"El estado guatemalteco permitió barbaridades en el caso del asesinato de los diputados del PARLACEN"

Lafitte Fernández es un periodista costarricense nacionalizado salvadoreño, autor del libro "Crimen de Estado el caso PARLACEN" en el cual desnuda incongruencias en las investigaciones alrededor de la muerte de los diputados Eduardo d'Aubuisson, Ramón González, William Pichinte y su ayudante Gerardo Ramírez. Se detuvieron  investigaciones y no se le dio validez a una hipótesis que contaba con testigos. Al final hubo condenas centenarias, pero queda la posibilidad de que no se haya hecho justicia totalmente.

POR JAIME ULISES MARINERO

Foto de DIARIO LA PÁGINA por Francisco Brito

¿Por que el título del libro “Crimen de Estado”?

Porque fundamentalmente lo que el libro trata de decir es que en Guatemala existía una organización criminal dentro del Estado y --más grave aún-- dentro de las estructuras principales del Estado de Guatemala que se dedicaban a asesinar, extorsionar, matar, secuestrar, al tráfico de droga; tan grave que silenciaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

¿Tan grave?

Te pongo un paralelo: es  como que si acá en El Salvador el Fiscal General, el jefe de la Policía y subjefe de la Policía, jefe de Investigaciones de Criminales cada uno tuviera una banda de criminales que operan por separados o juntos. De ese nivel de gravedad.

¿Qué papel jugó Víctor Rivera?

Víctor es un hombre enigmático que tuvo muchos problemas acá.  Él quería crear una estructura paralela de investigación y  llegó a Guatemala apadrinado por empresarios importantes de este país como el gurú de los (anti) secuestros, tal y como se vendió aquí. Lo que está demostrado es que Rivera era un hombre del cartel de Jorge  Mario “El Gordo”  Paredes, sentenciado por narcotráfico y quien habría dado la orden para asesinar a Rivera,  así de claro.
Rivera fue uno de los que investigaron el crimen de los tres diputados del PARLACEN. Y aquí comienza el crimen de Estado, porque dejaron que tres delincuentes investigaran el caso del asesinato de los diputados. Víctor Rivera, Hugo Soto Diéguez y Álvaro Matus, estaban ligados a bandas.

¿Y dónde están ellos?

Rivera fue asesinado por una conspiración en la que participó hasta su asistente; Hugo Soto Diéguez, que era el  jefe de investigaciones criminales, está preso acusado de participar en investigaciones extrajudiciales, es decir, acusado de asesinatos;  Matus, fiscal de delitos contra la vida permanece con arresto domiciliar vinculado a varios delitos. Estos tres hombres hicieron las investigaciones.

¿Por qué permitieron que ellos encabezaran las investigaciones?

El crimen de los diputados se dio en los tiempos del presidente Óscar Berger y el ministro de Gobernación era Carlos Vielman, que según la CICIG era el jefe  del grupo de las organizaciones delictivas y por eso mismo están tratando de extraditarlo desde España. Por todo esto yo no me explico por qué en El Salvador en su momento nadie dijo nada.

¿Habrá sido porque nadie conocía los antecedentes de estos señores, excepto el de Víctor Rivera?

Con Soto Diéguez también había antecedentes. La PNC de El Salvador le pidió ayuda para capturar a un guatemalteco que secuestró a un salvadoreño y dos o tres meses después lo entregaron desvalijado. Al sospechoso le quitaron todas sus propiedades y quien hizo eso fue Soto Diéguez. Lo entregan 2-3 meses después desvalijado; o sea, hay una serie de antecedentes que en el más amplio sentido común nadie protestó aquí, nadie fiscalizó las investigaciones, es más, y te lo digo con sinceridad, ni la familia de los diputados, ni el mismo Estado, muchos menos los periodistas pusimos atención a eso. La prensa salvadoreña --y lo digo con todo el cariño y respeto a nuestros colegas-- lo que hizo fue legitimar las investigaciones realizadas por tres delincuentes. Si uno leía el expediente, que yo lo tengo, leía que todos los pasos de las investigaciones estaban firmados por  Víctor Rivera y su asistente Emmanuel Rivera, quien ni siquiera era técnico y ahora está preso acusado de asesinato.

En cuanto a la familia, te puedo decir que familiares de algunos diputados creyeron en las investigaciones, pero luego cambiaron de opinión. Los motivos no los sé.

¿Con esas investigaciones irregulares se llegó al juicio?

Correcto, pero yo en el libro, adrede, no me meto con el juicio, pero sí te puedo decir que en el expediente del juicio habían barbaridades que nadie se percató. Nos vendieron la idea de que había una “jueza de hierro”,  pero que dejó pasar cosas que no saben.

¿Todas estas anomalías debieron haber pesado en el juicio para haber llegado a la condena?

Me imagino que sí. Ahora bien, yo no me meto en el juicio, ni conozco a  Manolillo Castillo ni a los otros condenados, ni a familiares, ni abogados de los procesados. Yo lo que aseguro es que las investigaciones fueron encabezadas por delincuentes y que callaron a la CICIG que tenía su propia investigación realizada con fiscales de talla internacional.
Callaron a Carlos Castresana, jefe de la CICIG. No se sabe cuáles fueron los motivos, pero fue el mismo Castresana el que mandó a callar a los investigadores fiscales, incluso el que deslegitimó las investigaciones de la fiscal  costarricense Gisele Rivera, a quien persiguieron y luego le decretaron una orden internacional de arresto para que no pudiera retornar a Guatemala.

¿Cuál era la hipótesis de la CICIG?

En los anexos están los documentos que no se conocían. La hipótesis es que el diputado William Pichinte llevaba 5 millones de dólares en efectivo y que esto lo supieron las bandas chapinas. De esto se logró tener testigos que vieron cuando en maletines se llevaron el dinero luego de matar y quemar a los diputados.

¿Y bajo cuál hipótesis se siguió la investigación?

Que el crimen fue ordenado por el ex diputado Roberto Silva Pereira, en venganza porque había sido desaforado. Supuestamente el crimen lo planificaron en noviembre, cuando Silva Pereira le pidió a Manuel Castillo que lo ejecutara. Es decir que fue planificado tres meses antes, pero el viaje de los diputados se planificó tres días antes. Otra hipótesis es que el crimen lo preparó Silva Pereira porque Eduardo d'Aubuisson había hablado con la DEA sobre los pasos en los que andaba Silva Pereira. Lógicamente por lo menos una de las dos hipótesis era falsa, pero ni de eso fuimos capaces de ser críticos en el juicio. 

¿La hipótesis de los $5 millones cuánto fue contrastada?

Las cuatro víctimas eran salvadoreñas y ni siquiera vinieron al país a investigar, no fueron capaces ni de pedir las bitácoras de llamadas. La hipótesis tenía testigos, pero las autoridades guatemaltecas las desecharon. A los fiscales de la CICIG se les prohibió cruzar la frontera hacia El Salvador. Una noche vino la fiscal Gisele Rivera con un español, pero a título personal.

¿Es decir que no vinieron los investigadores a El Salvador?

Para nada. No revisaron cuentas, no hablaron con parientes.

¿El juicio se realizó con las versiones de los investigadores delincuentes?

Sí, y con esa condenaron. Lo cual no quiere decir que los condenados hayan sido inocentes. Reitero, con el juicio no me meto, pero creo que no se dio con los verdaderos autores intelectuales. He hablado con muchísimos de los investigadores que participaron, entre ellos los españoles, la fiscal costarricense, un juez antimafia de Italia, es decir, gente de muy alto nivel. Ellos creen que algunos de los condenados sí participaron, pero no todos. Tampoco fueron procesados todos.

Manolillo Castillo aparece como uno de los principales involucrados.

Los de la CICIG aseguran que era parte de una de estas bandas, pero que en este caso no estuvo involucrado. Para la justicia guatemalteca sí estuvo  involucrado, pero con base en las investigaciones irregulares.

Si no estuvo involucrado ¿tampoco lo estuvo Silva Pereira?

Así pareciera. Pero en realidad desconozco los pormenores del juicio. En el libro solo trato de demostrar que hubo un crimen de Estado en cuanto a que permitieron que tres delincuentes dirigieran las investigaciones. En el libro hay un anexo de una entrevista con Rodrigo Ávila que fue grabada con su autorización. Él dice: “Yo le dije una y mil veces a Roberto d'Aubuisson que Manuel Castillo no tenía nada que ver con esto. Lamentablemente, el periodismo legitimó lo que oficialmente se manejó en los expedientes.

Tampoco se puede absolver a Manolillo Castillo y a los demás condenados.

De ninguna manera. Lo que planteamos en el libro son las barbaridades que se cometieron y que Carlos Castresana lo sabía. Por ejemplo, dentro de las investigaciones se logró hablar con Javier Figueroa, el médico que era el subdirector de la PNC de Guatemala. En Austria, él les dice que si regresa a Guatemala es hombre muerto por lo que sabe, pero aún así se ofrece a contar todo lo que sabe si le dan régimen de protección. Él conoce lo de la muerte de los policías (supuestos autores materiales) en la cárcel de Pavón, les dice que les va a contar qué pasó realmente con la muerte de los diputados, pero cuando los fiscales regresan a Guatemala,  Castresana les dice que no y les pide callar.

¿La CICIG y la Fiscalía de Guatemala tenían buenas relaciones?

De ninguna manera, la Fiscalía siempre bloqueaba el trabajo de la CICIG. Pero en este caso hubo cosas raras que nunca se comprobaron. No se sabe si Castresana fue amenazado. Hoy ya está de vuelta en España, su patria.

Volviendo al caso ¿entonces la muerte de los tres  diputados significaba que alguno de los tres  grupos podría estar involucrado con alguno de ellos?

Eso no lo puedo asegurar, hasta ahí no llego. La intención del libro es dar a conocer las irregularidades en las investigaciones las cuales están debidamente documentadas. Lo demás la CICIG pudo haber llegado hasta el fondo.

La CICIG es la que plantea lo de los cinco millones de dólares

Y posiblemente 20 kilos de cocaína y por eso desarman el carro, pero la coca aparentemente no la encuentran; sobre el dinero la CICIG tuvo sus testigos que vieron cuando transportaban el dinero.

¿Sí hubo dinero entonces?

Esto es lo que dice esta investigación de la CICIG y lo plantean como hipótesis clara, no como especulación. Tenían un testigo que decía que ayudó a transportar el dinero y que iba en dos  valijas negras de tela.
Esto llama mucho la atención porque quien tenía el negocio en Guatemala era el diputado William Pichinte.
Por eso en el libro digo que algunos o muchos de los condenados estaban involucrados. Un ejemplo: los cuatro policías que luego fueron asesinados se movilizaban en un carro asignado a Soto Diéguez y el fin de semana habían estado juntos. Según Soto Diéguez los policías lo engañaron y tomaron un camino diferente que él nunca supo hasta después que salieron involucrados. El vehículo tenía GPS y cuando fue entregado como evidencia lo hicieron ya lavado.

¿Demasiado incongruente?

Correcto. Los primeros en ser investigados debieron ser los investigadores Matus, Rivera y Soto Diéguez. Acordémonos que fue Víctor Rivera el primero en llegar a la escena del crimen y quien estuvo en el penal apenas una hora antes de la muerte de los cuatro policías.

Otro detalle, y eso lo sabe muy bien Rodrigo Ávila: cuando matan a los cuatro agentes que mueren al mediodía, Víctor Rivera, acompañado de ocho carros y un montón de gente llama a la frontera a Rodrigo Ávila para hablar del caso y enseñarle unas fotografías.  Rodrigo Ávila envía a un emisario y las fotografías son algunas que ya habían sido vistas. En realidad era una coartada para decir que a la hora de las muertes el estaba con Ávila.
El presidente de Guatemala era Oscar Berger, él pudo haber ordenado una investigación transparente. Él era el jefe del ministro de gobernación Carlos Vielman. Hace dos semanas, en un periódico de Guatemala, salió un reportaje sobre el hijo de Berger, que se supone hacía “tumbes” de droga con Víctor Rivera. Y entonces ¿de que estamos hablando?, ¿qué fue lo que pasó?

¿Un estado fallido?

Claro, una locura. Te estás dando cuenta que el libro no es un invento, todo huele a podrido en esto. En este caso hay 15 muertos, incluyendo a los tres diputados y al chofer.
Falló la justicia guatemalteca a los salvadoreños que querían justicia, pues al margen de las corrientes ideológicas de las víctimas, eran salvadoreños y necesitaban que se hiciera justicia. Y que se nos dijera la verdad y que se hubiera dejado abrir las dos  hipótesis del caso, la que llevo la fiscalía y la que llevó la CICIG. Es lo que hace el libro: recoger la hipótesis que nunca se nos contó. Que suenan bastante obvia y que callaron.

¿Este caso deja una gran lección para todos los periodistas, no fuimos expertos en el arte de dudar?

Sí, no fuimos capaces de poner en tela de juicio las investigaciones pese a las incongruencias.

Para terminar ¿Qué lo llevó a escribir el libro?

El ejercicio periodístico. Yo a Gisele Rivera ni la conocía; solo sabía que era una fiscal famosa en Costa Rica. En un viaje que hice a Costa Rica me encontré en el estadio a un amigo periodista que me contó que la fiscal quería hablar sobre el caso. Hablamos y fue así como conocí  las barbaridades de este caso. En ese libro se pretende demostrar que el estado  guatemalteco permitió barbaridades en el caso del asesinato de los diputados del PARLACEN.