Editorial UCA
La seguridad ciudadana está privatizada en buena parte; hay más agentes de seguridad que policías. Y para colmo de males, se le pide al ciudadano que ante la violencia tome la justicia por su mano. Se comenzó animando a los agentes de la Policía a disparar contra quienes los atacaran. Y la semana pasada el diputado Guillermo Gallegos llamó a los ciudadanos a andar armados para defenderse a tiros de la delincuencia. Así las cosas, algunos creen que si hay más armas y disparos en la calle y en manos privadas, sean de las compañías de seguridad o de particulares, menos violencia tendremos. Todo un error, como el repetido grito de los sectores más atrabiliarios y con frecuencia corruptos que piden la pena de muerte cada vez que se agudiza la crisis de seguridad.
De quienes animan a los ciudadanos a andar armados y defenderse, hay que cuidarse. Si se les hiciera caso, habría que andar armados en los cines o en los templos, y armar una balacera cada vez que entrara un sospechoso. Dejar la seguridad en manos privadas, además de ser peligroso para la gente, es una manera de consagrar la ley de la selva. Estudios del Iudop demuestran que cuando el ciudadano se arma para defenderse en situaciones de delincuencia, aumenta la probabilidad que el desenlaceâ?? sea fatal para él mismo. Cuantas más armas haya en la calle, más muertos habrá, más miedo en la gente pacífica, más tensión y más cultura de la brutalidad. A los que animan a los policías a defenderse a tiros hay que darles una respuesta matizada, pero clara.
Los efectivos de la PNC tienen el derecho de legítima defensa (que solo es legítima cuando la respuesta es proporcional al ataque o agravio). Pero el derecho policial a la propia defensa tiene que enmarcarse siempre en los valores que inspiran su trabajo y su código de conducta y de ética. La Constitución exige que la Policía Nacional Civil proteja la tranquilidad y el orden con estricto apego a la ley y a los derechos humanos (artículo 159). Proteger y servir, o proteger y garantizar libertad y derechos, son los lemas que muchas Policías del mundo asumen como misión básica, que después desarrollan ampliamente en sus diversas ramas y funciones. Y en ese sentido, cuando los que tienen la obligación de protegernos están bajo amenaza, lo que debemos pedir no es que se defiendan a balazos, como si de una guerra se tratara. Al contrario, lo que debemos exigir a nuestros Gobiernos es que se dote a los agentes de una adecuada protección, que les permita ser eficaces en su misión.
A muchos policías, por el salario que reciben, se les dificulta comprar o alquilar una vivienda en colonias fuera del control delincuencial. La solución a ese problema no es decirles que se armen más y se defiendan a tiros, sino conseguirles casas en zonas seguras. Lo mismo si el trayecto que tienen que recorrer para llegar a su trabajo es inseguro: debe protegérseles, aun cuando estén fuera de servicio. Es evidente la doble moral de los diputados que, teniendo guardaespaldas, salarios que les permiten vivir en colonias tranquilas, piden que los policías, en vez de gozar de mecanismos adecuados de seguridad, se defiendan a tiros. Les tiene sin cuidado que si un policía mata en defensa propia a un delincuente de su propia colonia, su inseguridad aumenta exponencialmente. De hecho, ya algunos buenos agentes han tenido que dejar sus casas y prácticamente andar huyendo por haberse enfrentado con personas que pertenecían a las diversas formas de crimen organizado que pululan en el país.
Ante los ataques a los policías, el deber de los buenos ciudadanos es insistir en la protección de los mismos, no en decir farisaicamente “que se protejan ellos”. Un policía difícilmente puede vivir en un lugar seguro con un salario de 425 dólares al mes. El salario debería ser revisado y aumentado. Tal y como están las cosas, hay más necesidad de policías que de diputados. Que estos ganen diez veces más que aquellos no deja de ser un escándalo, un abuso y una injusticia. Vivienda segura, transporte adecuado, apoyo psicológico y humano, formación permanente y mejoramiento de las capacidades de investigación, relación cercana a la comunidad son decisiones y factores a tener en cuenta. Por supuesto, la PNC tiene que mantener una lucha constante a nivel interno contra la corrupción y un esfuerzo continuado de acercamiento a la gente. Eso es indispensable para lograr la confianza de la población. Pero a los ciudadanos nos toca exigir una policía culta, bien pagada, con más efectivos, mejor cuidada por el Estado, esté quien esté en el Gobierno. Y no sirve decir que ya hemos llegado a un número adecuado de efectivos. Pues las circunstancias de crisis demuestran que hay necesidad de más. El Ejército salvadoreño, sin que la ciudadanía se haya dado cuenta ni haya participado en una discusión al respecto, ha pasado en aproximadamente tres años de tener 12,000 efectivos a tener 24,000. No necesitamos más soldados. Necesitamos más policías, mejor pagados y mejor cuidados.
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