En los primeros meses de 1940 unas 26 mujeres –casi la mitad menores de edad- fueron víctimas de agresiones sexuales no obstante las políticas represivas del régimen
David Ernesto Pérez
Al mediodía del 26 de marzo de 1940 la señorita Calvo caminaba en el barrio Veracruz, de Sonsonate, cuando Jorge Alberto Torres, alias Zope Divino, la agarró del brazo y la obligó a entrar a un cuarto, le amarró un pañuelo en la boca y junto a quince hombres más la violaron salvajemente. Luego de la agresión sexual huyeron, ella salió y fue a pedir ayuda a la Policía Nacional. Recibió la denuncia Joaquín Callejas, subdirector policial, que ordenó buscar a los sospechosos y llevarlos a prisión; un par de horas más tarde capturaron al supuesto cabecilla y a siete más que confesaron haber sido cómplices. Un día después, sin embargo, el coronel Guillén, director policial, los puso en libertad.
El caso llegó hasta oídos de Tomás Calderón, ministro de Gobernación y Guerra durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, gracias a una carta que Paco Alfaro Durán, vecino de la víctima, le envió. “El pueblo no haya calificativos para esa acción de un funcionario que está obligado a proteger a la sociedad (…) la pobre muchacha lloraba y cojeaba a consecuencia del escándalo sexual en ella cometido”, dice la misiva fechada el 30 de marzo del mismo año.
Hernández Martínez se forjó la fama de ser un presidente poco piadoso a la hora de establecer las penas contra los delincuentes. Es conocida la anécdota en la que se asegura que ordenaba cortar la mano a los ladrones conocidos y enviar a los reos a construir carreteras y edificios públicos con un grillete atado al tobillo. Su reputación incluso la ocuparon como estrategia electoral a finales de 2013 los entonces candidatos presidenciales René Rodríguez Hurtado y Óscar Lemus en la campaña en la que terminó como triunfador Salvador Sánchez Cerén.
Pero el mito no detuvo a ladrones ni violadores. Las estadísticas rojas distan mucho de ser las de un país que habita pacíficamente atemorizado por un presidente todopoderoso que no vacila en aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Con información delictiva de mayo a agosto de 1940 la Policía Nacional envió un informe a Calderón en el que le dan cuenta de los delitos registrados: 16 homicidios, 105 lesiones graves, 132 actos inmorales, 14 violaciones, 12 estupros, 213 robos, 335 hurtos, 376 ladrones conocidos, 4,467 detenidos en estado de ebriedad y 1,248 por vagancia.
Las violaciones estaban a la orden del día, de acuerdo a los registros de la época archivados en el Palacio Nacional. El 7 de noviembre del mismo año, por ejemplo, las autoridades detuvieron a Francisco Cambray e Hipólito González acusados de la violación de María Engracia López, de 13 años. O el caso de Luis Antonio Castillo, de 19 años, señalado como responsable de la agresión contra Concepción Ramos, de siete años. Cuatro meses antes habían sido capturados Juan José Solís y Carlos Humberto González por violación y estupro contra María Zoila Peñate, de seis años a la que contagiaron de una enfermedad venérea. Fredesvinda Peñate, mamá de la víctima, fue a la delegación de Chalchuapa, Santa Ana, a presentar la denuncia.
También había denuncias que en realidad solo habían sido confusiones. Delfino Valle, alcalde de Talnique, La Libertad, pidió en una carta al juez de paz de esa localidad capturar a Eduardo Henríquez por la violación de la menor María Vela. Afirmaba, además, que ambos habían desaparecido. El edil mandó a llamar al comisionado Pablo Aquino al que le pidió cuentas del delito cometido en la jurisdicción que estaba obligado a vigilar. Este le dijo que nada ocurrió, que la niña vivía con sus padres sin ningún sobresalto. También explicó que un día antes de la reunión la Guardia Nacional llegó a sacar de la casa al sospechoso y se lo llevó aunque unas 24 horas más tarde ya estaba nuevamente en su casa.
El 28 de febrero del mismo año las autoridades ordenaron la captura de Vicente Landaverde, acusado de violar a una niña de cuatro años en la hacienda San Miguel Ingenio, de Metapán.
En ese periodo fueron a parar a las cárceles 10,796 hombres y 2,422 mujeres que en total sumaron 13,218. En 1940 entró en vigencia la Ley Represiva de Vagos y Maleantes que como principal fruto legitimó la captura de miles de hombres que caminaban borrachos en las calles o que fueron sorprendidos en horas laborales sin hacer nada.
En 1930 Arturo Araujo y Hernández Martínez asumieron como presidente y vicepresidente después de ganar en las elecciones con 101,069 votos. Un año más tarde el militar organizó –desde la sombras y con sobrada astucia- una revuelta militar que terminó en un golpe de estado y su asunción definitiva al poder. Tomó las riendas del Órgano Ejecutivo en un entorno económico adverso como consecuencia de la bancarrota que heredó de la dinastía de los Meléndez-Quiñones y la crisis financiera internacional que se originó en Estados Unidos cuyo principal efecto en El Salvador fue la caída de los precios del café.
Pese a ir contracorriente Martínez actuó con firmeza. Los historiadores recuerdan como sus grandes logros haber cancelado la deuda externa, eliminado la corrupción, reducido los intereses de los deudores, fomentado la vivienda y regulado la portación de armas a los civiles. Pero también es señalado como el tristemente célebre presidente que ordenó la Matanza de unos 30,000 indígenas que se habían levantado contra las condiciones de miseria en la que vivían.
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