Roberto Cañas
Terminar con la impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones en particular, es uno de los retos principales de las autoridades de seguridad pública.
El tema que está hoy en el centro de la preocupación en términos de seguridad pública es el de las desapariciones, la cifra es espeluznante. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, son 876 los desaparecidos en los primeros cuatro meses del 2012, es decir, siete personas han desaparecido diariamente en este periodo.
La verdadera realidad es que el fenómeno de las desapariciones no es nuevo, la desaparición de personas durante el conflicto armado fue una realidad cotidiana, cientos de víctimas sufrieron de una política de represión sistematizada de los gobiernos de esa época solo por ser opositores al régimen; en la situación actual, también existe un incremento importante de desapariciones que se da paralelamente a la reducción del número de homicidios que según el gobierno se debe a la llamada tregua entre pandillas.Tanto en el pasado como hoy, un aspecto común de las desapariciones fue y es la impunidad: no hay investigaciones efectivas en los casos de desapariciones que lleven a castigar a los culpables.
Terminar con la impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones en particular, es uno de los retos principales de las autoridades de seguridad pública. Las familias de las personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto les demandamos una investigación seria para conocer la verdad sobre los responsables de estos delitos y asegurar medidas para que ya no existan desaparecidos.
En nuestro país se carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones, no existen procedimientos efectivos para la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres cuando aparecen enterrados en distintos lugares. No existe publicación de boletines que difunda ampliamente la información sobre una persona desaparecida que contenga la descripción física de las personas para realizar su búsqueda, localización e identificación. Los datos sobre una persona desaparecida, usualmente no se distribuyen en hospitales, lugares públicos para favorecer la búsqueda.
Como en todo, el primer paso para resolver el problema de las desapariciones es que se reconozca la dimensión del problema, esto es necesario para después desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Integralidad significa políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación moral y material para las víctimas y familiares de desaparecidos.
Es necesario debido a la gravedad que tiene el problema de las desapariciones establecer un programa nacional de búsqueda de personas que coordine los esfuerzos para localizar con vida a las personas y asignarle a este programa los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, y de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda de personas desaparecidas se realice de forma exitosa.
Es fundamental para resolver el problema de las desapariciones tener políticas públicas claras para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas y familiares de desaparición forzada. Se debe establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia. Incluir la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición. La sociedad en su conjunto se debe poner del lado de las víctimas y sus familiares.
La perspectiva de derechos no se debe perder en el caso de las desapariciones, pues toda persona tiene derecho a no ser sometida a una desaparición forzada y las víctimas y sus familiares tienen el derecho a la justicia y a la reparación, y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin.
Nadie debe ser sometido a una desaparición forzada y el gobierno debe tomar las medidas necesarias para castigar penalmente a toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o partícipe en la misma.
El gobierno tiene la obligación de velar por que toda persona tenga derecho a denunciar una desaparición ante las autoridades competentes, quienes deberán examinar rápida e imparcialmente la denuncia y, proceder sin demora, a realizar una investigación exhaustiva e imparcial; y asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores.
Debemos congregarnos todos para luchar por, con y al lado de las víctimas, sus familiares; las desapariciones deben de erradicarse.
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