Dagoberto Gutiérrez
La palabra crisis parece apuntalar a la contemporaneidad y se configura como la más vigorosa expresión de la realidad, y así, cuando nos referimos a los partidos políticos, estamos entrando por la puerta ancha en el territorio de los Estados. Estos –los partidos- son instrumentos del Estado para asegurar la participación electoral de la ciudadanía.
El Estado necesita que el ciudadano concurra a votar pero sin llegar a elegir, y más bien se trata de resolver la necesidad del aparato estatal de remozar periódicamente su composición e integración, y para esto necesita la legitimación del pueblo mediante la votación. Por supuesto que esta votación no decide nada sobre la economía, la educación, o sobre el rumbo del país, y tampoco decide nada sobre lo que los así llamados representantes han de hacer en el desempeño de los cargos públicos. En otras palabras, el voto de la gente sirve para afianzar una democracia representativa en donde conviven representantes sin representados y representados sin representantes.
Los partidos políticos son, en este contexto de brasas encendidas, los instrumentos que canalizan los votos de la gente y los que, en definitiva, se distribuyen el botín de la administración de la cosa pública. Con esta figura no solo nos referimos a los aspectos financieros del tema sino a la distribución partidaria de los diferentes cargos públicos, que son entregados al control y al usufructo de los partidos políticos. Con lo dicho queda de manifiesto la enorme importancia de los partidos políticos para el Estado y la enorme importancia que tienen los aparatos del Estado para estos partidos políticos.
En la actual coyuntura, la sociedad tiene abierta la matricula escolar para aprender, en carne viva, la expresión practica de lo que estamos afirmando. Todo parece indicar que los partidos políticos que conforman la actual legislatura procederán a elegir a un nuevo fiscal general y a magistrados de la CSJ antes de que asuma el próximo primero de mayo, la nueva legislatura. Esto significa que la actual Asamblea Legislativa elegirá fiscal y magistrados de la CSJ por segunda vez.
En una primera mirada, la coyuntura no parece tener problemas jurídicos porque, como dicen los partidos interesados, y los más interesados son el FMLN y GANA, no hay ninguna ley que les prohíba tomar esa decisión, y en consecuencia, razonan, no hay razón para no tomarla.
Este escenario nos permite resolver un significado político y otro jurídico, porque esta misma decisión la tomó el partido ARENA en el pasado, y en estos momentos presentes, es el FMLN quien actúa de la misma manera, y ARENA aparece aconsejando no hacer lo que ellos hicieron anteriormente porque “será un error”.
Resulta que esta situación nos resuelve abundantemente la naturaleza de la cúpula del Partido FMLN, porque siendo cierto que las personas y las instituciones resultan ser lo que hacen y no lo que dicen, entonces, al preguntarnos por qué el partido FMLN hace lo mismo que hace ARENA en situaciones similares y ante temas similares. La única respuesta inteligente es aquella que establece que hacen lo mismo porque son, precisamente, lo mismo. De modo que la coyuntura aclara la identificación de ambos partidos.
En el área jurídica resulta que es cierto, tal como argumentan los partidos, que no hay ninguna disposición que les prohíba tomar las decisiones en referencia, y elegir nuevo fiscal, aun cuando el actual finalice su periodo hasta en septiembre próximo. Siendo esto cierto, también lo es el hecho de que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más atribuciones que las que expresamente les da la ley, y esta ley no les autoriza, por ningún lado, tomar la decisión en que están empeñados.
De elegirse un nuevo fiscal nos encontraríamos con dos fiscales: uno electo y otro en el desempeño del cargo, en una situación sui generis. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa, estando facultada para elegir a los magistrados de la CSJ y para designar a los miembros de la Sala de lo Constitucional, debe elegir cada 3 años al presidente de esta Sala, que es al mismo tiempo, presidente de la CSJ y del poder Judicial, pero no tiene atribuciones para designar cada 3 años, a nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, aunque sí puede destituir a los magistrados de la CSJ por causas legales previamente establecidas. Además, la integración de las otras salas de la CSJ es atribución de la Corte misma. De este modo, resulta que también en el terreno legal se presenta una situación litigiosa que puede dar pie a recursos de inconstitucionalidad.
Por supuesto que necesitando los partidos políticos tomar estas decisiones, sin duda lo harán, y estaremos en una situación parecida a la que se delineó en ocasión del decreto 743, y una vez aparecerá un abismo grande entre partidos políticos y ciudadanía.
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