ocurrió un enfrentamiento entre reclusos que provocó un incendio y dejó sin vida a 66 internos y tres mujeres visitantes.
Un año después, el 17 de mayo, 107 presos fallecieron por similares razones en una cárcel de la norteña ciudad de San Pedro Sula, donde un tiroteo por un supuesto intento de fuga provocó también la muerte de nueve presos y tres heridos en fecha más reciente, el 15 de octubre de 2011.
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