Dagoberto Gutiérrez
El régimen político de El Salvador sufre un momento de quiebres en distintos órdenes, que se corresponden con importante armonía con actuales acontecimientos planetarios. Ocurre que las clases dominantes de El Salvador se han caracterizado por su entreguismo a fuerzas externas, por su falta de patriotismo y su vulnerabilidad ante los factores internacionales. De aquí se desprende el primer quiebre que tiene que ver con el agotamiento del dominio imperial del mercado sobre los Estados.
Recientemente, el Presidente del Fondo Monetario Internacional afirmó que el llamada Consenso de Washington, una especie de biblia para los oligarcas salvadoreños, es cosa de la historia pasada, y afirmó que el Estado debe pasar a regular al mercado; esto equivale a un quiebre teórico que deja a los sectores oligárquicos sin filosofía y sin base teórica que fundamente su política. Al mismo tiempo, resulta notorio el fenómeno de la transnacionalización de la riqueza en virtud de la cual, la riqueza producida en el país ha pasado bajo control de empresas transnacionales y de poderosos inversionistas planetarios, dejando a la cúpula empresarial local sin poder económico considerable y como factores minoritarios carentes de importancia y peso económico. Mientras que algunos nombres y personajes locales son inversionistas en el extranjero, y, en todo caso, sin ser de los más poderosos.
El histórico quiebre del poder de los cafetaleros y del café como producto de exportación, abrió el camino para este proceso al que nos estamos refiriendo. Tradicionalmente, los sectores dominantes usaron a otros sectores como fuerzas gobernantes; por ejemplo a la fuerza armada desde 1932. Y los militares usaron a los partidos políticos como sus instrumentos para el trabajo ideológico de control del pueblo y para ejecutar los procesos electorales, así aparecieron los partidos del Pro Patria, con Maximiliano Hernández Martínez; el PRUD (Partido Revolucionario de Unificación Democrática), con Oscar Osorio; por los años 50´s del siglo pasado. Y el PCN, por los años 60 también del siglo pasado.
El partido ARENA nace en otro contexto, como organización de sectores agrarios y como fuerza anticomunista en momentos de crisis política. Pero es hasta 1983, en plena guerra civil, cuando la Constitución Política de ese año convierte a los partidos políticos, en su artículo 85, en un monopolio de la “representación del pueblo dentro del gobierno”.
A partir de este momento, todas las instancias del aparato estatal pasan a ser controlados por partidos políticos, y no existe ninguna esquina ni rincón institucional que escape al control partidario, y, por supuesto que se trata de un control autorizado por la Constitución. Pues bien, la transnacionalización de la riqueza y la crisis del Estado, al convertirse en siervo del mercado, han arrastrado a los partidos políticos al mismo foso y a enfrentarse al mismo péndulo. Los partidos políticos, y sobre todo los más grandes, FMLN y ARENA, carecen de todo prestigio político e intelectual, de toda confianza orientadora; y al pasar de ser partido político a ser partidos que renuncian a hacer política, operan más bien, como empresas mercantiles y sus cúpulas pasan a actuar como empresarios pero gozando de la ventaja que da el control del aparato estatal.
Tenemos, entonces, una ecuación que ofrece, por un lado, a las cúpulas empresariales, venidas de menos, y a las cúpulas partidarias convertidas en empresariales.
Y los partidos políticos, que eran antiguamente instrumentos políticos de la fuerza armada y de los oligarcas, dejan de ser instrumentos y pasan a ser fines en sí mismo, al mismo tiempo que dejan de representar los intereses de sectores sociales, pasan a representar los intereses de sus respectivas cúpulas, y en cierto modo, a competir con las cúpulas empresariales que, al igual que el pueblo, no parecen, ni aparecen representadas por partido político alguno.
Importantes empresarios están opinando que “tenemos que evitar que los partidos políticos mantengan secuestrado el poder”.
Se trata del agotamiento del monopolio partidario, establecido en 1983, de la derrota del modelo neoliberal, de una enfermedad terminal del mercado total y del predominio de las transnacionales sobre las oligarquías locales. Todo este entramado constituye una crisis histórica del régimen político.
Para el caso, la Corte Suprema de Justicia, que es un ente partidario como todos, tiene hoy una Sala de lo Constitucional que no aparece encadenada a dictados partidarios. Porque al erosionar ese control partidario, las instituciones pueden retomar las funciones que la Constitución les establece. Esto es, precisamente, lo que ocurre con la Sala de lo Constitucional, y este es el rostro verdadero de la independencia de los poderes.
En la coyuntura que comentamos, la cúpula del partido FMLN es la que por encima de todos los partidos ha aprovechado muy bien el momento para parecer como una cúpula conservadora, derechista y decidida a impedir que el pueblo se libere de las coyundas partidarias que tanto impiden la democratización de la democracia. Por supuesto que esta cúpula presenta esta coyuntura como una conspiración de la derecha o del Presidente Funes contra ese partido para amenazar sus intereses electorales y hasta la gobernabilidad.
El argumento de la conspiración que evita la reflexión sobre la realidad es un conocido argumento de las derechas, pero sirve a esta cúpula para asustar a parte de su membresía, y para darle alguna justificación a su política. En realidad se trata de un magnífico momento de quiebre de los fundamentos del régimen político y de oportunidad para una salida popular a la crisis.
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