José Antonio Gutiérrez D.
“En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz ”. Tal es la respuesta que, en la obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, los militares dan a los familiares de las tres mil víctimas de la masacre de Macondo. Este empecinamiento macondiano en negar lo evidente resuena en la actitud del presidente Santos cuando, recientemente, decía que no había paro agrario en Colombia. ¿Por qué entonces los miles de soldados y policías desplegados a lo largo del territorio nacional? ¿Por puro deporte? Su actitud me recordaba a un personaje siniestro que hace algunos años andaba por la vida diciendo que en Colombia no había conflicto armado y sin embargo, militarizó al país, aumentó a niveles inauditos el gasto militar y triplicó el pie de fuerza del ejército. Santos reconoce el conflicto armado, pero ignora el conflicto social, un conflicto mucho más extendido, subterráneo, quizás menos visible, pero el cual es la vertiente que nutre y riega el conflicto armado.
No hay tal paro dijo Santos… es un invento de cientos de miles de personas. Pero entonces ¿por qué después se fue para Tunja a intentar desactivar un paro que no existe? Ante el ridículo de estas declaraciones (evidenciado por los ríos humanos que se volcaron a demostrarle, con cacerolazos, que sí existen y que se merecen respeto) echó pie atrás diciendo, torpemente, que su frasecita había sido un “papayazo”. Eso no más, un papayazo [1].
Santos vive en el país de Macondo, con una zanahoria chiquita en una mano y un enorme garrote en la otra. Con la zanahoria pequeña trata de cooptar a sectores del movimiento de protesta o de acallarlos momentáneamente con promesas espurias que no cumplirá. Con el garrote, machaca y asesina a manifestantes en el resto del país. Acá no pasa nada, dice. Pero pasa, aunque le duela.
El botón de muestra de la profundidad del malestar en Colombia es la situación de Boyacá, región tradicionalmente conservadora, descrita en un artículo de la revista Semana como “uno de los departamentos más pacíficos y tranquilos del país” [2], cuyos campesinos, como irónicamente nos recuerda Alfredo Molano, “no salían a pelear desde la batalla del Pantano de Vargas” [3]. Ahí el ESMAD se ha comportado como un verdadero ejército de ocupación, como lo denuncia el informe preliminar de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos que estuvo en ese departamento verificando los desmanes de la fuerza -mal llamada- pública [4]. En este informe se denuncian agresiones físicas y tortura a campesinos y menores de edad, abusos sexuales, uso de gases indiscriminado, ataques con armas de fuego, explosivos y armas blancas, detenciones masivas y arbitrarias, señalamientos y persecución a los líderes del paro, utilización de helicópteros, uso de ambulancias para transportar miembros del ESMAD, así como la destrucción de la propiedad de los campesinos, invasión a sus hogares y robo de su dinero y alimentos [5]. Parece como si, literalmente, estuviéramos ante hordas de hunos en épocas de la decadencia del Imperio Romano. Esta clase de comportamiento violento y violatorio, se da a vista y paciencia de todo el mundo, mientras Santos (con la ayuda de sus amigos en Europa y EEUU) grita a los cuatro vientos los “progresos” en Colombia en materia de derechos humanos. Y después se sorprenden que en Colombia haya guerrilla…
El relato del campesino José Henry Pineda, de Tibasosa, Boyacá, cuya tortura a manos del ESMAD fue filmada y circulada ampliamente por Internet, es un ejemplo claro de lo que se denuncia en el mencionado informe preliminar. “Hasta me arrodillé para que no me pegaran más. Ellos son muy salvajes. No se dan cuenta que uno es humano", asevera. Además, denuncia que los policías le robaron diez millones de pesos: "Me dijeron que si los denunciaba me iban a matar. Estoy asustado por eso" [6]. Pero la utilización de métodos terroristas por parte del Estado no está impidiendo que el pueblo salga a protestar, como decía Molano, porque los campesinos están “cansados de las protestas pacíficas, de los pliegos de petición, de las respetuosas solicitudes burladas”.
Que el campesinado esté tan berraco no es casual: están arruinados gracias a los Tratados de Libre Comercio, en los cuales los gobiernos de Uribe y Santos gastaron miles de millones pagando lobbyistas, negociadores, opinólogos, financiando costosos viajes para lamer suelas en Europa y Estados Unidos, y en propaganda con la que saturaron todos los medios ofreciendo “prosperidad para todos”. ¿Quiénes se han beneficiado con estos acuerdos? Los negociadores que vendieron al país y sacaron su tajada, pero sobretodo, los capitalistas europeos y norteamericanos. No es exagerado que el arzobispo de Tunja, Mons. Luis Augusto Castro, llamara a estos acuerdos una “traición a la patria”, si por patria entendemos a la gente [7]. En un año de implementación del TLC con EEUU la importación de alimentos de ese país a Colombia han aumentado en un 81%; hilando más fino, las importaciones de arroz crecieron en un increíble 2000% (de U$1,5 a U$41millones); los aceites vegetales y derivados en un 200%; las papas congeladas en un 200%; la carne de cerdo en un 95%; productos lácteos en un 90% [8]. Nada de esto es una sorpresa: se los advertimos en años de campaña contra el libre comercio. ¿Podemos sorprendernos, entonces, de la extensión de la indignación campesina, particularmente de lecheros, arroceros, paperos? ¿Podemos sorprendernos que los campesinos del altiplano cundiboyacense, aún los de la apacible Boyacá, se hayan sublevado con una fuerza inusitada cuando los productos de su clima son los que más fuertemente han tenido que competir con las importaciones de EEUU?
El trato militar de la protesta ha sido la regla en todo el país. En el Cauca se han dado situaciones gravísimas que ya hemos denunciado [9]. En La Venta (Cajibío), una concentración de 2000 personas fue salvajemente reprimida por el ESMAD, policía y ejército, con la utilización de minas antipersonales, explosivos, proyectiles recalzados, armas de fuego, etc. El resultado: 15 campesinos heridos, 5 de ellos de gravedad. Uno de ellos, Uberney Mestizo, resultó con una mano amputada [10]. En Fusagasugá el ESMAD asesina a un muchachito de Pasca, Juan Camilo Acosta, de un disparo de gas lacrimógeno arrojado directamente al cuerpo. Se utiliza contra una movilización social pacífica métodos de contrainsurgencia: se ofrecen recompensas por información sobre los organizadores y los líderes de la protesta. Se da un golpe a un “objetivo de alto valor” (en el lenguaje contrainsurgente del Estado) como es el dirigente campesino Húber Ballesteros, dirigente de la federación campesina Fensuagro, de la CUT, de la Marcha Patriótica, sobreviviente de la UP y miembro de la Mesa de Interlocución Agraria y Popular (MIA) que coordina las más importantes expresiones organizativas de la protesta a nivel nacional. Es patético ver al vice-fiscal Perdomo afirmando que esta burda persecución a uno de los máximos dirigentes del paro agrario y popular no tiene nada que ver con sus actividades gremiales, que esta detención arbitraria tendría que ver con un proceso de supuesto financiamiento al “terrorismo” según informes sacados como de un sombrero de mago, de los computadores capturados a los comandantes guerrilleros Iván Ríos, Jorge Briceño y Alfonso Cano [11]. Claro, quién podría ser tan mal pensado para suponer que esto es un montaje judicial, si esos computadores fueron capturados, respectivamente, en el 2008, 2010 y 2011… y años después, curiosamente en medio de un paro nacional, se le monta el proceso. ¡Qué paradoja que el único terrorismo que el compañero Ballesteros financia, porque está obligado a hacerlo a través de sus impuestos como la mayoría de los colombianos, es el terrorismo de Estado!
¿Y Santos? Dando papaya y garrotazos en Macondo. Fungiendo de gobernante de un pueblo al que desprecia y de un país al que desconoce. Mintiendo y usando la fuerza militar contra la protesta social, dando plomo cuando hay que garantizar el pan. Hubo una época en la cual el pueblo en sus protestas ponía muertos en cifras redondas, de a 10, 100, 1000, etc. y luego se negociaba y todo quedaba en nada. Esa época ya ha pasado: ahora los campesinos tienen nombres, los campesinos no olvidan, los campesinos tienen cámaras para grabar la violencia oficial, los campesinos tienen sed de justicia, su sangre es indeleble. “Papaya Santos” está acumulando puntos y el pueblo, tarde o temprano, le pasará la cuenta. Porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
NOTAS:
[1] http://www.noticiasrcn.com/nacional...
[2] http://www.semana.com/nacion/articu...
[3] http://www.elespectador.com/opinion...
[4] Comisión integrada por las siguientes organizaciones humanitarias: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.
[5] http://justiciaypazcolombia.com/MIS...
[6] http://www.noticiasrcn.com/nacional...
[7] http://www.youtube.com/watch?v=DjUx...
[8] http://www.portafolio.co/economia/v...
[9] http://anarkismo.net/article/26054
[10] http://www.reddhfic.org/index.php?o...
[11] http://www.elespectador.com/noticia...
José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
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