Modesto Emilio Guerrero
El actual escalamiento del gobierno de EEUU contra Venezuela y el proceso bolivariano, tiene precedentes que obligan a preocuparse, pero al mismo aparece en un contexto que debe ser considerado para no ser víctimas de golpes de efecto y falsas impresiones.
Una cosa es lo que el enemigo desea, otra lo que puede. La decisión ejecutiva de Obama contra siente funcionarios venezolanos y la declaración de Venezuela como “una amenaza” para ellos, obliga a incluir en la agenda bilateral la posibilidad de acciones armadas. Pero esa sola decisión no significa que vayan a ser inmediatas, inminentes o inexorables.
En el medio actúan demasiados factores internaacionales y nacionales y consideraciones que los jefes del imperialismo deberán considerar.
Eso es lo que depende de ellos, los enemigos. El resto dependerá de la actual dirección política del gobierno venezolano y sus movimientos. Lo que haga como lo que no haga y lo que haga mal, será tan decisivo, para la defensa, como lo que intenta Obama y los suyos.
En esa medida, equivocarse en la definición de la dinámica de los hechos y las posturas, como errar en las consecuencias de lo que se declare desde el gobierno, es fundamental.
Una práctica de medio siglo
En nueve (9) oportunidades del último medio siglo, el gobierno del imperio estadounidense ha utilizado contra otros gobiernos la Decisión Ejecutiva que está utilizado desde ayer contra el gobierno de Maduro.
En 1950, la aplicó a Corea, en medio de la primera crisis seria de la postguerra tras el triunfo de la gigante Revolución China y su inmediata extensión hacia el norte y el sur de Asia, y una vez en Europa (contra Yugoslavia), aunque pudieron ser tres más si los PC de Italia, Francia y Grecia no hubieran colaborado en la “normalización” de esos tres países convulsionados por movimientos revolucionarios.
Luego aplicó la misma medida contra Cuba en 1963, República Dominicana (1965) siguió en Irán (1979), Nicaragua (1982), Irak (1990 y 2003), y contra la ex Yugoslavia en 1991 y 1998.
Este tipo de medida jurídica es una mediación obligada por el nuevo sistema mundial de Estados nacidos con la ONU en 1948. Antes no era necesaria. Actuaba sin mediaciones o bajo denominaciones distintas. Así lo hizo desde 1902, en unos 43 escenarios de conflicto con gobiernos y regímenes de izquierda, nacionalistas, “no amigos” o díscolos aun siendo de derecha.
En cinco oportunidades la medida se dirigió a detener o derrotar revoluciones o procesos revolucionarios, en el resto de los casos a frenar o controlar conflictos que se le escaparon al Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta vez, en Venezuela, el objetivo sería por:
a) Escalar la disputa de Estado por zonas y organismos (ALBA, PetroCaribe, participación en Mercosur, UNASUR, CELAC, BANSUR),
b) Tensionar musculatura de medios y diplomacia contra Venezuela,
c) Poner a prueba a gobiernos amigos de Venezuela en A. Latina,
d) Tentar reacciones internas de dos tipos: UNAS, de sus aliados internos, para probar la capacidad de acción violenta de los grupos juveniles organizados, y de los paramilitares de Uribe. OTRAS: probar a la UNASUR, CELAC, Mercosur, incluso al ALBA y PetroCaribe.
Una agresión física o militar no es lo más inminente, aunque se abra esa opción en la agenda. No en el actual contexto internacional, sobre todo latinoamericano: son malos, no pelotudos: sería poner en riesgo lo que vienen construyendo como alianzas anti ALBA y anti Venezuela en varios países del arco progresista. Ya lograron avanzar bastante en acercar a Uruguay, Perú, Ecuador y Argentina en menor medida, a la Alianza del Pacífico, no veo racionalidad en arriesgar eso. Serán decisivas las contestaciones de Brasil, Argentina y Colombia.
En el Pentágono aprendieron que cuando gobiernos de izquierda o nacionalistas ingresaron en situaciones decisivas como la de Venezuela, no todos los gobernantes responden igual. Nadie sabe hoy por dónde saltará la liebre dentro de Miraflores, en las FANB y en el PSUV.
Basta recordar que en abril de 2002, más de la mitad de la dirección del MVR y una parte del Ejecutivo en Miraflres, capitularon, huyeron; que una parte del Estado Mayor se pasó al golpe, y que personajes clave del chavismo dudaron o vacilaron entre el 9 de abril y el 13. Muchos se reacomodaron cuando vieron la insurrección revolucionaria del pueblo demoliendo al golpe en las calles, cuarteles y palacios.
Un sector minoritario del gobierno y la mayoría de UNASUR presionan por un pacto de nueva gobernabilidad. Las presiones de Obama empujarán en el mismo sentido antes de una opción militar.
Maduro y Diosdado, los principales referentes de las gobernabilidad, han dado una rápida y correcta respuesta. Pero Diosdado Cabello se equivoca al asegurar que “vienen acciones militares”, como si fueran inevitables.
Declarar tamaña cosa así, sin contexto, dinámica ni conclusiones prácticas, desorienta al movimiento. Sobre todo, porque su conclusión práctica no es la organización general inmediata de la defensa en el movimiento bolivariano, como enseñaron revoluciones trinfantes como la cubana.
Esa sería la forma concreta y consecuente de darle continuidad a las correctas acciones de calle del pasado sábado 6 de marzo en Caracas.
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