Guillermo Mejia
El ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, cumplió su primer año en el cargo
y no perdió la oportunidad para lucirse en el sistema mediático nacional, donde insistió en el éxito de la tregua entre las pandillas y anunció otra propuesta de las maras que demandan la instauración de “municipios santuarios”. Pero el general no sale de su laberinto.
Para la reflexión sobre tan oscura realidad resultó un excelente ejercicio la radiografía del fenómeno de la militarización, crimen organizado y pandillas, desarrollada por autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA) recientemente con ocasión del XXIII Aniversario del asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
Si bien hubo coincidencia entre los participantes en que hay que buscar una salida humanizada al flagelo de las pandillas, también Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP); Andréu Oliva, rector de la UCA; y José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria, demandaron del gobierno transparencia y seriedad frente a la ciudadanía.
“La tregua se ha manejado hasta hoy bajo una enorme opacidad”, afirmó Aguilar, “las múltiples contradicciones que están presentes en la retórica del ministro de Justicia y Seguridad, quien ofrece constantemente diversas versiones en torno al asunto al tiempo que asegura contar con el monopolio de la verdad le han restado credibilidad al proceso”.
Luego se hizo varias preguntas: ¿Cuál fue el papel del gobierno en todo esto?, ¿qué otros privilegios además de los traslados y de los televisores plasma han recibido los pandilleros en sus cárceles?, ¿hasta dónde los beneficios penitenciarios se están distorsionando en el marco de este acuerdo?, ¿cuál es el verdadero rol de los llamados facilitadotes?, ¿existen otras treguas que no nos han contado?
En el fondo, la directora del IUDOP ve varias amenazas por las fallas que tiene el proceso. En primer lugar, se rompa el pacto. En segundo lugar, se desencadene una reacción violenta de las pandillas que “podría ser utilizada por el Estado para justificar una represión masiva que legitime nuevas regresiones autoritarias”. En tercer lugar, se inicie una nueva guerra entre las maras.
Y advirtió una amenaza muy particular: “Si en efecto el crimen organizado también ha tomado parte de ese proceso y la tregua entre pandillas es solo un distractor para facilitar un corredor logístico para el paso de la droga en el país, en el corto plazo es probable que la violencia se institucionalice y las mafias se infiltren en el Estado”.
Como lo prueban otras experiencias en el mundo, entre ellas Colombia, “cuando las mafias se institucionalizan la violencia se reduce”, dijo.
Por su parte, el rector de la UCA, Andréu Oliva, al referirse al crimen organizado en el país advirtió que éste mantiene vínculos con políticos, elites económicas, el Estado y las mismas pandillas.
“En primer lugar, con los políticos, tanto de derecha como de izquierda, con quienes es fundamental coordinar para poder operar y el crimen organizado les puede pagar muy bien estos favores. Los vínculos entre políticos y crimen organizado se dan en todas partes, pero en el caso de El Salvador son estructurales” pues creció utilizando las estructuras de quienes participaron en la pasada guerra.
“En segundo lugar, las investigaciones revelan vínculos del crimen organizado con las elites económicas. Estas alianzas son fundamentales sobre todo para el lavado de dinero y otros negocios ilícitos que a menudo requieren de una fachada legal. Algunos informes revelan nombres de algunos hombres de negocios y políticos importantes, tanto de la derecha como la izquierda”, añadió.
En ese marco, el rector de la UCA señaló que la militarización de la cartera de Justicia y Seguridad, así como de la Policía Nacional Civil significa retrocesos importantes en el combate al crimen organizado.
Puso de ejemplo: “El regreso a puestos operativos de miembros de la policía que tenían expedientes de investigación abiertos señalados por los informes por su vinculación al crimen organizado, la destitución o traslado de personal policial que había informado responsabilidades graves del crimen organizado, el control del centro de información policial, la inteligencia militar y el Organismo de Inteligencia del Estado por miembros del ejército”.
“Estas medidas parecen indicar que la política actual de seguridad se rige por la premisa ‘si no puedes contra tu enemigo únete o alíate con él y al menos tendrás un cierto control del mismo’”; por lo tanto, "la actitud de las autoridades locales respecto al crimen organizado solo puede definirse como pasiva y encubridora, pero parece lógica que sea así por el alto nivel de infiltración que tiene el crimen organizado en las instituciones estatales como en diversos niveles de la sociedad”, denunció Oliva.
El rector de la UCA brindó, a la vez, algunas cifras que ilustran la forma en que ha avanzado el crimen organizado y el narcotráfico en El Salvador: Las Naciones Unidas estiman que entre los años 2004 y 2005 el 88 por ciento de la droga del Sur a Estados Unidos pasaba en la ruta de Centroamérica a México y un 5 por ciento se quedaba en el área para el consumo.
“Por su parte, la DEA –oficina antidrogas estadounidense- estimó que en los años 2010 y 2011 el tráfico de drogas en nuestro país oscilaba entre las 565 y 600 toneladas de cocaína. La participación de los grupos salvadoreños consiste principalmente en el transporte, la descarga, la protección, la custodia de la mercancía y el reembarque hasta su destino final en Estados Unidos”, agregó Oliva.
Ahora ya no solamente se queda el 5 por ciento de la droga, sino que el pago en especie puede andar por el 20 por ciento de la droga transportada, pues “desde hace algún tiempo los carteles mexicanos y colombianos, los dueños de la droga, decidieron pagar a los transportistas en especie”, situación que se presta para la generación de violencia por el control del “narcomenudeo”.
“Esto supondría un mínimo de 28 toneladas si fuera el 5 por ciento y un máximo de 120 toneladas de droga si fueran 600 toneladas de droga que transitan anualmente por El Salvador. A esta droga hay que darle salida, hay que convertirla en dinero en efectivo para cubrir los gastos de su transporte y obtener ganancias”, sentenció Oliva.
Por su lado, el padre José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria, hizo un recuento de cómo ha existido una “remilitarización” de la sociedad, principalmente, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, entre el gobierno y la guerrilla, en 1992. La sociedad salvadoreña ha vivido en un espejismo pensando que la Fuerza Armada es la institución que sí cumplió con esos Acuerdos.
“Otorgar a los militares cada vez papeles protagónicos es peligroso, poco democrático y enturbia todavía más una situación como la actual, que es una situación de cambio en desconcierto y en dificultades grandes para el cambio”, advirtió Tojeira.
En síntesis, una situación nada bonancible, compatriotas. ¿Y diay?
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