El reverendo Martin Díaz criticó en Nueva York la visión que el gobierno de El Salvador tiene sobre el combate a las drogas y pidió que se reoriente el debate hacia la legalización.
Julio Villarán
El especialista en drogas y reverendo de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, Martín Díaz, participará en la cumbre sobre políticas de drogas que lleva a cabo la ONU en Nueva York, a la cual asistirán representantes de más de cien gobiernos -incluido el de El Salvador-, para debatir el tema.
Díaz ha mantenido desde algunos años una agenda encaminada hacia la legalización de la marihuana y despenalización del aborto, entre otros puntos polémicos.
El religioso se encuentra en la sede la ONU para participar como sociedad civil de la UNGASS, uno de los eventos más importantes sobre políticas de drogas en los últimos 20 años.
Desde Nueva York lanza fuertes críticas hacia el gobierno de Salvador Sánchez Cerén por un “mal manejo” del tema y le hace un llamado a debatir la problemática ya que “es estratégico para la seguridad nacional pues toca aristas económicas, de salud, educación, derechos humanos y libertades individuales”, entre otros, dijo.
El reverendo consideró que la UNGASS implica para pueblo salvadoreño una oportunidad para cuestionarnos y evaluar de forma adecuada los éxitos y fracasos de las políticas de drogas que se han aplicado durante los últimos años.
Tengo entendido que en la cumbre participarán por El Salvador representantes del gobierno y usted como sociedad civil. ¿Han intercambiado agendas entre usted y la representación gubernamental?
El funcionario de la delegación permanente en la ONU que representó al gobierno en las consultas de alto nivel recomendó a Cancillería una reunión con mi persona durante los días de la cumbre, sin embargo eso es una decisión que sólo puede tomar el canciller Hugo Martínez. Por su parte, el embajador permanente (Rubén Zamora) ha mostrado apertura para tener una reunión posterior a la UNGASS.
¿Cómo evalúa usted que será la participación del gobierno de El Salvador en esta actividad?
La postura oficial es de las más retrógradas del continente, solo comparada con la de Perú. El gobierno se jacta que su avance más grande en la lucha contra el narcotráfico es haber nombrado a las pandillas como terroristas y mantiene la postura de que en el país no hay narcotraficantes sino “colaboradores de carteles internacionales” muy a pesar del kingpin act que nombra a "Chepe Diablo" como uno de los narcotraficantes más buscados.
La delegación de El Salvador fue modificada en las últimas semanas y el funcionario de más alto nivel será uno de los viceministros de Relaciones Exteriores, lo cual es lamentable. La actual administración no le está dando la importancia que debe al problema de la “Guerra Contra las Drogas” y las aristas que afecta a su entorno.
¿Cuál ha sido la postura de El Salvador en el tema de drogas?
En resumen, mantener medidas puramente represivas, reconociendo el debate internacional pero asegurando que El Salvador no está preparado para el mismo y en ningún momento hablan de derechos humanos o salud pública. Es una postura muy anacrónica y cabe mencionar que la postura que lleva el gobierno de los Estados Unidos es mucho más abierta y enfocada en derechos humanos, que la de países latinoamericanos, lo cual se puede deber a la grave crisis sanitaria que sufren algunos Estados con la epidemia que un representa la Heroína.
¿Cuál será la postura de la sociedad civil representada en su persona?
Por un lado la denuncia ante Naciones Unidas de la complicidad del Estado salvadoreño con organizaciones de tráfico de drogas, sea por omisión o con conciencia de hacerlo. Por otro lado, mostrar las deficiencias de la utilización de recursos en materia de combate al narcotráfico, la imprescindible necesidad de la despenalización de las sustancias para un mejor enfoque de recursos, además de la urgente necesidad de la creación de una ley de salud mental. A grandes rasgos eso. Dicho sea de paso, el sábado presentaremos en Washington DC nuestra investigación sobre políticas de drogas y derechos humanos en El Salvador, en la cual desarrollamos recomendaciones y observaciones puntuales a documentos oficiales de la PNC, FGR, Fuerzas Armadas y Centros Penales.
Diversos países en Latinoamérica y el mundo están aprobando legislaciones más tolerantes hacia el consumo de drogas o han abierto el debate. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de modernizar nuestras leyes?
Estamos en una etapa del debate internacional donde Canadá esta por legalizar la Cannabis, México tiene un fuerte y avanzado debate en esa misma vía, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia ya está regulando el Cannabis Medicinal y tienen una legislación que permite la portación de hasta 30 gramos de Cannabis y 3 gramos de Cocaína. Chile, Argentina, y ni hablar de Uruguay.... también en el Caribe el debate es fuerte. Más bien la pregunta debería ser “qué tan bien vamos a hacer nuestras reformas”, pues la misma es inevitable de cara a 2019.
Es irresponsable que nuestro gobierno no esté promoviendo este importante debate que es estratégico para la seguridad nacional, toca aristas económicas, de salud, educación, derechos humanos, libertades individuales. En nuestro primer estudio hace dos años pudimos corroborar que de parte de la gran mayoría de cúpulas de los partidos políticos, tanques de pensamiento y empresa privada hay por un lado mucha ignorancia sobre el tema y por otro una apertura para el debate, sin embargo en el caso de los partidos políticos al considerar que este les afectará electoralmente prefieren no tocarlo.
¿Estará preparado El Salvador para una legislación como las mencionadas? ¿No pudiera ser contraproducente aprobar una ley de este tipo si antes no se combate el narcotráfico y la violencia que genera?
Justamente los niveles de violencia y la influencia del narcotráfico se ven menguadas con procesos de regulación del mercado; no es crear un mercado, es regular el que ya existe. Se puede estar o no de acuerdo con la regulación o el consumo de sustancias pero seguro se estará de acuerdo en que estas sustancias se manejen desde el control del Estado y no desde grupos criminales armados y sin escrúpulos. Está comprobado que encolar una política de drogas desde los derechos humanos y la salud pública con estrategias de reducción de daños y gestión de riesgos son eficientes. En más de medio siglo la guerra contra las drogas solo ha aumentado la violencia, la criminalización de la juventud y ha aumentado exponencialmente el poder y recursos de las grandes estructuras del narcotráfico.
¿Llegará el momento para homologar las leyes?
La regulación a nivel internacional es algo que se dará en los próximos años, la pregunta es cómo nos adaptaremos a ella y es mejor prepararnos desde ya con un debate serio, a hacer las cosas a la carrera y con visión cortoplacista, como ya es costumbre. No podemos quedar aislados al cambio en materia de fiscalización de drogas y mucho menos podremos mantener como país una postura irracional contra los hechos, la ciencia y la justicia.
Eso solo nos traerá más dolor y desgracias, por eso es necesario el trabajo en políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos desde ya, a la par del debate, enfocarnos en la reducción de demanda de drogas, en el uso responsable, en la educación, esa el la vía.
¿Qué debería hacer primero el gobierno, antes de implementar leyes más tolerantes? me refiero al combate a la narcoactividad, desmontaje de cárteles, etc.
No puede hacer nada; el combate al narcotráfico se hace desde esa vía, ya lo entendió Colombia y México. ¿Qué mejor ejemplo del fracaso a la guerra contra las drogas en estos países? El narcotráfico se combate regulando los mercados, dando acceso a educación y salud a las personas que usan drogas. Iniciar un debate de esta índole es lo más inteligente que podría hacer la actual administración. Actualmente el gobierno de El Salvador tiene una visión más represiva de la que los mismos gobiernos que han fomentado el prohibicionismo, como dice el dicho, “más papistas que el papa”.
¿No le parece que la lógica es ser represivo ante la fortaleza de los cárteles?
La cuestión es con quién.... ¿De qué nos sirve que el gobierno y la cooperación extranjera inviertan en el combate al narcotráfico si estos recursos se invierten en perseguir y procesar a usuarios? La tercera razón por encarcelamiento en El Salvador son delitos relacionados a drogas, en su gran mayoría son personas capturadas con menos de 30 gramos de Cannabis. Eso es despilfarrar los recursos del Estado, la regulación además de ayudar a una mejor canalización de estos recursos generaría más ingresos al Estado para el combate real al narcotráfico aún dentro de la estructura del mismo.
¿Qué espera de este congreso y cuál será el beneficio inmediato para El Salvador?
Esperamos que a través del UNGASS países como El Salvador se comprometan a dar mayor espacio a la sociedad civil e involucrarse más en el debate internacional. El beneficio inmediato para El Salvador dependerá de Cancillería. Lo que es importante es estar preparados para los cambios que se vienen en materia de fiscalización de drogas en el mundo.
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