ex juez español
Garzón: traslado de Mota fue una “decisión política” “Fue algo político para sacarse jueces incómodos. En otros lados se los mata”, dijo el ex juez.
En un anfiteatro
universitario en donde no cabía un alma más, el ex juez Baltasar Garzón
dijo que “la Suprema Corte de Justicia retrocede” al no establecer el
carácter de crimen de lesa humanidad los perpetrados durante la
dictadura cívico-militar uruguaya”, y anotó como un grave contratiempo
que “a 40 años, Uruguay sigue hablando de justicia, verdad y
reparaciones a las víctimas”. Garzón respondió además a quienes
cuestionan que opine sobre casos internos de los países: “Yo hablo
porque soy un ciudadano universal al igual que las víctimas de los
crímenes perpetrados que son universales”.
El ex juez, que fue inhabilitado en 2012 como magistrado por la Justicia española por entenderse que había ordenado escuchas telefónicas en una investigación por corrupción política en su país, mencionó en varias oportunidades el caso del traslado de la jueza Mariana Mota concretado por la mayoría de los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia. “Lo de Mota fue una decisión netamente política con la intención de sacarse de encima a aquellos jueces incómodos. En otros lados se los mata. Aquí, se los traslada”, dijo, mirándola a la jueza que ocupaba un asiento en primera fila del anfiteatro de la Universidad de la República donde se realizó la conferencia sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Agregó que “se debe terminar esa práctica por la que los que pedimos justicia somos trasladados”.
Reclamó a los poderes del Estado, responsable de proceder legalmente, a que “definan de qué lado están parados, ¿del lado de las víctimas o de los victimarios?” y sostuvo que “así como las constituciones de las naciones deben proteger a los ciudadanos que eventualmente son víctimas de la injusticia, los jueces deben proceder de igual manera. A las víctimas protección, justicia, verdad y reparación; y a los victimarios, todas las garantías del debido proceso (porque) el derecho a la justicia no se puede evitar ni debe haber obstáculo alguno”. Garzón detalló que nuestro país fue en su momento una de las naciones del mundo firmante del acta del estatuto de Nuremberg, lugar donde en 1945 se juzgó a militares nazistas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la segunda Guerra Mundial. “A mí me cuesta asumir que una ley interna posterior vaya en contra de lo que es el núcleo del derecho penal internacional que comienza con estos principios a los que se adhirió Uruguay. No sé cómo se argumentará eso por la Suprema Corte de Justicia, pero me gustaría verlo”, sostuvo.
“Momento delicado para la libertad de expresión”
EEUU y las escuchas
Al término de la conferencia en el paraninfo de la Universidad de la República, el ex juez Baltasar Garzón destinó unos minutos al diario LA REPÚBLICA. Consultado sobre los incidentes que han dejado al descubierto investigaciones clandestinas perpetradas fundamentalmente por los Estados Unidos contra algunas naciones, dijo: “Creo que estamos viviendo momentos delicados para la libertad de expresión en todo el mundo. Uno de esos ejemplos es lo que vive actualmente Julian Assange u otros similares. Se están poniendo en entredicho principios fundamentales que deberían ser protegidos y creo que contra eso hay que rebelarse”.
¿Le molestó la manifestación de los vascos en su contra?
“No no, para nada. Estamos en un país libre y cada uno puede manifestarse como lo desee. La diferencia es que a mí me gusta expresarme con argumentos y no con gritos”.
¿Alguien de la Suprema Corte se ha contactado con usted? ¿Irá a reunirse con algún integrante de ese órgano del Estado uruguayo?
No. Salvo que si ellos lo quieren, claro que sí lo haremos.
Conferencia en la sede de Unesco
Elogio a reforma judicial
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Unesco en nuestro país, Garzón elogió la situación de Argentina respecto a los derechos humanos y las reformas en el Poder Judicial, al tiempo que cuestionó a la Suprema Corte de Justicia uruguaya, la que dijo no está alineada con la doctrina sobre derechos humanos, manifestando que esperaba que “cuanto antes se corrija”. Entiende que existe en Uruguay un “desamparo” a las víctimas al impedir investigar los crímenes perpetrados asegurando que el país “no puede ir contra las convenciones y tratados internacionales que ratificó”. Ubicó a Argentina como “el único país que hoy en día puede mirar hacia atrás y hacia delante con seguridad, desde el punto de vista judicial, del Ejecutivo y legislativo. Todo eso no se podría haber logrado sin la implicación de los movimientos de derechos humanos y de víctimas como las Abuelas de Plaza de Mayo, nietos e hijos, que trabajan en apoyo de esa reivindicación”, señaló.
Otra parte del público lo consideró inoportuno
Durante una conferencia de prensa que brindó ayer,
Garzón cuestionó la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al
declarar inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad que
amplió los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares
y policías durante la dictadura (1973-1985) los que a su vez declaró de
lesa humanidad.
Garzón sostuvo que la posición de la SCJ no está
alineada con la doctrina internacional en materia de derechos humanos,
por lo que espera que el máximo órgano del Poder Judicial de Uruguay
"cuanto antes corrija" su postura.
Consideró que se "desampara" a las víctimas al impedir
investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y que Uruguay
no puede ir contra las convenciones y tratados internacionales que
ratificó. Agregó que la irretroactividad de la ley no es sostenible,
porque Uruguay firmó los principios de Nuremberg en 1945.
"Si Uruguay fue país signatario de la declaración de
Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nuremberg, me cuesta
asumir que una ley interna posterior vaya en contra del núcleo del
derecho penal internacional", dijo Garzón.
Recordó que Uruguay es parte del estatuto de Roma y
ratificó otras convenciones, por lo que "a estas alturas de la historia
cuestionar mediante argumentos positivistas y de carácter restrictivo en
materia de derechos humanos no es sostenible", opinó el exjuez español.
Garzón afirmó que en Uruguay "tanto el Poder
Ejecutivo como el Poder Judicial, los escalones de primera instancia y
el ministerio público están claramente alienados con la doctrina
internacional y la promoción de los derechos humanos", pero "hay una
posición claramente contraria a ese tendencia por parte de la Corte
Suprema, que lo mejor que puedo decir es que cuando antes espero se
corrija".
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