Roberto Cañas/ López Firmante de los Acuerdos de Paz
El incremento de la violencia y la delincuencia de los últimos días nos recuerda que no hay soluciones instantáneas, ni milagrosas.
El Arzobispo de San Salvador, manifestó el domingo que “debemos reconocer que el problema de la violencia sobrepasó la capacidad del gobierno y de cualquier institución”. Esta declaración pone en evidencia una realidad ya conocida, que se debe cambiar. Los problemas de la violencia y la delincuencia son demasiado serios para dejarlos en manos del gobierno; debemos incorporarnos todos a proponer soluciones.
El incremento de la violencia y la delincuencia de los últimos días nos recuerda que no hay soluciones instantáneas, ni milagrosas. La lección aprendida es que se necesitan más esfuerzos para resolver el problema de la delincuencia. Todo comienza por que se acepte que la columna vertebral de las políticas de seguridad es la política de prevención de la violencia y del crimen y no solamente la represión de la delincuencia.
No es aceptable que las políticas de control y represión del delito constituyan para las autoridades gubernamentales lo principal y a veces casi lo único que hay que hacer, pues el combate a la delincuencia es sólo uno de los factores que tiene influencia sobre la seguridad de la población. En realidad, los factores principales que determinan la existencia y el aumento de la violencia y la delincuencia se hallan en condicionantes sociales y económicas: la pobreza en sus diversas manifestaciones, la desigualdad, la exclusión, el déficit de educación y la discriminación contra la juventud, la protección insuficiente de la infancia temprana, la vivienda insalubre, el deterioro urbano, la falta de empleos decentes.
Muchos al leer el párrafo anterior dirán que lo planteado es una verdad de Perogrullo, que es una cosa tan evidente o tan sabida que resulta innecesario repetirla. Pero justamente se trata de todo lo contrario, pues no hay que cansarse de insistir: hay que decirlo con todas sus letras: las medidas de represión del delito solo pueden detener en un porcentaje mínimo la delincuencia, para ser más exitosos y reducir en una mayor cantidad el crimen hay que poner el énfasis en las políticas públicas de prevención de la violencia y la delincuencia.
Estamos a las puertas de una tormenta perfecta en términos económicos, si bien está muy claro que no se puede esperar mucho de los dirigentes de los partidos que mantienen una larga serie de reuniones en Casa Presidencial, es indispensable que los demás empecemos a discutir cómo vamos a enfrentar los problemas sociales más graves como la delincuencia y los problemas económicos de la crisis de precios de los alimentos, petróleo y de la sequía.
Se nos termina el tiempo: no hay espacio para más, es urgente que en la labor de prevención de la delincuencia se involucren todos los sectores asumiendo que la prevención de la delincuencia es un esfuerzo integral que comienza desde la familia donde se trasmiten en primera instancia los valores y principios de la convivencia social. Se deben atender especialmente a familias donde se manifiesten graves problemas conyugales o familiares y/o que tengan dificultades para la gestión de medidas disciplinarias y de monitoreo del comportamiento de sus hijos, se deben tomar acciones para superar las actitudes de negligencia de los padres y madres de familia que favorecen o propician el involucramiento de los hijos en actividades delictivas.
El
segundo agente de socialización es la escuela. El sistema educativo
debe tomar un rol todavía más protagónico en la política de prevención
social de la delincuencia: hay que aumentar la cobertura y la calidad de
la educación y tomar medidas para disminuir la deserción escolar, pues
uno de los factores de riesgo más potentes que empujan a un menor a
desarrollar conductas antisociales está correlacionado con el abandono
de la escuela. También en el ámbito de la comunidad se deben hacer
grandes esfuerzos, está demostrado que en las comunidades donde existen
buenos niveles de organización y cohesión entre sus miembros los índices
delictivos son bajos.Y finalmente es necesario dejar absolutamente claro que no es posible pensar que es viable llevar a cabo programas efectivos de prevención sin abordar el problema financiero y determinar de dónde van a salir los recursos económicos para financiar políticas públicas de prevención. Soluciones hay, como aprobar un impuesto a las fortunas: La medida más importante en este aspecto sería la instauración de una contribución excepcional a las fortunas salvadoreñas, aquellas que según un informe de la consultora Wealth-X, poseen capitales superiores a los $30 millones, es decir, los 140 “ultra ricos”.
Y complementariamente gravar las transacciones financieras: este gravamen tendría la intención de destinar el dinero recaudado a proyectos de prevención de la delincuencia, asegurando paralelamente la transparencia en el manejo de los fondos recaudados y tomando medidas contra la corrupción.
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