Nadie discute que las muertes violentas entre pandilleros han disminuido, pero el aspecto de fondo, no es si la contabilidad de muertos es menor, lo central es si se están atacando las causas de los homicidios.
Hace seis meses, el 9 de marzo, se anunció la existencia de una tregua entre las pandillas MS y 18, y a partir de ese día se ha venido repitiendo machaconamente que los homicidios han disminuido, y que existe un avance en el combate contra la delincuencia; todo porque los asesinatos “han bajado en más del 30%”. Que coincidencia, casualmente el ministro de Justicia y Seguridad Publica había prometido al iniciar su trabajo en esa cartera de Estado reducir la tasa de homicidios en un 30% en su primer año de gestión.
Nadie discute que las muertes violentas entre pandilleros han disminuido, pero el aspecto de fondo, no es si la contabilidad de muertos es menor, lo central es si se están atacando las causas de los homicidios y la delincuencia o solo los efectos.
Atacar las casusas es comprometerse y actuar efectivamente en el combate a la pobreza, trabajar activamente en abrir oportunidades económicas a los jóvenes a partir de darles educación y oportunidades de empleo, construirles espacios recreativos.
La delincuencia no surge de la nada, se incuba en la marginación social; en El Salvador, aproximadamente una de cada tres personas vive en condición de pobreza, eso es lo que hay que combatir, como línea fundamental, como causa de la delincuencia.
Esto se sabe, está escrito en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014: “el país se encuentra actualmente atrapado en un peligroso círculo vicioso: el bajo crecimiento económico y la falta de mecanismos redistributivos efectivos impiden avanzar en la solución de los problemas coyunturales y estructurales. Esto a su vez alimenta la conflictividad social, erosiona la credibilidad de las instituciones democráticas, favorece el aumento de la violencia y por tanto no contribuye a la cohesión social”. Lo que pasa es que se ha hecho muy poco y muy tarde.
La existencia de vínculos correlacionales entre pobreza y delincuencia está demostrado y también escrito en la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica; pero está completamente ausente en el discurso y la práctica del ministro.
Atacar la pobreza y la marginalidad social es una salida para combatir de manera seria la delincuencia. No es posible pensar que el país saldrá adelante cuando un salvadoreño gana, en promedio, $1481 al año, y según el BCR $123.50 al mes, es menos que el salario mínimo estipulado por la ley. No se puede combatir efectivamente la delincuencia si solo la quinta parte de la fuerza laboral cuenta con trabajo decente.
La
estrategia del ministro de Justicia y Seguridad enfrenta los efectos y
no las causas de la delincuencia; ya es tiempo que se digan las cosas
como son y que los funcionarios públicos cambien de discurso, en el
sentido que se expresen de manera distinta y al menos declaren que van a
trabajar más por la eliminación de la exclusión social y las
desigualdades.No se puede limitar el entendimiento del fenómeno de la delincuencia a un asunto de policías, militares y delincuentes. La respuesta debe ser integral: Se debe avanzar en erradicar las causas.
Estamos en un momento muy peligroso, porque las consecuencias de todo esto generan una situación constante de miedo y de inseguridad, y el miedo es una forma de control social muy poderosa. Es necesario romper con el pesimismo y la resignación imperantes en la sociedad salvadoreña que ciertamente está desengañada de la manera en que se combate la delincuencia.
Los ciudadanos debemos dejar de ser sujetos individuales y aislados, y convertirnos en grupos sociales interesados en buscar solución a los problemas. Nadie está ajeno a la situación por la que atraviesa el país; todos padecemos, unos más, otros menos; de la inseguridad y la delincuencia; debemos actuar y demandar al gobierno que en el poco tiempo que le queda cumpla con las principales metas del quinquenio: “Reducir la pobreza entre 12 y 15 puntos porcentuales, tanto en las zonas rurales como en las urbanas; generar al menos 250 mil nuevos empleos decentes, mediante proyectos de inversión pública y así contribuir a reducir de manera significativa, y progresiva, los niveles de violencia y de criminalidad en todo el territorio nacional”. No olvidemos que lo que nos está tocando vivir es producto de lo que hemos dejado de hacer, y la única forma de remediar el problema es no quedarnos de brazos cruzados.
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