José M. Tojeira
Toda actividad social e institucional tiene sustratos y repercusiones políticas. Y el accionar de la judicatura con frecuencia se ve influido, motivado o condicionado por factores políticos, creando muchas veces graves injusticias. Cuando se promulgó la ley de amnistía, por poner un ejemplo, se aplicó sin tener en cuenta el artículo 244 de la Constitución ni los acuerdos internacionales de perseguir crímenes de lesa humanidad. Se actuó así poniendo criterios políticos por encima de ordenamientos legales y constitucionales.
En tiempo de la administración Saca el entonces Presidente de la Corte Suprema acudió a Chalatenango para ser testigo de una farsa gubernamental en la que se simulaba el cumplimiento de la obligatoria petición de perdón por la desaparición de las hermanitas Serrano. Esa presencia del Presidente de la Corte no sólo fue un acto político, sino un acto de corrupción. Pues llegar como testigo del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el acto era una farsa, no se puede catalogar más que como un acto corrupto. Y más cuando quien lo realiza, a sabiendas de su falsedad, es un Presidente de la cúpula judicial.
Es evidente que esta politización corrupta y prevaricadora es intolerable en un sistema democrático sano. Pero en El Salvador nuestra democracia padece todavía demasiadas enfermedades, aun que se vayan dando algunos avances parciales. Algunos de estos avances se han dado sin duda a través de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo continúan entre nosotros tendencias que tratan de impedir avances de muy diversas maneras. La propia Sala de lo Constitucional debería ser consciente no sólo de aquellos intentos directos de frenarlos, que han sido numerosos, sino de otros esfuerzos más sutiles de corromper su modo de actuar. Un ejemplo de este esfuerzo por corromper la actividad de la Sala lo expresa bien el amparo contra el nombramiento de Salomón Padilla como presidente de la Corte Suprema.
En efecto, se está tratando, a través de un amparo, de declarar inconstitucional el nombramiento del actual Presidente de la Corte desde unos argumentos muy poco sólidos. Se argumenta que Salomón Padilla es miembro del FMLN y que por tanto carece de independencia ante el partido gobernante. En realidad, ser miembro de un partido político no le hace automáticamente a uno más o menos independiente. Puede ser objeto de recusación o de excusa propia cuando los temas que se traten tengan vínculos especiales con el partido al que se pertenece. En la Corte Suprema de Estados Unidos ha habido demócratas y republicanos y su pertenencia y tendencia partidaria no ha sido nunca objeto de recusación.
En El Salvador los jueces corruptos no suelen ser miembros connotados de partidos políticos, al menos en los últimos años. Un magistrado de la Corte Suprema, hace muy pocos años, se daba el lujo de publicar sus poesías, por cierto de muy baja calidad literaria, en la editorial de la Corte Suprema y con fondos de la misma Corte. Quien es capaz de usar recursos públicos de esa manera resulta más sospechoso que un miembro de un partido político.
La actuación de los magistrados de la Corte Suprema que usando fraudulentamente la ley en su propio beneficio renunciaron hace unos cuatro años a su cargo en la Corte pocos días antes del término de su mandato, para recibir así una jugosa prestación para jueces que renuncian voluntariamente, hay que catalogarla taxativamente como un acto de corrupción. Y en esa colada se fue también el entonces Presidente de la Corte Suprema, que renunció exactamente un día antes para lograr unos dólares más. ¿Fue el único acto de corrupción que cometieron? No sabemos, pero el amor manifiesto al dinero ajeno (dinero público) no es el mejor elemento para medir la honestidad de los jueces.
Utilizar los amparos constitucionales con argumentos retorcidos, suponiendo automáticamente la parcialidad de quien tiene o ha tenido una adscripción partidaria es exagerado e ineficaz. De alguna manera se están privilegiando concepciones ideológicas sobre otros análisis de calidad personal, intelectual, capacidad jurídica, etc. Al final los partidos políticos pueden poner en el cargo a un inútil, con tal de que no sea miembro de un partido político. Y eso con frecuencia es más descorazonador. Los más peligrosos no son los miembros de los partidos, sino los inútiles, los incapaces de dar sentencias con libertad, los que utilizan los resquicios legales para actuar arbitrariamente, los que se aprovechan de la baja calidad jurídica del país para cometer fraudes de ley sin que nadie se lo reclame o dar paladinamente sentencias injustas.
Y de jueces de esa calaña tenemos demasiados ejemplos en el país. No es lo más prudente resolver favorablemente amparos que tienen un claro trasfondo político y que introducen una dinámica en algún modo perversa dentro del espíritu democrático.
Ideología política tenemos todos, incluidos los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional. Lo fundamental es saber estar por encima de la propia ideología, independientemente de que se pertenezca a un partido político o no.
Si llevamos al extremo esta especie de furor contra los partidos tendríamos que declarar inconstitucional el modo de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, seleccionados hasta el presente, casi por ley, entre los miembros de los distintos partidos. Y en un campo en el que irremediablemente se convierten en jueces y parte. Y prolongando el argumento “ad absurdum”, incluso declarar inconstitucional el modo de nombrar jueces de la Corte Suprema, puesto que son elegidos por políticos que generalmente tienen muy en cuenta las simpatías ideológicas de aquellos a quienes eligen. Es necesario tener un poco de sensatez, especialmente en estas épocas
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