Dagoberto Gutiérrez*
De la Guerra Civil a la Guerra Social
Tanto la guerra civil pasada como la guerra social presente, cuentan con un contexto histórico determinado de donde vienen sus características y las circunstancias de su desenvolvimiento.
La guerra civil fue movida por una exclusión política que reservaba el pastel del aparato del Estado y el de la economía a un sector minoritario oligárquico. Los sectores que fuimos capaces de organizar la rebelión construimos una alianza política (acuerdo político con cemento político) a la que llamamos FMLN. Una parte de este acuerdo buscaba establecer formas políticas de democracia burguesa para ejercer el poder político, en sustitución de las agotadas formas oligárquicas, y vías capitalistas para una economía pensada de manera diferente que sacaran al país del atraso y de los barrancos en que se encontraba y se encuentra. Otra parte de los negociadores del acuerdo íbamos más allá, buscando sustituir todo el sistema político y económico por otro verdaderamente democrático, donde el ser humano fuera el centro de la atención estatal y que la sociedad toda: la economía, la educación y la salud fueran democráticas.
Hay que saber que al final de esta guerra civil se logró la derrota de la dictadura militar de derecha, montada en el país en 1932, logrando que la Fuerza Armada cesara en su función de clase gobernante y terminara con su monopolio de usufructo del aparato del Estado. El agotamiento de la Fuerza Armada como clase gobernante abrió pasó a una nueva clase gobernante, de la que ya formó parte la antigua guerrilla (los nuevos funcionarios públicos: diputados/as, alcaldes/as, ministros/as y hasta presidente de la República), poniendo fin a su exclusión política e incorporándolos al sistema político, como participantes del usufructo del botín de la cosa pública.
Por supuesto que en el terreno de la reforma política, el proceso no llegó a lograr la derrota de la antigua clase gobernante porque los llamados Acuerdos de Paz no tocaron los elementos estructurales fundamentales, ni alteraron la naturaleza del poder autoritario, ni la manera de ejercerlo. Y, desde luego, cuando los representantes de la antigua insurgencia se volvieron funcionarios, se convirtieron, junto con la oligarquía, en defensores del orden y del sistema que seguía siendo el mismo contra el que se había organizado la rebelión. Es decir, que el viejo poder oligárquico había sido fortalecido y asegurado.
Aquí encontramos una confrontación entre elementos de reforma política, discretos y tímidos, y reformas económicas, audaces y brutales, que, decididas, financiadas y organizadas por poderosas transnacionales y los viejos poderes oligárquicos locales, terminaron agotando y hasta impidiendo eventuales avances político democráticos.
Era el neoliberalismo en todo su esplendor y aplicado en nuestra sociedad a sangre y fuego, junto al régimen político fortalecido con la inclusión de la antigua fuerza insurgente. Toda la legislación y las políticas para montar el neoliberalismo, iniciado con los programas de ajuste estructural y las privatizaciones, contaron con los votos y las decisiones de las y los diputados y funcionarios provenientes de la antigua guerrilla.
Por eso es viable afirmar que el modelo económico neoliberal terminó impidiendo toda posibilidad de reforma política democrática en el país, aunque, cuando las antiguas fuerzas insurgentes asumen el papel de gobernantes, junto con las antiguas fuerzas oligárquicas, y cuando se inicia el reparto del pastel, se puede afirmar que el país se encontraba con cierta reforma democrática por arriba, y esto funcionaba como una carta de presentación en el exterior, porque el país exhibía, por primera vez, a una “izquierda” y a una derecha gobernando conjuntamente, y esto era entendido como un avance democrático en una sociedad incluyente, cuando, en realidad, lo que ocurría era que la antigua fuerza insurgente estaba gobernando con la oligarquía y para la oligarquía, de manera muy clara y muy consciente.
Sin embargo, el modelo económico montado a sangre y fuego era y es totalmente excluyente, tanto de los seres humanos como de los trabajadores, como de toda forma política democrática. Por eso, el modelo neoliberal funcionó como una especie de contrarreforma que impidió, incluso, el establecimiento de formas de democracia burguesa en el país. Para este neoliberalismo, toda forma democrática, por mínima que sea, es una amenaza que reduce las ganancias y utilidades de las empresas, y hay que impedirla.
En este escenario, las condiciones para una democracia burguesa se vuelven raquíticas e inviables, y por eso es que nos encontramos con una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que aparece y parece como luchadora solitaria en defensa de las reglas de esa democracia.
El criterio fundamental de sujeción a una Constitución política burguesa resulta, hasta ahora, un afanoso sueño erizado de enemigos y de poderosas resistencias. Nadie más lucha por la democracia que parece ser una fruta extraña en medio del hambre, la soledad, la incertidumbre y la inseguridad, que azotan a los seres humanos.
Finalizada la exclusión política para las fuerzas insurgentes, desde arriba, el mercado neoliberal se apropió de la sociedad y de toda la vida del país, definiendo una nueva exclusión para millones de personas, sobre todo jóvenes de las periferias urbanas, que fueron sacados de todo disfrute del pastel de la economía. Aunque aparecían como consumidores no tenían trabajo, y sin dinero en los bolsillos no podían comprar todo lo que ese mercado libre exigía que compraran. Tampoco tenían educación, ni salud, ni trabajo, ni vivienda, ni familia, ni patria.
Para poder funcionar como consumidores, se tornó inevitable la emigración que asegurara las remesas del consumo.
Al mismo tiempo, en la periferia de la vida y de la sociedad se decidió participar en el reparto de ese pastel económico a sangre y fuego, usando la violencia, la fuerza y la imposición, tal y como se hacía y se hace en toda la sociedad.
Las llamadas bandas aparecieron actuando y organizándose en ese mundo periférico. Se trataba de un fenómeno creado como una especie de efecto no intencional (como dirían los teóricos neoliberales), que era esperado, pero al mismo tiempo ignorado, porque no se esperaba que tomara las dimensiones que ha alcanzado después de largas décadas de evolución.
Mientras arriba, la antigua insurgencia disfrutaba del aparato estatal y del botín económico, en la periferia, los miles de excluidos deciden luchar para sobrevivir, para hacerse consumidores y participar en el botín del pastel de una economía que les ofrecía millones de mercancías. Pasan a construir una economía basada en la renta, proveniente de la amenaza, la fuerza y el crimen, hacia abajo y debajo de la sociedad. Aunque el crimen sea la característica esencial de todo este orden, arriba y abajo.
Estos sectores periféricos entienden que para sobrevivir necesitan organizarse en pandillas, precisamente en pandillas que les proporcionan fuerza, pertenencia e identidad. De esa manera, lo que estamos llamando pastel económico es apropiado por estos sectores que tienen la fuerza para arrancar una parte de ese pastel, sin solicitarla ni negociarla, porque su fuerza es aplicada brutalmente abajo de la sociedad, entre los sectores más pobres y más débiles.
El funcionamiento de esta fuerza no afecta ni la estabilidad, ni el desarrollo del mercado capitalista neoliberal, más bien lo fortalece y lo asegura mediante el terror abajo. La figura de la renta aparece como una lógica e inevitable decisión para construir abajo un poder económico correspondiente a un poder social y político de una fuerza organizada y actuante. Ese poder económico tiene la escuela del poder económico capitalista y neoliberal. En definitiva, ese capital proveniente de la renta nutre toda la economía dominante en el país y fluye como cualquier otro. Al fin y al cabo, a ningún capital ni capitalista le interesa el origen del dinero.
Hay que saber que esta fuerza tiene un ámbito socialmente determinado, es el mundo de los pobres y el de los de abajo, por ahora; a diferencia de lo que ocurrió en la década de los 70´s del siglo pasado, cuando aparecen sistemáticamente los primeros grupos armados, cuyas exigencias eran políticas y tenían que ver con la democracia. En el caso de la fuerza que estamos analizando se trata de reclamos sociales de pura exclusión en una sociedad brutal y sangrienta que crucifica a la humanidad.
En este ámbito social y político, nos encontramos ante formas de gobierno dictatoriales, puras y duras, donde no alcanza a funcionar ni la más elemental alternancia de la democracia burguesa, aunque resulta evidente que en el caso del partido FMLN, nos encontramos con una propuesta política, con un pensamiento político, con un proyecto político, identificado en todas sus esquinas fundamentales a la propuesta, al pensamiento y al proyecto de ARENA. Y, es más, ni los énfasis resultan diferentes porque, en el caso de los partidos estadounidenses, republicanos y demócratas, que todos sabemos que son simples agrupamientos de un solo partido, hay que darse cuenta que estos dos agrupamientos manejan diferentes énfasis en ciertos temas y en ciertas circunstancias. Pero, en el caso de ARENA y FMLN, resulta que ni los énfasis los separan.
En estas circunstancias, nos encontramos con un poder político, cuya naturaleza y ejercicio siguen siendo oligárquicos y autoritarios. Así las cosas, todo este jardín resultó estar suficientemente abonado para que una guerra social se desplegara con toda su fuerza y presencia. Esto es lo que ocurre actualmente.
*Vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña.
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