El último índice de Estados fallidos (junio de 2013) de Foreign Policy registra a El Salvador en el peldaño 95 de un total de 178 países, la mejor posición desde 2005, año en que comienza la publicación de este ranquin mundial. Sin embargo, su calificación lo ubica en el grupo de países en riesgo de falla o en tránsito hacia ella. Así, en América Latina, pocas naciones están en peor situación que El Salvador: Haití, en la posición 8; Guatemala, 70; y Honduras, 75. El índice se basa en una puntuación ponderada de componentes correspondientes a las esferas social, económica y política, a su vez desagregados en múltiples factores.
En lo concerniente a la esfera social, Foreign Policy considera los siguientes componentes: presiones demográficas, refugiados y desplazados, violencia entre grupos sociales y migración crónica. En congruencia con el cotidiano drama de la realidad nacional, los peores resultados de El Salvador corresponden a presiones demográficas —que, además de crecimiento poblacional, incluye otros temas como desnutrición, escasez de agua y alimentos— y migración crónica.
En la esfera económica, el índice comprende los componentes de crisis económica aguda y desarrollo desigual. Con respecto a la mayoría de naciones de Latinoamérica, el país evidencia un pobre desempeño en materia de crecimiento y equidad. Por el lado de la evolución de los indicadores macroeconómicos, en el último quinquenio, las cifras muestran una trayectoria de franco deterioro. En el plano estructural, la brecha de la desigualdad económica y social conserva su amplitud histórica, pese a los esfuerzos redistributivos.
El ámbito de la política acapara el mayor número de componentes: legitimidad del Estado, deterioro de los servicios públicos, seguridad pública, violación de los derechos humanos e intervención extranjera. Acá, cabe señalar que uno de los principales legados de los Acuerdos de Paz está relacionado con los derechos humanos. La ciudadanía disfruta ahora de libertades políticas, civiles y de prensa; las ejecuciones, torturas y presos políticos quedaron en el pasado y el tráfico de personas no es un problema grave. Sin embargo, a excepción del componente de la intervención extranjera, el resto de indicadores registra una calificación desfavorable. Además, el reciente cierre de Tutela Legal del Arzobispado abona al retroceso en este sentido.
En particular, la legitimidad del Estado merece atención, ya que en la actualidad se vive una atmósfera de tensión y conflictividad en casi todos los temas siguientes: corrupción, efectividad gubernamental, participación política, proceso electoral, nivel de la democracia, protestas y manifestaciones, economía ilegal, tráfico de drogas y pugna por el poder. Ciertamente, la legitimidad del Estado está amenazada en muchos países por el influjo combinado y asimétrico de esos factores, por la omnipresencia de la corrupción, la economía ilegal y el tráfico de drogas.
Ahora bien, para contrarrestar esos males, así como para garantizar la efectividad del Estado, los factores decisivos se hallan en el nivel de la democracia y la pugna por el poder. Si bien la participación política y el proceso electoral han sido logros de los Acuerdos de Paz, el país no ha profundizado su nivel de democracia, quizás en mayor medida debido a la forma en que se da la pugna por el poder. En sí misma, la lucha por el poder político no es un problema, pues toda institución política persigue el ejercicio del poder. Más bien, en El Salvador, el problema estriba en que el propósito de los partidos políticos es usar el poder político para favorecer intereses y negocios particulares.
Históricamente, el control total de los órganos del Estado ha sido la plataforma de los estamentos tradicionales del poder económico para ejercer su hegemonía en la sociedad. Por ejemplo, el establecimiento del neoliberalismo en El Salvador se debe a la decidida acción del Estado, particularmente del Ejecutivo; y este fue el objetivo de los grupos tradicionales de poder económico del país. Más aún, se trata de una lucha marcada por la impronta del ejercicio autoritario, amañado y abusivo del poder. En los últimos años, esta pugna se ha manifestado en el enfrentamiento entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, en particular la Sala de lo Constitucional; en el fondo, la pérdida de legitimidad y credibilidad es de los partidos políticos.
La lucha entre los distintos órganos del Estado se ha dado a partir de los intereses de las clases económicas dominantes, que se suelen representar en los partidos políticos. Estos se han convertido en el principal —pero no el único— escollo para lograr la independencia de los poderes estatales, una de las condiciones fundamentales para institucionalizar la democracia —por ahora, endeble— y, en consecuencia, para legitimar el Estado ante la ciudadanía. Elementos esenciales para frenar la caída hacia una situación de Estado y sociedad fallidos.
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