Autor: Elaine Freedman
“Ya van quince meses y el gobierno de Mauricio Funes no ha hecho
ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la está ganando”. Son
palabras de Roberto Kriete, Presidente de la línea aérea TACA, a su
regreso del viaje a Brasil, invitado por el Presidente, junto a otros
grandes empresarios. ¿Qué resultados tendrán las “amistades peligrosas”
de Funes con el empresariado nacional? ¿Qué significará para el país la
“confianza” que ha despertado en el empresariado? La crisis
empresarios-gobierno en El Salvador está superada, declaró Carlos
Enrique Araujo, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP) a un diario matutino después de su reciente gira a
Brasil, primer viaje conjunto del Presidente Mauricio Funes con una
delegación empresarial, práctica que fue habitual durante los gobiernos
de ARENA.
COSTOS DE GUERRA: REFORMAS A REGAÑADIENTES
El concepto “crisis empresarios-gobierno” es una novedad en este país, donde históricamente ha costado más identificar fronteras entre los intereses empresariales y gubernamentales que los posibles puntos de diferencia.
Durante la guerra de doce años y por necesidad de los planes contrainsurgentes, los gobiernos tomaron ciertas medidas que objetivamente afectaban los intereses empresariales. La Reforma Agraria, la nacionalización de importantes sectores de la economía -la banca, el comercio exterior y la gran mayoría de los procesos agroindustriales como los beneficios de café y los ingenios de azúcar- fueron las principales medidas. Aunque hubo leves protestas de algunos sectores duros de la burguesía salvadoreña, su bloque más liberal tenía claridad: eran concesiones necesarias para mantener mínima simpatía en parte de la población y contrarrestar el avance del FMLN. Apoyaron, a regañadientes, medidas reformistas que afectaban su economía, pero que les salvaban de un “mal mayor”: que se hiciera realidad una revolución.
REFORMAS REVERTIDAS A VELOCIDAD
20 años de gobiernos del partido ARENA fueron suficientes para revertir todas las medidas tomadas desde esta perspectiva en los años 80.
El primer Presidente surgido de ARENA era uno de los mayores empresarios del país y a nadie se le ocurrió hablar de “Cristiani-Presidente” y “Cristiani-Empresario” como si hubiera diferencias. Las primeras medidas el gobierno de Cristiani (1989-1994) fueron privatizar la exportación del café y el azúcar, la importación de petróleo, un hotel estatal (el Presidente) y las consultas médicas externas del seguro social. Pronto siguieron la privatización del mercado de dólares y la de la banca, que fue la medida de mayor envergadura y mayor impacto.
Después de Cristiani vino Calderón Sol (1994-1999) con su propio paquete. Calderón Sol privatizó los ingenios de azúcar, la emisión de placas y licencias para vehículos, la telefonía, las distribuidoras de energía eléctrica y el sistema de pensiones. El gobierno de Francisco Flores (1999-2004) dio los últimos brochazos a la política de privatización con la venta del aeropuerto, la de otros servicios públicos menores. Y con la dolarización.
Estas medidas resultaron claves para transferir una fuente de generación de fondos públicos a una acumulación privada: familias como los Murray Meza, Simán, Poma, Kriete, el mismo Cristiani y otras se enriquecieron más. Cristiani “limpió” la cartera morosa de los bancos del Estado con dinero de las arcas públicas -una suma que llegó a los 3,500 millones de colones (400 millones de dólares)- y ya “limpios” los transfirió a sus amigos y a su familia. Quince años después, estos bancos se vendieron al capital transnacional por 4 mil millones de dólares y hasta hoy el fisco salvadoreño sigue esperando el pago de impuestos correspondientes por esta millonaria transacción.
ÚLTIMO GOLPE: REFORMAS FISCALES
Los cambios en la política fiscal vinieron a sellar la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Durante el gobierno de Cristiani se eliminó el impuesto al patrimonio -pagado por los dueños de grandes propiedades-, se redujo a la mitad el impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial -lo que benefició a quienes ganaban más- y se comprimieron gradualmente los aranceles, lo que facilitó el negocio de la importación, al que muchos empresarios ya habían apostado.
Para subsanar el vacío que todas estas reformas dejaban en las finanzas públicas, Cristiani introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en septiembre de 1992. Tres años después, el gobierno de Calderón Sol, pactando con una fracción saliente del FMLN, encabezada por Joaquín Villalobos, aumentó ese impuesto regresivo al 13%. Este impuesto, que impacta en mayor grado a la población de bajos recursos, puesto que lo paga por productos de consumo toda la población, independientemente de los ingresos que tenga, llegó a representar el 52.3% de los ingresos fiscales del país en 2004.
“NECESITAMOS TENER CONFIANZA”
Beneficiada por las privatizaciones y liberada de su carga fiscal, la burguesía salvadoreña tenía mucho que perder con la llegada de un gobierno que pregonaba “un cambio” y fidelidad al legado de Monseñor Romero: la “opción preferencial por los pobres”.
Durante la campaña electoral, Elías Jorge Bahaia, director de Asuntos Económicos y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), dirigió una carta a empresarios solicitando contribuciones monetarias para la campaña de ese partido. “Debemos estar en la capacidad de continuar construyendo la estructura social, política y económica dentro del sistema de libertades y no dar paso a una alternancia en el poder a grupos opositores”.
La crisis dentro de ARENA ya estaba entonces en marcha, evidenciada en el proceso de elecciones internas para elegir a su candidato presidencial, Rodrigo Ávila y en anteriores exigencias de una fracción de su dirigencia, para que renunciara el entonces Presidente del COENA, Elías Antonio Saca, Presidente de la República.
Aún y así, fue obvio a lo largo de la campaña que la derecha cerraría filas en contra de la propuesta electoral del FMLN. Cuando el Presidente Saca hizo un llamado a los empresarios en el IX Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2008) para que estos incidieran en sus trabajadores “para no perder el país” con un cambio de gobierno, el entonces presidente de la ANEP, Francisco Colorado, respondió que este tipo de acciones estaba fuera de lugar: “Los empresarios debemos tener respeto”, dijo.
Seis meses después, en la recta final del evento electoral, se notó que los límites de este “respeto” eran más que los alcances: uno de los variados campos pagados que la ANEP publicó manifestando sus temores ante un posible gobierno del FMLN, llamó directamente a los salvadoreños a votar por “quién ofreciera impulsar las libertades”. “Hemos tenido 20 años de gobiernos que han generado confianza al sector privado, y ésa es la línea que conocemos y la que nos puede conducir hacia el desarrollo. Para poder seguir haciendo las cosas se necesita tener confianza”, expresó el ex-presidente de la gremial empresarial, Conrado López Andreu.
DECLARACIONES CONTRADICTORIAS
En aquellos meses pre-electorales, Colorado cambiaba de discurso una y otra vez. Por un lado declaraba no temer un gobierno de Mauricio Funes, puesto que el candidato “viene de afuera” y distaba de parecerse al anterior candidato del FMLN, Shafick Handal, quien, en palabras de Colorado, “fue secretario general del Partido Comunista en el país por cualquier cantidad de años y se definía como tal, jamás ocultó su ideología y sus posiciones y eso hace diferentes los escenarios del 2004 y los del 2009”.
Menos de quince días antes de las elecciones, Colorado amonestaba a Funes por sus alegatos afirmando que “hay empresarios que no pagan sus impuestos”. Nos preocupa sostenía el directivo empresarial “que esté haciendo una campaña que va en detrimento de un sector que ha sido el pilar del desarrollo económico y social de El Salvador”.
REMENDANDO “MALOS ENTENDIDOS”
A 40 días de la toma de posesión del nuevo mandatario salvadoreño, el presidente electo Mauricio Funes y dirigentes de la ANEP comenzaron a remendar los “malos entendidos”. Funes nombró una comisión, integrada por tres miembros -Roberto Lorenzana, Alex Segovia y Carlos Cáceres- para que mantuvieran un contacto permanente con las distintas entidades asociadas a la empresa privada. Segovia y Cáceres son dos de los asesores más cercanos a Funes.
De acuerdo con Funes, los temores empresariales quedaron disipados porque él les habló de la necesidad de impulsar las exportaciones y de trabajar todos juntos por el bien de El Salvador. “Hay deseos del sector empresarial y las dudas ya quedaron atrás”, dijo.
100 DÍAS DE CHANTAJES
Conrado López Andreu, ex-presidente de la ANEP, informó que a Funes le pidieron transparencia y le hicieron ver que los empresarios estaban dispuestos a trabajar junto al gobierno, pero que requerían un camino de libertad hacia el progreso.
Este tipo de declaraciones genéricas, inespecíficas, caracterizó el discurso de la empresa privada durante el primer año de gobierno de Funes. “La confianza no se construye de la noche a la mañana”, repitieron incesantemente, advirtiendo una y otra vez que eran ellos quienes tenían la potestad de darle o no un voto de confianza al nuevo gobierno, y no al contrario. Y que se lo darían según las muestras de lealtad que el Presidente les diera a ellos.
100 DÍAS “SIN CHOCAR CON LA DERECHA”
En su evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno, el economista y representante del Sector Profesional del FMLN, Walter Rivas, concluyó que la empresa privada tenía pocas razones para desconfiar del gobierno de Mauricio Funes: “La derecha económica parece estar cómodamente instalada porque no hay acciones de parte de este gobierno que les puedan afectar. El gobierno ha optado por no chocar con la derecha. Pueden hacer una reforma fiscal administrativa que permita recaudar otros 6 millones de dólares sin afectar seriamente a la gran empresa”.
“Se ha formado un Consejo Económico Social para debatir las políticas económicas y sociales y se ha metido ahí a todo el mundo. ¿Cuál es la concesión que ha hecho la derecha ahí? Tener en la misma mesa a los dirigentes sindicales y a los del movimiento social. Pero es un Consejo Consultivo para ponerse de acuerdo en algunas cosas, pareciendo más un mecanismo de desahogo que de resolución. A la derecha económica esto le parece bien. Sigue manteniendo sus privilegios. El problema será cuando quieras bajar el costo de la energía eléctrica, de la harina, cuando quieras romper el monopolio del azúcar o de las líneas aéreas o bajar los precios de los combustibles”.
LA BATALLA DE LA TELEFONÍA
Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Jorge Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, identificó la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% del IVA a los exportadores como una mala señal.
Otros temas que dijo generaban desconfianza eran la decisión del Estado de administrar el Puerto de La Unión y las posiciones encontradas entre la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en cuanto a la construcción de la presa El Chaparral.
La inconformidad de la empresa privada fue evidente cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado era ya un secreto a voces.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial -nombrado por ARENA- fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil, quedando en evidencia la férrea defensa empresarial de lo indefendible.
También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución del Presidente Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegarle el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación similar.
El respaldo de la Presidencia a las empresas transnacionales telefónicas, en particular a Telecom, que controla más del 95% de la telefonía fija en nuestro país, fue clave para ir construyendo la confianza tan añorada por los empresarios.
En el mes de enero, la fracción legislativa del FMLN, reaccionó a una respuesta positiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la solicitud de América Móvil (Telecom-El Salvador) de un ajuste del cargo básico de telefonía fija con base en el índice de precios al consumidor (IPC). América Móvil, que también explota la telefonía celular bajo la marca Claro, es una de las tantísimas empresas transnacionales propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La bancada del FMLN propuso eliminar este cargo, argumentando que había sido establecido con la visión de recuperar la inversión fija de los operadores, o del operador en este caso. Según la información oficial, hasta el 31 de diciembre del 2008, la inversión fija de la empresa Telecom era de 97 millones de dólares, lo que significa que en menos de un año han sido capaces de recuperar la inversión fija.
Las empresas telefónicas comenzaron una recia campaña para no aprobar la iniciativa con reuniones bilaterales con todas las fracciones legislativas, incluyendo al FMLN y a la Presidencia de la República. Un comunicado público, firmado por estas empresas y avalado por el Director Ejecutivo de ANEP, Raúl Melara, señalaba que eliminar el cargo básico de telefonía fija sería un precedente negativo “para el clima de inversión nacional, ya que atenta contra la estabilidad jurídica y económica de El Salvador, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la prohibición de confiscación, reconocidos y tutelados en la Constitución de la República.
OTRA SEÑAL: GANÓ TELECOM
El día 21 de enero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con 78 votos a favor. Pero semanas después, el Presidente Funes devolvió el decreto a la Asamblea con observaciones. En sus declaraciones públicas, Funes se presentó como un exitoso negociador con las empresas de telefonía: “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se habían modificado los contratos; podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo. De tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”.
Días después, según el periódico digital El Faro, un memorando rotulado como “confidencial” circulaba en todas las fracciones legislativas. El documento contenía las propuestas hechas por las empresas telefónicas a Mauricio Funes: reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es decir, unos 7.20 dólares, eliminar el CPP (Calling Party Pays) o “quien llama paga” y establecer una tarifa máxima por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.
En las siguientes sesiones plenarias bajaba el tono de los diputados de todos los colores. Finalmente, la propuesta de las empresas transnacionales se convirtió en ley de la República. Según el economista Raúl Moreno, fue una primera señal de que el Ejecutivo no le daría la espalda al capital transnacional.
BUSCANDO “SOLUCIONES” A LA RECAUDACIÓN FISCAL
Otra señal importante fue la iniciativa de Reforma Fiscal preparada por el Ejecutivo y posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa en 2009. Moreno la califica como “una reforma tibia que nunca llenó las expectativas de una Reforma Fiscal integral y progresiva que se convirtiera en una herramienta para la justicia y para la redistribución del ingreso en el país”.
La parte más agresiva de esta propuesta era la creación de tribunales para perseguir el delito fiscal. El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres planteó: “Estamos proponiendo esto para poder reivindicar los derechos del fisco, que al final de cuentas, son derechos de todos los consumidores”. Ésa fue la primera de las medidas del anteproyecto de ley, que fue vetado por la empresa privada. De ahí, se acordaron una serie de reuniones bilaterales entre el Ejecutivo y los distintos sectores que se sintieron afectados por las reformas, para ir buscando “soluciones”.
LA TIJERA DE LOS EMPRESARIOS RECORTA LA REFORMA
De esta forma se fue diluyendo la propuesta gubernamental del “paquete fiscal”, originalmente diseñado para recaudar 250 millones de dólares. Con los recortes hechos por los empresarios, apenas quedó con capacidad para recaudar unos 140 millones. La versión final de las reformas afectó principalmente a productos como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y ni de cerca reformó la estructura fiscal heredada de los gobiernos de ARENA. Nunca se planteó tocar la estructura regresiva del sistema tributario. No se mencionó restablecer el impuesto al patrimonio ni establecer un impuesto predial. Tampoco se tocaron los impuestos sobre las exportaciones.
En esta etapa, Carlos Araujo explicaba: “Las relaciones que ahora tenemos con el gobierno son muy buenas, con unas vías de comunicación bien amplias y en las que hemos podido participar activamente para poder buscar lo mejor para nuestro país. Acabamos de llevar a cabo todo este proceso de la reforma tributaria, en el que por primera vez el empresariado propone un pacto fiscal.” Se apropiaba así de las políticas fiscales del nuevo gobierno, hasta jactándose de ser protagonista de ellas, adueñándose de la autoría del “pacto fiscal”.
¿CÓMO FINANCIAR EL ESTADO?
En palabras del Presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la Reforma Fiscal era “light” y aportaría poco a las necesidades del Estado. El Presupuesto General de la Nación de 2010 asciende a 3,654 millones de dólares, de los cuales 770 millones (21%) se destina al pago del servicio de la deuda pública (externa e interna). El déficit fiscal ronda los 800 millones de dólares. En un país ya casi vacío de empresas públicas que pueden aportar a los ingresos de la nación, quedan sólo dos fuentes de ingresos posibles: préstamos e impuestos. Aunque el actual gobierno ha seguido la ruta del endeudamiento, a nadie se le escapa que esta opción tiene un tope cercano en el horizonte.
Por eso, no fue sorprendente que, meses después, Alexander Segovia, actual Secretario Técnico de la Presidencia y anterior consultor en Guatemala para “mediar” las negociaciones entre el sector empresarial y el gobierno para el fallido pacto fiscal de ese país, propusiera que se realizara un pacto fiscal en El Salvador. La propuesta fue música en los oídos de quienes ven la crisis fiscal como una grave realidad que puede sumir a El Salvador en la categoría de “estados fallidos”.
Segovia, coordinador del Consejo Económico Social, explicó que esta instancia, inaugurada hace un año por el gobierno, fue creada “para contribuir a la construcción de políticas públicas de Estado que le den continuidad y predilección a la gestión pública y, consecuentemente, que creen un ambiente agradable para la inversión nacional y extranjera. El CES está conformado por 24 miembros de la empresa privada, 8 del movimiento sindical, 16 del movimiento social no laboral, 10 representantes de universidades y académicos y 4 del gobierno. Según la caracterización de Walter Rivas, es el mecanismo perfecto para avalar cambios que mantengan todo igual. Y opina que es difícil que un pacto fiscal que salga del CES sea significativamente diferente de la “reforma” del año fiscal ya pactada entre el empresariado y el gobierno.
LA PROPUESTA DEL FMLN YA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN
La propuesta fiscal del FMLN, formulada en 2004 e integrada al Programa de Gobierno con que Funes ganó las elecciones de 2009, contiene una serie de medidas que, al ser implementadas, comenzarían a redibujar el mapa tributario de El Salvador. Con respecto al IVA, el impuesto más regresivo del sistema, la propuesta consistía en eliminarlo de los precios de los artículos de la canasta básica y de los medicamentos, y aumentarlo en un 25% a los productos suntuarios. En cuanto al impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial, el proyecto era escalonarlo, de 25 a 30 y 35%, de acuerdo a los tamaños de las ganancias. Proponían también la elevación de un piso para el pago de renta sobre las utilidades de las pequeñas empresas. Pero nada de esto está ahora en discusión.
LA PROPUESTA DE ANEP SE VA HACIENDO LEY
La ANEP, que ya había clasificado la reforma fiscal de 2009 como un “pacto fiscal”, puesto que ellos mismos habían “pactado” con el gobierno para garantizarse que no se reformara la estructura fiscal ni su lógica, que carga sobre las espaldas de la clase trabajadora con el peso de la recaudación (el IVA y el impuesto de FOVIAL representan un 70% de los ingresos tributarios), no fue nada lenta en tomarle a Segovia su palabra y lanzar su propuesta fiscal.
En junio de 2010 se conoció la iniciativa, que incluye una serie de condiciones para un pacto fiscal. Refuerzan las típicas medidas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial.
Proponen que el gasto público sea reducido aprobando la Ley de Concesiones, para poner en manos privadas los puertos, el aeropuerto internacional, las represas hidroeléctricas, las carreteras y hasta un hotel de lujo. También, “focalizar” a ras de suelo los subsidios al gas propano y la electricidad y recortar los presupuestos de los ministerios.
Además, proponen eliminar la facultad del Presidente para reasignar fondos no gastados de un ministerio a otro, basados en la experiencia de su propio partido, ARENA, que ocupó estos recursos para financiar la campaña electoral y otros gastos, sobre los que hoy la población especula, pero desconoce.
Su propuesta para aumentar los ingresos del Estado está fundamentada en la teoría de que la empresa privada, en óptimas condiciones de generar ganancias propias, será, mediante la inversión, el motor del crecimiento y el desarrollo económico del país.
¿GANARON LOS EMPRESARIOS?
Con esta propuesta hecha ley, los grandes empresarios saldrían no solamente ilesos, sino fortalecidos con las concesiones de rubros estratégicos de la economía, mientras que se ampliaría la base tributaria afectando al Sector Informal y a trabajadores que actualmente se excluyen del pago del Impuesto sobre la Renta Salarial por lo bajo de sus ingresos.
Aunque no se espera concretar el pacto fiscal hasta final del año, varias de estas propuestas ya están en vías de convertirse en ley. El Presidente Funes anunció la nueva formulación de un anteproyecto de Ley de Concesiones bajo la figura de la Asociación Público-Privada recién llegó de estudiar esta experiencia, promovida por el FMI en Brasil.
Aparentemente, esta figura no tiene nada que ver con el modelo de Empresa Mixta. Representa una simple reformulación de la concesión de patrimonio estatal para que la empresa privada lo administre y perciba ganancias con sus operaciones. La focalización de subsidios de gas propano y electricidad se inicia en octubre y el Ministerio de Hacienda ya presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para reducir el piso del pago de impuestos sobre la renta salarial, de 316 a 209 dólares, con lo que se afectará a unos 300 mil trabajadores que están en ese rango de bajos salarios.
UN DESLIZ CON UNA REPARACIÓN FELIZ
El mes de julio arrancó con la captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, colaborador del terrorista cubano-americano Luis Posada Carriles en varias acciones criminales. Fue apresado entrando a Venezuela y, a raíz de sus declaraciones, también lo fue Alejandro Peña Esclusa, ciudadano venezolano y representante de la ONG Fuerza Solidaria.
Peña Esclusa había disertado reiteradamente en El Salvador contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y el FMLN como parte de la campaña “Yo no entrego a El Salvador” durante el período pre-electoral. Fue invitado de la familia Simán, de Francisco Armando Arias -apoderado legal del azucarero Tomas Regalado y presidente de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador y de la Asociación Bancaria Salvadoreña- y de empresas vinculadas a la familia Cristiani.
Aunque ningún empresario se expresó públicamente sobre estas detenciones, fue notorio que, días después, ARENA y ANEP comenzaron una campaña de denuncia contra Cuba, Venezuela y el FMLN por supuesto espionaje, del que “la mayoría de políticos y muchos empresarios” estarían siendo objeto. Acusaron al FMLN de acoso político y hablaron de un estado policial que, según los representantes del sector privado, “lleva al Socialismo del Siglo 21”.
El ex-Presidente de la República y ex-Presidente honorario del COENA, Armando Calderón Sol, denunció que su casa había sido allanada y los funcionarios de ANEP aseguraron que también las viviendas de otros empresarios, aunque no mencionaron ningún nombre.
Funes y el FMLN rechazaron las acusaciones y negaron el “allanamiento” de la residencia de Calderón Sol. Según el gobierno, el incidente fue fortuito y se produjo cuando una patrulla policial advirtió que un hombre armado estaba deteniendo el tráfico vehicular en una calle de la colonia San Francisco, en San Salvador, para lograr que un vehículo saliera libremente de una vivienda. Según la versión oficial, los policías requirieron por protocolo al hombre armado que mostrara el permiso del arma que tenía y verificaron que estaba vencido. Luego pidieron lo mismo a los otros custodios y se percataron de que sus armas estaban en ilegalidad. Uno de ellos era un custodio de Calderón Sol.
No se pasó de los dimes y diretes porque Calderón Sol, a pesar de su airado discurso, no puso ninguna denuncia en la Fiscalía General de la República ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dándole de hecho la razón, a Funes. A pesar de las cercanías que se habían establecido entre la Presidencia y la empresa privada en materia económica, incluyendo una armoniosa sintonía en función de la firma del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, la situación se tensó de nuevo.
LUNA DE MIEL PARA APACIGUAR LAS AGUAS
En poco tiempo apareció la vía de reconciliación entre el gobierno y los empresarios: un viaje de luna de miel.
El Presidente llevó a 50 empresarios a Sao Paulo para reunirse con empresarios brasileños y funcionarios del gobierno de Lula. Según la página web de Casa Presidencial, la delegación incluyó al Presidente de la ANEP, Carlos Enrique Araujo; al Presidente de TACA, Roberto Kriete; al Presidente del Grupo Dutriz y dueño de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz; al vicepresidente de la Telecorporación Salvadoreña, Juan Carlos Eserski y a otros destacados empresarios de la industria textil, turismo, energía y alimentos.
Los empresarios volvieron convencidos. Sus homólogos brasileños les habrían aconsejado no tener miedo de un gobierno de “izquierda”. Y los empresarios salvadoreños, que viajaron a costa del Estado, vieron con sus propios ojos que “el gobierno de izquierda de Brasil ha logrado trabajar juntamente de la mano con la empresa privada para poder desarrollar la economía del país y para poder desarrollar la confianza”, según Carlos Araujo.
A la luz brasileña, Roberto Kriete volvió a hacer su balance de la actuación de Funes y concluyó que éste ya está pasando la prueba: “Ya van quince meses y el gobierno no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la ha estado ganando”.
PRÓXIMO VIAJE: CUBA
Próximamente Funes y los empresarios harán otro viaje conjunto: a Cuba. El Presidente Funes ya ha pospuesto dos veces el viaje a la isla, porque no contaba con el apoyo de la empresa privada, que supuestamente prohibió la participación de sus agremiados en ese viaje.
Funes declaró públicamente que los pospuso porque tenía que priorizar “asuntos de la agenda nacional”, como la negociación del TPS y los Fondos del Milenio en Nueva York, y que el viaje se realizaría después.
Posteriormente, después de una discusión con todas las fracciones legislativas y los gremios empresariales, el mandatario anunció que reprogramaba el viaje y que viajaría acompañado de “una delegación importante, no sólo de funcionarios, también de empresarios y de medios de prensa” salvadoreños con el propósito de explorar “las oportunidades de negocios” en la isla. También se anunció un siguiente viaje, esta vez a Miami.
¿CONFIANZA?
Según se logra ver, parece que la confianza del sector empresarial en el gobierno es sinónimo de la capacidad para doblarle el brazo. Si fuera así, la superación de la crisis “empresarios-gobierno” no sería ninguna buena noticia para los sectores populares que llevaron a Funes a la Casa Presidencial.
El reto más grande que el movimiento social tiene ante esto y en estos momentos es definir cómo navegar en aguas tan revueltas para equilibrar las demandas y para evitar que este gobierno vuelva a ser un gobierno de la burguesía salvadoreña y para la burguesía transnacional.
COSTOS DE GUERRA: REFORMAS A REGAÑADIENTES
El concepto “crisis empresarios-gobierno” es una novedad en este país, donde históricamente ha costado más identificar fronteras entre los intereses empresariales y gubernamentales que los posibles puntos de diferencia.
Durante la guerra de doce años y por necesidad de los planes contrainsurgentes, los gobiernos tomaron ciertas medidas que objetivamente afectaban los intereses empresariales. La Reforma Agraria, la nacionalización de importantes sectores de la economía -la banca, el comercio exterior y la gran mayoría de los procesos agroindustriales como los beneficios de café y los ingenios de azúcar- fueron las principales medidas. Aunque hubo leves protestas de algunos sectores duros de la burguesía salvadoreña, su bloque más liberal tenía claridad: eran concesiones necesarias para mantener mínima simpatía en parte de la población y contrarrestar el avance del FMLN. Apoyaron, a regañadientes, medidas reformistas que afectaban su economía, pero que les salvaban de un “mal mayor”: que se hiciera realidad una revolución.
REFORMAS REVERTIDAS A VELOCIDAD
20 años de gobiernos del partido ARENA fueron suficientes para revertir todas las medidas tomadas desde esta perspectiva en los años 80.
El primer Presidente surgido de ARENA era uno de los mayores empresarios del país y a nadie se le ocurrió hablar de “Cristiani-Presidente” y “Cristiani-Empresario” como si hubiera diferencias. Las primeras medidas el gobierno de Cristiani (1989-1994) fueron privatizar la exportación del café y el azúcar, la importación de petróleo, un hotel estatal (el Presidente) y las consultas médicas externas del seguro social. Pronto siguieron la privatización del mercado de dólares y la de la banca, que fue la medida de mayor envergadura y mayor impacto.
Después de Cristiani vino Calderón Sol (1994-1999) con su propio paquete. Calderón Sol privatizó los ingenios de azúcar, la emisión de placas y licencias para vehículos, la telefonía, las distribuidoras de energía eléctrica y el sistema de pensiones. El gobierno de Francisco Flores (1999-2004) dio los últimos brochazos a la política de privatización con la venta del aeropuerto, la de otros servicios públicos menores. Y con la dolarización.
Estas medidas resultaron claves para transferir una fuente de generación de fondos públicos a una acumulación privada: familias como los Murray Meza, Simán, Poma, Kriete, el mismo Cristiani y otras se enriquecieron más. Cristiani “limpió” la cartera morosa de los bancos del Estado con dinero de las arcas públicas -una suma que llegó a los 3,500 millones de colones (400 millones de dólares)- y ya “limpios” los transfirió a sus amigos y a su familia. Quince años después, estos bancos se vendieron al capital transnacional por 4 mil millones de dólares y hasta hoy el fisco salvadoreño sigue esperando el pago de impuestos correspondientes por esta millonaria transacción.
ÚLTIMO GOLPE: REFORMAS FISCALES
Los cambios en la política fiscal vinieron a sellar la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Durante el gobierno de Cristiani se eliminó el impuesto al patrimonio -pagado por los dueños de grandes propiedades-, se redujo a la mitad el impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial -lo que benefició a quienes ganaban más- y se comprimieron gradualmente los aranceles, lo que facilitó el negocio de la importación, al que muchos empresarios ya habían apostado.
Para subsanar el vacío que todas estas reformas dejaban en las finanzas públicas, Cristiani introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en septiembre de 1992. Tres años después, el gobierno de Calderón Sol, pactando con una fracción saliente del FMLN, encabezada por Joaquín Villalobos, aumentó ese impuesto regresivo al 13%. Este impuesto, que impacta en mayor grado a la población de bajos recursos, puesto que lo paga por productos de consumo toda la población, independientemente de los ingresos que tenga, llegó a representar el 52.3% de los ingresos fiscales del país en 2004.
“NECESITAMOS TENER CONFIANZA”
Beneficiada por las privatizaciones y liberada de su carga fiscal, la burguesía salvadoreña tenía mucho que perder con la llegada de un gobierno que pregonaba “un cambio” y fidelidad al legado de Monseñor Romero: la “opción preferencial por los pobres”.
Durante la campaña electoral, Elías Jorge Bahaia, director de Asuntos Económicos y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), dirigió una carta a empresarios solicitando contribuciones monetarias para la campaña de ese partido. “Debemos estar en la capacidad de continuar construyendo la estructura social, política y económica dentro del sistema de libertades y no dar paso a una alternancia en el poder a grupos opositores”.
La crisis dentro de ARENA ya estaba entonces en marcha, evidenciada en el proceso de elecciones internas para elegir a su candidato presidencial, Rodrigo Ávila y en anteriores exigencias de una fracción de su dirigencia, para que renunciara el entonces Presidente del COENA, Elías Antonio Saca, Presidente de la República.
Aún y así, fue obvio a lo largo de la campaña que la derecha cerraría filas en contra de la propuesta electoral del FMLN. Cuando el Presidente Saca hizo un llamado a los empresarios en el IX Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2008) para que estos incidieran en sus trabajadores “para no perder el país” con un cambio de gobierno, el entonces presidente de la ANEP, Francisco Colorado, respondió que este tipo de acciones estaba fuera de lugar: “Los empresarios debemos tener respeto”, dijo.
Seis meses después, en la recta final del evento electoral, se notó que los límites de este “respeto” eran más que los alcances: uno de los variados campos pagados que la ANEP publicó manifestando sus temores ante un posible gobierno del FMLN, llamó directamente a los salvadoreños a votar por “quién ofreciera impulsar las libertades”. “Hemos tenido 20 años de gobiernos que han generado confianza al sector privado, y ésa es la línea que conocemos y la que nos puede conducir hacia el desarrollo. Para poder seguir haciendo las cosas se necesita tener confianza”, expresó el ex-presidente de la gremial empresarial, Conrado López Andreu.
DECLARACIONES CONTRADICTORIAS
En aquellos meses pre-electorales, Colorado cambiaba de discurso una y otra vez. Por un lado declaraba no temer un gobierno de Mauricio Funes, puesto que el candidato “viene de afuera” y distaba de parecerse al anterior candidato del FMLN, Shafick Handal, quien, en palabras de Colorado, “fue secretario general del Partido Comunista en el país por cualquier cantidad de años y se definía como tal, jamás ocultó su ideología y sus posiciones y eso hace diferentes los escenarios del 2004 y los del 2009”.
Menos de quince días antes de las elecciones, Colorado amonestaba a Funes por sus alegatos afirmando que “hay empresarios que no pagan sus impuestos”. Nos preocupa sostenía el directivo empresarial “que esté haciendo una campaña que va en detrimento de un sector que ha sido el pilar del desarrollo económico y social de El Salvador”.
REMENDANDO “MALOS ENTENDIDOS”
A 40 días de la toma de posesión del nuevo mandatario salvadoreño, el presidente electo Mauricio Funes y dirigentes de la ANEP comenzaron a remendar los “malos entendidos”. Funes nombró una comisión, integrada por tres miembros -Roberto Lorenzana, Alex Segovia y Carlos Cáceres- para que mantuvieran un contacto permanente con las distintas entidades asociadas a la empresa privada. Segovia y Cáceres son dos de los asesores más cercanos a Funes.
De acuerdo con Funes, los temores empresariales quedaron disipados porque él les habló de la necesidad de impulsar las exportaciones y de trabajar todos juntos por el bien de El Salvador. “Hay deseos del sector empresarial y las dudas ya quedaron atrás”, dijo.
100 DÍAS DE CHANTAJES
Conrado López Andreu, ex-presidente de la ANEP, informó que a Funes le pidieron transparencia y le hicieron ver que los empresarios estaban dispuestos a trabajar junto al gobierno, pero que requerían un camino de libertad hacia el progreso.
Este tipo de declaraciones genéricas, inespecíficas, caracterizó el discurso de la empresa privada durante el primer año de gobierno de Funes. “La confianza no se construye de la noche a la mañana”, repitieron incesantemente, advirtiendo una y otra vez que eran ellos quienes tenían la potestad de darle o no un voto de confianza al nuevo gobierno, y no al contrario. Y que se lo darían según las muestras de lealtad que el Presidente les diera a ellos.
100 DÍAS “SIN CHOCAR CON LA DERECHA”
En su evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno, el economista y representante del Sector Profesional del FMLN, Walter Rivas, concluyó que la empresa privada tenía pocas razones para desconfiar del gobierno de Mauricio Funes: “La derecha económica parece estar cómodamente instalada porque no hay acciones de parte de este gobierno que les puedan afectar. El gobierno ha optado por no chocar con la derecha. Pueden hacer una reforma fiscal administrativa que permita recaudar otros 6 millones de dólares sin afectar seriamente a la gran empresa”.
“Se ha formado un Consejo Económico Social para debatir las políticas económicas y sociales y se ha metido ahí a todo el mundo. ¿Cuál es la concesión que ha hecho la derecha ahí? Tener en la misma mesa a los dirigentes sindicales y a los del movimiento social. Pero es un Consejo Consultivo para ponerse de acuerdo en algunas cosas, pareciendo más un mecanismo de desahogo que de resolución. A la derecha económica esto le parece bien. Sigue manteniendo sus privilegios. El problema será cuando quieras bajar el costo de la energía eléctrica, de la harina, cuando quieras romper el monopolio del azúcar o de las líneas aéreas o bajar los precios de los combustibles”.
LA BATALLA DE LA TELEFONÍA
Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Jorge Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, identificó la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% del IVA a los exportadores como una mala señal.
Otros temas que dijo generaban desconfianza eran la decisión del Estado de administrar el Puerto de La Unión y las posiciones encontradas entre la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en cuanto a la construcción de la presa El Chaparral.
La inconformidad de la empresa privada fue evidente cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado era ya un secreto a voces.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial -nombrado por ARENA- fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil, quedando en evidencia la férrea defensa empresarial de lo indefendible.
También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución del Presidente Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegarle el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación similar.
El respaldo de la Presidencia a las empresas transnacionales telefónicas, en particular a Telecom, que controla más del 95% de la telefonía fija en nuestro país, fue clave para ir construyendo la confianza tan añorada por los empresarios.
En el mes de enero, la fracción legislativa del FMLN, reaccionó a una respuesta positiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la solicitud de América Móvil (Telecom-El Salvador) de un ajuste del cargo básico de telefonía fija con base en el índice de precios al consumidor (IPC). América Móvil, que también explota la telefonía celular bajo la marca Claro, es una de las tantísimas empresas transnacionales propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La bancada del FMLN propuso eliminar este cargo, argumentando que había sido establecido con la visión de recuperar la inversión fija de los operadores, o del operador en este caso. Según la información oficial, hasta el 31 de diciembre del 2008, la inversión fija de la empresa Telecom era de 97 millones de dólares, lo que significa que en menos de un año han sido capaces de recuperar la inversión fija.
Las empresas telefónicas comenzaron una recia campaña para no aprobar la iniciativa con reuniones bilaterales con todas las fracciones legislativas, incluyendo al FMLN y a la Presidencia de la República. Un comunicado público, firmado por estas empresas y avalado por el Director Ejecutivo de ANEP, Raúl Melara, señalaba que eliminar el cargo básico de telefonía fija sería un precedente negativo “para el clima de inversión nacional, ya que atenta contra la estabilidad jurídica y económica de El Salvador, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la prohibición de confiscación, reconocidos y tutelados en la Constitución de la República.
OTRA SEÑAL: GANÓ TELECOM
El día 21 de enero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con 78 votos a favor. Pero semanas después, el Presidente Funes devolvió el decreto a la Asamblea con observaciones. En sus declaraciones públicas, Funes se presentó como un exitoso negociador con las empresas de telefonía: “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se habían modificado los contratos; podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo. De tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”.
Días después, según el periódico digital El Faro, un memorando rotulado como “confidencial” circulaba en todas las fracciones legislativas. El documento contenía las propuestas hechas por las empresas telefónicas a Mauricio Funes: reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es decir, unos 7.20 dólares, eliminar el CPP (Calling Party Pays) o “quien llama paga” y establecer una tarifa máxima por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.
En las siguientes sesiones plenarias bajaba el tono de los diputados de todos los colores. Finalmente, la propuesta de las empresas transnacionales se convirtió en ley de la República. Según el economista Raúl Moreno, fue una primera señal de que el Ejecutivo no le daría la espalda al capital transnacional.
BUSCANDO “SOLUCIONES” A LA RECAUDACIÓN FISCAL
Otra señal importante fue la iniciativa de Reforma Fiscal preparada por el Ejecutivo y posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa en 2009. Moreno la califica como “una reforma tibia que nunca llenó las expectativas de una Reforma Fiscal integral y progresiva que se convirtiera en una herramienta para la justicia y para la redistribución del ingreso en el país”.
La parte más agresiva de esta propuesta era la creación de tribunales para perseguir el delito fiscal. El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres planteó: “Estamos proponiendo esto para poder reivindicar los derechos del fisco, que al final de cuentas, son derechos de todos los consumidores”. Ésa fue la primera de las medidas del anteproyecto de ley, que fue vetado por la empresa privada. De ahí, se acordaron una serie de reuniones bilaterales entre el Ejecutivo y los distintos sectores que se sintieron afectados por las reformas, para ir buscando “soluciones”.
LA TIJERA DE LOS EMPRESARIOS RECORTA LA REFORMA
De esta forma se fue diluyendo la propuesta gubernamental del “paquete fiscal”, originalmente diseñado para recaudar 250 millones de dólares. Con los recortes hechos por los empresarios, apenas quedó con capacidad para recaudar unos 140 millones. La versión final de las reformas afectó principalmente a productos como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y ni de cerca reformó la estructura fiscal heredada de los gobiernos de ARENA. Nunca se planteó tocar la estructura regresiva del sistema tributario. No se mencionó restablecer el impuesto al patrimonio ni establecer un impuesto predial. Tampoco se tocaron los impuestos sobre las exportaciones.
En esta etapa, Carlos Araujo explicaba: “Las relaciones que ahora tenemos con el gobierno son muy buenas, con unas vías de comunicación bien amplias y en las que hemos podido participar activamente para poder buscar lo mejor para nuestro país. Acabamos de llevar a cabo todo este proceso de la reforma tributaria, en el que por primera vez el empresariado propone un pacto fiscal.” Se apropiaba así de las políticas fiscales del nuevo gobierno, hasta jactándose de ser protagonista de ellas, adueñándose de la autoría del “pacto fiscal”.
¿CÓMO FINANCIAR EL ESTADO?
En palabras del Presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la Reforma Fiscal era “light” y aportaría poco a las necesidades del Estado. El Presupuesto General de la Nación de 2010 asciende a 3,654 millones de dólares, de los cuales 770 millones (21%) se destina al pago del servicio de la deuda pública (externa e interna). El déficit fiscal ronda los 800 millones de dólares. En un país ya casi vacío de empresas públicas que pueden aportar a los ingresos de la nación, quedan sólo dos fuentes de ingresos posibles: préstamos e impuestos. Aunque el actual gobierno ha seguido la ruta del endeudamiento, a nadie se le escapa que esta opción tiene un tope cercano en el horizonte.
Por eso, no fue sorprendente que, meses después, Alexander Segovia, actual Secretario Técnico de la Presidencia y anterior consultor en Guatemala para “mediar” las negociaciones entre el sector empresarial y el gobierno para el fallido pacto fiscal de ese país, propusiera que se realizara un pacto fiscal en El Salvador. La propuesta fue música en los oídos de quienes ven la crisis fiscal como una grave realidad que puede sumir a El Salvador en la categoría de “estados fallidos”.
Segovia, coordinador del Consejo Económico Social, explicó que esta instancia, inaugurada hace un año por el gobierno, fue creada “para contribuir a la construcción de políticas públicas de Estado que le den continuidad y predilección a la gestión pública y, consecuentemente, que creen un ambiente agradable para la inversión nacional y extranjera. El CES está conformado por 24 miembros de la empresa privada, 8 del movimiento sindical, 16 del movimiento social no laboral, 10 representantes de universidades y académicos y 4 del gobierno. Según la caracterización de Walter Rivas, es el mecanismo perfecto para avalar cambios que mantengan todo igual. Y opina que es difícil que un pacto fiscal que salga del CES sea significativamente diferente de la “reforma” del año fiscal ya pactada entre el empresariado y el gobierno.
LA PROPUESTA DEL FMLN YA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN
La propuesta fiscal del FMLN, formulada en 2004 e integrada al Programa de Gobierno con que Funes ganó las elecciones de 2009, contiene una serie de medidas que, al ser implementadas, comenzarían a redibujar el mapa tributario de El Salvador. Con respecto al IVA, el impuesto más regresivo del sistema, la propuesta consistía en eliminarlo de los precios de los artículos de la canasta básica y de los medicamentos, y aumentarlo en un 25% a los productos suntuarios. En cuanto al impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial, el proyecto era escalonarlo, de 25 a 30 y 35%, de acuerdo a los tamaños de las ganancias. Proponían también la elevación de un piso para el pago de renta sobre las utilidades de las pequeñas empresas. Pero nada de esto está ahora en discusión.
LA PROPUESTA DE ANEP SE VA HACIENDO LEY
La ANEP, que ya había clasificado la reforma fiscal de 2009 como un “pacto fiscal”, puesto que ellos mismos habían “pactado” con el gobierno para garantizarse que no se reformara la estructura fiscal ni su lógica, que carga sobre las espaldas de la clase trabajadora con el peso de la recaudación (el IVA y el impuesto de FOVIAL representan un 70% de los ingresos tributarios), no fue nada lenta en tomarle a Segovia su palabra y lanzar su propuesta fiscal.
En junio de 2010 se conoció la iniciativa, que incluye una serie de condiciones para un pacto fiscal. Refuerzan las típicas medidas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial.
Proponen que el gasto público sea reducido aprobando la Ley de Concesiones, para poner en manos privadas los puertos, el aeropuerto internacional, las represas hidroeléctricas, las carreteras y hasta un hotel de lujo. También, “focalizar” a ras de suelo los subsidios al gas propano y la electricidad y recortar los presupuestos de los ministerios.
Además, proponen eliminar la facultad del Presidente para reasignar fondos no gastados de un ministerio a otro, basados en la experiencia de su propio partido, ARENA, que ocupó estos recursos para financiar la campaña electoral y otros gastos, sobre los que hoy la población especula, pero desconoce.
Su propuesta para aumentar los ingresos del Estado está fundamentada en la teoría de que la empresa privada, en óptimas condiciones de generar ganancias propias, será, mediante la inversión, el motor del crecimiento y el desarrollo económico del país.
¿GANARON LOS EMPRESARIOS?
Con esta propuesta hecha ley, los grandes empresarios saldrían no solamente ilesos, sino fortalecidos con las concesiones de rubros estratégicos de la economía, mientras que se ampliaría la base tributaria afectando al Sector Informal y a trabajadores que actualmente se excluyen del pago del Impuesto sobre la Renta Salarial por lo bajo de sus ingresos.
Aunque no se espera concretar el pacto fiscal hasta final del año, varias de estas propuestas ya están en vías de convertirse en ley. El Presidente Funes anunció la nueva formulación de un anteproyecto de Ley de Concesiones bajo la figura de la Asociación Público-Privada recién llegó de estudiar esta experiencia, promovida por el FMI en Brasil.
Aparentemente, esta figura no tiene nada que ver con el modelo de Empresa Mixta. Representa una simple reformulación de la concesión de patrimonio estatal para que la empresa privada lo administre y perciba ganancias con sus operaciones. La focalización de subsidios de gas propano y electricidad se inicia en octubre y el Ministerio de Hacienda ya presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para reducir el piso del pago de impuestos sobre la renta salarial, de 316 a 209 dólares, con lo que se afectará a unos 300 mil trabajadores que están en ese rango de bajos salarios.
UN DESLIZ CON UNA REPARACIÓN FELIZ
El mes de julio arrancó con la captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, colaborador del terrorista cubano-americano Luis Posada Carriles en varias acciones criminales. Fue apresado entrando a Venezuela y, a raíz de sus declaraciones, también lo fue Alejandro Peña Esclusa, ciudadano venezolano y representante de la ONG Fuerza Solidaria.
Peña Esclusa había disertado reiteradamente en El Salvador contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y el FMLN como parte de la campaña “Yo no entrego a El Salvador” durante el período pre-electoral. Fue invitado de la familia Simán, de Francisco Armando Arias -apoderado legal del azucarero Tomas Regalado y presidente de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador y de la Asociación Bancaria Salvadoreña- y de empresas vinculadas a la familia Cristiani.
Aunque ningún empresario se expresó públicamente sobre estas detenciones, fue notorio que, días después, ARENA y ANEP comenzaron una campaña de denuncia contra Cuba, Venezuela y el FMLN por supuesto espionaje, del que “la mayoría de políticos y muchos empresarios” estarían siendo objeto. Acusaron al FMLN de acoso político y hablaron de un estado policial que, según los representantes del sector privado, “lleva al Socialismo del Siglo 21”.
El ex-Presidente de la República y ex-Presidente honorario del COENA, Armando Calderón Sol, denunció que su casa había sido allanada y los funcionarios de ANEP aseguraron que también las viviendas de otros empresarios, aunque no mencionaron ningún nombre.
Funes y el FMLN rechazaron las acusaciones y negaron el “allanamiento” de la residencia de Calderón Sol. Según el gobierno, el incidente fue fortuito y se produjo cuando una patrulla policial advirtió que un hombre armado estaba deteniendo el tráfico vehicular en una calle de la colonia San Francisco, en San Salvador, para lograr que un vehículo saliera libremente de una vivienda. Según la versión oficial, los policías requirieron por protocolo al hombre armado que mostrara el permiso del arma que tenía y verificaron que estaba vencido. Luego pidieron lo mismo a los otros custodios y se percataron de que sus armas estaban en ilegalidad. Uno de ellos era un custodio de Calderón Sol.
No se pasó de los dimes y diretes porque Calderón Sol, a pesar de su airado discurso, no puso ninguna denuncia en la Fiscalía General de la República ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dándole de hecho la razón, a Funes. A pesar de las cercanías que se habían establecido entre la Presidencia y la empresa privada en materia económica, incluyendo una armoniosa sintonía en función de la firma del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, la situación se tensó de nuevo.
LUNA DE MIEL PARA APACIGUAR LAS AGUAS
En poco tiempo apareció la vía de reconciliación entre el gobierno y los empresarios: un viaje de luna de miel.
El Presidente llevó a 50 empresarios a Sao Paulo para reunirse con empresarios brasileños y funcionarios del gobierno de Lula. Según la página web de Casa Presidencial, la delegación incluyó al Presidente de la ANEP, Carlos Enrique Araujo; al Presidente de TACA, Roberto Kriete; al Presidente del Grupo Dutriz y dueño de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz; al vicepresidente de la Telecorporación Salvadoreña, Juan Carlos Eserski y a otros destacados empresarios de la industria textil, turismo, energía y alimentos.
Los empresarios volvieron convencidos. Sus homólogos brasileños les habrían aconsejado no tener miedo de un gobierno de “izquierda”. Y los empresarios salvadoreños, que viajaron a costa del Estado, vieron con sus propios ojos que “el gobierno de izquierda de Brasil ha logrado trabajar juntamente de la mano con la empresa privada para poder desarrollar la economía del país y para poder desarrollar la confianza”, según Carlos Araujo.
A la luz brasileña, Roberto Kriete volvió a hacer su balance de la actuación de Funes y concluyó que éste ya está pasando la prueba: “Ya van quince meses y el gobierno no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la ha estado ganando”.
PRÓXIMO VIAJE: CUBA
Próximamente Funes y los empresarios harán otro viaje conjunto: a Cuba. El Presidente Funes ya ha pospuesto dos veces el viaje a la isla, porque no contaba con el apoyo de la empresa privada, que supuestamente prohibió la participación de sus agremiados en ese viaje.
Funes declaró públicamente que los pospuso porque tenía que priorizar “asuntos de la agenda nacional”, como la negociación del TPS y los Fondos del Milenio en Nueva York, y que el viaje se realizaría después.
Posteriormente, después de una discusión con todas las fracciones legislativas y los gremios empresariales, el mandatario anunció que reprogramaba el viaje y que viajaría acompañado de “una delegación importante, no sólo de funcionarios, también de empresarios y de medios de prensa” salvadoreños con el propósito de explorar “las oportunidades de negocios” en la isla. También se anunció un siguiente viaje, esta vez a Miami.
¿CONFIANZA?
Según se logra ver, parece que la confianza del sector empresarial en el gobierno es sinónimo de la capacidad para doblarle el brazo. Si fuera así, la superación de la crisis “empresarios-gobierno” no sería ninguna buena noticia para los sectores populares que llevaron a Funes a la Casa Presidencial.
El reto más grande que el movimiento social tiene ante esto y en estos momentos es definir cómo navegar en aguas tan revueltas para equilibrar las demandas y para evitar que este gobierno vuelva a ser un gobierno de la burguesía salvadoreña y para la burguesía transnacional.
Elaine Freedman es educadora popular.
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