Amnistía, Utilitarismo y Estado de Derecho

Carlos Jovel Munguia

Jeremy Bentham (1748-1842), el padre del Utilitarismo moderno, postulaba que hacer lo correcto, no era más que hacer aquello que maximizaba la utilidad para el mayor número de personas, que en términos simples, no es más que el resultado de restar el sufrimiento a la felicidad colectiva. De acuerdo a esta corriente filosófica, es perfectamente legítimo y correcto, hacer algo que cause mucho sufrimiento a algunos, toda vez que esto genere un mayor bienestar a un número mayor de personas. John Stuart Mill (1806-1873), el filósofo, historiador y economista inglés, y el más notable discípulo de Bentham, postulaba que (la traducción es mía) “Justicia es un nombre para ciertos requerimientos morales, que, valorados colectivamente, se ubican en una posición superior en la escala de utilidad social, y son, por ende, una obligación suprema sobre otros -requerimientos morales-”.

Bajo la lógica utilitaria, uno podría justificar un concierto de Shakira organizado con fondos públicos en lugar de, con esos fondos, comprar máquinas de diálisis para los niños con insuficiencia renal. También es justificable la insuficiencia renal de estos niños, por el bien mayor de la producción y el consumo de azúcar a precios razonables. Utilitariamente, son legítimos los experimentos sobre sífilis en ciudadanos guatemaltecos -financiados por el gobierno de los Estados Unidos- con el fin de encontrar una cura, el holocausto nazi en favor de una mayoría de ciudadanos alemanes, el aborto de millones de niñas chinas por la presunta felicidad superior de tener un hijo varón. Es bajo este mismo razonamiento de utilidad superior, que el gobierno de turno en 1993, la guerrilla (o el gobierno-guerrilla de hoy), y miles de salvadoreños justifican y defienden la Ley de Amnistía, recién declarada inconstitucional, que impedía procesar a los responsables de presuntos crímenes de guerra.

Es precisamente en esta característica del utilitarismo de permitir sacrificar los intereses y derechos del individuo en beneficio de la mayoría, donde reside la consecuencia moral de actuar de acuerdo a ella. En un país donde lo polarizamos y lo politizamos todo, donde se nos ha inculcado desde niños que “la mayoría gana”, que democracia significa aceptar vivir de acuerdo a las intenciones de la mayoría, que es tolerable defender e imponer con violencia verbal y física nuestro punto de vista sobre equipos de fútbol, partidos políticos, orientaciones sexuales y sobre la superioridad de Messi sobre Cristiano Ronaldo entre otros, la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que la Sala de lo Constitucional ordenó, es una tremenda oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos, y sobre el país que podemos construir.

Esta sentencia, se trata primordialmente, de que aquellos que perdieron lo más valioso, lo que más amaban (la vida de un ser querido), tengan la opción –no la obligación- de exigir por medios legales, conocer la verdad de los hechos y pedir reparación. Una verdad y una reparación posiblemente inconveniente para la mayoría y para los desafíos inmediatos que enfrenta el país, pero que presenta la oportunidad de que cada salvadoreño entienda que está protegido por el Estado de Derecho.

Las víctimas no necesitan esta sentencia para perdonar. Siempre pudieron hacerlo. No somos nosotros -seres inanimados escondidos en términos como pueblo, sociedad, colectivo, firmantes de la paz- los llamados a decirle a los sobrevivientes de Roque Dalton, de Roberto Poma, de José Antonio Rodríguez Porth, de Francisco Peccorini, de Elba y Celina Ramos, de las matanzas de la Zona Rosa, del Mozote, del Sumpul y del Frente Paracentral por mencionar algunos, cómo deben lidiar con su dolor y su derecho a exigir saber y a tener justicia. No son los actores políticos, los editorialistas, ni siquiera las víctimas mismas, las llamadas a decirle a los afectados cuál es la postura moralmente superior a tomar ante esta sentencia, que únicamente pone las cosas en su sitio.

Las víctimas, tendrán la opción de decidir si poner a los héroes de uno y otro bando en el banquillo de los acusados. Aquellos que en la locura de la guerra realizaron actos atroces, amparados quizás por su sentido del deber y de justicia, por el amor por sus ideas, por errores de juventud o por la miseria humana misma, tendrán la opción de defenderse y enfrentar un debido proceso.

Esta sentencia le da la oportunidad al sistema político de dejar que las instituciones funcionen y como país enfrentar a nuestros esqueletos en el closet, y finalmente reparar el pecado original de una paz conveniente, pero injustamente firmada con la sangre de las víctimas.

Esta sentencia también representa un riesgo enorme: si los partidos políticos, asociados en torno a sus intereses comunes, deciden ignorar o pasar por encima de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, habremos, como individuos salvadoreños, perdido nuestra última línea de defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Si el gobierno y los partidos pueden hacer esto, pueden hacer cualquier cosa. Habríamos dado el primer paso a la tiranía, a la ley de la selva; habremos regresado a un país donde se piensa que existen ideas por las que vale la pena –cuando menos- pasar por encima de la ley y las instituciones, y si es necesario, encarcelar y matar.