Foto cortesía de Museo de la Palabra y la Imágen
En el occidente del país, región habitada por nahua-pipiles, la muerte se contó por miles. 75 años después, los indígenas, o naturales como prefieren autodenominarse, tienen divisiones entre sí, recuerdan de manera diferente lo sucedido en 1932 y buscan ser reconocidos por un sistema que les mantiene en la pobreza y el anonimato.
Ruth Grégori y Joyce Álvarez
El Faro
“El problema de los pueblos indígenas vino desde la invasión, de la llegada de los españoles”, dice Betti Pérez, cuando se le pregunta qué significó la masacre de 1932 para los indígenas en El Salvador. Pérez es “natural” de Atiquizaya, pero prefiere reservarse el lugar exacto. Sólo después de hacer referencia al levantamiento de Anastasio Aquino, llega a 1932.
“En su momento Anastasio Aquino, un levantamiento puro, indígena, y cien años después, en 1932, cuando ya habían otras condiciones sociopolíticas que permitieron el involucramiento de otros actores se le cambia la identificación, que es un levantamiento indígena y ya dicen que es levantamiento comunista, cuando los indígenas ni conocían lo que era el comunismo. Ellos se defendieron porque estaban defendiendo sus tierras y estaban ahogándose”, explica Pérez, directora de la Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS).
La masacre ordenada por el entonces presidente de El Salvador, General Maximiliano Hernández Martínez, inició el 22 de enero de 1932, en el marco de una situación que fue sumando factores económicos, políticos, sociales y étnicos que terminaron en un levantamiento cuyas características aún no han sido aclaradas del todo por los historiadores. sobre todo respecto al rol un Partido Comunista en ciernes frente al descontento acumulado de los indígenas en el país.
La crisis económica mundial de 1929 afectó las plantaciones de café, principal sostén de la economía del país. Aunado a ello, las condiciones inhumanas en que los indígenas trabajaban y vivían en esas plantaciones, en tierras que antes les pertenecían y les fueron expropiadas, y un golpe militar que llevó al poder al General Maximiliano Hernández Martínez fueron sumándose para dar como resultado un estallido social.
La gota que rebalsaría el vaso fueron las elecciones, organizadas a menos de un mes del golpe militar, y sobre el cual anticipadamente pesaban sospechas de fraude. Era la primera vez que el Partido Comunista participaba en elecciones. La jornada para elección de alcaldes tuvo lugar entre el 3 y 5 de enero. Las elecciones para diputados estaban programadas entre el 10 y 12 de enero, pero fueron suspendidas por el gobierno el primer día de la jornada.
En diferentes puntos del país hubo motines, contra cuarteles y alcaldías. El capítulo más trágico se concentró en el occidente del país, región cafetalera habitada principalmente por el pueblo nahua-pipil. 75 años después, dirigentes de diferentes organizaciones indígenas coinciden en señalar que la represión sufrida entonces dejó marcas que siguen vigentes hoy día.
“Todos dicen que en Izalco hubo el comunismo y no hay que hablar de eso, porque eso es peligroso”, dice Julia Ama, sobrina nieta de José Feliciano Ama, un icono que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) retomó después en el nombre de uno de los frentes que aglutinó.
Pero no todos los naturales ven en él a un líder que defendió los derechos de los naturales del lugar. Para Ricardo Najo, Ama “vendió al pueblo” y de ello sacó provecho un sector en particular: “¿Por qué ponen el nombre de Feliciano Ama en la sede del partido FMLN? ¿Qué dan a entender ahí?”.
Por otro lado, Julia Ama, representante de la Fundación Ama (FAMA) ve otro sector que busca réditos de la conmemoración de la masacre, el partido de gobierno, Arena: “Perdónenme, pero por qué levantan la campaña ahí (en Izalco) nos pisotean. Créanmelo que eso duele y algún día, a Izalco le han puesto la tierra prometida, entonces, el día que pierdan en Izalco van a perder el país”.
Caminos separados, igual invisibilización
El pasado viernes 19 de enero, mientras FAMA iniciaba las actividades conmemorativas con disertaciones sobre patrimonio ancestral en la iglesia de Izalco, cruzando el parque una veintena de representantes de cofradías se reunían con el alcalde para inaugurar un mecanismo de comunicación trimestral para coordinar esfuerzos que potencien esa tradición religiosa en el marco del trabajo de la nueva oficina de turismo que abrirá próximamente la alcaldía.
Ninguno de ellos participó ese día en las actividades de FAMA, que incluyó la presentación del documental “Ama: la memoria del tiempo”, dirigida por Daniel Flores. Otras organizaciones indígenas, aglutinadas en el Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente realizaron actividades por separado en Nahuizalco.
Sin embargo, los miembros de las diferentes formas de organización de indígenas de El Salvador coinciden en las problemáticas que enfrentan 75 años después de una masacre que obligó a sus ancestros a cambiar su vestimenta, dejar de hablar su idioma y ocultar sus ritos. Todos coinciden en que lo principal es que la sociedad reconozca la existencia de pueblos indígenas.
No existen cifras oficiales de cuántos indígenas hay en el país, nunca se ha hecho un censo de este segmento de la población. Los dirigentes indígenas reconocen al menos cuatro etnias: nahuat (la más grande pese a la masacre, ubicados en el occidente del país), los lencas (Morazán), cacawiras (municipio de Cacaopera) y una pequeña representación de mayas (Chalchuapa, cuya mayor representación se encuentra en Guatemala). Ubican también a los chortí en Chalatenango.
Según el “Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador”, elaborado por un comité intersectorial que incluyó organismos internacionales, entidades nacionales y organizaciones indígenas, en El Salvador existen 19 asociaciones indígenas, que buscan el reconocimiento legal de los indígenas, su reconocimiento en la Constitución de la República, así como la ratificación y respecto de normativas internacionales que amparan sus derechos.
De acuerdo a la investigación realizada en comunidades de las regiones occidental, oriental y paracentral del país, los datos proporcionados por los participantes revelaron que el 61.1% de familias indígenas calificó en la línea de pobreza, el 38.3% calificó en extrema pobreza.
“Queremos que se nos garanticen condiciones de vida dignas, que se nos apoye en el fortalecimiento de la identidad cultural, como los idiomas, los sistemas de educación, sistemas de salud, sistemas de conocimiento y saberes indígenas que cada día los están reprimiendo más, y parte de nuestros territorios”, dice Betti Pérez de CCNIS.
Para Teresa de Jesús Escamilla, sacerdotisa residente en Nahuizalco y miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente, la vía de trabajo es más espiritual: “Nosotros nos vamos más por el lado de la espiritualidad, del conocimiento, de fortalecer una escuela de sacerdotes, recuperar por supuesto el idioma que es parte de la espiritualidad y la medicina natural”, dice.
Don Ricardo Najo, líder de cofradías izalqueñas y agricultor, es alcalde del común en Izalco, principal dirigente de otro tipo de organización indígena: las cofradías, cuyo fin es velar por las celebraciones de un santo particular. Esta no es una tradición indígena, “es lo que dejaron los españoles”, reconoce Najo. Este tipo de organización se diferencia de otras como CCNIS y FAMA en que su carácter es eminentemente religioso, son “apolíticos”.
Najo también quiere el reconocimiento de los indígenas, y una libertad que luego de 75 años de la masacre, y 15 años después de la apertura política que para la clase política representaron los acuerdos de paz, los indígenas aún no tienen. Para él hay una condición necesaria para que los indígenas sean libres: “Que el presidente de una documentación de que sí el reconoce que aquí hay indígenas, y que seamos libres de hacer lo que nosotros queremos”. Sólo así se perderá el miedo, dice Najo: “Porque no tendremos el peligro de que nos vuelen la cabeza”.
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