La UCA, después de ser testigo presencial del proceso electoral, de conocer los planteamientos del partido ARENA, de analizar la legislación vigente en materia electoral y seguir con atención la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y después de escuchar y valorar los informes de las diversas misiones nacionales e internacionales de observación electoral, se pronuncia en los siguientes términos.
Vemos con honda preocupación la actuación de la dirigencia del partido ARENA, que de una manera irresponsable y temeraria ha adoptado un discurso y una actitud confrontativos. Un discurso que ha irrespetado el rol legítimo de la Fuerza Armada y que es contrario al espíritu de los Acuerdos de Paz; una actitud que atenta contra la estabilidad y la institucionalidad del país.
No se puede acatar la ley solo cuando favorece y desconocerla cuando no. Rechazamos la posición de la dirigencia del partido ARENA de desconocer la institucionalidad y cuestionar la transparencia del proceso electoral. El artículo 209, inciso 2, de la Constitución reconoce el derecho de los partidos a vigilar todo el proceso electoral. Y en esa línea, al igual que el FMLN, ARENA ha tenido representantes en todas las instancias de vigilancia que estipula la ley; instancias desde las cuales se puede verificar la transparencia del proceso en su conjunto. Al cuestionar la transparencia del proceso electoral, la dirigencia está negando la labor de su propia militancia, irrespetando la voluntad popular y poniéndose al margen de la institucionalidad del país.
La Fiscalía General de la República realiza una función de verificación del proceso electoral. Al igual que los partidos participantes, recibe una copia del acta de cierre y escrutinio que levanta cada una de las Juntas Receptoras de Votos, que le sirve para verificar la integridad del acta original durante el escrutinio final. El artículo 215, inciso 3, del Código Electoral consigna que si un partido político alega que el acta original ha sido alterada o difiere con su copia, se procede a confrontarla con la de los otros partidos, primero, y después con las copias de la Junta Electoral Departamental o de la Junta Electoral Municipal, y, a falta de estas, con las de la Fiscalía. Es decir, nuestra legislación electoral reconoce que la Fiscalía puede contribuir a verificar la transparencia de las elecciones cuando las otras dos instancias integradas por los mismos partidos no puedan hacerlo. Recurrir a la última instancia directamente cuando no se han agotado los procedimientos e instancias previas, tal como lo establece la ley, no contribuye al fortalecimiento de nuestra institucionalidad.
Prácticamente todas las misiones de observación, internacionales y nacionales, han descartado la posibilidad de un fraude electoral y han calificado el proceso y el sistema empleado como transparente, confiable y seguro. En ese sentido, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, y el de los miembros de los organismos electorales temporales, ha sido ejemplar, superando incluso algunos señalamientos hechos en la primera vuelta.
Respaldamos la decisión del TSE de asegurar el principio de seguridad jurídica. Si bien el artículo 18 de la Constitución reconoce un derecho genérico de petición a todo ciudadano, las solicitudes planteadas a las instituciones públicas deben estar dentro del marco de la legalidad. En un Estado democrático de derecho, los conceptos de ética y racionalidad que inciden en el funcionamiento de las instituciones públicas habrán de estar en sintonía con la ley. No se le puede pedir al Tribunal que actúe fuera de los supuestos contemplados en la ley, pues se transgrediría el principio de legalidad. Y no hay que perder de vista que las normas que hoy se pide ignorar fueron creadas, avaladas y aprobadas por los mismos demandantes.
La conducta de la dirigencia de ARENA pone en riesgo la gobernabilidad democrática de El Salvador y está creando las condiciones para una espiral de violencia al privilegiar la exaltación y el entrampamiento por sobre los mecanismos institucionales establecidos en la ley. El Salvador no es Venezuela ni por la historia, ni por la actual situación socioeconómica, ni por el estado de la libertad de expresión. Pretender generar una situación similar valiéndose de una deformación mediática de la realidad, intentando provocar a las autoridades policiales para que actúen en su contra, es un riesgo que el país no merece cuando hay caminos establecidos para resolver las diferencias.
Por todo esto, hacemos un urgente llamado:
Al partido ARENA, a que respete la institucionalidad y los procedimientos establecidos por el Código Electoral. Invitamos a su dirigencia a presentar pruebas pertinentes, creíbles y consistentes que sustenten las anomalías que han denunciado, utilizando los canales establecidos por la ley, así como a respetar los plazos y etapas de todos los procedimientos electorales abiertos. Además, la exhortamos a abstenerse de involucrar en esta coyuntura a las instituciones públicas que administran el orden y la seguridad del Estado. Al FMLN, a que continúe con la conducta mostrada hasta el momento (ignorar las provocaciones y actuar con prudencia y en el marco de la legalidad) en espera del escrutinio final. A ambos partidos, los invitamos a honrar el compromiso de respetar los resultados electorales, plasmado en el numeral 8 del pacto de entendimiento que firmaron el 24 de octubre de 2013 ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
A las diversas organizaciones, gremiales, “tanques de pensamiento” y medios de comunicación, a que no promuevan o avalen mensajes que contradigan el respeto a la institucionalidad democrática. Transmitir acríticamente o aceptar silentemente la actual postura y las actividades de la dirigencia de ARENA es una manera de contribuir a un ambiente de inestabilidad y de irrespeto a la institucionalidad, esa misma que dicen defender.
Al Tribunal Supremo Electoral, a que siga aplicando la normativa electoral, a fin de respetar y transparentar oportunamente la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en las urnas. Y a que continúe actuando con plena transparencia para evitar cualquier duda sobre el resultado final de esta elección presidencial.
A la ciudadanía y a los actores políticos y sociales, a estar en calma y a mantener una actitud conciliadora ante los resultados de este proceso. Es imperativo mantener el Estado de derecho y el orden público, en una cultura de paz, desistiendo del uso de la violencia.
Finalmente, queremos expresar nuestro reconocimiento al pueblo salvadoreño, que concurrió masiva y pacíficamente a las urnas en las pasadas elecciones, mostrando una vez más su sentido y vocación democrática y de paz. Lo instamos a mantener este mismo espíritu, a confiar que la institucionalidad electoral respetará su voluntad.
San Salvador, 12 de marzo de 2014
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