Una nueva ola de privatizaciones se
acerca a Centroamérica y amenaza con
profundizar y ampliar el proceso de transnacionalización
de las economías que se
inició en los años noventa. Esta nueva
forma de privatización se encubre bajo el
disfraz de las concesiones y se justifica
oficialmente como el signo de una nueva
era de la cooperación Norte-Sur, basada
en las Alianzas Público Privadas y en los
acuerdos para el desarrollo, que promueven
los gobiernos de Estados Unidos y
de la Unión Europea así como por las
agencias gubernamentales de atracción
de la Inversión Extranjera Directa. Es el momento de hacer un balance de los
resultados de más dos décadas de control
transnacional sobre los recursos y de la
vida de las personas de la región para
actualizar y/o renovar la estrategia popular
de resistencia frente a esta amenaza.
A finales de la década de los
ochenta el modelo de acumulación
de capital fordista keynesiano
entró en crisis, y abrió paso
al surgimiento de una fase superior
del desarrollo capitalista denominado
capitalismo global que constituyó un
auténtico “cambio de época” (Robinson,
2001).
Esta nueva fase del desarrollo capitalista
se caracterizó fundamentalmente
por la globalización del proceso
de circulación del capital mediante
la fragmentación geográfica de los
distintos eslabones que componen las
cadenas de producción, circulación y
financiación involucradas en este proceso,
bajo el control de las empresas
transnacionales (ETN), que han pasado
a conformar una clase burguesa
transnacional, integrada tanto por
ETN del Norte como ETN del Sur.
La incorporación de Centroamérica
a esta nueva división internacional
del trabajo se inició alrededor de
1982, impulsada por el estallido de
la crisis de la deuda de México, y se prolongó hasta finales de los noventa
bajo el impulso de los programas de
reformas económicas en el marco de
los Programas de Ajuste Estructural
del Banco Mundial (BM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI), y bajo
la influencia de una nueva ideología
económica: el neoliberalismo.
En Centroamérica, el decálogo del
Consenso de Washington (Willamson,
1993) se transformó en la década de
los noventa en la fuente de inspiración
para el diseño de políticas económicas.
Uno tras otro, los gobiernos
fueron adoptando las privatizaciones
de empresas públicas, la apertura externa,
los incentivos a la Inversión
Extranjera Directa (IED), la descentralización
del Estado y las reformas
fiscales regresivas, como el nuevo paradigma
que conduce al desarrollo.
La adopción de estas políticas
neoliberales tuvo como consecuencia
un cambio en los objetivos, instrumentos
e institucionalidad de la integración
económica centroamericana,
que se resume en el abandono del
enfoque desarrollista y en la adopción
del enfoque del regionalismo abierto.
Este nuevo enfoque implicó concebir
la integración de Centroamérica ya no
en función de la cooperación para la
integración de los aparatos productivos
centroamericanos sino, más bien,
en función de la transnacionalización
de las economías nacionales y de la
incorporación de estas economías a
las cadenas globales de la valorización
del capital.
Las economías centroamericanos
comenzaron así una carrera por la
atracción de la IED mediante una guerra
de incentivos fiscales a las ETN; el
desarrollo de “ventajas competitivas
territoriales” para promover la incorporación
de las economía locales a las
cadenas de la valorización del capital
global; la flexibilización de las condiciones
de contratación de la fuerza de
trabajo, o las reformar fiscales regresivas,
entre muchas otras medidas.
Estas reformas económicas demandaron
de reformas en los Estados
nacionales para convertirlos en Estados
transnacionales, es decir, en función
del éxito del nuevo modelo de
acumulación de capital transnacional.
Lo anterior supuso un cambio en
el concepto de desarrollo y de las estrategias
de desarrollo nacional. Éste
dejó de concebirse como proceso de
profundas transformaciones estructurales
y se convirtió en sinónimo de reformas
económicas para promover el
binomio “comercio + inversión”.
El sujeto político que asumió como
suyo el proyecto de la reforma neoliberal
fue la elite transnacional centroamericana,
surgida de las entrañas de
las viejas oligarquías agroexportadoras
y de los grupos ligados al modelo de
acumulación de industrialización por
sustitución de importaciones y al marco
del Tratado General de Integración
Centroamericana, suscrito en 1960.
La expresión partidaria de este
sujeto político fueron los partidos
políticos de “nuevas derechas” o de
“nuevas izquierdas” que comenzaron
a gobernar en la década de los noventa
bajo la bandera de las reformas neoliberales,
y, a partir del siglo XXI, con
el lema de la democracia popular o
democracia inclusiva y que asumieron
en la práctica los nuevos discursos
económicos elaborados por los centros
del pensamiento único neoliberal
de la región (FUSADES, INCAE,
FUNDESA, etc.).
El rasgo principal de esta nueva
clase dominante centroamericana
es su disponibilidad de ceder y/o de
compartir el control de los sectores
claves de la valorización y de la acumulación
del capital con las empresas
transnacionales; es decir, su disposición
a formar parte de la burguesía
transnacional.
Los resultados de 20 años de
políticas neoliberales
Transcurridas más de dos décadas de
políticas neoliberales y de una estrategia
de desarrollo transnacional, en la
región centroamericana se ha consolidado
una dinámica económica que se
fundamenta en la desigualdad y la exclusión,
y que se reproduce de manera
ampliada a nivel regional, nacional y
local, como resultado de cinco grandes
tendencias:
1. Economías transnacionalizadas
Se ha consolidado el control de las ETN extrarregionales de los sectores económicamente estratégicos de la región: Unión Fenosa, AES, Iberdrola (energía); Millicom, América Móvil y Telefónica (comunicaciones); Holcim (cemento); Monsanto y Pioner (insumos agrícolas), o CITI, HSBC, Santander, BBVA (banca), entre otras.
Se ha consolidado el control de las ETN extrarregionales de los sectores económicamente estratégicos de la región: Unión Fenosa, AES, Iberdrola (energía); Millicom, América Móvil y Telefónica (comunicaciones); Holcim (cemento); Monsanto y Pioner (insumos agrícolas), o CITI, HSBC, Santander, BBVA (banca), entre otras.
Respecto al control transnacional
del sector financiero, es curioso
observar la paradoja que se presenta
actualmente en los organismos de integración
económica centroamericana
cuando reconocen que la transnacionalización
de la banca comercial no
está contribuyendo a los proyectos
nacionales o regionales de desarrollo,
mientras que estos mismos organismos
continúan insistiendo en la necesidad
de promover más agresivamente
la IED que está controlada en un 75
por ciento por las ETN.
Esta transnacionalización también
ha estado a cargo de los grupos económicos
centroamericanos que han
comenzado a operar con una racionalidad
transnacional. Empíricamente se
puede constatar la existencia de 135
grupos empresariales en la región que
agrupan a casi 2.500 empresas y franquicias,
que controlan sectores de baja
capacidad de innovación (comercio,
turismo, construcción, etc.) gracias a
alianzas con ETN extrarregionales, y
que utilizaron para su expansión regional
las ganancias extraordinarias
que obtuvieron como resultado de la
primera oleada de reformas neoliberales
de los años noventa. Son estos
grupos los que definen el rumbo de la
integración real de Centroamérica.
2. Más comercio intrarregional con
menos integración económica
Los países de Centroamérica continúan con la tendencia de utilizar las negociaciones comerciales en bloque exclusivamente como un mecanismo para crear economías de escala en las negociaciones bilaterales con economías más grandes, como lo demostró con creces la negociación del CAFTA. Se trata de una competencia por ofrecer entornos institucionales menos exigentes para la IED: menos exigentes con el medio ambiente (recursos naturales sobreexplotables; tierras, agua y ecosistemas enajenables); población subcontratable; estatización de los costos de infraestructura de apoyo a las inversiones privadas; exenciones fiscales; concesiones, etc.
Los países de Centroamérica continúan con la tendencia de utilizar las negociaciones comerciales en bloque exclusivamente como un mecanismo para crear economías de escala en las negociaciones bilaterales con economías más grandes, como lo demostró con creces la negociación del CAFTA. Se trata de una competencia por ofrecer entornos institucionales menos exigentes para la IED: menos exigentes con el medio ambiente (recursos naturales sobreexplotables; tierras, agua y ecosistemas enajenables); población subcontratable; estatización de los costos de infraestructura de apoyo a las inversiones privadas; exenciones fiscales; concesiones, etc.
3. Debilitamiento de la capacidad redistributiva
de la política fiscal
Las reformas fiscales neoliberales, basadas en el aumento de los impuestos indirectos y en el aumento del gasto fiscal para financiar las exenciones fiscales a la IED, y otros incentivos a las empresas exportadoras, han debilitado la capacidad fiscal de los gobiernos de la región y consiguientemente, han (prácticamente) eliminado el potencial redistributivo de la política fiscal.
Las reformas fiscales neoliberales, basadas en el aumento de los impuestos indirectos y en el aumento del gasto fiscal para financiar las exenciones fiscales a la IED, y otros incentivos a las empresas exportadoras, han debilitado la capacidad fiscal de los gobiernos de la región y consiguientemente, han (prácticamente) eliminado el potencial redistributivo de la política fiscal.
Pero el potencial redistributivo de
la política fiscal también ha sido reducido
como consecuencia de las reformas
neoliberales de la década de los
ochenta que privilegiaron el aumento
de los ingresos tributarios por la vía
de los impuestos indirectos y optaron
por incentivar IED por la vía de la
eliminación y/o reducción de los impuestos
directos.
4. Profundización de las tendencias
estructurales a la desigualdad y a la
exclusión
La desigualdad y la exclusión en Centroamérica no son fenómenos surgidos con las políticas neoliberales en los noventa. Sus raíces se encuentran en la configuración estructural de las formaciones económicas sociales capitalistas a finales del siglo XIX. Sin embargo, las reformas neoliberales y la transnacionalización de los aparatos productivos han profundizado y ampliado estas tendencias, al mismo tiempo que han restringido la capacidad de los Estados de reducir la desigualdad y la exclusión por la vía de la ciudadanía (gasto social, seguridad social).
La desigualdad y la exclusión en Centroamérica no son fenómenos surgidos con las políticas neoliberales en los noventa. Sus raíces se encuentran en la configuración estructural de las formaciones económicas sociales capitalistas a finales del siglo XIX. Sin embargo, las reformas neoliberales y la transnacionalización de los aparatos productivos han profundizado y ampliado estas tendencias, al mismo tiempo que han restringido la capacidad de los Estados de reducir la desigualdad y la exclusión por la vía de la ciudadanía (gasto social, seguridad social).
La apertura externa y el control
transnacional de la IED ha desmantelado
la industria nacional y ha precarizado
los empleos, mediante el aumento
del llamado sector informal en casi
todos los países del istmo y la reducción
del empleo en la manufactura.
Esta tendencia en aumento del
subempleo explica en gran medida el
hecho que en Centroamérica el 72,8
por ciento de la población no tiene cobertura
de seguridad social y el 24,5
por ciento no tiene ni siquiera cobertura
de servicios de salud.
Frente a la incapacidad de los aparatos
productivos de generar empleos
decentes, y la parálisis de la capacidad
redistributiva de los Estados, la
exclusión social en Centroamérica se
vuelve crítica: de cada 100 hogares en
Centroamérica, 37 están en situación
de exclusión, siendo el porcentaje superior
en el área rural en donde 46 de
cada 100 hogares están en esta situación.
Esto está incidiendo en la profunda
crisis de cohesión social y en la
pérdida de legitimidad en los sistemas
políticos, que se expresan tanto en el
aumento en los índices de inseguridad
ciudadana como en la tendencia
creciente hacia la militarización de
la seguridad pública y de los mismos
Estados.
5. Políticas económicas transnacionales
Los Estados centroamericanos progresivamente han perdido su capacidad de hacer políticas autónomas para el desarrollo nacional y/o al margen de los condicionamientos del BM, del FMI, del BID o de la OMC.
Las políticas quedan así fragmentadas
entre lo que se necesita hacer
para lograr los objetivos del desarrollo
nacional y lo que se tiene que hacer
para cumplir con las exigencias de
los organismos supranacionales que
gobiernan la economía global.
Los desafíos: La necesidad de rediseñar
la estrategia de desarrollo
en Centroamérica
Centroamérica necesita revertir los
efectos negativos que sobre sus posibilidades
de desarrollo humano han
tenido más de dos décadas de neoliberalismo
y de control transnacional de
sus recursos. Es urgente avanzar hacia
una nueva estrategia de desarrollo
fundamentada en tres ejes:
- a) Aparatos productivos integrados intra e inter sectorialmente, con capacidad de generar dinámicas endógenas, sostenibles y populares de producción, distribución y consumo.
- b) Replanteamiento de la integración económica de Centroamérica en función del desarrollo nacional y regional (y no de la transnacionalización), con menos discursos y con más acciones de convergencia de políticas económicas y sociales.
- c) Recuperación de la capacidad de los Estados de hacer políticas de desarrollo nacional y regional y de redistribución del ingreso tanto primaria como secundaria.
¿Es posible una nueva estrategia de
desarrollo que tenga al menos estas
características? La posibilidad dependerá
del surgimiento de un nuevo sujeto
político que pueda asumir como
propio este proyecto de desarrollo y
que tenga capacidad de construir relaciones
populares de poder para contrarrestar
el poder de las alianzas entre
elites regionales y corporaciones
transnacionales que por hoy controlan
a los Estados centroamericanos.
Julia Evelyn Martínez
Profesora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
Profesora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
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