El domingo 7 de agosto de 2011, la Policía buscaba a los militares salvadoreños requeridos por España por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Sorpresivamente, lograron refugio en un cuartel cuyo comandante era el coronel René Roberto López Morales, quien desde hace 10 días es asesor del partido de izquierdas para la elección presidencial de 2014 y que según el informe de la Comisión de la Verdad supo de antemano del plan de asesinar a los religiosos y no hizo nada por evitarlo.
Sergio Arauz
elfaro.net
René Roberto López Morales era teniente cuando la noche del 15 de noviembre de 1989 el director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Alfredo Benavides, comunicó al grupo de oficiales de la institución que había órdenes de asesinar al sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría "sin dejar testigos". Al siguiente día, Ellacuría y otros cinco sacerdotes jesuitas, más una empleada y la hija de esta, fueron asesinados por tropas que salieron de la Escuela Militar. 22 años más tarde, en agosto de 2011, René Roberto López Morales, ya con grado de coronel, abrió las puertas del cuartel militar a su cargo para que se refugiaran los militares requeridos por la justicia española para ser juzgados por el crimen perpetrado en 1989.
La Brigada Especial de Seguridad Militar, de la que López Morales era comandante, sirvió de refugio a los nueve militares que, al percatarse que estaban siendo vigilados por la Policía, se presentaron al recinto a solicitar resguardo. Llegaron el domingo 7 de agosto de 2011 en carros polarizados con los que habían intentado confundir el seguimiento realizado por unidades de la Policía Nacional Civil.
Ahora, dos años después de aquel episodio y a casi un cuarto de siglo del asesinato de los jesuitas, el coronel López Morales encabeza el grupo de militares que hace dos semanas declararon su apoyo al candidato presidencial efemelenista, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
En el FMLN, partido que cuando estuvo en la oposición siempre pregonó la importancia de acabar con la impunidad en crímenes como el de los jesuitas, sus dirigentes repentinamente han adoptado el discurso de sus grandes rivales del partido de derechas Arena, y ahora dicen que hay que pasar esa página de la historia en aras de la consolidación definitiva de la reconciliación nacional.
Los nueve militares que se presentaron a la Brigada Especial de Seguridad Militar para escapar de una eventual detención preventiva debido a que la Interpol había emitido código rojo contra ellos, fueron el general Rafael Humberto Larios López, exministro de Defensa; el general Juan Rafael Bustillo Toledo, exjefe de la Fuerza Aérea; el general Juan Orlando Zepeda Herrera, ex viceministro de Defensa; el coronel Francisco Helena Fuentes, excomandante de la Primera Brigada de Infantería; el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, oficial de la sección del Batallón Atlacatl que irrumpió en la UCA; el teniente Gonzalo Guevara Cerritos, condenado a tres años de encarcelamiento por instigación y actos de terrorismo por su rol en la masacre; el soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi, quien confesó que había matado a Ellacuría, a Ignario Martín-Baró y a Segundo Montes; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, quien confesó que había matado a Amando López y a Juan Ramón Moreno, y el sargento Tomás Zárpate Castillo, quien confesó que había matado a la empleada Julia Elba Ramos y a la hija de esta, Celina.
Los primeros nombres de la lista formaron parte de la jerarquía militar de finales de la guerra y, al igual que el coronel López Morales, recibieron formación en la desaparecida Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos, por la que durante décadas desfilaron algunos de los militares latinoamericanos más identificados con violaciones a derechos humanos durante los años de las dictaduras.
El acto de abrir las puertas de un recinto militar a salvadoreños con orden de captura internacional lo consignó el coronel López Morales en un acta con sello de confidencial dirigida al ministro de Defensa de ese entonces, el general David Munguía Payés.
El acta firmada por el coronel y ahora asesor en Defensa del FMLN consigna que los 10 militares quedaron en “depósito” y “guardando detención preventiva”. En el documento se lee que López Morales recibe al grupo y lo pone a la orden del ministro Munguía Payés: “Las personas en mención fueros recibidas en esta seda militar por el suscrito, a las dieciocho horas y quince minutos del día siete de agostos de dos mil once, quienes quedan a su orden y disposición, en depósito en estas instalaciones, guardando detención preventiva con la debida custodia.”
Aunque en el parte dirigido al ministro López Morales da a entender que él tomó la iniciativa de refugiar a los militares requeridos por la justicia española, al ser consulado aseguró que abrir las puertas del cuartel a sus compañeros de armas no fue idea de él: “Yo era el comandante de esa brigada en ese momento y obedecía a instrucciones del mando superior”, dijo vía telefónica. Al preguntarle quién específicamente le ordenó refugiar a los militares, se rehusó a precisar nombres: “No le voy a decir ningún nombre, pero usted debe saber cómo funciona la institución”
El Faro pidió una entrevista personal con López Morales para profundizar en su versión, pero respondió que para dar entrevistas a la prensa debe antes gestionarse la aprobación del secretario de comunicaciones del FMLN, el diputado Roberto Lorenzana.
El FMLN le llama reconciliación
En el FMLN ya sabían que el coronel López Morales aparecía en el informe de la Comisión de la Verdad como uno de los militares que supo de antemano del plan de asesinar a los jesuitas, aunque su vocero asegura que no sabían del rol del coronel en el refugio a los militares procesados en España por los ocho asesinatos.
El militar niega la exactitud de la investigación que hizo la comisión, y el secretario de comunicaciones efemelenista, Roberto Lorenzana, dice que en su partido no creyeron conveniente profundizar en detalles. “Confiamos en el coronel y esto debe ser leído como un acto de reconciliación de dos partes que antes estuvieron en conflicto”, dijo.
-¿Ya sabía que el coronel era el encargado de la brigada militar que resguardó a los militares implicados en la masacre de los jesuitas requeridos por un juez de España? -preguntó El Faro a Lorenzana.
-No tenía tanto detalle, no lo tengo en la mente.
-¿Y no le parece relevante el hecho de que su socio aparezca en el informe de la Comisión de la Verdad como parte de los oficiales que supieron que iban a matar a los jesuitas y guardaron silencio, y luego esta misma persona les dio resguardo para evitar una detención por parte de la Policía?
-Es que ya ha explicado y se ha dicho que en ese momento todos los oficiales estaban en las instalaciones de la Escuela Militar, pero eso no quiere decir que él escuchó o que él participó.
-¿No le parece que asociarse con él riñe con los principios de su partido?
-No. ¿Por qué?
-Ustedes pregonan el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener justicia.
-Es que eso siempre lo hemos mantenido.
-¿Le puede autorizar al coronel a dar una entrevista para que profundice sobre su participación y a esclarecer algunas aspectos sobre este crimen?
-Tendría que hablarlo primero con él.
"Levante la mano quien esté en desacuerdo con asesinar a Ellacuría"
El informe de la Comisión de la Verdad, que resumió las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil salvadoreña, cita una reunión ocurrida en la Escuela Militar la noche previa a los homicidios. La Escuela Militar para entonces ocupaba un edificio a solo un kilómetro de la Universidad Centroamericana (UCA). Benavides había llegado de una reunión en el Estado Mayor de la Fuerza Armada, donde se coordinaba las operaciones para repeler la ofensiva militar que había lanzado la guerrilla del FMLN cinco días atrás.
“Existe prueba plena de que el coronel Guillermo Alfredo Benavides, la noche del mismo día 15, informó del asesinato que le había sido ordenado a los oficiales de la Escuela Militar. Cuando preguntó a esos oficiales si alguno estaba en desacuerdo, todos guardaron silencio”, dice el informe.
El documento cita el nombre de 11 militares a quienes Benavides informó las instrucciones que llevaba y explica que Benavides les pidió que si alguno objetaba las órdenes, que levantara la mano. Nadie lo hizo. Entre ellos estaba, aparte de López Morales, el teniente coronel Camilo Hernández, quien hace dos años confesó a El Faro que él habia entregado el rifle para matar a Ellacuria "sin dejar testigos".
Según recuerda Camilo Hernández, la reunión a la que los convocó Benavides se produjo aproximadamente a las 9 de la noche. “(El coronel Benavides) nos dice en ese momento a los oficiales que la situación está bastante crítica y que hay la orden de asesinar a los líderes izquierdistas; así, líderes izquierdistas, y a nosotros nos ha tocado a los de la UCA, al padre Ellacuría. Que ya los comandos del Atlacatl habían ido a hacer un reconocimiento y que sabían dónde estaban", relató a El Faro.
24 años después del crimen, René Roberto López Morales es el líder del grupo de militares que se ha asociado con la fórmula presidencial del FMLN integrada por los excomandantes guerrilleros Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.
El viernes 14 de junio por la noche, el coronel López Morales apareció en entrevista en el canal 5 de televisión y negó su participación en el crimen y aseguró que no se dio cuenta ni participó de la reunión que describe el informe de la Comisión de la Verdad. "No estuve en esa reunión y tampoco tuve ninguna participación en eso", dijo.
Agregó que en ese tiempo era encargado de cadetes y que todo el personal de la Escuela Militar estaba de planta durante la semana en que un grupo de militares irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana para cometer el crimen. "Es difícil que una actividad de esta magnitud se la comuniquen a los oficiales", respondió, cuando el entrevistador le preguntó si se enteró de la decisión de matar a los jesuitas una noche antes.
Aunque nunca usó la palabra crimen, ni homicidio en los casi 10 minutos que abordó el tema en la televisión, López Morales aseguró que nunca supo de esa "actividad" y que se enteró por los medios de comunicación. ¿El FMLN sabía que su nombre aparece en este informe?, le preguntaron en ese mismo programa. “Imagino que sí”, respondió.
En el FMLN se ha formulado una respuesta única a casi todas las preguntas al respecto: “El FMLN está comprometido con la reconciliación”. El Faro conversó brevemente con Manuel Melgar, exministro de Seguridad (2009-2011) y ahora jefe de campaña del candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén.
Melgar era el ministro de Seguridad en el momento en que el tribunal español hizo el trámite para que Interpol emitiera alerta roja, código que habilita a las autoridades a ubicar y detener preventivamente a las personas perseguidas.
-¿Su partido sabía que el líder de sus socios militares de cara a la campaña aparece en el informe de la Comisión de la Verdad como asistente a una reunión en la que se comunicó del asesinato de los sacerdotes jesuitas? -preguntó El Faro al jefe de campaña del candidato presidencial del FMLN.
-Mire, nosotros en el partido creemos que la lectura que se debe hacer y el mensaje que queremos mandar es: lo más importante es la reconciliación. Eso fue como parte del conflicto, ahora estamos en tiempos de paz…
-¿No cree que el mensaje que se envía es que el FMLN resta valor e importancia al hecho de que su socio militar aparezca mencionado en un hecho tan relevante como el asesinato de los sacerdotes jesuitas?
-Es que hay que verlo como un acto de madurez y reconciliación.
-¿Qué le diría el partido al padre José María Tojeira, exprovincial de los jesuitas? Para Tojeira, el partido como mínimo está en una contradicción y el coronel López Morales como mínimo ha faltado a su ética al no aclarar su rol en uno de los casos más horribles de la guerra salvadoreña.
-No le puedo decir nada en contra del padre, es una opinión respetable.
-¿Entonces el partido sabía y está muy claro de que su socio militar aparece nombrado en el informe de la Comisión de la Verdad en la parte en la que la cúpula militar decide asesinar a los sacerdotes jesuitas?
-Él no tuvo nada que ver con ese hecho, eso es lo que él ha manifestado. Nosotros estamos comprometidos con el proceso de paz y reconciliación, en eso creemos.
José María Tojeira se indignó con la noticia: “Los militares son bien valientes para matar civiles, pero son cobardes a la hora de pedir perdón”, dijo a El Faro vía telefónica.
También comentó que muchos militares se han acercado en diferentes tiempos y formas para comentar el caso de los jesuitas. “Unos piden perdón, otros dicen que no podían hacer nada, otros que se opusieron… Si él estaba ahí y se quedó callado… guardó silencio, dice el informe… ¿Eso qué dice? Puede decir que usted es una persona sin ética. Y el FMLN al nombrar un asesor militar de ese tipo está entrando en una clara contradicción.”
En un artículo de opinión publicado en el diario Colatino, Tojeira agregó que López Morales además no contribuyó a la investigación del crimen: “En su primera entrevista con los comisionados (para trabajar en la Comisión de la Verdad) no colaboró en absoluto. Después de que Benavides informara de la orden de matar, López Morales se fue a dormir y ni oyó ni vio nada. Al menos eso les dijo a los comisionados. Ni siquiera reconoció, al contrario de otros miembros del grupo de oficiales que permanecían en la Escuela, que Benavides había transmitido la orden de matar.”
En los últimos 10 años, la postura del FMLN con respecto a la investigación para determinar responsabilidades de graves violaciones a los derechos humanos en la guerra civil, ha cambiado. Antes insistía en la importancia de cumplir a cabalidad las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y derogar la Ley de Amnistía de 1993, que ha servido de argumento para que los anteriores fiscales generales se nieguen a abrir investigaciones.
En marzo de 2005, con motivo del 25o. aniversario del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el FMLN publicó una proclama que incluía la mención de los militares como parte del problema de impunidad en delitos contra la humanidad. Decía la proclama: “Falsamente la oligarquía salvadoreña, los políticos de la derecha y todo el aparato militar, en nombre de la libertad pisotearon la soberanía, en nombre de la libertad se cometieron los delitos de lesa humanidad más graves, tenemos más de 80 mil muertos y 8 mil desaparecidos, miles de familias en el exilio. En nombre de la libertad se ha mantenido un estado de impunidad que reproduce la violencia, porque jamás en El Salvador alguien que cometió abuso del poder y cometió corrupción ha sido juzgado".
Desde que es parte del Ejecutivo, el FMLN ha guardado sus exigencias con respecto a realizar investigaciones sobre crímenes de guerra y derogación de la Ley de Aministía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó invalidando en 2012 en su sentencia sobre la masacre de un millar de civiles en el norte del departamento de Morazán en diciembre de 1981.
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