El jueves bajarán dictamen al pleno. El piso de inversiones en un APP sería de $10 millones
Roberto Flores*
El Ejecutivo puede dar un respiro: los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda de laAsamblea Legislativa han acordado votar en la próxima sesión plenaria la Ley de Asocios Público Privados, la más clave dentro del abanico de reformas de ley y nuevas leyes que el gobierno de Mauricio Funes ha propuesto para estimular la inversión en El Salvador. La Ley es, de hecho, un pilar fundamental de su estrategia económica entera.
Las fracciones legislativas en la Comisión de Hacienda concluyeron este martes la revisión del articulado de la Ley que daría vida a los Asocios Público Privados (APP), con los cuales el Ejecutivo espera obtener de los inversionistas privados los recursos necesarios para las obras en infraestructura y en servicios públicos necesarias para alcanzar altas tasas de crecimiento económico.
El anteproyecto de ley presentado por el gobierno en febrero de 2012 no se ha librado de las modificaciones de los parlamentarios, especialmente de aquellas hechas por la mano de la fracción del FMLN, el partido más crítico del texto presentado por el gobierno, del que aseguró que dejaba leer entre líneas las puertas de la privatización de servicios y bienes públicos.
Pero al final de la revisión del articulado este martes, los diputados efemelenistas se mostraban convencidos de que la cirugía menor a la que se sometió el anteproyecto del Ejecutivo –de los 104 artículos originales sólo se eliminó dos y se modificaron unos cuantos– ha dejado los cerrojos necesarios para que no se privaticen los servicios y obras del Estado.
“Al menos así como está redactado hasta hoy, en el acuerdo de todos los diputados, no se abren espacios para que se vayan a privatizar aquellos bienes que son de interés público y social”, ha dicho Orestes Ortez, diputado por el FMLNen la Comisión de Hacienda.
Los diputados y diputadas han decidido dejar fuera algunas condicionantes que el anteproyecto original imponía a laAsamblea Legislativa en el momento que llegue a conocer aquellos APP en los que se requiera de una concesión de obra o servicio público o de algún tipo de endeudamiento.
“En ninguna país del mundo un contrato le impone a la Asamblea los tiempos para legislar”, ha justificado Ortez.
En el texto del Ejecutivo establecía un plazo de 45 días para que la Asamblea Legislativa conociera y votara aquellos contratos de APP en los que se concesionara un servicio o bien público.
Además, en anteproyecto inicial planteaba que los diputados y diputadas solo podrían aprobar y rechazar un contrato de APP. Quienes definirían los plazos y las condiciones serían las instituciones de gobierno y el inversionista privado.
Pero con las modificaciones realizadas la Asamblea conocerá el proceso de concesión desde que se formulen las bases de licitación hasta que se celebre el contrato. También deberá aprobar las deudas que se contraigan bajo un APP.
Esos procesos ya se encuentran normados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por lo que el Ejecutivo había solicitado una derogatoria en el contenido de dicha Ley, algo que los parlamentarios han descartado, acordando al final que la Ley de Asocios Público Privados será la que normará todo lo referente a los APP, quedando la LACAP como ley supletoria.
Respecto a los pisos de las inversiones privadas en un APP, los diputados y diputadas decidieron fijarlo en $10 millones.
También se ha tocado la institucionalidad que surgirá alrededor de los APP. El Ejecutivo proponía que fuera la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) la encargada de gerenciar los APP. Pero el texto que el jueves podría ser aprobado contempla la creación de una entidad, la Dirección de Asocios Público Privados, la cual estaría facultada para imponer sanciones.
El ente estaría conformado por los ministros de gobierno, quienes propondrían al presidente de la República a una persona para ocupar el cargo de director de Asocios Público Privados.
Se contempla también la creación de una oficina de fiscalización. Además, en caso de que existan discrepancias durante la duración del contrato, los privados podrían llevar el caso a los tribunales de arbitraje extranjeros.
Ortez ha dicho que también se ha dejado estipulado que cualquier inversionista que quiera constituir un APP con el Estado deberá de cumplir con la legislación laboral vigente en el país.
Han quedado fuera de los APP los servicios de agua, salud, educación, la universidad pública, los servicios del seguro social y la readaptación del sistema penitenciario.
La Ley “cuenta con los cerrojos necesarios (para que no haya privatización), porque justamente hay exclusiones”, ha dicho Ortez.
Pero en la fracción legislativa del principal partido de oposición, ARENA –que respaldó el anteproyecto, como muy pocas veces, desde el inicio–, los cambios que propuestos por el FMLN y el eventual apoyo que ese partido daría el jueves, son leídos como síntomas del reconocimiento del sector privado por el cual ellos han abogado en otras ocasiones.
“Sin la participación de la empresa privada no podemos salir adelante”, ha declarado la diputada arenera Milena Calderón de Escalón.
Los parlamentarios y parlamentarias en la Comisión de Hacienda han dejado un espacio de un día para que cada fracción realice una revisión final del texto, para proponer algunas últimas modificaciones de ser necesario.
El panorama en el congreso pinta bien para una Ley cuya aprobación el Ejecutivo ha solicitado por unanimidad, para brindar una señal de confianza a los inversionistas privados.
De aprobarse el próximo jueves, esta deberá ser sancionada por el presidente Mauricio Funes y publicada en el Diario Oficial, después de lo cual entraría en vigencia de forma inmediata, por disposición de los parlamentarios.
El gobierno de Funes ya ha puesto sus ojos sobre algunos proyectos en los cuales espera desarrollar Asocios con el sector privado: la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y un parque de energía eólico (generada por la fuerza del viento).
La idea de los APP no ha encajado del todo dentro de las organizaciones sociales. De hecho, la primera marcha tras conocerse de que el jueves podría votarse la Ley de Asocios Público Privados ha sido convocada ya para este miércoles.
* Roberto Flores - Colaborador de ContraPunto
No hay comentarios.:
Publicar un comentario