Juan José Dalton
La abogada querellante del Caso Jesuitas en España considera que en la actualidad existen pruebas fehacientes contra el ex mandatario, por las que incluso podría ser procesado y hasta extraditado a España
Luego de 25 años de ocurrida la “Masacre Jesuita”, los pelos todavía se paran de punta, la piel se erizan e internamente muchas personas sienten escozor y miedo. Almudena Bernabéu, la principal abogada querellante contra un grupo de militares presuntamente autores materiales e intelectuales del múltiple crimen que horrorizó al mundo un 16 de noviembre de 1989, revela en esta entrevista que el ex presidente Alfredo Cristiani “está implicado en el asesinato”; que hay pruebas documentales y testificales, y que por lo tanto podría ser encausado por la Audiencia Nacional de España, y hasta extraditado si el juez Eloy Velazco así lo requiere, junto a 13 oficiales y soldados que participaron en las órdenes y en las ejecuciones directas contra seis sacerdotes –cinco de ellos españoles- y dos empleadas, humildes e inocentes mujeres.
Bernabéu pertenece al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), y en su expediente tiene juicios civiles ganados contra varios esbirros salvadoreños y de otras nacionalidades latinoamericanas, entre ellos dos ex ministros salvadoreños residentes en Miami, los ex generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova. Bernabéu es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y abogada. Reside en San Francisco, California y es profesora de la Universidad de Berkeley, en ese mismo Estado; además es considerada como una “caza torturadores”.
Juramentación del Gral. René Emilio Ponce como ministro de Defensa, por parte del presidente Cristiani. Foto: Internet
En El Salvador hay dudas sobre el por qué el ex presidente Alfredo Cristiani, que cuando la masacre jesuita era el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, no está procesado. ¿No hay pruebas contra él? De ser así podría ser procesado y extraditado a España?
Después de revisar la prueba durante seis años, revisar documentación e informes periciales, y escuchar los testimonios de los dos ex militares que contribuyeron a la causa, la respuesta es sí. Su implicación (de Cristiani) no pasa en el hecho que él haya participado, porque él no mató a nadie, sino de lo que sabía del caso y cuándo lo supo. El presidente Cristiani, después de revisar todas las pruebas, estaba al tanto de las decisiones de los militares en aquel momento. Él siempre ha alegado que nunca supo nada, hasta después de ocurrido el crimen y que conoce de la implicación de militares de Alto Mando en el hecho. Pero en base a documentación y archivos desclasificados de la CIA y otras agencias como el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que mantenían un flujo de información con el Ejército salvadoreño durante la guerra, así como los testimonios de dos ex militares salvadoreños, quienes comunicaron que, cuando la decisión está concebida y se tenía claro como se ejecutaría logísticamente, deciden en comunicarle presidente Cristiani. Por otra parte, la primera llamada que el general Ponce (ya fallecido y el supuesto principal autor intelectual) hace, según uno de los testigos –después de ejecutada la orden-, fue al presidente Cristiani, en la madrugada del día 16 de noviembre de 1989”.
Doctora, sorprende su declaración, pero cuéntenos ¿cómo avanza el proceso judicial en España?
Después de un año tumultuoso, en el que se aprobó una reforma judicial que sustancialmente limitaba la aplicación de la Justicia Universal, estábamos en el limbo y esperando la reacción de los jueces y con qué tipo de recursos íbamos a proceder. La reforma implicaba un cierre parcial de las causas, hasta que se determinara si había o no competencia por parte de la Audiencia Nacional, con ciertos requisitos, y esto dio lugar a que el Juez Eloy Velasco, de mote propio y tras aplicar la Ley, emitió una orden en la que mantenía la causa abierta, por encontrarse el delito de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. El delito de terrorismo no era tocado por la nueva Ley, sino que los delitos de índole internacional. Entonces el delito de terrorismo continúa siendo un delito sobre el cual España tiene competencia extraterritorial, siempre que las víctimas sean españolas, sin importar donde haya ocurrido el delito”.
Pero, disculpe, ¿qué significa eso para el Caso Jesuitas?
“Después de la decisión del Juez Velasco, los abogados de la causa nos reunimos y decidimos que no nos íbamos a conformar con un caso sólo por terrorismo y sólo por españoles, cuando el Caso Jesuitas es un caso en su vocación de y para El Salvador, y es un caso de lesa humanidad, algo que es importante para los Derechos Humanos. Entonces nosotros presentamos una serie de alegaciones a la Sala de lo Penal, y nuestra sorpresa fue que el 3 de octubre pasado, la Sala resolvió por unanimidad (20 jueces) que se aceptaba por entero nuestras alegaciones como parte querellante y se seguirá el caso por lesa humanidad. Nuestro criterio es que si en un mismo hecho se configura el delito de terrorismo y el delito de lesa humanidad, un juez no puede partir por una relación concursal y procesal de no ver un solo hecho en un crimen en el que han ocurrido varios delitos, sino que debe ver todo. Así que el caso continúa”.
Sabemos que el ex coronel Inocente Montano está preso en Estados Unidos. ¿Podrían extraditarlo a España por su implicación en el Caso Jesuitas?
Ese proceso está progresando muy bien. A partir de la condena penal de Montano (por fraudes migratorios), consideramos oportuno darle a conocer al Juez Velasco el resultado de la condena. Nuestra perito en el caso que se le siguió a Montano en Estados Unidos, Terry Karl, pudo revisar documentación nueva y obtuvimos documentos adicionales de la desclasificación de organismos de inteligencia de Estados Unidos, incluso con indagaciones en El Salvador… Se tuvo información sustantiva de la participación de Montano en el crimen de los jesuitas, en la decisión de asesinar a Ignacio Ellacuría (entonces rector de UCA) Consideramos necesario hacerle saber esto al Juez Velasco, para que ampliara la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos. Hoy ya el Juez envió una orden ampliada de extradición a Estados Unidos y creo que Estados Unidos tiene todo lo que necesita para extraditar a Montano y lo que quieren esperar es que termine su condena, el 15 de abril de 2015.
¿Qué significa eso?
“Por requisitos de la Ley penal y procesal en España, necesitamos uno de los implicados en suelo español para abrir la fase de juicio oral, una fase que es larga y compleja, que hasta puede ser emotiva. Sería un juicio con tres jueces, con el abogado para Montano, de paga o de oficio, mientras que nosotros representaríamos a las familias de las víctimas y la sociedad española, eso creo que sería el mejor de los escenarios”.
De la forma en cómo se desarrolla el proceso ¿Será posible que los implicados en el caso que permanecen en El Salvador, puedan ser extraditados?
“Eso hay que valorarlo, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, la anterior a la actual, respondió negativamente a una solicitud de extradición que no se había solicitado, sino que lo rechazado fue la orden de captura internacional. La CSJ se vio obligada a responder, luego que los ex militares se acuartelaron. La CSJ española no ha presentado la orden de extradición y creo que, procesalmente, es posible pedir la extradición como se debe”.
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