Fuerza Histórica Latinoamericana
lunes, 20 de mayo de 2013
Dagoberto Gutiérrez: “La escuela de William Huezo es que el sindicalismo es político”
La Escuela de William Huezo, es aquella que invita, que el sindicalista
es político, que la lucha sindical es una lucha política, que la lucha
por el pan por el trabajo por el salario, es una lucha política. Esa es
la escuela, William un sindicalista "Político" y fue un político
"Sindicalista" la lección es que, no se puede separar la lucha sindical
de la lucha política.
Recomendar Imprimir Compartir Comentarios (0) Texto: | Seymour Hersh en el Foro Centroamericano de Periodismo
Los periodistas deben perseguir la historia como animales rabiosos
Seymour Hersh, el mítico periodista estadounidense
que reveló la masacre de My Lai, en Vietnam, a finales de la década de
los sesenta; el mismo que reveló las torturas contra iraquíes en la
cárcel de Abu Ghraib, en Iraq, dio una cátedra de periodismo en el
cierre del Foro Centroamericano de Periodismo que organizó El Faro, la
noche del sábado. Hersh enfatizó en la importancia de la moral, en la
importancia de la lectura y en esa necesidad constante de exigir
rendición de cuentas al poder. "El papel del periodista", dijo Hersh,
"no es ser amigo del poderoso".
Óscar Martínez y Efren Lemus
El faro.net
La noche prometió mucho desde que Anderson dijo las primeras palabras. “Hersh es el periodista que más admiro. Desde que tengo memoria siempre ha tenido el mote de legendario”. Anderson, el autor de libros que marcaron época como La caída de Bagdad o La tumba del león, el más célebre reportero de guerras en África, Medio Oriente y América Latina de la revista periodística más prestigiosa del mundo, The New Yorker, el reportero que “despierta para contar las tempestades de la Tierra”, como lo describió el escritor mexicano Juan Villoro, estaba a punto de entrevistar en público al reportero que él, Jon Lee Anderson, más admira. “Es como si Maradona fuera a entrevistar a… pues al futbolista que más admire”, comparó un joven asistente a la clausura.
Anderson lanzó una pregunta retórica: ¿Vale la pena el periodismo? “Basta con ver su carrera (la de Hersh). My Lai marcó mi generación. Mostró que éramos capaces (los estadounidenses) de hacer cosas tan atroces como los nazis”, continuó Anderson.
La masacre de My Lai ocurrió durante la guerra de Vietnam en marzo de 1968. Una sección del ejército estadounidense llegó a My Lai, una zona vietnamita donde pensaban que encontrarían combatientes vietcong. Sin razón alguna, el segundo teniente William Laws Calley permitió que sus tropas violaran durante más de cuatro horas a las mujeres y niñas del poblado, y arrinconaran después a toda la población. Los acribillaron a todos, mataron al ganado y quemaron las chozas. Se estima que en My Lai fueron masacradas como mínimo 350 personas.
Dos años después de la masacre, cuando la guerra de Vietnam aún continuaba, el joven reportero Hersh, de 32 años, publicó la historia en el diario St. Louis Post Dispatch: “My Lai 4: informe sobre la masacre y sus secuelas”. Hersh reconstruyó con detalle lo que ocurrió en ese lugar, explicó cómo la masacre empezó con un soldado que siguió las órdenes de su teniente de no dejar a ningún vietnamita vivo en ese lugar, y atravesó con su bayoneta a un aldeano al azar, lo lanzó en un pozo y arrojó una granada. Así se inauguró la masacre.
Si bien solo el teniente Calley fue condenado y apenas pasó tres años de arresto domiciliario gracias a un indulto del presidente Richard Nixon, la historia que publicó Hersh dio la vuelta al mundo y empezó a desmantelar el mito de que un ejército libertario peleaba sin descanso contra unos comunistas asesinos. Para muchos, la historia de Hersh fue la primera piedra de una avalancha de desprestigio que luego caería sobre las actividades estadounidenses en Vietnam, y que terminaría sacando a su ejército de ese país en 1975.
“Ahí comenzó a fragmentarse, incluso a morirse el sueño americano, y no nos recuperamos todavía”, dijo Anderson este sábado en San Salvador mientras Hersh escuchaba atento por sus audífonos la traducción al inglés de las palabras de su colega.
Luego, Anderson definió a Hersh como un periodista “muy famoso y muy mal visto por el poder”, y le lanzó la primera pregunta: “¿Cómo aguantar medio siglo sin ser absorbido por el poder?”. A partir de este momento, Hersh empezó su cátedra de periodismo. Clara, directa, enérgica.
“Estamos rodeados de líderes idiotas, criminales que no nos dicen la verdad”, arrancó. “Nuestro trabajo es exigirles cuentas, no ser amigos de los poderosos. Ellos por su cuenta no lo van a hacer (rendir cuentas). Nuestro trabajo es exigir esas cuentas a esa gente que quiere mandar a mi hijo a morir en una guerra sobre la que no me dicen la verdad”, continuó su discurso que muy probablemente hubiera sonrojado a cualquier diplomático estadounidense.
¿Pero cómo encontrar información cuando el periodista es incómodo para las fuentes oficiales, para los gobernantes que se creen dueños del poder? Hersh reveló a los asistentes una de las claves básicas del periodismo: el cultivo de las fuentes. “Hay personas quienes entran, ingresan (al poder estatal) por querer ser buenos, son leales a la Constitución y yo busco a esa gente”. Esa es la razón, dice Hersh, de que no tiene temor a que las fuentes oficiales le cierren la puerta de un portazo y es esa misma razón por la cual no le preocupa hablar –o escribir- mal de ellos.
Las perlas de lo políticamente incorrecto que Hersh lanzó sacaron suspiros al público, y hasta risas nerviosas. Sobre la lógica militar estadounidense en Vietnam dijo: “¿Por qué molestarse en matar a los enemigos cuando puedes matar civiles?”. Sobre la guerra en Iraq dijo: “¿Nos vamos de Iraq después de lo que hicimos? ¿Me están jodiendo?”. Sobre la intervención estadounidense en los conflictos centroamericanos, y particularmente sobre El Salvador, dijo: “Veo que mi país va en una espiral hacia abajo. Yo tengo amigos que pasaron el (año) 82, 83, 84... hicimos cosas muy malas. Aquí pudimos hacer lo que quisimos. ¿Por qué no están enojados con nosotros?”
Un Hersh tranquilo, cómodo ante el auditorio, capaz de detener el relato de los horrores para bromear sobre su capacidad de hablar y hablar y ahondar en detalles como si todo hubiera ocurrido ayer –“¿Ya han tenido suficiente por hoy?”-, absorbió al público.
Con esa memoria prodigiosa, el periodista que anunció con dos años de anticipación la invasión a Iraq de marzo de 2003, el premio Pulitzer, el reportero que trabaja en The New Yorker desde 1993, el que renunció a la prestigiosa agencia Associated Press porque no quisieron publicar su investigación sobre los experimentos estadounidenses con armas biológicas y químicas en diferentes países tercermundistas, rememoró en San Salvador lo que descubrió en Vietnam.
“En una parte del infierno hay un lugar para editores y otro para políticos”. Y luego de rememorar esa eterna disputa entre editores y reporteros, Hersh soltó unas luces para descubrir, para identificar una buena historia: “Quítense del camino de la historia y si es sensacional sale así, cuenten la historia, no la vendan”. Y entonces volvió a recordar detalles de la historia que escribió a finales de la década de los 60, de la masacre de My Lai.
“Todos los niños (soldados estadounidenses) se drogaron. Los oficiales tomaron alcohol y bajo esa combinación se levantaron y fueron a My Lai. Y al llegar encontraron no al enemigo, sino a unas 550 personas comunes, niños, personas desayunando. Todos terminaron en tres fosas, masacrados, incinerados”, dijo.
El relato agobiante, poderoso, continuó y encaminó poco a poco al reportero legendario a las conclusiones con las que quiso cerrar el Foro Centroamericano de Periodismo: “Una madre protegió a su niño adentro de la fosa. El niño salió de la fosa ensangrentado y corrió. Un oficial le disparó en la cabeza. El día siguiente todos dijeron que no pasó nada fuera de lo normal en My Lai”.
Todos, menos el reportero legendario, que durante año y medio persiguió a los oficiales que participaron en la masacre. Habló con negros y latinoamericanos que prefirieron no masacrar aquel día, y se quedaron impávidos ante los que sí masacraron. Conversó con soldados que se dispararon en el pie para que los dejaran salir de aquel infierno. Habló también con soldados que sí dispararon sus fusiles automáticos M1, que sí descargaron las 20 balas de un cargador, y de otro, y de otro, sobre unos cuerpos amontonados en un agujero. Y condujo hasta una granja de pollos cerca de Pearl Harbor para encontrar a Paul Meadlo, un soldado joven que según muchos fue un entusiasta en la masacre, que regresó pronto porque una mina le voló la pierna un día después de masacrar, y que años después admitió públicamente la barbarie; y el reportero legendario escuchó en la granja de pollos a la madre de Meadlo decirle: “Les di a un buen muchacho y me devolvieron a un asesino”.
Cuando terminó, cuando el reportero legendario tuvo su historia, le costó encontrar quién la publicara, pero lo hizo, y en la semana de las publicaciones, más de 50 portadas en el mundo hablaron de la masacre de My Lai, de lo que hizo el ejército, del teniente Calley, del desorientado Meadlo, de la mentira de la guerra buena.
El auditorio del museo que se mantuvo impávido durante toda la alocución de Hersh escuchó entonces la conclusión del legendario reportero en forma de pregunta retórica:
—¿Cómo no querer ser periodista? Podemos hacer un tremendo bien si perseguimos la historia. No puedes obligarlos (a los líderes) a hacer lo correcto, pero puedes hacerles muy difícil, lo más que puedas, hacer lo incorrecto.
Eso sí, solo hay una forma de lograrlo, dijo Hersh:
—Debes salir a perseguir la historia como un animal rabioso.
Y esa historia se debe buscar, dijo Hersh, sin desprenderse de los principios de la moral y de la imperiosa necesidad de que un periodista tenga conocimiento de los hechos noticiosos que informará a su público. “Soy de la vieja escuela de lo moral, creo en lo bueno y en lo malo (…) Primero hay que leer antes de escribir, leer periódicos, leer artículos, prestar atención al mundo”.
La noche del sábado 18 de mayo en San Salvador, Hersh fue una inyección de energía para muchos, unas ganas de seguir, y quizá de perseguir la historia como animales rabiosos.
domingo, 19 de mayo de 2013
Eva Golinger: Poderes y poderío .
Vea mi programa Detrás de la Noticia de hoy, "Club Bilderberg", bases militares de EEUU y el control sobre Internet...
Eva
México: Cómic a favor de la vida ¿Que pasa con la megaminería?
La idea es sembrar preguntas clave que ellos tendrían que hacer y a las cuales tienen derecho a exigir respuesta.
Apoyanos para sacar adelante este proyecto...
Con el lenguaje propio de un cómic, entre una historia de amor y varios frentes de tensión dramática, informaremos a ejidatarios y comuneros, dueños y poseedores de tierras amenazadas por proyectos de mega-minería, acerca de las implicaciones de la decisión que enfrentan al pensar en vender su tierra a las mineras. La idea es sembrar preguntas clave que ellos tendrían que hacer y a las cuales tienen derecho a exigir respuesta.
¿Cómo llega el camarada Fidel Castro al marxismo-leninismo?
El Comandante en Jefe Fidel quedó impactado por la rebelión popular en
abril de 1948 en Bogotá tras el asesinato de Gaytán donde había acudido a
un congreso latinoamericano de estudiantes. A su regreso, dice el
periodista K.S. Karol, se sumergió en la lectura de Lenin y "un poco"
de Marx y estableció amistad con estudiantes comunistas. Con ellos fundó
la Liga antiimperialista "30 de setiembre".
A Fidel le impacta el levantamiento del pueblo colombiano en 1948
Pertenece en 1952 al ala izquierda del partido ortodoxo. El gran e inmortal Fidel narra en la entrevista que le hace Ramonet que cuando era estudiante adquiría las obras clásicas del Marxismo-Leninismo en la librería que tenía el Partido Socialista Popular (nombre que había adoptado el viejo partido comunista cubano por influencia del browderismo) en la calle Carlos III de La Habana. Afirma que para la preparación del asalto al Cuartel Moncada en 1954 los tres dirigentes, él mismo, Jesús Montané Oropesa y Abel Santamaría ya son marxistas convencidos.
Capturado tras el asalto frustrado al cuartel Moncada en 1954, ya es un marxista-leninista convencido
Afirma que él mismo introduce a su hermano de menor edad, Raúl, a las ideas del Marxismo-Leninismo, y que es después cuando éste, actuando de manera autónoma, que decide ingresar en la Juventud Comunista. Fidel reconoce que en la expedición del Granma para liquidar la tiranía lacaya del imperialismo, el hombre con mejor formación marxista-leninista, mejor incluso que la suya, es el Che. Pero no olvidemos que es Fidel quien autoriza el ingreso del Che al grupo revolucionario y quien le da poder y confianza en la toma del poder y después en la construcción socialista. Fidel dice que las ideas de Martí, Marx y Lenin "fueron la materia prima esencial de la Revolución". Cuando en diciembre de 1961 Fidel proclama que la ideologia de la Revolución es el Marxismo-Leninismo ya lleva décadas estudiando a Marx, Engels y Lenin.
A Fidel le impacta el levantamiento del pueblo colombiano en 1948
Pertenece en 1952 al ala izquierda del partido ortodoxo. El gran e inmortal Fidel narra en la entrevista que le hace Ramonet que cuando era estudiante adquiría las obras clásicas del Marxismo-Leninismo en la librería que tenía el Partido Socialista Popular (nombre que había adoptado el viejo partido comunista cubano por influencia del browderismo) en la calle Carlos III de La Habana. Afirma que para la preparación del asalto al Cuartel Moncada en 1954 los tres dirigentes, él mismo, Jesús Montané Oropesa y Abel Santamaría ya son marxistas convencidos.
Capturado tras el asalto frustrado al cuartel Moncada en 1954, ya es un marxista-leninista convencido
Afirma que él mismo introduce a su hermano de menor edad, Raúl, a las ideas del Marxismo-Leninismo, y que es después cuando éste, actuando de manera autónoma, que decide ingresar en la Juventud Comunista. Fidel reconoce que en la expedición del Granma para liquidar la tiranía lacaya del imperialismo, el hombre con mejor formación marxista-leninista, mejor incluso que la suya, es el Che. Pero no olvidemos que es Fidel quien autoriza el ingreso del Che al grupo revolucionario y quien le da poder y confianza en la toma del poder y después en la construcción socialista. Fidel dice que las ideas de Martí, Marx y Lenin "fueron la materia prima esencial de la Revolución". Cuando en diciembre de 1961 Fidel proclama que la ideologia de la Revolución es el Marxismo-Leninismo ya lleva décadas estudiando a Marx, Engels y Lenin.
sábado, 18 de mayo de 2013
MURIÓ VIDELA: Texto sin nombre. Muerto sin lugar
Claudia Korol
Murió un canalla. Un asesino serial. Un genocida. Un criminal. Un culpable de muertes, torturas, exilios, prisiones, violaciones de mujeres, madres sin hijos, hijos e hijas sin padres y madres, niños y niñas expropiados en su identidad. Un fascista de esos que se dicen argentinos.
¿Qué hacer con ese muerto? ¿Qué pedazo de tierra vamos a contaminar con sus desechables restos? ¿Cuánto tiempo dedicaremos a escupir sobre sus palabras dichas en nuestro mismo lenguaje? ¿Qué piquetes haremos en nuestro infierno para que no pueda entrar?
Tendría que existir un no lugar para los tiranos. Una especie de basurero de la historia en el que no haya riesgo de reciclaje. Un lugar donde no tengamos que volver a encontrarlos jamás. Donde ellos definitivamente no estén… entre nosotras y nosotros. Cuando ya por suerte no respiran e infectan nuestro mismo aire, cuando ya no largan su pútrido aliento sobre el oxígeno que nos mantiene vivas… habría que inventar un no espacio para ellos.
Pero sospecho que no. Que ese no lugar no existe. Sospecho que seguirán ensuciando nuestras noches con pesadillas. Sospecho que todos lo “no” que me salen en este texto, son voces escapadas de nuestro espanto.
El canalla murió en la cárcel. Algo es algo, me digo. Pero se llevó pruebas y silencios a su tumba marmolada.
No voy a nombrarlo, me digo. No voy a contaminar mi texto. No quiero compartir ya nuestro lenguaje con el suyo. Es que las palabras no pueden significar lo mismo para ellos y para nosotras. No significan lo mismo, digo.
Pero tal vez sí. Tal vez haya que decir que su apellido es un insulto para la humanidad. Que los niños y niñas que hoy están naciendo, debieran saber algún día, que de las entrañas de una argentinidad fascista que nos espanta, nacieron tantos videlitas que dan asco y miedo… y que eso puede volver a suceder, si no sabemos identificarlos. Que tal vez por eso una y otra vez hay que marcarlos, señalarlos, escracharlos todos los días, si queremos quitarles el poder sobre nuestras vidas.
El canalla murió en la cárcel, como corresponde. En una cárcel común. Pero hay tanto fascista suelto. Y no hablo solamente de los dinosaurios viejos. Hay tanto facho joven. Tanta desmemoria en territorios heridos de nuestra historia cotidiana.
Me cuesta pensar que murió esa pesadilla. Porque la muerte finalmente es parte de la vida. Y la vida es nuestra. El canalla se creyó dios, amo de la vida y de la muerte… pero no. Ni dios ni el papa lo salvaron del final tan ineludible. Murió en la cárcel me digo.
Y no habrá manera de quitarle las rejas de su cuerpo. Porque ni muerto será perdonado. Y porque, aunque ensucie todo lo que toca, tampoco será olvidado. Ni muerto.
Mientras el canalla se pudre en nuestra lastimada memoria… ahí seguimos. En un caminar colectivo, tumultuoso, caótico, fértil. Vamos encendiendo resistencias. 30000 veces 30000. Multiplicando rebeldías. Desmalezando de fachos nuestros territorios. Sacándolos de todos los rincones. Porque “a donde vayan los iremos a buscar”.
Y sembrando nuestro corazón en el camino. Amando definitivamente al pueblo. Hasta la vida siempre.
viernes, 17 de mayo de 2013
Entre el fuego cruzado. Jairo Cerriteño (VIDEO)
En este documental, Jairo Cerriteño muestra todas las caras del conflicto armado que tiene a Michoacán en una situación de ingobernabilidad. Las policías comunitarias de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec acusan a las de Apatzingán, Francisco J. Múgica y Cuatro Caminos de ser en realidad miembros del grupo conocido como “Los Caballeros Templarios”. A su vez, las guardias del segundo grupo de municipios acusan a las de Buenavista y Tepalcatepec de pertenecer al cártel de “Los Zetas”.
Jairo retrata la desolación que el conflicto ha dejado en éstas y otras comunidades, ahora reducidas a ciudades fantasma, plasmando también la pasmosa inoperancia de las autoridades para mantener un nivel mínimo de gobernabilidad. Sin duda alguna, este documental permite una mirada rápida pero profunda a la trágica situación que viven los habitantes de Michoacán, la cual ha sido puntualmente seguida por los corresponsales de REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Sala de lo Constitucional ordena salida de los generales que dirigen Seguridad y la Policía
La sentencia obliga al presidente de la República a nombrar a civiles en sustitución del ministro de Seguridad David Munguía Payés y del director de la PNC, Francisco Salinas. El presidente de la Sala, Salomón Padilla, el único de la cámara no elegido en 2009, se abstuvo de votar. La Sala dijo que los generales, aunque retirados, no pueden ser considerados civiles. El presidente Funes dijo que acatará la sentencia.
Sergio Arauz, Carlos Martínez y José Luis Sanz
elfaro.net
Francisco Salinas a la izquierda, actual director de la PNC y David Munguía, ministro de seguridad. Foto Archivo El Faro
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional firmaron este viernes una sentencia que declara que el nombramiento de los generales David Munguía Payés como ministro de Seguridad, y Francisco Salinas, como director de la Policía Nacional Civil (PNC), violan la Constitución de la República porque esta establece que esos cargos deben ser ocupados por civiles, y los militares retirados no tienen esa calidad.
Los militares de carrera, aunque retirados, no pueden seguir en esos cargos, y los magistrados ordenaron al presidente Mauricio Funes que nombre este mismo día a los sustitutos.
Munguía Payés está cumpliendo este mes un año y medio en el cargo, pues en noviembre de 2011 sustituyó al civil Manuel Melgar. Salinas fue nombrado como director de la Policía en febrero del año pasado.
Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Munguía Payés se encontraba reunido en Casa Presidencial desde la mañana, presumiblemente con el presidente Funes.
La Sala resolvió con el voto de cuatro magistrados -el presidente, Salomón Padilla, se abstuvo- y aceptó los argumentos de los demandantes de que el acuerdo para nombrar a Munguía Payés viola el artículo 159 de la Constitución, que establece la separación entre Defensa y Seguridad Pública, y el de Salinas viola el artículo 168, que prescribe que la Policía Nacional Civil será dirigida por civiles.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 21 de febrero del año pasado por 31 representantes de igual número de organizaciones cívicas que alegaron que el presidente Mauricio Funes burló la Constitución al hacer esos nombramientos.
La Sala estableció que existe una prohibición constitucional de nombrar a un militar como Ministro de Seguridad Pública o como director de la PNC, independientemente del tiempo transcurrido desde su orden de baja. Los magistrados explican que su formación militar es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública proveniente de las reformas constitucionales aprobadas en el marco de los Acuerdos de Paz (artículos 159 y 168 ordinal 17 de la Constitución). En ese sentido, los generales nombrados para los cargos antes señalados, aún cuando han sido dados de baja por el Presidente de la República, conservan su condición de militares, y por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional.
"A la policía corresponde mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad pública; a su cargo está la seguridad pública, cuya política es elaborada justamente por el MJSP. En consecuencia, el contenido del art. 159 inc. 2° Cn. (que distingue al Ministerio de la Defensa Nacional del MJSP) viene determinado por el art. 168 ord. 17° Cn., en el sentido que existe una prohibición constitucional de nombrar como Ministro del MJSP a un militar, de alta o que lo haya estado, con independencia del tiempo que haya transcurrido luego de su inactividad, precisamente por su formación militar que es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública", establece la sentencia.
Dice el comunicado oficial emitido por la Sala: "El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el del Director General de la PNC. El Presidente de la República deberá proceder a nombrar a autoridades civiles quienes habrán de sustituirles, cumpliendo con los requisitos y las condiciones constitucionales que garanticen la separación orgánica, funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública."
Los magistrados disponen que Funes nombre hoy mismo a los relevos de Munguía Payés y Salinas.
Los peticionarios, entre los que figuran dirigentes de organizaciones cívicas de todo signo ideológico, incluidos exguerrilleros, alegaron que el nombramiento de ambos generales constituye un “fraude” a la Constitución debido a que Munguía Payés y Salinas siguen siendo militares, ya que la condición de retiro que ambos funcionarios gozan no asegura que estos hayan terminado su carrera militar.
Otro argumento era que los ex funcionarios del Ministerio de Defensa pasaron a situación de retiro justamente para saltarse un obstáculo constitucional y ser nombrados en los nuevos cargos. El artículo 159 de la Constitución en su inciso segundo exige que Seguridad Pública y la Defensa Nacional estén adscritas a ministerios diferentes y que la Policía Nacional Civil tenga independencia de la Fuerza Armada. En su resolución de admisión, el año pasado, los magistrados habían resumido: “De acuerdo con lo que exponen los actores, los acuerdos ejecutivos citados infringen: (i) la separación de funciones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública –art. 159 inc. 2° Cn.–, (ii) la independencia de la Policía Nacional Civil con respecto a la Fuerza Armada –art. 159 inc. 2° Cn.–, y (iii) el mandato constitucional consistente en que la dirección de la Policía Nacional Civil esté bajo la dirección de autoridades civiles –art. 168 atrib. 17ª Cn.–.”
Desde su llegada al cargo, en noviembre de 2011, Munguía Payés fue señalado por organizaciones civiles como la figura que evidenciaba la militarización de la seguridad pública. Las críticas arreciaron cuando en febrero de 2012, el presidente nombró como director de la Policía a Salinas. El gobernante, no obstante, rechazó siempre los señalamientos, con dos argumentos: uno, que la acusación de violaciones a los Acuerdos de Paz carecían de sustento porque en ninguna parte estos proscribían a los militares de esos cargos. El otro era que ya debaja, los generales se convertían en civiles.
Los magistrados contradicen al presidente, y alegan que incluso en su intervención en el proceso, Funes reconoce el carácter militar de los funcionarios. "A juicio de la autoridad demandada (el presidente Funes), lo importante es determinar si el general Munguía Payés es militar activo o de baja, para lo cual acude a algunas disposiciones de la Ley de la Carrera Militar y de su Reglamento. El argumento del Presidente de la República no es atendible, por dos razones: (a) es impertinente; y (b) desconoce la fuerza pasiva de la Constitución. La apreciación de la autoridad demandada es impertinente, porque no guarda una auténtica relación con la primera cuestión relevante que debe ser dilucidada. Lo esencial en esto es saber si el general Munguía Payés es o no militar, no cuál es o fue el escalafón, la situación o la calidad que tiene o tuvo dentro del estamento militar".
Esta tarde, el presidente Funes, por medio de su secretario de Comunicaciones, David Rivas, informó que acatará la sentencia y que se apresta a nombrar a otras personas en sustitución de Munguía Payés y Salinas. Rivas dijo que "en los próximos días" estarán nombrados los funcionario sustitutos.
El gobierno de Funes, el primero de izquierdas en la historia salvadoreña, vino a ser, paradójicamente, el que mayor relevancia dio a los militares desde la firma de la paz. Aparte del nombramiento de los dos generales, no solo decidió aumentar el papel del ejército en labores de seguridad pública como apoyo a la PNC, sino que también destinó a la Fuerza Armada para custodiar los centros penitenciarios.
Munguía Payés, quien cuando tomó el Ministerio prometió mano dura, con los meses se reveló como el autor intelectual de la tregua entre pandillas. Tal como él mismo admitió a El Faro, fue en su despacho donde se gestó la estrategia que llevó a la negociación en la que el gobierno consiguió que las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18 acordaran pactar una tregua entre ellas, con el propósito de reducir los homicidios en el país a cambio de una serie de beneficios penitenciarios. El primero de esos beneficios consistió en trasladar a 30 líderes pandilleros del penal de máxima seguridad a otros de menor rigor. En la práctica el operador de esta tregua es Raúl Mijango, amigo y exasesor de Munguía Payés.
La sentencia es sumamente relevante para la tregua, porque la decisión de promoverla y mantenerla ha sido de Munguía Payés. Habrá que ver si su sucesor opta por seguir en esa vía o si anula el estatus especial que permite el proceso, aunque eso ha supuesto que las autoridades violen la Ley de Proscripción de Pandillas al abstenerse de hacer capturas de pandilleros. Asimismo, si se mantiene la disposición de apoyar la tregua, habría que ver si el nuevo ministro mantiene la interlocución de Raúl Mijango, en su rol de mediador entre las pandillas y el gobierno.
"En conclusión, el efecto inmediato de la presente sentencia consiste, entonces, en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Victoriano Munguía Payés, y el Director General de la Policía Nacional Civil, general Francisco Ramón Salinas Rivera, por contravenir a los arts. 159 inc. 2° y 168 ord. 17° Cn.; y por lo tanto, deberá procederse a nombrar a funcionarios civiles, quienes habrán de sustituirles, cumpliendo los requisitos constitucionales y las condiciones que garanticen la separación orgánica, funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública. Sin embargo, los actos jurídicos y administrativos realizados por los mencionados generales, son válidos", dijeron los magistrados en la sentencia.
Al ser consultado tras la sentencia, Mijango dijo que esta sentencia busca boicotear la tregua: "En toda guerra hay bajas. Se han confabulado distintos actores para hacer fracasar este proceso y la resolución de la Corte va en esa dirección en el mal entendido de que la tregua depende exclusivamente de ellos. Ciertamente son bajas sensibles pero no depende solo de ellos". Mijango admite que esta decisión puede poner en aprietos operativos al proceso y le pide al presidente que nombre a sucesores que estén en sintonía con el mismo.
Responsables de prensa del Ministerio de Seguridad confirman que David Munguía Payés pasó toda la mañana de este viernes reunido con el presidente Funes en Casa Presidencial, "probablemente" discutiendo los efectos de esta resolución, cuyo contenido se había filtrado de forma extraoficial en las 24 horas anteriores. En la reunión también estuvo presente el fiscal general de la República, Luis Martínez.
La Sala, o mejor dicho los cuatro magistrados constitucionalistas nombrados por la Asamblea en 2009, se han caracterizado por resolver con cuatro votos de cinco posibles viejas demandas que habían estado engavetadas durante administraciones anteriores y que atacaban, entre otros, puntos neurálgicos del poder de los partidos políticos y de la Presidencia de la República. En julio de 2010 la Sala habilitó las candidaturas independientes y declaró inconstitucional el sistema de otorgamiento de escaños legislativos porque en la práctica eran las cúpulas partidarias las que nombraban a los parlamentarios. Eso permitió que por primera vez el pasado 11 de marzo de 2012 los salvadoreños pudieran votar directamente por candidatos a diputados, y no solo por bandera, como ocurría antes. En la papeleta de votación por primera vez, aparte de los símbolos de los partidos, había fotografías de los candidatos, y había candidatos a diputados no partidarios.
Otras sentencias golpearon al poder de los grandes medios de comunicación. Los cuatro magistrados resolvieron que era inconstituconal una disposición del Código Penal que favorecía a los periodistas o a los medios de comunicación en casos de delitos contra el honor. El artículo 191 del Código Penal establecía cárcel para los delitos de difamación, calumnia e injurias, siempre y cuando estos no fueran cometidos por periodistas, editores, jefes de redacción, dueños de medios de comunicación, editorialistas o columnistas. Los magistrados resolvieron que esa disposición violaba el principio de igualdad.
En 2010 también emitieron una sentencia que golpeó una vieja práctica por la cual la Presidencia de la República burlaba los controles legislativos en el manejo del presupuesto de la nación. Hasta entonces, el Ministerio de Hacienda estaba facultado por la Asamblea Legislativa en las leyes de presupuesto a hacer transferencias de recursos financieros entre instituciones del Ejecutivo sin la aprobación de los diputados. Esa facultad le permitía a la Presidencia de la República multiplicar sus recursos financieros. Simultáneamente, la Sala determinó que cualquier partida presupuestaria de índole secreta violaba la Constitución, con lo que los magistrados dejaron al Ejecutivo sin otra herramienta de operaciones políticas que le permitía usar fondos públicos prácticamente sin rendir cuenta sobre el destino del dinero.
Si la sentencia sobre las candidaturas independientes y el voto por rostro causaron la ira de los partidos políticos y las primeras amenazas de destitución de los magistrados por parte de los legisladores, las sentencias sobre el manejo del presupuesto por parte de la Presidencia de la República derivaron en una operación conjunta que Asamblea Legislativa y Ejecutivo concretaron en junio de 2011. El día 2, todos los partidos de derecha impulsaron un decreto legislativo para obligar a la Sala a emitir inconstitucionalidades solo por unanimidad, es decir, con el voto de los cinco magistrados. El decreto, conocido como 743, emitido sorpresivamente la noche de un jueves, prácticamente amaneció firmado el viernes por el presidente Funes. Esto abrió una gran crisis institucional que ha tenido a los magistrados bajo permanente presión de diputados y Funes para que resuelva en el sentido que ellos pretenden las demandas que van recibiendo. El decreto del 2 de junio de 2011 fue el número 743, y al momento de su aprobación el FMLN se abstuvo de votar.
Dos diputados efemelenistas de alto nivel, los diputados Sigfrido Reyes y Roberto Lorenzana, alegaron que el decreto 743 era un golpe a la democracia y un ataque a la independencia de poderes. Paradójicamente, luego Arena se retractó de la medida y el FMLN se convirtió en su principal defensor.
Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial un día después de su emisión. El proceso de formación de una ley, por lo general, tarda un poco menos de un mes. En ese momento, Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena, dijo que sus votos estuvieron basados en rumores y en información falsa. "Es que la información que teníamos nos decía que los magistrados declararían inconstitucional la Ley de Amnistía, ahora ya tenemos claro que no es así", dijo Velado. Una semana después del sorpresivo decreto para maniatar a la Sala de lo Constitucional, el FMLN, que se había abstenido de apoyarlo, pidió que los magistrados lo obedecieran.
El bloque de diputados más recalcitrantes en sus discursos anti Sala de lo Constitucional lo encabezan ahora el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y uno lo principales líderes de Gana, Guillermo Gallegos.
La Sala estableció que ser militar no es un impedimento para llegar a los cargos más relevantes en el área de Seguridad Pública, pero dictan los criterios que permitirían salvar la inhabilitación constitucional: el paso por la Academia de Seguridad Pública. "Sin embargo, es posible reconocer una matización del criterio anterior para aquellos casos en los que el militar renuncie a su cargo y se someta a las directrices educativas de la formación civil que inspiran las labores de seguridad pública; es decir, su paso por la Academia Nacional de Seguridad Pública."
Un funcionario que está informado sobre la situación en Casa Presidencial y que pidió el anonimato porque no está autorizado para revelarlo, aseguró a El Faro que el presidente Funes valora como opción para el cargo de director de la PNC al economista Ricardo Perdomo, quien es el director del Organismo de Inteligencia del Estado, y al viceministro de Seguridad Douglas Moreno para tomar las riendas del Ministerio.
En la Asamblea Legislativa, Arena y FMLN reaccionaron con cautela y moderación. Donato Vaquerano, jefe de los diputados areneros, dijo que aunque su partido no ha discutido esta situación, sí, tienen claro que las sentencias de la Sala deben respetarse. Benito Lara, del FMLN, también habló de la necesidad de que el presidente acate la sentencia. Cuestionó el momento en el que surge la resolución dado que, según él, hay buenos resultados en la reducción de homicidios. “Me llama la atención que justo en este momento los cuatro magistrado de la Sala deciden dejar sin cabeza al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional”, dijo. Los homicidios, sin embargo, cayeron drásticamente a la baja hace más de un año, cuando inició la tregua, en marzo de 2012.
Aún así, Lara dijo que su partido no ha tomado una postura oficial respecto al fallo. “Lo del FMLN hemos dicho que hay resultados que no nos parecen pero que hay que acatar las sentencias. Yo creo que esta resolución hay que acatarla”, dijo, agregó que los diputados efemelenistas no ha pensado en acciones que pudieran desintegrar la Sala, como ya lo intentaron en los dos años anteriores.
En Gana, el diputado Guillermo Gallegos dijo que entendía la sentencia en el caso del director de la Policía, pero en el del nombramiento de Munguía Payés le parecía un abuso, aunque no explicó por qué lo consideraba así.
Sergio Arauz, Carlos Martínez y José Luis Sanz
elfaro.net
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional firmaron este viernes una sentencia que declara que el nombramiento de los generales David Munguía Payés como ministro de Seguridad, y Francisco Salinas, como director de la Policía Nacional Civil (PNC), violan la Constitución de la República porque esta establece que esos cargos deben ser ocupados por civiles, y los militares retirados no tienen esa calidad.
Los militares de carrera, aunque retirados, no pueden seguir en esos cargos, y los magistrados ordenaron al presidente Mauricio Funes que nombre este mismo día a los sustitutos.
Munguía Payés está cumpliendo este mes un año y medio en el cargo, pues en noviembre de 2011 sustituyó al civil Manuel Melgar. Salinas fue nombrado como director de la Policía en febrero del año pasado.
Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Munguía Payés se encontraba reunido en Casa Presidencial desde la mañana, presumiblemente con el presidente Funes.
La Sala resolvió con el voto de cuatro magistrados -el presidente, Salomón Padilla, se abstuvo- y aceptó los argumentos de los demandantes de que el acuerdo para nombrar a Munguía Payés viola el artículo 159 de la Constitución, que establece la separación entre Defensa y Seguridad Pública, y el de Salinas viola el artículo 168, que prescribe que la Policía Nacional Civil será dirigida por civiles.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 21 de febrero del año pasado por 31 representantes de igual número de organizaciones cívicas que alegaron que el presidente Mauricio Funes burló la Constitución al hacer esos nombramientos.
La Sala estableció que existe una prohibición constitucional de nombrar a un militar como Ministro de Seguridad Pública o como director de la PNC, independientemente del tiempo transcurrido desde su orden de baja. Los magistrados explican que su formación militar es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública proveniente de las reformas constitucionales aprobadas en el marco de los Acuerdos de Paz (artículos 159 y 168 ordinal 17 de la Constitución). En ese sentido, los generales nombrados para los cargos antes señalados, aún cuando han sido dados de baja por el Presidente de la República, conservan su condición de militares, y por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional.
"A la policía corresponde mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad pública; a su cargo está la seguridad pública, cuya política es elaborada justamente por el MJSP. En consecuencia, el contenido del art. 159 inc. 2° Cn. (que distingue al Ministerio de la Defensa Nacional del MJSP) viene determinado por el art. 168 ord. 17° Cn., en el sentido que existe una prohibición constitucional de nombrar como Ministro del MJSP a un militar, de alta o que lo haya estado, con independencia del tiempo que haya transcurrido luego de su inactividad, precisamente por su formación militar que es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública", establece la sentencia.
Dice el comunicado oficial emitido por la Sala: "El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el del Director General de la PNC. El Presidente de la República deberá proceder a nombrar a autoridades civiles quienes habrán de sustituirles, cumpliendo con los requisitos y las condiciones constitucionales que garanticen la separación orgánica, funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública."
Los magistrados disponen que Funes nombre hoy mismo a los relevos de Munguía Payés y Salinas.
Los peticionarios, entre los que figuran dirigentes de organizaciones cívicas de todo signo ideológico, incluidos exguerrilleros, alegaron que el nombramiento de ambos generales constituye un “fraude” a la Constitución debido a que Munguía Payés y Salinas siguen siendo militares, ya que la condición de retiro que ambos funcionarios gozan no asegura que estos hayan terminado su carrera militar.
Otro argumento era que los ex funcionarios del Ministerio de Defensa pasaron a situación de retiro justamente para saltarse un obstáculo constitucional y ser nombrados en los nuevos cargos. El artículo 159 de la Constitución en su inciso segundo exige que Seguridad Pública y la Defensa Nacional estén adscritas a ministerios diferentes y que la Policía Nacional Civil tenga independencia de la Fuerza Armada. En su resolución de admisión, el año pasado, los magistrados habían resumido: “De acuerdo con lo que exponen los actores, los acuerdos ejecutivos citados infringen: (i) la separación de funciones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública –art. 159 inc. 2° Cn.–, (ii) la independencia de la Policía Nacional Civil con respecto a la Fuerza Armada –art. 159 inc. 2° Cn.–, y (iii) el mandato constitucional consistente en que la dirección de la Policía Nacional Civil esté bajo la dirección de autoridades civiles –art. 168 atrib. 17ª Cn.–.”
Desde su llegada al cargo, en noviembre de 2011, Munguía Payés fue señalado por organizaciones civiles como la figura que evidenciaba la militarización de la seguridad pública. Las críticas arreciaron cuando en febrero de 2012, el presidente nombró como director de la Policía a Salinas. El gobernante, no obstante, rechazó siempre los señalamientos, con dos argumentos: uno, que la acusación de violaciones a los Acuerdos de Paz carecían de sustento porque en ninguna parte estos proscribían a los militares de esos cargos. El otro era que ya debaja, los generales se convertían en civiles.
Los magistrados contradicen al presidente, y alegan que incluso en su intervención en el proceso, Funes reconoce el carácter militar de los funcionarios. "A juicio de la autoridad demandada (el presidente Funes), lo importante es determinar si el general Munguía Payés es militar activo o de baja, para lo cual acude a algunas disposiciones de la Ley de la Carrera Militar y de su Reglamento. El argumento del Presidente de la República no es atendible, por dos razones: (a) es impertinente; y (b) desconoce la fuerza pasiva de la Constitución. La apreciación de la autoridad demandada es impertinente, porque no guarda una auténtica relación con la primera cuestión relevante que debe ser dilucidada. Lo esencial en esto es saber si el general Munguía Payés es o no militar, no cuál es o fue el escalafón, la situación o la calidad que tiene o tuvo dentro del estamento militar".
Esta tarde, el presidente Funes, por medio de su secretario de Comunicaciones, David Rivas, informó que acatará la sentencia y que se apresta a nombrar a otras personas en sustitución de Munguía Payés y Salinas. Rivas dijo que "en los próximos días" estarán nombrados los funcionario sustitutos.
El gobierno de Funes, el primero de izquierdas en la historia salvadoreña, vino a ser, paradójicamente, el que mayor relevancia dio a los militares desde la firma de la paz. Aparte del nombramiento de los dos generales, no solo decidió aumentar el papel del ejército en labores de seguridad pública como apoyo a la PNC, sino que también destinó a la Fuerza Armada para custodiar los centros penitenciarios.
Munguía Payés, quien cuando tomó el Ministerio prometió mano dura, con los meses se reveló como el autor intelectual de la tregua entre pandillas. Tal como él mismo admitió a El Faro, fue en su despacho donde se gestó la estrategia que llevó a la negociación en la que el gobierno consiguió que las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18 acordaran pactar una tregua entre ellas, con el propósito de reducir los homicidios en el país a cambio de una serie de beneficios penitenciarios. El primero de esos beneficios consistió en trasladar a 30 líderes pandilleros del penal de máxima seguridad a otros de menor rigor. En la práctica el operador de esta tregua es Raúl Mijango, amigo y exasesor de Munguía Payés.
La sentencia es sumamente relevante para la tregua, porque la decisión de promoverla y mantenerla ha sido de Munguía Payés. Habrá que ver si su sucesor opta por seguir en esa vía o si anula el estatus especial que permite el proceso, aunque eso ha supuesto que las autoridades violen la Ley de Proscripción de Pandillas al abstenerse de hacer capturas de pandilleros. Asimismo, si se mantiene la disposición de apoyar la tregua, habría que ver si el nuevo ministro mantiene la interlocución de Raúl Mijango, en su rol de mediador entre las pandillas y el gobierno.
"En conclusión, el efecto inmediato de la presente sentencia consiste, entonces, en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Victoriano Munguía Payés, y el Director General de la Policía Nacional Civil, general Francisco Ramón Salinas Rivera, por contravenir a los arts. 159 inc. 2° y 168 ord. 17° Cn.; y por lo tanto, deberá procederse a nombrar a funcionarios civiles, quienes habrán de sustituirles, cumpliendo los requisitos constitucionales y las condiciones que garanticen la separación orgánica, funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública. Sin embargo, los actos jurídicos y administrativos realizados por los mencionados generales, son válidos", dijeron los magistrados en la sentencia.
Al ser consultado tras la sentencia, Mijango dijo que esta sentencia busca boicotear la tregua: "En toda guerra hay bajas. Se han confabulado distintos actores para hacer fracasar este proceso y la resolución de la Corte va en esa dirección en el mal entendido de que la tregua depende exclusivamente de ellos. Ciertamente son bajas sensibles pero no depende solo de ellos". Mijango admite que esta decisión puede poner en aprietos operativos al proceso y le pide al presidente que nombre a sucesores que estén en sintonía con el mismo.
Responsables de prensa del Ministerio de Seguridad confirman que David Munguía Payés pasó toda la mañana de este viernes reunido con el presidente Funes en Casa Presidencial, "probablemente" discutiendo los efectos de esta resolución, cuyo contenido se había filtrado de forma extraoficial en las 24 horas anteriores. En la reunión también estuvo presente el fiscal general de la República, Luis Martínez.
La Sala, o mejor dicho los cuatro magistrados constitucionalistas nombrados por la Asamblea en 2009, se han caracterizado por resolver con cuatro votos de cinco posibles viejas demandas que habían estado engavetadas durante administraciones anteriores y que atacaban, entre otros, puntos neurálgicos del poder de los partidos políticos y de la Presidencia de la República. En julio de 2010 la Sala habilitó las candidaturas independientes y declaró inconstitucional el sistema de otorgamiento de escaños legislativos porque en la práctica eran las cúpulas partidarias las que nombraban a los parlamentarios. Eso permitió que por primera vez el pasado 11 de marzo de 2012 los salvadoreños pudieran votar directamente por candidatos a diputados, y no solo por bandera, como ocurría antes. En la papeleta de votación por primera vez, aparte de los símbolos de los partidos, había fotografías de los candidatos, y había candidatos a diputados no partidarios.
Otras sentencias golpearon al poder de los grandes medios de comunicación. Los cuatro magistrados resolvieron que era inconstituconal una disposición del Código Penal que favorecía a los periodistas o a los medios de comunicación en casos de delitos contra el honor. El artículo 191 del Código Penal establecía cárcel para los delitos de difamación, calumnia e injurias, siempre y cuando estos no fueran cometidos por periodistas, editores, jefes de redacción, dueños de medios de comunicación, editorialistas o columnistas. Los magistrados resolvieron que esa disposición violaba el principio de igualdad.
En 2010 también emitieron una sentencia que golpeó una vieja práctica por la cual la Presidencia de la República burlaba los controles legislativos en el manejo del presupuesto de la nación. Hasta entonces, el Ministerio de Hacienda estaba facultado por la Asamblea Legislativa en las leyes de presupuesto a hacer transferencias de recursos financieros entre instituciones del Ejecutivo sin la aprobación de los diputados. Esa facultad le permitía a la Presidencia de la República multiplicar sus recursos financieros. Simultáneamente, la Sala determinó que cualquier partida presupuestaria de índole secreta violaba la Constitución, con lo que los magistrados dejaron al Ejecutivo sin otra herramienta de operaciones políticas que le permitía usar fondos públicos prácticamente sin rendir cuenta sobre el destino del dinero.
Si la sentencia sobre las candidaturas independientes y el voto por rostro causaron la ira de los partidos políticos y las primeras amenazas de destitución de los magistrados por parte de los legisladores, las sentencias sobre el manejo del presupuesto por parte de la Presidencia de la República derivaron en una operación conjunta que Asamblea Legislativa y Ejecutivo concretaron en junio de 2011. El día 2, todos los partidos de derecha impulsaron un decreto legislativo para obligar a la Sala a emitir inconstitucionalidades solo por unanimidad, es decir, con el voto de los cinco magistrados. El decreto, conocido como 743, emitido sorpresivamente la noche de un jueves, prácticamente amaneció firmado el viernes por el presidente Funes. Esto abrió una gran crisis institucional que ha tenido a los magistrados bajo permanente presión de diputados y Funes para que resuelva en el sentido que ellos pretenden las demandas que van recibiendo. El decreto del 2 de junio de 2011 fue el número 743, y al momento de su aprobación el FMLN se abstuvo de votar.
Dos diputados efemelenistas de alto nivel, los diputados Sigfrido Reyes y Roberto Lorenzana, alegaron que el decreto 743 era un golpe a la democracia y un ataque a la independencia de poderes. Paradójicamente, luego Arena se retractó de la medida y el FMLN se convirtió en su principal defensor.
Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial un día después de su emisión. El proceso de formación de una ley, por lo general, tarda un poco menos de un mes. En ese momento, Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena, dijo que sus votos estuvieron basados en rumores y en información falsa. "Es que la información que teníamos nos decía que los magistrados declararían inconstitucional la Ley de Amnistía, ahora ya tenemos claro que no es así", dijo Velado. Una semana después del sorpresivo decreto para maniatar a la Sala de lo Constitucional, el FMLN, que se había abstenido de apoyarlo, pidió que los magistrados lo obedecieran.
El bloque de diputados más recalcitrantes en sus discursos anti Sala de lo Constitucional lo encabezan ahora el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, y uno lo principales líderes de Gana, Guillermo Gallegos.
La Sala estableció que ser militar no es un impedimento para llegar a los cargos más relevantes en el área de Seguridad Pública, pero dictan los criterios que permitirían salvar la inhabilitación constitucional: el paso por la Academia de Seguridad Pública. "Sin embargo, es posible reconocer una matización del criterio anterior para aquellos casos en los que el militar renuncie a su cargo y se someta a las directrices educativas de la formación civil que inspiran las labores de seguridad pública; es decir, su paso por la Academia Nacional de Seguridad Pública."
Un funcionario que está informado sobre la situación en Casa Presidencial y que pidió el anonimato porque no está autorizado para revelarlo, aseguró a El Faro que el presidente Funes valora como opción para el cargo de director de la PNC al economista Ricardo Perdomo, quien es el director del Organismo de Inteligencia del Estado, y al viceministro de Seguridad Douglas Moreno para tomar las riendas del Ministerio.
En la Asamblea Legislativa, Arena y FMLN reaccionaron con cautela y moderación. Donato Vaquerano, jefe de los diputados areneros, dijo que aunque su partido no ha discutido esta situación, sí, tienen claro que las sentencias de la Sala deben respetarse. Benito Lara, del FMLN, también habló de la necesidad de que el presidente acate la sentencia. Cuestionó el momento en el que surge la resolución dado que, según él, hay buenos resultados en la reducción de homicidios. “Me llama la atención que justo en este momento los cuatro magistrado de la Sala deciden dejar sin cabeza al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional”, dijo. Los homicidios, sin embargo, cayeron drásticamente a la baja hace más de un año, cuando inició la tregua, en marzo de 2012.
Aún así, Lara dijo que su partido no ha tomado una postura oficial respecto al fallo. “Lo del FMLN hemos dicho que hay resultados que no nos parecen pero que hay que acatar las sentencias. Yo creo que esta resolución hay que acatarla”, dijo, agregó que los diputados efemelenistas no ha pensado en acciones que pudieran desintegrar la Sala, como ya lo intentaron en los dos años anteriores.
En Gana, el diputado Guillermo Gallegos dijo que entendía la sentencia en el caso del director de la Policía, pero en el del nombramiento de Munguía Payés le parecía un abuso, aunque no explicó por qué lo consideraba así.
Libros imprescindibles
ARGENPRESS CULTURAL
Argenpress Cultural pone a disposición del lector algunos libros cuya lectura consideramos imprescindible dentro del campo amplio de las “humanidades”, o si se prefiere, de las ciencias sociales.
Hay de todo un poco: clásicos de la filosofía, de la política, de la semiótica. Esperamos con esto brindar una biblioteca mínima en el campo social que permita tener instrumentos con los cuales leer nuestra compleja realidad; y no sólo “leerla” sino, como dijo algún clásico hoy algo pretendidamente “pasado de moda”, transformarla.
Hoy dejamos un clásico del psicoanálisis, su obra fundacional, y a decir de su autor, la más importante de esta ciencia: “La interpretación de los sueños”, de Sigmund Freud.
¡Feliz lectura!
Descargar el texto desde aquí.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Fuerza Histórica Latinoamericana
DONALD TRUMP, EL GORBACHOV DE NORTEAMÉRICA: ASÍ SE FRACTURA EL IMPERIO DESDE DENTRO
Razones de Cuba Desde La Habana, donde hemos visto caer imperios a lo largo de 500 años, la situación de Estados Unidos en junio de 20...
-
Roberto Pineda 11. James Hill. (1889*…..1951) Llega a El Salvador en 1889 y se casa con Dolores Bernal Nájera. En 1890 funda la finca ca...
-
Roberto Pineda La oligarquía salvadoreña, formada hace más de un siglo, a través del cultivo y exportación del café; el control del ap...
-
Originario de Santa Elena, departamento de Usulután. Muy joven el compañero se incorporó a la lucha clandestina con tra la dictadu...
