Semanario VOCES
Tan solo once años atrás, Estados Unidos era dueño y señor de la OEA. En 2004 hizo elegir al ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, pero al año siguiente tuvo que renunciar acusado en su país de corrupción. Y tras lo que enseguida ocurrió, Washington ya no pudo ignorar que en la región nada volvería a ser como antes.
En 2005, en la nueva elección, hubo tres candidatos: el ex presidente Francisco Flores, de El Salvador, a todas luces el preferido del Departamento de Estado; el canciller Ernesto Derbez, del conservador gobierno mexicano, y José Miguel Insulza, canciller de un gobierno socialista (a la chilena). Aunque Washington invirtió todos sus recursos diplomáticos, finalmente el Departamento de Estado tuvo que aceptar a Insulza.
Estados Unidos había perdido la facultad de gobernar la OEA a su gusto. Sin que todavía existiesen la Unasur ni la Celac, aquel fue un punto de viraje, aunque algunos de sus protagonistas no lo percibieran.
En el período de Insulza hubo fuertes atentados a la democracia y momentos de tirantez entre países de la región: golpes reaccionarios en Honduras y Paraguay e intentonas golpistas en Venezuela y Ecuador, así como tensiones militares entre Colombia y estos dos países; además, las ambiguas conductas norteamericanas acerca de cada uno de esos hechos. La respuesta de la OEA a tales acontecimientos resultó inoperante.
Ello obliga a preguntar cuál ha de ser el papel de la OEA en una región que ya no volverá a ser la misma. Sobre todo después de que la Unasur y la Celac ya han asumido sus propios papeles y de que ‑gracias a la segunda‑ la exclusión de Cuba ya es historia. Esta es la parte medular de la situación de la cual deberá hacerse cargo Luis Almagro.
Hay quienes a la OEA la dan por muerta, y consideran que lo mejor que se puede hacer con ella es darle cristiana sepultura. Otros, creen que es posible reformarla y mejorarla, aunque no está claro como y para qué.
¿Qué tiene y puede aportar la OEA que le falte a esas otras dos organizaciones? Solo la presencia de Estados Unidos y Canadá y, en esa medida, cumplir el papel de foro de diálogo y acuerdos entre los gobiernos del Norte y los del Sur del Continente.
Visto así, todas las demás dependencias, atribuciones y costos de la OEA están de más. Es decir, para que ella pueda darse una función propia reconocida y aceptada es preciso reducirla, reorganizarla y tal vez trasladarla a una ubicación geográfica más neutral.
Lograrlo será el papel de Almagro, si asume el cargo para desempeñarlo significativamente, como líder y organizador de esa transformación. Pero si lo acepta para repetir el modelo de sus antecesores será un fiasco nada útil para ese organismo continental.
Los EEUU necesitan una OEA dócil y a su servicio. Su visión de las reformas que el organismo necesita, están establecidas por ley: “el fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de disputas regionales, la asistencia y observación electoral, el fomento del crecimiento económico, la cooperación para el desarrollo y la facilitación del comercio”. Además, “la reflexión sobre la migración, el combate al tráfico ilegal de drogas y el crimen trasnacional, y el apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (habría que saber si incluye el respeto de los derechos humanos en Guantánamo, por ejemplo).
La propuesta de Almagro y su visión estratégica son diferentes a las que establece la ley estadounidense, aunque busca conciliar con sus propuestas administrativas y financieras. En todo caso, para América Latina y el Caribe es inaceptable que las competencias y funciones de la OEA -e incluso sus reglas presupuestarias‑ las decida una ley del Congreso norteamericano. Como tampoco es admisible que cualquier reforma de ese organismo se conciba sin tener en cuenta que buena parte de dichas funciones y competencias ahora son mejor ejercidas por otras organizaciones regionales que incluso gozan de mayor legitimidad, como la Celac y la Unasur.
¿Podrá Almagro cumplir un papel a la altura de las circunstancias? No dudamos de su capacidad personal, aunque sus antecedentes no anticipan un giro a la izquierda del organismo ni por asomo. No olvidemos que fue durante la gestión de Almagro como canciller que Uruguay pidió el ingreso a la Alianza del Pacífico, instrumento de los EEUU para destruir los demás organismos de integración latinoamericanos. Ni que fue durante la gestión de Almagro que Uruguay gestionó su ingreso al TISA, que tiene como objetivo “una liberalización del comercio internacional de servicios que limite al máximo la posibilidad de que existan fronteras económicas, regulaciones proteccionistas y empresas estatales que obstaculicen el funcionamiento del “libre” mercado que requieren las empresas transnacionales”.
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