En la cumbre continental que se inauguró ayer en Cartagena de Indias, Colombia, fue evidente la divergencia entre los temas que pretenden priorizar Estados Unidos y Canadá y los que la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos quiere poner sobre la mesa.
Para el presidente Barack Obama no debe discutirse la estrategia contra el narcotráfico impuesta por Washington a las naciones del hemisferio hace cerca de cuatro décadas, a pesar del evidente, costosísimo y doloroso fracaso en que se ha traducido: cientos de miles de muertes, fortalecimiento de las organizaciones delictivas, incremento de las adicciones, descomposición institucional y debilitamiento de las estructuras estatales. En este punto, hasta gobernantes surgidos de las derechas, como el anfitrión Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, coinciden en la necesidad de revisar una política que se fundamenta en la persecución policial y militar de los grupos criminales y que ignora la complejidad de componentes sociales, económicos e históricos del fenómeno delictivo y, en particular, del tráfico de drogas.
El mandatario estadunidense no ha dejado margen para la duda en cuanto a su determinación de centrar el encuentro en asuntos económicos y, particularmente, en la búsqueda de un incremento de las exportaciones de su país hacia las naciones latinoamericanas; en segundo plano quedan el combate a la pobreza, la cooperación tecnológica y el diseño de medidas para enfrentar catástrofes. Por dictado estadunidense quedaron fuera de la agenda el ya referido tema del combate al narcotráfico, la inclusión de Cuba en esas reuniones hemisféricas y la reivindicación histórica de Argentina sobre las islas Malvinas.
Resulta meridianamente claro, en suma, que el gobierno estadunidense no tiene la menor disposición a abordar, en cónclaves como el que tiene lugar en Cartagena de Indias, los temas que resultan cruciales para América Latina, y que las cumbres americanas no responden a los intereses de la región, sino que constituyen un mecanismo más para aplicar las presiones neocolonialistas de Washington hacia el sur del río Bravo.
Lamentablemente, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, ha plegado la representación de México a los intereses y prioridades estadunidenses. Es sabido que el político michoacano es uno de los pocos gobernantes regionales que aún defienden la estrategia contra las drogas impuesta por la Casa Blanca a la región desde tiempos de Richard Nixon, lo que resulta coincidente con la postura de Obama de no someter a discusión y revisión esa estrategia. Por lo demás, a su llegada a Cartagena, en un encuentro con empresarios, Calderón se erigió en defensor del credo neoliberal, arremetió contra el fortalecimiento del sector estatal que caracteriza los proyectos gubernamentales en curso en buena parte de Sudamérica –justamente en momentos en que se libra una confrontación entre el gobierno soberano de Argentina y la trasnacional Repsol–, y reiteró su fe en la liberalización comercial como panacea para las trabas al desarrollo y a la prosperidad.
Cabe esperar que el gobierno que inicie el próximo 1º de diciembre, sea cual sea su signo partidista, sea capaz de reubicar a la institucionalidad mexicana en el ámbito de América Latina y de superar la creciente supeditación de la política nacional a los intereses de la Casa Blanca.
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