LaJornada
Al dar detalles sobre la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a nuestro país –a realizarse en mayo–, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, dijo que el mandatario estadunidense reafirmará su disposición a seguir cooperando en materia de seguridad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que será éste "el que decida la política, la estrategia, las áreas donde podemos colaborar y vamos a colaborar en el futuro".
Si ha de darse crédito a lo dicho por el funcionario estadunidense, la próxima visita de Obama a México tendría que derivar en una reconfiguración profunda de la relación bilateral en materia de seguridad, relación que hasta ahora ha estado marcada por la subordinación y por la intromisión creciente de las autoridades estadunidenses en ámbitos que sólo competen a los mexicanos. Particularmente necesario resulta avanzar hacia la reformulación de la Iniciativa Mérida, instrumento bilateral en materia de seguridad y combate a la criminalidad que, a juzgar por los saldos obtenidos, no sólo ha sido inutil para reducir las actividades de las bandas delictivas que operan en México, sino que ha sido uno de los factores del sostenido deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho, ha llevado a una abdicación de potestades y responsabilidades soberanas en materia de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y control del territorio, y ha atizado las divisiones y rivalidades de las dependencias mexicanas y de los niveles de gobierno estatal y federal, como quedó al descubierto en diversos cables diplomáticos del Departamento de Estado obtenidos por Wikileaks y publicados en forma conjunta con este diario.
Por lo demás, si el pretendido espíritu colaboracionista de Washington fuera algo más que mera demagogia, un primer paso obligado sería el abandono de la doble moral característica de ese gobierno en materia de combate al narcotráfico: mientras en nuestro país las directrices antinarcóticos promovidas por la superpotencia se han traducido en decenas de miles de muertes, en una descomposición sin precedente de las instituciones y en una desesperanza ciudadana cada vez más desoladora, las autoridades estadunidenses mantienen una inocultable pasividad ante el accionar de las redes de distribución, transporte y comercialización de drogas que operan, sin mayores obstáculo, en territorio estadunidense. Es significativo el dato, divulgado el pasado martes en un reporte de la Universidad de California, de que cuatro de cada cinco detenidos por trasiego de drogas en la frontera común son ciudadanos estadunidenses, pues ello pone en entredicho la versión de las autoridades de Washington de que el comercio de drogas en ese país es controlado por grupos de narcotraficantes mexicanos.
Con todo, la mayor inconsistencia de la política de la Casa Blanca en materia de enervantes es que, a pesar de los alegatos oficiales contra el narcotráfico, las propias autoridades de ese país se han erigido en proveedoras de armamento para los cárteles que operan en el nuestro –mediante operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto–, han sido tolerantes a la presencia de capos de la droga mexicanos en calidad de residentes en Estados Unidos e incluso han facilitado las operaciones con dinero ilícito dentro de su sistema financiero, como ha venido haciendo la DEA desde por lo menos 1984 con el pretexto de "investigar cómo mueven el dinero las organizaciones criminales". Lo anterior se complementa con la impunidad que gozan las instituciones financieras estadunidenses –Wachovia, American Express, Western Union, Bank of America y Citigroup, entre otras– que han incurrido en lavado de dinero sin que ninguno de sus funcionarios haya sido encarcelado y sin haber sido castigadas más que con multas mínimas.
Antes que venir a discutir "la política, la estrategia y las áreas donde podemos colaborar", sería preferible que el gobierno de Washington se centrara en el combate al narcotráfico dentro de sus propias fronteras. El gobierno actual de México, por su parte, debe reclamar a sus pares estadunidenses lo que su antecesor nunca fue capaz de pedir: congruencia y respeto a la soberanía de nuestro país.
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