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La trasnacionalización de las organizaciones delictivas llevó a
Estados Unidos a extender su estrategia antidrogas –Iniciativa Mérida–
hasta Centroamérica. En esa región, la existencia de Estados vulnerables
ha permitido el incremento de la actividad pandilleril y, al mismo
tiempo, la presencia notable de agencias estadunidenses, describe Steven
S Dudley en su estudio DTO en Centroamérica: transportistas, cárteles
mexicanos y maras.
Según estimaciones del gobierno estadunidense, el 90 por ciento de
las drogas ilícitas que entran por su frontera Sur pasan a través del
Istmo de América Central y de México. De ese porcentaje, cerca de la
mitad cruza toda Centroamérica, cita el “Tomo I” del informe “Droga y
control químico”, de 2010, que integra el Informe internacional de
control estratégico de narcóticos del Departamento de Estado.
Ante tal escenario, el Congreso estadunidense ha destinado 165
millones de dólares –que representan el 20 por ciento de los recursos
aprobados– para ayudar a esa región a combatir ese problema, señala el
también codirector de InSight, un servicio de observación del crimen
organizado.
A pesar del flujo de esos recursos millonarios, Dudley considera que
los esfuerzos de Estados Unidos y México por combatir a los cárteles de
las drogas “exacerban los problemas para Centroamérica”. “Pese a la
gravedad del problema –señala el especialista– son pocas las
investigaciones transfronterizas o los intercambios internacionales
entre organismos de aplicación de la ley”.
Los casos más agudos de incremento de la ilegalidad se presentan en
Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de tres países próximos a
México con una gran superficie costera –lo que representa un gran
atractivo para las actividades de la delincuencia organizada– que
también tienen grandes “espacios ingobernados”.
Además de la vulnerabilidad geográfica, esos Estados padecen aún las
secuelas de los conflictos armados que se suscitaron en la década de
1980. Ahora se considera que los efectos de esa crisis política, social y
económica pusieron los cimientos para el auge actual del tráfico de
drogas, del lavado de dinero y el contrabando.
Los transportistas
Según indicadores de 2009, a los que se remite el estudio de Steven S
Dudley, Guatemala erradicó un récord de 1 mil 300 hectáreas de amapola.
En contraste, Colombia erradicó 546 hectáreas de ese cultivo. En la
actualidad, aunque la producción guatemalteca de amapola aún está lejos
de la de México, es muy posible que el país centroamericano ya haya
sustituido a Colombia en producción.
Otras drogas se abren paso en Centroamérica. Este año, el gobierno
guatemalteco anunció la incautación de “grandes cantidades” de
seudoefedrina y las autoridades hondureñas incautaron 3 millones de
píldoras de esa sustancia. Por su parte, los gobiernos de Costa Rica y
Panamá se muestran preocupados por el incremento en el consumo de polvo
de cocaína y crack, refiere Dudley.
Ese consumo se relaciona con la actividad de las Organizaciones de
Tráfico de Drogas (DTO, por sus siglas en inglés) que se valen de los
transportistas –grupos que desempeñan un rol central en el tráfico de
drogas– de Honduras y Guatemala. Reciben su paga en producto, ya sea
para que lo distribuyan entre ellos mismos o para que lo dividan entre
las bandas callejeras.
Sin embargo, la principal función de los transportistas en la región
sigue siendo la de recibir, almacenar y transportar a salvo la mariguana
y amapola para producir heroína. Por esa razón, se les conoce en esa
región como transportistas.
Su rol en el tráfico de drogas se consolidó cuando Juan Ramón Matta
Ballesteros –el hondureño que fue extraditado a Estados Unidos, en un
polémico operativo, acusado de introducir droga a ese país– se vinculó
con los grupos criminales de Centroamérica. Paulatinamente, los
transportistas se afirmaron como importadores y proveedores de
ingredientes básicos para producir las drogas sintéticas que se fabrican
en México, Nicaragua y, posiblemente, en Honduras, señala el autor.
Su experiencia como ladrones de automóviles y de ganado o
contrabandistas resultó de utilidad para los colombianos, y ahora para
los mexicanos, aunque trabajan con quien les paga más. Antes de trabajar
con las DTO, movían o vendían sus productos ilícitos con facilidad,
pues tienen pleno conocimiento de las rutas y contactos en los círculos
gubernamentales adecuados.
Los transportistas operan en regiones fronterizas y zonas costeras, e
incluso algunos tienen dos ciudadanías para facilitar su
desplazamiento. Dudley, experto en temáticas centroamericanas, describe
que “algunas fuentes de inteligencia” establecieron el vínculo entre los
transportistas y la nueva clase de terratenientes hondureños, que son
los hijos de grandes propietarios de ganado y otras agroempresas.
Para dar mayor dimensión a sus negocios, esa nueva generación de
ganaderos y agricultores decidió expandirse hacia operaciones que
facilitan el movimiento de las drogas ilegales y al contrabando de
personas. Ese apoyo sería a través de infraestructura, no de personal.
Además de los transportistas, en Honduras operan otros grupos de
cruce en el Sur de Honduras, en el Golfo de Fonseca. También tienen gran
presencia en las costas deshabitadas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
De esos tres países, la mayoría de las actividades de las DTO está en
Panamá, debido a su proximidad con Colombia, mientras que Costa Rica y
Nicaragua aparecen más como centros de almacenamiento de drogas que como
puntos de tránsito.
En síntesis, estos grupos proporcionan inteligencia, almacenamiento
temporal y asistencia para el transporte, incluyendo tráileres o mulas
que llevan las drogas en vuelos comerciales hacia su destino. También,
Panamá y Costa Rica son países que ofrecen atractivos mercados locales,
así como numerosas posibilidades para el lavado de dinero.
Los Intocables
La estrategia de Estados Unidos para frenar, desde Centroamérica, el
flujo de drogas hasta su territorio tiene en Guatemala un esquema muy
particular. Ahí, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),
un cuerpo internacional judicial sancionado por Naciones Unidas, trabaja
con el gobierno estadunidense, investigadores guatemaltecos y la
policía.
Su objetivo es desarrollar y fortalecer células de agentes policiacos
altamente capacitados como fiscales. Ésos son los Intocables –que toman
el nombre del grupo de policías elegidos por su valor e
incorruptibilidad, habilitados como fiscales hacendarios para combatir a
la mafia estadunidense de la década de 1930– y que ahora operan en
Guatemala para combatir el crimen organizado.
El Cicig trabaja con 12 fiscales y 20 policías, sin embargo, parece
más fructífero el esfuerzo de los fiscales que el de la policía. Este
año, 10 elementos policiacos fueron despedidos de la Cicig sin
explicación. Para Steven S Dudley, eventualmente las células de
Intocables dirigirán las nuevas instituciones y conducirán, desde
adentro, la reforma policial de aquel país.
Otra cara de la cooperación estadunidense con los gobiernos
centroamericanos es su apoyo para cambiar sus códigos legales y para
manejar mejores y más modernas técnicas de lucha contra el crimen, como
las escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y el control de los
hombres de los narcóticos, según la investigación DTO en Centroamérica:
transportistas, cárteles mexicanos y maras.
En Honduras, la ley local requiere autorización judicial para toda
intercepción; además, investigadores locales y extranjeros son
contrarios a las intercepciones por las posibles filtraciones de
información. Aun así, el Ministerio de Seguridad Pública afirma que esa
estrategia busca “enviar un mensaje para capturar a los hombres de alto
nivel”.
Esto ocurre a pesar de que la Unidad de Crimen Organizado, de la
Oficina del Procurador General, admitió que no posee el equipo para
hacer esa tarea y lamentó que las compañías telefónicas privadas se lo
nieguen.
También, bajo el esquema de cooperación, el Departamento de Justicia
estadunidense ayudó a diseñar la legislación de Honduras que permitirá a
los jueces “garantizar indulgencia para testigos que cooperen”. Además,
ya comenzó a operar el programa de protección de testigos.
El Departamento de Justicia estadunidense apoya programas de
capacitación en Guatemala para que policías actúen como marshals. Se
trata de un cuerpo considerado como el poder civil del gobierno que
apoya al sistema judicial ejecutando las órdenes de cortes federales.
Además, el Departamento de Justicia asiste en la creación de unidades
de inteligencia financiera en las diferentes fiscalías gubernamentales a
lo largo de la región para encabezar investigaciones locales y
transfronterizas sobre lavado de dinero.
A pesar de esa intensa actividad por parte de instituciones
estadunidenses en la región, las historias de éxitos contra la
delincuencia organizada trasnacional son raras en la región. Según
Dudley, apenas sobresale la Unidad Antisecuestros de El Salvador, que
recibía ayuda del sector privado local: le proporcionaba vehículos
extra, radios y otros equipos.
En años pasados, las pandillas salvadoreñas se enriquecieron por los
rescates que cobraban. Según la policía, durante 2000 se registraron 101
casos de secuestro; en 2004, esa cifra descendió a seis. Después, esa
institución se transformó en la Unidad Antinarcóticos, que ha tenido
menos logros: en 2008, apenas incautaron 26 kilos de cocaína y en 2009,
menos de 2 toneladas métricas.
Cooperación e intereses
Los ejes sobre los que actúan las instituciones estadunidenses en
otros países para extender su seguridad, en este caso Centroamérica, son
la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos 2010 y el Informe
2010 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR,
por sus siglas en inglés).
El primer eje afirma que Estados Unidos fundamenta su seguridad
regional y seguridad en las relaciones con sus aliados; sostiene que su
compromiso por la seguridad de ellos es “inquebrantable”. Se pronuncia
por “cultivar constantemente” esas relaciones no sólo porque son
indispensables para los intereses estadunidenses y para los objetivos de
su seguridad nacional, sino porque “son fundamentales para la seguridad
colectiva”.
Esas alianzas, agrega, son fuerzas multiplicadoras, ya que se
traducen en cooperación multinacional y coordinación para el “mutuo
beneficio”. Admite que, aunque algunas veces Estados Unidos y sus
aliados no coinciden sobre asuntos específicos, siempre actuará con base
“en el mutuo respeto”, para fortalecer el orden internacional que
beneficie a todos los actores internacionales responsables.
El segundo eje, el Informe 2010 sobre la INCSR evalúa la lucha de
cada país contra las drogas. Ahí se describe a El Salvador como un país
de tránsito de cocaína, mariguana y heroína, cuyo gobierno incautó 819
mil dólares en cuentas bancarias sospechosas en 2009.
En junio de ese año, el Grupo Egmont –organismo internacional que
agrupa a las unidades de inteligencia financiera de los países para
intercambio de información estratégica– lo suspendió por falta de
legislación adecuada contra financiamiento al terrorismo. En el otoño de
ese año, la Marina, con auspicio del Grupo Cuscatlán, antinarcóticos
lanzó sus primeras patrullas marítimas contra traficantes de drogas que
transitaban por aguas territoriales salvadoreñas.
Aunque la estrategia antinarcóticos estadunidense 2010 define
Guatemala como el “epicentro” de la amenaza por las drogas, admite que
en 2009 dio pasos positivos para atender el tráfico de drogas. Refiere
que aumentaron las incautaciones de drogas y efectivo, resultado de la
coordinación entre las instituciones gubernamentales y las reformas
legales que dieron lugar a la elección de nuevos jueces de la Suprema
Corte y de la Corte de Apelaciones.
Entre los aspectos negativos, el órgano señala que “regiones enteras
de Guatemala están ahora bajo control de las DTO, además de que
persisten la corrupción e intimidación entre los agentes judiciales.
Afirma que la cooperación con Estados Unidos es “excelente”, pues
proporciona asistencia técnica y capacitación a sus Unidades Especiales
de Policía, así como apoyo en “varios” programas fronterizos.
En 2009, la Agencia Antidrogas y la Sección de Asuntos de Narcóticos
auxiliaron a la Fiscalía General para poner en marcha la Unidad Especial
de Métodos Investigativos, conforme a la Ley de Crimen Organizado. Con
este cuerpo, se podrán hacer “intercepciones telefónicas para fortalecer
el proceso investigativo”. Sólo en 2009, se llevaron a cabo 41 de esas
intercepciones.
Finalmente, la INCSR describe los principales aspectos de la
cooperación estadunidense en Honduras. Indica que las autoridades de ese
país, conjuntamente con agencias estadunidenses, “atendieron
directamente” los casos de trasvase de cocaína “por aire, tierra y mar”
en todo el país durante el segundo semestre de 2009.
Señala que “antes del golpe de Estado del 28 de junio” de ese año, la
creciente cooperación entre la policía y ejército hondureños con las
agencias de Estados Unidos condujo a un número creciente de
incautaciones de cocaína. Admite que “desde el golpe, el despliegue de
las fuerzas de seguridad del régimen de facto hacia la capital disminuyó
la habilidad de la policía y el ejército salvadoreños para luchar
contra el tráfico de drogas”.
En todo caso, hasta comienzos de 2009 “mejoró la coordinación y
comunicación entre las agencias de inteligencia y de aplicación de la
ley” entre ambos países. También, se continúo con la construcción de la
Base Naval en Barras de Caratasca y está programado el comienzo de una
instalación naval en la isla de Guanaja, “tan pronto como la situación
política lo permita”.
Infiltración y fuerzas ocultas
Las Organizaciones de Tráfico de Drogas (DTO, por sus siglas en
inglés) y los transportistas legales ya penetraron, en diferente grado,
importantes porciones del Ministerio del Interior, de Aduanas, la
Procuraduría General, el Tesoro, Aduanas, Ejército, así como los
sistemas penitenciarios y de justicia en Centroamérica. De acuerdo con
Steven S Dudley, son ellos quienes financian las obras públicas y las
campañas políticas.
La habilidad que tienen para infiltrar los gobiernos frustra a las
autoridades locales y desgastan los esfuerzos para detener el desarrollo
de esas organizaciones ilegales. Se afirma que los gobiernos de
Guatemala y Honduras habrían perdido el control sobre amplias franjas de
su territorio.
“No es Somalia, pero usted debe ver cómo funcionan las cosas aquí”,
explicó a Dudley un diplomático extranjero acreditado en Guatemala. Esa
fuente aseguró al investigador que siete provincias de ese país –San
Marcos, Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Izabal, Jutiapa y Zacapa– ya
están fuera del control gubernamental.
Esa pérdida de control del gobierno guatemalteco, dice el codirector
de InSight, también se expresa en el vínculo entre las DTO y los
transportistas con “fuerzas ocultas”, como los llamados Cuerpos Ilegales
y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esos grupos incluyen en
sus filas a exoficiales de las Fuerzas Especiales y funcionarios de alto
nivel; todos ellos, exoperativos de inteligencia del gobierno
(Cofradía).
Ese proceso de infiltración se consumó cuando algunos miembros de los
CIACS se convirtieron en funcionarios. Desde sus cargos, armaron
esquemas para vender al gobierno armas del mercado negro; también
controlan la ingeniería de lucrativos contratos de obras públicas por
una propina.
Los CIACS también emprenden operaciones que ofrecen a otras
organizaciones criminales. Éstas incluyen acceso a inteligencia, armas y
planeación experta, pues, además del narcotráfico, controlan el
contrabando y la venta de pasaportes guatemaltecos.
Por años, las DTO han influido en las Cortes a través de “apoyos” a
los abogados en sus estudios y en sus prácticas legales. Con esas
acciones, los grupos delictivos influyen en el proceso de selección de
jueces en la Corte Suprema y en la Corte de Apelación, así como en la
selección del fiscal General.
Ante este fenómeno, en 2009 se logró bloquear la selección de cinco
jueces señalados de ser patrocinados por los traficantes. Esto se hizo a
través de la gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad
–la unidad de investigación que trabaja con el gobierno de Guatemala en
casos de alto perfil– luego de que tuvo el respaldo de la Organización
de las Naciones Unidas.
Sus relaciones oficiales con la policía ayudan a los DTO a obtener
paso libre para sus drogas. Esto se logra cuando la policía libera los
retenes de zonas custodiadas, les provee de armas y, en ocasiones, hasta
les ofrece escolta armada para que las drogas entren, sean almacenadas y
se muevan con relativa facilidad.
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organización
fuimos enviados para esas tareas internacionales. Prácticamente,
nosotros, los que estábamos acá habíamos definido aquella reunión en el
Externado San José. Así que de no haber sido por esa salida nosotros
hubiéramos estado en esa reunión.
experimentar
en el marco de la Teología de la Liberación; el pueblo salvadoreño,
insisto, estaba organizado en grandes estructuras como movimiento
social; la proximidad, por ejemplo, de movimientos como los campesinos
con los movimientos religiosos, especialmente de la iglesia católica,
las comunidades eclesiales de base y la diseminación de la Teoría de la
Liberación eran bien próximos. En nuestro país sectores fuertes de la
iglesia católica, especialmente, los jesuitas, venían jugando un papel
progresista y de orientación fuerte.
