Irvin Marroquín
Es el 9 de abril de 2014. Son aproximadamente las 7:20 de la noche. En Osicala, Morazán, suena un teléfono — según Fiscalía General de la República pertenece a una persona identificada como 2214—. La llamada entrante proviene del número 7720-6382. El autor de la misma se presenta como miembro de una de las principales pandillas que operan en el país. “Soy de la Mara Salvatrucha y te voy a matar, pero a cambio de no hacerlo tienes que entregar $500”, sentenció el extorsionista. La víctima logró negociar la cantidad a entregar. Al siguiente día, una persona vinculada a la víctima depositó $150 en una cuenta de Tigo Money al número 7549-3261.
A 196 kilómetros de aquella víctima, en Quezaltepeque, La Libertad, una joven risueña, de piel morena y cabello rizado está preparando su personaje. Ella interpretará a “Verónica”, una de las mujeres que acompañará a un actor que personifica a Jesucristo, en una obra teatral que se presentará al día siguiente en San Salvador. El nombre de esta joven es Wendy Lisseth Morales Gálvez. Tiene 21 años, es universitaria. Cursa su quinto y último año de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de El Salvador. Su graduación se realizará el siguiente año porque será exonerada de elaborar la tesis, porque su CUM de 8.1 es considerado como honorífico por este centro de estudios superiores. Dos años antes, Wendy había comprado un chip con el número 7549-3261. Luego abrió una cuenta en Tigo Money para realizar solo una transacción de cinco dólares.
“En su agenda de ese día tenía que primero iría a vacunar al perro, luego que iba a ver lo del ensayo de esa obra porque ya la iban a presentar. Eso era lo que estaba haciendo ella en ese momento”, expresa Rosa Gálvez, madre de Wendy.
Es septiembre de 2016, cuatro años después de adquirir aquel servicio de telefonía móvil, Wendy es acusada por la Fiscalía General de la República de haber cobrado los 150 dólares, producto de la extorsión telefónica. Según el ministerio público, el 10 de abril de 2014, alrededor de las 10:22 de la mañana, Wendy llegó a una agencia de Tigo Money ubicada de Plaza Mundo Soyapango y retiró el dinero.
Cinco años a sus anchas
Tigo Money es un servicio proveedor de dinero electrónico que nació en el 2011 y hasta la fecha, según datos de la compañía, es utilizada por más de un millón de personas. Anualmente, se realizan cerca de dos millones de transacciones. Para utilizar este sistema es necesario tener un chip de esta compañía. Se presenta el DUI para crear una cuenta, la cual tiene un PIN. Según lo establece la compañía, este código junto al número de teléfono y DUI sirven para depositar o retirar dinero.
La empresa asegura que tiene más de 2,000 agentes o establecimientos en donde se pueden realizar las transacciones, pero no en todos los lugares los procedimientos se cumplen al pie de la letra. Este periódico realizó una llamada al centro de atención al cliente de esta compañía para conocer los requisitos para retirar dinero con Tigo Money.
Periodista: Cuando a mí me cae una remesa a mi cuenta de Tigo Money, ¿tengo que ir personalmente a retirar el dinero?
-Call center Tigo: Lo sugerible es que se realice… es que se realice un retiro de forma manual para evitar algún tipo de inconveniente con la recepción del dinero. En cambio si usted lo va a hacer de forma manual, ambas personas reciben una referencia. En cambio, si se le hace una recarga de dinero, allí tendría el inconveniente de que si no se lo envían, tendría que acercarse a un agente autorizado y a un proceso no correcto.
-Periodista: ¿Pero debo ser yo el que haga el retiro del dinero?
-Call center Tigo: Efectivamente. A menos que algún familiar suyo pueda retirarlo, pero en algunos lugares le piden el DUI y es necesario que la persona esté presente.
-Periodista: ¿Cuánto es el mínimo y el máximo de dinero que puedo hacer de transacción?
-Call center Tigo: Puede enviar desde un dólar, ese es mínimo, y el máximo son $250. Hay transacciones, usted puede cargar $250 en una exhibición o un evento; y por día son $500. Por mes son $750.
-Periodista: Perdón que le insista, pero quiero confirmar ¿si yo le doy el DUI a mi hermano, él puede recoger el dinero?
-Call center Tigo: Dependiendo del lugar donde lo pase a retirar. Hay algunos lugares en donde es necesario que esté el dueño del DUI.
-Periodista: ¿En Soyapango, por ejemplo?
-Call center Tigo: En los Súper Selectos sí le solicitan el DUI, pero hay unas pequeñas tiendas donde no le solicitan el DUI… Hay lugares donde no le piden el DUI.
-Periodista: Ya para cerrar y reconfirmar, ¿hay lugares en donde me van a pedir el DUI y en otros no?
-Call center de Tigo: Efectivamente.
Este servicio financiero se ha convertido en una herramienta más de los pandilleros para recibir y guardar el dinero que es generado por las diferentes actividades delictivas, entre estas, la extorsión. Sin embargo, no existe un registro de cuánto es lo que mueven las pandillas en estos servicios financieros.
Lo que sí hay son estimaciones. La PNC considera que estas estructuras recibieron a partir de la denominada renta —según datos recabados de las denuncias entre 2013 y 2014— cerca de diez millones de dólares como pago de la extorsión.
Por casi cinco años, no existió una normativa por la cual se rigieran los servicios de envío de remesas y pago de facturaciones de manera electrónica ofrecidos por Tigo Money.
“No existía regulación, no se basaba sobre nada. Sencillamente, en este caso, cada proveedor de dinero electrónico tenía sus propias políticas comerciales y de acuerdo a esas políticas definía cuál era el servicio que iba a brindar. Entonces no había nada establecido, realmente tenían el ‘conozca a su cliente’ como se le daba la gana basándose en una premisa de la Ley de Lavado de Dinero, pero no puedo garantizar o hablar por los proveedores en este caso que estuvieran haciendo todo de manera adecuada, posiblemente unos si cumplían otros no cumplían”, señala Franklin Castro, director regional de Pagos 7/24, una de las tres compañías en el país que brindan este tipo de servicios.
En septiembre de 2015 entró en vigencia la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, la cual pretende, entre otras cosas, regular los “mecanismos novedosos de prestación de servicios financieros y de pago en el territorio nacional, que permitan facilitar la inserción a la actividad económica a la población tradicionalmente excluida”. Sin embargo, la Asamblea Legislativa acordó que las empresas dedicadas a este rubro tenían un plazo de seis meses después de la entrada en vigencia para adecuar sus servicios a la nueva normativa.
Lo anterior significa que las empresas han establecido sus propios mecanismos para otorgar cuentas electrónicas y han establecido sus propios requisitos para el retiro y envío de remesas. Uno de esos requerimientos es que el propietario de una cuenta presente su DUI y su chip, algo que no se cumple en todos los establecimientos como lo expresó uno de los trabajadores del call center de la compañía Tigo Money.
El día de la captura
Han pasado casi dos años después de la llamada hecha por un supuesto pandillero a la víctima 2214. Cuatro elementos de la policía han viajado más de tres horas desde Osicala, hasta el centro de Quezaltepeque. A eso de las nueve de la noche del 5 de septiembre de 2016, la familia Morales Gálvez se encuentra en casa. Pero Wendy no está ahí.
“La niña menor, de 19 años, se asustó cuando tocaron la puerta y sale corriendo al cuarto de nosotros y nos dice ‘mamá están tocando y dicen que es la policía’. Con voz fuerte les dije: ¿Qué quieren, quiénes son? Traían una orden de cateo porque decían que aquí vendíamos droga y les dijimos ‘nosotros somos profesionales. Yo soy la jefa de enfermeras del Seguro de Quezaltepeque y mi esposo es el director del Colegio Superior de Quezaltepeque y director de otra escuela. Trabajamos en salud y prevención. No puede ser, le dije yo. Abrimos y hasta nos dio risa, entre risa nerviosa, porque cómo vamos a hacer eso nosotros”, recuerda Rosa.
La familia les abrió la puerta a los cuatro policías que tienen cubiertos sus rostros con gorros navarone. La madre de Wendy les dice que si tienen una orden de cateo que revisen la casa, pero les advierte que no encontrarán droga. Los agentes les expresan que no procederán a la inspección, porque les aseguran que ya los han investigado y no tienen sospechas del delito por el cual eran señalados esta noche.
De hecho, cuatro días antes, elementos del cuerpo policial habían llegado durante el día a la vivienda con la excusa de que recibieron una denuncia de los vecinos de que en el casa de los Morales Gálvez había violencia intrafamiliar. En esa ocasión, la persona que trabaja en los quehaceres de la casa les atendió y rechazó que eso pasaba en aquella casa.
La noche del 5 de septiembre, los policías se encuentran en medio de una sala repleta de fotografías familiares, trofeos y medallas ganadas por los miembros de esta familia en participaciones deportivas y académicas. Una de las fotografías que cuelgan en las paredes, muestra a Wendy sonriendo, luciendo un vestido negro y mostrando su diploma de bachiller. Ese día recibió una medalla por ser la mejor de su clase.
Los policías preguntaron a qué se dedican los hijos de los esposos Morales Gálvez. En ese momento, llega Wendy con su novio, Gustavo Martínez, quien también está vinculado a las organizaciones juveniles que promueven los derechos de este sector de la población. La joven se siente sorprendida al ver a los agentes en su sala y dijo que no estaba de acuerdo con la investigación que realizaban.
Después de esto, los policías se quitaron los gorros navarone porque consideraron que no tenían ningún riesgo al mostrar su identidad. Uno de los policías le pidió a Wendy que se sentara en uno de los sillones junto a él. Aceptó que la joven tenía razón, que en esa casa no vendían droga. De inmediato, pidió otra documentación a su compañero y le dijo que habían llegado a su casa porque había una orden de captura en su contra por el delito de extorsión.
“Allí nos cambió la cara a todos. Le dijo, ¿tú hiciste un retiro en Tigo Money en el 2014? Ella respondió que no. Yo le dije que si me podía ir con ella y me dijo que sí. Incluso me dijo que le preparara cosas a mi hija y nos dijo. ‘Créanme que es la primera vez que me siento mal haciendo mi trabajo, porque sé que son personas honestas’, nos dijo; y le preguntó a Wendy ‘¿no has perdido el DUI?’, Sí lo he perdido, lo he extraviado varias veces, he perdido el teléfono, carteras, le dijo mi hija. El policía le dijo ‘¿pusiste denuncia?’ No, le dijo ella. Allí está el problema, dijo otro de los policías. Busquen un buen abogado para que las ayude, nos dijeron”, recapitula Rosa.
Alrededor de las 10:30 de la noche los elementos de la policía se llevaron a Wendy hasta las bartolinas de Osicala para cumplir con una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República. Las pruebas que tiene el Ministerio Público hasta el momento son el testimonio de la víctima 2214 y de la persona que hizo el depósito de $150-identificado como Amapola-; la bitácora de llamadas entre el 7720-6382 y el 7349-3261; y un formulario de prestación del servicio de Tigo Money.
La familia y la defensa de Wendy cuestionan el caso montado por la FGR y la resolución del Juzgado de Jocoaitique que resolvió dejar cuatro meses en prisión a la joven mientras el Ministerio Público fortalece la investigación. La decisión del juzgador se da a pesar de que se presentaron decenas de cartas de instituciones públicas, ONG y otras que mostraban el arraigo de la joven.
“Hubieran investigado bien, si el número estaba al nombre de ella, si lo tenía, porque ella ya no lo tenía. Ese teléfono ella dejó de usarlo, de hecho, hay gente que ha llamado y dicen que está reasignado a otra persona. Yo no recuerdo si lo había dejado de usar o la asaltaron, porque le habían robado el teléfono y la cartera anteriormente”, dice la madre.
Uno de sus abogados, Dennis Muñoz, afirma que en este caso hay una desventaja procesal porque “no es cierto que se esté cumpliendo el principio de igualdad de armas procesales”, ya que la FGR presentó las pruebas en un sobre sellado al que no han tenido acceso.
“Resulta que en su ejercicio de defensa material, Wendy solicitó por medio de un escrito a la Fiscalía para que pidiera a la compañía que mandara el número o el dato en donde se supone que había firmado de recibido. También sería importante tener las ubicaciones de GPS del chip de dónde y cuándo se encontraba. Esto lo hicimos porque Wendy ni si quiera conoce el centro comercial de la ciudad de Soyapango”, manifiesta Muñoz.
Las confusiones e irregularidades de la FGR y la PNC
Los cuestionamientos de la familia Gálvez Morales y la defensa sobre la debilidad de la investigación de la FGR no son las únicas por un caso. Uno de ellos es el de un joven de 23 años llamado Kevin, quien residía en Apopa. El acoso de un agente policial y la fabricación de testigos falsos por parte del Ministerio Público lo llevaron a la cárcel en dos ocasiones con el argumento de que era miembro la pandilla MS.
“Cada tarde que el agente me veía cuando regresaba a mi casa, era registrado y amenazado: Vos sos pandillero, bicho, no digas que no. Me buscaba tatuajes o armas, pero siempre le mostré carnets y distintivos de mis trabajos. Hasta cartas de recomendación llevaba, con la esperanza de convencerlo que no era delincuente. Pero nada cambió”, expresa Kevin.
Asimismo, solo en el municipio de Quezaltepeque se conoce de al menos de tres casos en los que la debilidad institucional de la Fiscalía General de la República y la PNC ha llevado a bartolinas a personas que no están vinculados con los delitos por los que se les acusa.
El primer caso, el 29 de junio de este año. La policía capturó a 15 sujetos acusados de participar en la masacre de nueve personas ocurrida el 30 de marzo de 2015 en un predio de furgones en Quezaltepeque, propiedad vinculada a una organización que se dedica al tráfico de drogas. Entre los capturados estaba, Edgardo L., un joven de 18 años por quien no había orden de captura, pero que residía en la zona en donde se realizó el operativo policial.
Edgardo pasó más de tres días detenido en las bartolinas de Lourdes Colón y posteriormente fue liberado por no tener relación con los delitos por los cuales fue detenido. Después de su liberación, el joven perdió su trabajo en un pequeño restaurante ubicado en este municipio.
El segundo caso es el de Miguel Ángel Deras Martínez, de 22 años —publicado en el periódico digital El Faro—. Él fue acusado por la Fiscalía General de la Republica de haber participado en la masacre de nueve empleados de una compañía eléctrica en San Juan Opico, ocurrida a inicios de este año. Deras Martínez pasó dos meses en las bartolinas de Lourdes porque la PNC y el Ministerio Público lo confundieron con un miembro de la pandilla 18 Revolucionarios.
El último caso es el de Jorge Adalberto Martínez Chávez, quien fue capturado cerca del Parque Infantil de San Salvador, el 25 de abril de este año. La policía arrestó a Martínez por tener el mismo nombre que uno de los 100 pandilleros más buscados por las autoridades. Jorge fue trasladado a las bartolinas de San Luis Talpa. Allí enfermó un mes después y murió custodiado por la PNC en el Hospital Rosales, a la espera de que el juzgado lo liberara.
“Sabemos que Wendy no es la única porque muchas veces hay jóvenes y personas, pero sobre todo la juventud, que está siendo estigmatizada y criminalizada, es la que se ve violentada en este tipo de procesos. No todos tienen el acceso, como en el caso de Wendy, de tener un respaldo organizativo. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que no tienen un poder económico, que no pueden leer, que no pueden escribir, que no se pueden defender?”, expresa el novio de Wendy.
Esta semana la defensa de la joven apelará la decisión ante el Juzgado de Instrucción de Oscila en donde se pedirá que Wendy enfrente el proceso en libertad. Si el juez deniega la petición, la joven tendrá que pasar cuatro meses en las bartolinas de la PNC para que la Fiscalía General de la República investigue más este caso.
*Con reportes de Carlos Mendonza
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