Roberto Cañas López/Firmante de los Acuerdosd de Paz
DEM
El dinero para la rehabilitación y la reinserción social de los
miembros de las pandillas debe salir de un pacto fiscal, y de los
decomisos de recursos financieros ilícitos producto del blanqueo de
dinero.
Atribuir a una intervención sobrenatural la solución de la seguridad
pública es algo inédito y es más sorprendente aún calificar el
entendimiento entre pandillas como un “milagro progresivo” argumentando
que es la solución a los problemas que vive el país, pues “ya se
intentaron” otras alternativas y no han funcionado. Ciertamente poner en
el plano espiritual la solución del problema de la delincuencia no
tiene antecedentes en el mundo.
La
verdadera realidad es que en la búsqueda de la seguridad ciudadana no
hay atajos, soluciones milagrosas, mágicas ni de carácter inmediato. En
la solución a la problemática de seguridad no hay prodigios, lo que debe
concretarse, no hay que cansarse de insistir, es un Acuerdo Nacional,
con una estrategia integral y contar con los recursos humanos,
materiales y financieros adecuados para conseguir resultados efectivos
y sostenibles en el tiempo.
Está fuera de la realidad la propuesta de entregar el subsidio de los
buseros a los pandilleros. No se trata de eso, a los empresarios de
buses se les debe exigir que a cambio del subsidio que reciben, que es
dinero de los contribuyentes, renueven la flota de buses, les den
mantenimiento a las unidades de transporte que actualmente tienen en
circulación, mejoren el entrenamiento de los motoristas y den un trato
adecuado a los pasajeros.
El dinero para la rehabilitación y la reinserción social de los
miembros de las pandillas debe salir de un pacto fiscal, y de los
decomisos de recursos financieros ilícitos producto del blanqueo de
dinero. Solo para hacerse una idea, en México los ingresos de las
actividades ilícitas van de 36 mil a 38 mil 800 millones de dólares, que
representan 3.6 % del PIB, y de éstos, de 10 mil a 14 mil 500 millones
de dólaresson blanqueados; obviamente El Salvador no es México, pero
aquí se lava mucho dinero también, pero lo que pasa es que nadie sabe
cuánto.
No se trata de afirmar que estamos en una “franca guerra declarada a
los carteles de la droga y las estructuras del crimen organizado”, pues
la única guerra que se justifica es la guerra contra la pobreza, contra
la ignorancia, contra el despilfarro y la corrupción.
Más que declarar que estamos en guerra contra los carteles se debería
actuar incrementando la persecución del crimen organizado,
especialmente el lavado de dinero. La persecución de este delito merece
más atención. No existe una cifra de cuánto dinero se lava en El
Salvador, solo se pueden apreciar las huellas del lavado en empresas de
rápido crecimiento, constructoras y del negocio de bienes raíces. Se
debe mejorar la supervisión de transacciones en el medio empresarial.
Desarrollar técnicas de detección de transferencias de recursos
financieros. Se deben mejorar las unidades policiales de inteligencia
financiera y de investigación.
La administración Funes se comprometió en el plan quinquenal: “a
ejecutar una estrategia integral de seguridad ciudadana que reduzca los
niveles de violencia social y de género, y de inseguridad, y que incida
de manera simultánea en la dimensión estructural del problema” y,
además, “diseñar mecanismos institucionales que permitan la unidad
nacional en torno a este tema”.
La pregunta a la que se debe dar respuesta hoy es: ¿Cuál debe ser el
rumbo a seguir por el presidente Funes en lo que le resta de su periodo
en el tema de seguridad pública?
El gobierno debe contribuir a la elaboración de una política de
Estado en seguridad basada en la Constitución de la República, es
indispensable crear un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que
tenga como misión construir el Acuerdo Nacional y luego monitorear y
evaluar constantemente el estado de la seguridad pública.
Colocar la agenda de prevención en el centro de la política de
seguridad, comenzando por la juventud creando espacios públicos de
calidad que brinden una amplia oferta laboral, cultural y deportiva a
las personas menores de 30 años.
Las soluciones al problema de la delincuencia no bajarán del cielo,
lo que debe de existir a la hora de construir una estrategia de
seguridad es un trabajo incansable por convertir a El Salvador en un
país seguro, donde la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse
despojada del miedo, mediante la más amplia movilización y articulación
de voluntades, fuerzas y recursos de la nación.
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