El editorial de IDHUCA

 

Por Benjamín Cuéllar, director de IDHUCA

¿Será que…?

A la Fiscalía General de la República, el artículo 193 de la Constitución le manda dirigir la investigación de los delitos con la colaboración de la Policía Nacional Civil; también le pide echar a andar la maquinaria penal, por iniciativa propia o cuando se lo pida la parte interesada. Esta disposición fue desarrollada en el Código Procesal Penal que comenzá a aplicarse a partir de abril de 1998; así, hace poco más de quince años, se le entregó a la institución el monopolio de estas dos actividades esenciales para superar un mal endémico en el país: la impunidad. Antes, la segunda de dichas funciones era compartida con los jueces. Pero en adelante, tal como quedaron establecidas las reglas del juego y por ser una institución cuya conducción depende de una persona, el cumplimiento de ambas funciones quedó en manos de su titular: el Fiscal General de la República.

En esas condiciones, quienes ocuparon el cargo a lo largo de la posguerra hasta septiembre del 2012 –desde Roberto Mendoza Jerez hasta Romeo Barahona– no contribuyeron en nada a hacer valer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las innumerables víctimas de antes y durante el conflicto armado. Ni siquiera Manuel Córdova Castellanos, el Fiscal General que entre 1996 y 1999 logró avances importantes como la captura, juicio y condena de dos autores materiales del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ocurrido el 10 de junio de 1994; ese esfuerzo favoreció el hecho de que se dictara otra condena más relevante: la del Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por irrespetar las garantías judiciales, la protección judicial y la integridad personal.

También, bajo la conducción de Córdova Castellanos, pese a todos los enormes obstáculos que enfrentó y que fueron generados por las entonces autoridades de seguridad pública, el 11 de octubre de 1998 se consiguió declarar culpables a cinco policías que el 2 de septiembre de 1995 ultimaron al joven Adriano Vilanova Velver. Eran de los primeros miembros de la corporación policial que pagaban caro su proceder criminal y esa actuación fiscal auguraba una posibilidad prometedora para la sociedad salvadoreña. Porque pese a tanto aplauso nacional e internacional para esa nueva institución y para el afamado “proceso de paz”, la Fiscalía General de la República estaba demostrando que tenía la capacidad y los recursos para “caerle mal” a ciertos poderes y “desentonar” con el discurso oficial nacional e internacional. Ello, en aras de defender los intereses de la sociedad.

Estas y otras “insolencias” de Córdova Castellanos, provocó que esos y otros poderes rechazaran su reelección en 1999. Pero ni siquiera durante esta “atrevida” administración de la Fiscalía General de la República, se avanzó en darle debida respuesta a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Tanto el Instituto de Derechos Humanos de la UCA –el IDHUCA– como otras organizaciones civiles que las acompañan, han acudido a esta entidad del Ministerio Público para solicitar investigación y juicio de los responsables de algunas de esas atrocidades. Hasta hace poco, ante esas demandas, la tónica había sido el silencio o la burla del Fiscal General de turno.

En el 2006, específicamente el 27 de enero, Rosa Erlinda viuda de Franco denunció el asesinato de su esposo Manuel de Jesús Franco Ramírez a Romeo Barahona, quien inconstitucionalmente ocupaba el despacho desde noviembre del año anterior, en medio de uno de los tantos incumplimientos legislativos de los plazos para elegir titular. Franco era uno de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario secuestrados el 26 de septiembre de 1980 y ejecutados con lujo de barbarie, tal como se constató al recoger sus cadáveres un día después. Transcurrido un año sin ningún avance, Rosa Erlinda presentó un escrito al Fiscal General que fue electo hasta en abril del 2006; en el mismo le pedía a Félix Garrid Safie una reunión para que le informara sobre su caso y para que realizaran las actividades de investigación que propuso en su demanda inicial. La respuesta: ninguna.

El 7 de abril del 2010, Carlos Santos y Rolando González –víctimas sobrevivientes de torturas que luchan por conocer la verdad y alcanzar justicia– junto a Santos Ventura Reyes –hermano de Francisco Arnulfo Ventura Reyes, estudiante desaparecido de manera forzada el 22 de enero de 1980– y Mario Zamora, hijo del asesinado Procurador General de Pobres el 23 de febrero de ese mismo año, presentaron sus respectivas casos pidiendo la intervención fiscal. Un año después solicitaron audiencia al citado Barahona, para entonces nombrado con todas las formas establecidas por la Constitución pero también después de violar los plazos que establece para la elección, sin que a la fecha se sepa de alguna investigación realizada.

Lo mismo sucedió en octubre del 2010 con los casos de Félix Ulloa y en abril del 2012 con los de Carlos Virgilio Marín Alfaro, José Ramón Arita Rosa, Óscar Edmundo Garza y David Córdova Menjívar. Se presentaron las demandas, a las cuales solo les siguió la inactividad fiscal y el silencio.

Sin embargo, pareciera que por fin esa nefasta tradición de desprecio a las víctimas podría comenzar a revertirse; pareciera que la Fiscalía General empieza a moverse en sentido contrario a lo que –lamentablemente– ha sido lo usual en su actuar de cara al reto de encarar las atrocidades ocurridas en el pasado reciente de la historia nacional, para cumplir con su mandato constitucional y legal a fin de que su actuación ejemplarizante en el esclarecimiento de los hechos y el castigo de sus responsables, se convierta en la mayor y mejor garantía de que en el país esa barbarie no se repetirá.

Porque entre marzo y mayo del presente año, se presentaron cuarenta y tres nuevas denuncias sobre ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas, desapariciones forzadas y masacres, en la sede central de la Fiscalía General de la República. Grata sorpresa para las víctimas y el IDHUCA ha sido el hecho de que su perseverancia consciente y decidida, a pesar de los pesares, comienza a producir resultados.

El recién pasado 16 de julio, en las instalaciones fiscales de Cojutepeque, se recibió el testimonio de María Guadalupe Alfaro; ella es víctima de homicidio tentado en 1983, cuando una bomba lanzada desde un avión del ejército le causó heridas en su pecho y en su pierna derecha. Además, ya se programó el peritaje físico y psicológico de la María Guadalupe. Lo hecho hasta hoy constituye algo positivo, pero habrá que esperar una buena investigación de los hechos.

Con esta luz encendida en el sinuoso camino que le ha tocado transitar a quienes siempre les han negado todo, en algunos casos hasta su existencia, ¿será que el actual Fiscal General de la República, Luis Martínez, impulsará lo que nunca hicieron sus antecesores para dejar de lado la discrecionalidad y el sometimiento institucional a poderes externos? ¿Será que durante su administración, lo regulado en la Constitución salvadoreña no va a seguir siendo una opción sino una obligación del titular de la Fiscalía General?