Por Guillermo Mejía
Una de las ironías y vergüenzas más grande al cumplirse 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil de 12 años, el 16 de enero de 1992, es la re-militarización de la sociedad salvadoreña bajo el primer gobierno de izquierda donde el partido oficial es ni más ni menos que la guerrilla que se alzó en armas para combatir la dictadura militar.
En la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) algunos aseguran que el presidente Mauricio Funes no les consultó sobre esa nefasta decisión, aunque otras voces de la misma dirección del partido señalan que sí fue del conocimiento de algunos de ellos, principalmente de quienes conducen las empresas de la cúpula, como Alba Petróleo.
El punto es que, pese a la oposición de muchos sectores, siguen los militares en la conducción, por ejemplo, del ministerio de Justicia y Seguridad, con el general David Munguía Payés, y la Policía Nacional Civil (PNC), con el general Francisco Salinas, en evidente violación al espíritu de los Acuerdos de Paz que pararon el conflicto militar que causó unas 75 mil muertes.
Durante un foro organizado para conmemorar el XXIII Aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, acaecido el 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andréu Oliva, advirtió que la re-militarización de la cartera de Justicia y Seguridad y la PNC incluso representa retrocesos importantes en el combate al crimen organizado.
Oliva puso en evidencia: “El regreso a puestos operativos de miembros de la policía que tenían expedientes de investigación abiertos señalados por los informes por su vinculación al crimen organizado, la destitución o traslado de personal policial que había informado responsabilidades graves del crimen organizado, el control del centro de información policial, la inteligencia militar y el Organismo de Inteligencia del Estado por miembros del ejército”.
“Estas medidas parecen indicar que la política actual de seguridad se rige por la premisa ‘si no puedes contra tu enemigo únete o alíate con él y al menos tendrás un cierto control del mismo’”; por lo tanto, la actitud de las autoridades locales respecto al crimen organizado solo puede definirse como pasiva y encubridora, pero parece lógica que sea así por el alto nivel de infiltración que tiene el crimen organizado en las instituciones estatales como en diversos niveles de la sociedad”, denunció Oliva.
La ciudadanía observa la oscuridad que encierra la supuesta tregua entre las pandillas cuya paternidad no se la adjudica el gobierno de Mauricio Funes, sino que se la achaca a dos “facilitadores” –un ex guerrillero y un capellán de la Fuerza Armada- frente al mar de contradicciones en que cae el general David Munguía Payés cuando se refiere al asunto.
¿Quién saca la ganancia?, es la pregunta. Algunos especialistas no descartan la posibilidad que en ese enredo ha metido mano el crimen organizado y la tregua entre pandillas es solo un distractor para facilitar un corredor logístico para el paso de la droga en el país; por lo tanto, existe el peligro que la violencia se institucionalice y las mafias copen el Estado.
Por otro lado, al hacer un balance sobre los 21 años de la firma de la paz, la directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillén, afirmó que aún son pequeños los avances en la democratización de la sociedad salvadoreña, ya que no sólo se trata de procesos electorales y desenvolvimiento de las instituciones, sino que de la calidad de vida de los ciudadanos.
“Tenemos que llegar a concluir que mientras un gobierno no asuma el compromiso de llevar cambios estructurales a la vida de la población aquí vamos a vivir en condiciones en las cuales no va a haber grandes cambios para la vida de la población”, dijo Guillén, “el cambio de los gobiernos de Arena a un gobierno del Fmln, bajo las circunstancias que sean, ha traído pequeños cambios a la vida de los salvadoreños especialmente los más pobres, pero que no han tocado la realidad estructural de la necesidad de la gente”.
A la par, la impunidad sigue galopante. “Como que la persecución del delito sigue siendo en este país una estela de impunidad que tiene como una causa directa toda la impunidad que todavía se mantiene de los crímenes de la guerra. Aquí en este momento todavía no se ha juzgado, no se ha mencionado, no se ha conocido la verdad de quiénes fueron los criminales durante la guerra”.
Guillén recordó que todos los problemas estructurales que estaban a la base de las causas del conflicto “se dejaron sin tocar”, porque “era tocar los intereses de la oligarquía de este país y hasta ahí no iban a llegar los acuerdos” y luego –por eso mismo- fracasó el Foro de Concertación Económico-Social y se instaló el proyecto neoliberal causante de la miseria de la población.
La directora de Fespad se pronunció por la lucha social, para lograr los cambios estructurales que requiere la sociedad salvadoreña, porque “ningún gobierno va a tocar cuestiones estructurales si no es por presión social”, el gobierno de turno, ni otro que llegue, no lo hará.
“Creo que debemos de reaccionar y seguir construyendo lucha social”, reiteró. El Salvador necesita trascender de los discursos de aniversario, que se pongan en evidencia los acuerdos bajo la mesa de los políticos perversos que siguen esquilmando al Estado, además a los que cambiaron sus ideales de lucha por intereses mercantilistas. La re-militarización de la sociedad es una de las ironías y vergüenzas más grande a 21 años de la firma de la paz.
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