Editorial UCA
En Guatemala ha funcionado, con bastante precisión e incluso eficacia, la Comisión Internacional contra la Impunidad. Acá ha estallado la polémica de si es necesario un apoyo semejante para superar nuestros problemas de violencia y de falta de castigo al delito. Para definirse al respecto, es útil recordar brevemente la estructura y finalidad de este instrumento internacional de ayuda. La Comisión es un órgano independiente de carácter internacional, fruto de un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, que fue aprobado, primero, por la Corte de Constitucionalidad y, posteriormente, por la Asamblea Legislativa de dicho país. Su finalidad es investigar cuerpos ilegales de seguridad que violan derechos humanos y asesorar al Ministerio Público en la persecución de los mismos, terminando con su impunidad.
Cada país tiene su problemática, y la de Guatemala, entre otras de extremada violencia, era la existencia de grupos de exterminio dentro de las estructuras estatales de seguridad. Y los salvadoreños conocemos con claridad la brutalidad con la que operaban en el país vecino. Baste para ello recordar el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen en tierras chapinas, cometido por un grupo policial guatemalteco, y la posterior ejecución, ya en la cárcel, de los agentes que habían cometido el crimen. Ese tipo de casos hacía necesaria en Guatemala una institución como la Comisión. Pero a esos extremos de impunidad y violencia organizada dentro de las estructuras policiales no hemos llegado. ¿Se puede entonces decir que necesitamos una comisión internacional?
A nuestro juicio, la respuesta es “sí”. No se trata de tener una copia exacta del organismo que opera en Guatemala, pero sí de recibir ayuda internacional de alto nivel en la lucha contra la impunidad, que sigue siendo muy alta en nuestro país. Con frecuencia hemos creído que es suficiente traer a un par de supuestos expertos para que nos hablen de su experiencia en la lucha contra el delito. Y así han pasado por nuestro país diversos grupos y personas, incluido Rudolph Giuliani y su equipo. Pero eso no basta. Necesitamos ayuda y consejo consistentes y constantes sobre la investigación, prevención y análisis del fenómeno de la violencia. Además, no manejamos adecuadamente el problema de la corrupción y se mantienen en la impunidad la mayoría de los delitos contra la vida.
Asimismo, el fenómeno de las maras amerita la conformación de un grupo externo de expertos con amplio conocimiento y manejo de soluciones sobre las organizaciones delincuenciales juveniles. Sabemos poco de ellas y tendemos las más de las veces a enfrentarlas con mano dura, de un modo contraproducente y absurdo. El crimen organizado, cuando tiene fuertes raíces y causalidades en la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la debilidad institucional, difícilmente se vence con fuerza bruta. La capacidad de investigación, el conocimiento a fondo del tipo de estructuras, el análisis de las causas de este fenómeno evidentemente social tienen que llevar no solo al mejor funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia, sino a tomar medidas serias en el campo de la educación, el trabajo decente y los medios que permiten reconstruir y reforzar la cohesión social.
En El Salvador, una comisión internacional contra la impunidad y el delito debería unir policías, sociólogos expertos en temas de violencia y personas con experiencia en intervención social orientada a la cultura de paz y el desarrollo local. No se trata de ceder soberanía ni de que otros vengan a sustituirnos en nuestras obligaciones. Este tipo de comisiones son ayudas externas, como otras que hemos tenido y que no hemos aprovechado adecuadamente. Cuando Mauricio Sandoval era director de la PNC, en tiempo del Gobierno de Francisco Flores, se radicalizó el problema de las maras. Y los policías europeos que en ese momento asesoraban a los nuestros solían decir que lo que ellos recomendaban, Sandoval lo desaprovechaba e incluso dañaba. Hoy seguimos necesitando ayuda, puesto que mantenemos unos índices de violencia muy semejantes. En el país, las cabeceras municipales son relativamente seguras, mientras que en algunos cantones la presión de las maras es insoportable. Este fenómeno, el de la ruralización de las pandillas, no se ha estudiado ni tratado adecuadamente. Como tampoco la relación entre el narcotráfico y las maras.
La corrupción sigue siendo un flagelo, comenzando por la impunidad en la evasión fiscal y siguiendo por los delitos contra la vida. Las cárceles son parte del problema de la violencia, no de la solución. Una decisión inteligente sería discernir y acordar con claridad los puntos en los que se necesita ayuda, y promover luego la conformación de la comisión internacional. Negarse en absoluto a esa posibilidad puede llevarnos a desaprovechar oportunidades y a perder el enriquecimiento que personas con experiencia pueden aportarnos en esta tarea de construir cultura de paz.
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