David Ernesto Pérez (COLATINO)
El
caso de Arita Rosa se suma a las denuncias presentadas en la Fiscalía
General por Óscar Edmundo Garza, David Córdova Menjívar y Carlos
Virgilio Marín Alfaro, quienes se consideran afectados por el accionar
estatal en la década de los 80‘s. Garza fue arrestado en 1980, Córdova
Menjívar en 1985 y Marín Alfaro en 1988. Todos aseguran haber sufrido
torturas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Los
denunciantes invocan los tratados internacionales suscritos por El
Salvador en materia de Derecho Humanos que persiguen los crímenes de
lesa humanidad, figura que además contempla la legislación penal.
Asimismo,
dichos delitos no prescriben (vigencia se mantiene en el tiempo), por
lo que consideran que el Ministerio Público Fiscal debe dar trámite a
las denuncias presentadas.
El
común denominador presente en las cuatro denuncias es la privación de
libertad arbitraria por parte de agentes de seguridad del Estado,
proceder que además habría violentado el debido proceso legal y el
derecho de defensa, explicó Silvia Cuéllar, abogada del Instituto de
Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El Salvador es firmante de los
Tratados de Nuremberg y los Convenios de Ginebra, instrumentos
internacionales que tratan sobre el trato a prisioneros de guerra y los
delitos que se pueden cometer en estos períodos bélicos.
Tomando
en cuenta lo anterior, Benjamín Cuéllar del IDHUCA argumenta que el
país no puede omitir sus compromisos al firmar dichos tratados, que
después de rubricados forman parte de la legislación nacional. Por lo
que, en palabras del defensor de Derechos Humanos, el Estado no puede
alegar que los hechos denunciados hayan perdido vigencia.
“Estamos
confiados que con una buena Fiscalía se puede avanzar”, y agrega a la
vez: “queremos que se establezca la responsabilidad del Estado y en su
momento la reparación a las víctimas”.
El
7 de abril de 2010, Rolando González y Carlos Santos hicieron el mismo
procedimiento que las personas anteriormente mencionadas, al
considerarse afectados por los cuerpos de seguridad del Estado en el
marco del Conflicto Armado.
Sin
embargo, sus denuncias no prosperaron. En el caso de González este ya
acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para
demandar al Estado por la falta de acción en las investigaciones.
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