Por Benjamín Cuellar
Cruzcalle
Un adolescente de dieciséis años desapareció el pasado mes de abril, en una de las ciudades del “gran San Salvador”; bueno, en realidad lo desaparecieron a la fuerza unos jóvenes criminales que lo secuestraron saliendo del centro escolar donde estudia. Hasta la fecha, aún no se sabe qué ocurrió con él; no ha sido localizado ni vivo ni muerto y su angustiada madre no para de preguntar a quien sea, de buscarlo donde sea y de hacer lo que sea por volverlo a tener entre sus brazos. Pero nadie lo busca; solo ella. “¡Mi niño!”, clama doliente. “¿Dónde tienen a mi niño?”, pregunta sin recibir respuesta. “¡Devuélvanme a mi niño!”, suplica sin que la escuchen…
A estas alturas, esos hechos ya no deberían darse. Aquel 11 de noviembre del 2007, cuando lo proclamaron, el candidato preguntaba en su discurso: “¿Quién no se siente inseguro en nuestro país?” “El mes pasado” –agregaba entonces– “cerró con una tasa promedio de diez homicidios por día. Para las autoridades de seguridad pública, el que hoy se cometan dos o tres asesinatos menos al día de los que se cometían hace tres años, es un éxito”. Esas y otras denuncias punzantes ya como político, junto a las de antes cuando era el implacable periodista inquisidor, eran unas de las cartas de presentación más cautivadoras en la inconstitucional carrera que iniciaba para entrar –por la puerta grande– a Casa Presidencial.
Y lo logró. Más de quinientos sesenta días después de tan elocuente y esperanzador discurso, entró y se sentó en la ansiada silla. Horas antes, ya con la banda cruzándole el pecho, pronunció otro mensaje a la nación y al mundo en el cual –tras referirse al narcotráfico que infiltra y transforma “gobiernos y gobernantes en sus rehenes”– afirmó que el país no podía “entrar en este circuito de terror y de miedo”; él no permitiría “que segmentos de la sociedad, en especial, las personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas integradas por menores, no por eso menos peligrosas”. “Las maras, las pandillas” –sentenció– “no pueden continuar actuando y creciendo impunemente, transformando barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos”.
Pero actualmente, desde finales de mayo –en la víspera de iniciarse el quinto año del “Gobierno del cambio”– hay una familia buscando un lugar donde refugiarse dentro del país, pues obtener asilo humanitario en otro es casi imposible. Sus integrantes tuvieron que abandonar la vivienda que habitaban en un barrio, también ubicado dentro del “gran San Salvador”, víctimas del acoso de uno de esos grupos criminales que continúan operando libre e impunemente en perjuicio de la población. Y lo siguen haciendo, independientemente de la “tregua” entre los mismos. La familia que sí logró salir del país y consiguió refugio en otro es la de Alisson Renderos, cuyo cadáver fue localizado hace poco más de un año.
Los dos casos antes citados sin nombres y apellidos –por razones obvias– y el de Alisson, se suman a otros más en los cuales los grupos familiares afectados ya no hayan qué hacer. Tampoco jueces y fiscales que en su impotencia buscan apoyo en la sociedad, para proteger a estas personas cuyos proyectos de vida han sido destruidos por el accionar de este flagelo delincuencial. Mientras tanto, dos de sus dirigentes aparecieron frente en televisión –de lo más relajados– en una entrevista fuera de los centros penales donde cumplen su condena, en flagrante violación del artículo 92 de la Ley penitenciaria que trata sobre los permisos especiales de salida para las personas privadas de libertad.
De la prisión de máxima seguridad donde permanecían recluidos, aunque ahora surjan legítimas dudas al respecto con lo que acaba de suceder, este par de líderes de maras y de marras fue trasladado a centros ordinarios para el cumplimiento de penas. Así se inauguró la afamada “tregua”. Luego del legítimo escándalo público que generó la citada entrevista realizada en un abarrotado templo cristiano, rodó la cabeza del director de Centros Penales. Barata salió la factura de algo que va más allá de lo que pudo ser ese cuestionable y cuestionado episodio mediático, porque igual o más indignante es el que desde el interior de las cárceles se sigan ordenando delitos horrendos debido a los privilegios facilitados por el Gobierno a estos “nuevos predicadores”. Privilegios que les fueron concedidos tras acordar que sus seguidores dejaran de matarse entre sí. Así como se oye: privilegios y no otra cosa, porque el recién estrenado ministro de Justicia y Seguridad Pública –Ricardo Perdomo– aceptó que lo son y confirmó de esa forma lo que siempre negó su predecesor.
Quién sabe cuánta gente haya visto ese reprochable “espectáculo” en vivo y por televisión. Quién sabe, además, cuántas víctimas directas e indirectas del accionar criminal de las maras estaban entre el público presente y televidente. Para estas últimas constituye una afrenta y hasta una tortura semejante exhibición, después de haber sufrido en carne propia la pérdida fatal de un familiar porque lo asesinaron o desaparecieron violentadamente; también porque viven pagando la “renta” día tras día o porque –al no pagarla– tuvieron que abandonar viviendas, trabajos, amistades y todo lo demás, para salvar sus vidas.
Cuando el actual inquilino de Casa Presidencial fue investido como candidato ese 11 de noviembre del 2007 y todavía hablaba “sin censura”, también dijo: “Para los y las salvadoreñas, solo cuando nuestros hijos puedan vivir con seguridad, solo cuando podamos salir a nuestros trabajos o regresar de ellos sin el temor de ser asesinados, solo cuando dejemos de vivir en la zozobra diaria de que algo nos pueda ocurrir, entonces podremos hablar de que las políticas de combate a la delincuencia están dando resultados”.
Luego citó una de las “célebres” frases de su antecesor, quien de nueva cuenta aspira a ocupar la titularidad del Ejecutivo en medio de otra campaña proselitista inconstitucional, por adelantada, y hasta pecaminosa por costosa. “Solo los que queremos un cambio estable en el país –expresó entonces Mauricio Funes– acabaremos con este problema. Siendo candidato, el presidente Saca aseguró que durante su Gobierno ‘a los malacates se les acabaría la fiesta’ No solo no se les ha acabado la fiesta; la han trasladado a Casa Presidencial. Nosotros sí combatiremos la delincuencia, nosotros sí acabaremos con la fiesta que hoy celebran los delincuentes”.
¿Será, si en esta administración hasta bailes se han realizado dentro de los centros penales cuando se han casado líderes de las pandillas o por otros motivos similares? ¿Será, si esas celebraciones –insultos descarados también para las víctimas– han sido amenizadas hasta con las llamadas “Disco móvil” y todo lo demás que una buena fiesta requiere?
Más allá de la particular figura que ocuparon los dos mandatarios para ilustrar este fenómeno criminal, está la realidad para evaluar tanto al que va de salida como al que quiere entrar otra vez en lo que toca a su eficacia para combatirlo y erradicarlo. Y esa realidad no miente: sigue siendo un calvario intolerable para las víctimas. A estas, lamentablemente, no les dan respiro los grupos delincuenciales que se benefician de una “tregua” en la cual el Gobierno acepta o niega su protagonismo dependiendo quién, cuándo y dónde lo haga.
Suspendida la guerra entre las maras y la guerra contra las maras, sigue vigente la “guerra sucia” de las maras contra los sectores de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. Allí siguen los homicidios diarios; menos, pero siguen y ojalá no vuelvan a subir. Allí, la niñez y la juventud no viven con seguridad; tampoco la gente va a trabajar y regresa, sin temor de ser asesinada. ¿Y la zozobra? Pues, fuera de la reducción de homicidios entre pandilleros, continúa siendo diaria. Entonces, a un año del fin del “Gobierno del cambio”, ¿se le acabó la fiesta a los malacates?
*Fotografías por Jessica Orellana
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